La probabilidad de que se repita una tragedia como la que desencadenó la erupción del volcán Nevado Ruiz/Cumanday en 1985 es muy baja, pues hoy el país cuenta con un sistema de monitoreo volcánico que nutre de información al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El desafío ahora es que las comunidades avancen hacia reclamar y ejercer esa Gestión como un Derecho Fundamental.
Gustavo Wilches-Chaux*
A la memoria de los siempre presentes
Mario Echeverry Trujillo y Gonzalo Palomino Ortiz
Alertas y aniversarios
Coincidió la reciente declaratoria por parte del Servicio Geológico Colombiano del Nivel de Alerta Naranja en el volcán Nevado del Ruiz (que advierte sobre la “probabilidad de una erupción en el término de días o semanas”), con la víspera del aniversario número 40 del terremoto que destruyó a Popayán en 1983 (y con el sexto aniversario de la avalancha que destruyó a Mocoa en 2017).
La ocurrencia de sismos en territorios con volcanes activos no debe sorprender, por cuanto todo el territorio colombiano está cruzado por arboles o sistemas de fallas geológicas, uno de las más conocidos el llamado Sistema de Romeral, cuyo eje y cuyas ramificaciones se extienden a lo largo de la Cordillera Central, en la cual se levantan la mayoría los principales volcanes del país.
Los volcanes son, al igual que el agua y que las fallas geológicas, actores activos -valga la redundancia- que desde millones de años antes de que apareciéramos los seres humanos, vienen “ordenando el territorio”. De allí la insistencia en que el llamado “ordenamiento territorial” se entienda como la necesidad de planificar las actividades humanas, entendiendo y atendiendo la manera como estos actores de la naturaleza han ordenado el territorio.
Muchos de los mal llamados “desastres naturales” son, precisamente, el resultado de que las actividades, y en este caso los asentamientos humanos, se han y se siguen localizando en lugares en donde las dinámicas naturales han advertido varias veces que allí no se deben colocar (al menos sin tomar efectivamente las precauciones del caso).
La pérdida de la memoria; una causa principal de vulnerabilidad
Al igual que la pérdida de la memoria es un factor esencial de vulnerabilidad a nivel individual, así mismo lo es cuando la amnesia se produce a nivel colectivo y —muchas veces de manera premeditada— a nivel institucional.
Los volcanes son, al igual que el agua y que las fallas geológicas, actores activos -valga la redundancia- que desde millones de años antes de que apareciéramos los seres humanos, vienen “ordenando el territorio”. De allí la insistencia en que el llamado “ordenamiento territorial” se entienda como la necesidad de planificar las actividades humanas, entendiendo y atendiendo la manera como estos actores de la naturaleza han ordenado el territorio.
Tras el terremoto y el tsunami que destruyeron a Tumaco el 12 de noviembre de 1979, yo, que vivía en Popayán, preguntaba qué pasaría si un terremoto así llegara a ocurrir en nuestra ciudad. Muchas veces la respuesta que recibí era que Popayán ya había resistido muchos terremotos en el pasado sin que hubieran ocurrido desastres. Se olvidaba que el 16 de Noviembre de 1827 otro gran terremoto ya había destruido a la ciudad (generando, por supuesto, daños muy distintos al que dejó el terremoto de 1983) y sin atender la señal que existe en la Cruz de Belén (tallada en 1789, 38 años antes de ese terremoto), en la cual se exhorta a rezarle “un Padre Nuestro a Jesús para que nos libre del comején”. Porque para entonces ya sabían que el gran aliado de los sismos para generar el desplome de las edificaciones con estructuras de madera, era el comején. Todo esto lo entendimos quienes vivimos el terremoto que nos cogió desprevenidos en el 83.
Así con Armero
Si bien hay que insistir en que los desastres NO son naturales, de alguna manera resultaba “natural” que en 1985 una avalancha generada por una erupción volcánica del Ruiz/Cumanday, destruyera un asentamiento humano que, por tercera vez, fue construido exactamente en el mismo punto en donde, en dos ocasiones anteriores (Marzo 1595 y Febrero 1845) un flujo de lodos ya había advertido que allí no se podía construir. “La avalancha de 1845 afectó cerca de 12 mil hectáreas, un área cuatro veces mayor que la de 1985; el espesor del lodo alcanzó los 6 metros de altura y 300 millones de metros cúbicos, frente a los 80 millones de la última tragedia”, escribe en su tesis de Maestría (2007) Marco Aurelio Velandia, funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
En este caso el “ordenamiento territorial” consiste y así se ha entendido, en respetar lo que el sistema Cumanday/Rio Lagunilla ya habían definido expresamente como su espacio de intimidad, a donde los humanos no nos debemos meter.
Resulta increíble que tras el desastre de 1985 hubiera habido voces que insistían en que Armero se volviera a construir en el mismo lugar, argumentando que bastaría con colocar una gran muralla cuyo propósito sería evitar que otra avalancha lo volviera a destruir. Esa propuesta —que afortunadamente se descartó totalmente allá— corresponde a la misma mentalidad con que hoy se pretende, por ejemplo, que con enormes muros se repriman las dinámicas de los cuerpos de agua que definen y ordenan los territorios anfibios
Un desastre que se hubiera podido evitar
Releo ahora, con dolor e indignación, el libro “Avalancha sobre Armero” de Javier Darío Restrepo, en el cual enumera de manera precisa todas las advertencias que desde el ámbito internacional y nacional se le hicieron al Gobierno para que entendiera la magnitud del riesgo que existía como consecuencia de la probable erupción del volcán, y para que tomara las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de ese desastre que, habiendo podido hacerlo, no se evitó.
El autor hace un recuento de las distintas maneras como en diferentes ámbitos y momentos se obligó a callar a quienes pretendían llevarles esos mensajes de urgencia a las distintas instancias gubernamentales y a la comunidad.
Una alerta oportuna, con voluntad política y con las correspondientes instrucciones eficaces para la evacuación, habría permitido que la gran mayoría de las personas que perdieron la vida, se hubieran trasladado, por sus propios medios, a lugares seguros hasta donde no llegó el flujo de lodos.
Es bien sabido que de esa, la mayor tragedia desatada por un fenómeno de origen natural que ha ocurrido en Colombia, surgió el primer Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (Decreto-Ley 919 de 1989), el cual consagró por primera vez varios conceptos que luego quedaron incorporados en la Constitución de 1991. Posteriormente, mediante Ley 1523 de 2012, se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se adoptó la Política Nacional sobre el tema. Pasar de la “Prevención de Desastres” al concepto-herramienta más integral de “Gestión del Riesgo de Desastres”, significo un avance importante.
Estas transformaciones incluyeron la creación de una Red de Observatorios Vulcanológicos y Sismológicos que coordina el Servicio Geológico Colombiano, red en la cual cumple un papel de primera importancia, especialmente ahora, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales.
Desde allí se lleva a cabo un monitoreo permanente de las dinámicas sísmicas y volcánicas en el territorio nacional e incluso en territorios que colindan con las fronteras terrestres y marítimas del país, y se alimentan con esa información a todos los actores que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Posiblemente el mayor desafío que a este respecto tiene ahora el país, es el de fortalecer los llamados Sistemas de Alerta Temprana basados en la comunidad, los cuales incluyen los diálogos entre el conocimiento científico y tecnológico que ya ha alcanzado Colombia, y los saberes ancestrales y las capacidades de organización y de movilización con que cuentan las comunidades.
Esos Sistemas de Alerta Temprana basados en la comunidad implícita o explícitamente se construyen con Enfoque de Derechos, que incluyen los de los Seres Humanos y los de la Naturaleza, estrechamente interrelacionados entre sí.
Ver también: Derechos de Personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres
Lo anterior es muy importante, pues se habrá dado un gran paso adelante cuando las comunidades reclamen y ejerzan como un Derecho (del cual dependen el Derecho a la Vida con Calidad y Dignidad y todos los que se deriven de ahí) el ejercicio efectivo del continuum Gestión ambiental —Gestión del Riesgo de Desastres— Gestión climática.
Posiblemente el mayor desafío que a este respecto tiene ahora el país, es el de fortalecer los llamados Sistemas de Alerta Temprana basados en la comunidad, los cuales incluyen los diálogos entre el conocimiento científico y tecnológico que ya ha alcanzado Colombia, y los saberes ancestrales y las capacidades de organización y de movilización con que cuentan las comunidades.
Para terminar, una pregunta que nos hicimos con Freddy Rivera, presidente de la Fundación OpenStreetMap Colombia
¿Qué Minga podemos hacer entre el Estado, algunos sectores económicos y la sociedad civil en general, para contribuir a la recuperación económica y emocional de las localidades de la zona de influencia del volcán —como por ejemplo el Municipio de Murillo, vecino cercano del Cumanday— que en ejercicio de una necesaria Gestión del Riesgo, tuvieron que renunciar a su oferta de eco-turismo, precisamente en esta temporada pico que es Semana Santa?
“Premiar” los desastres evitados también forma parte de la Gestión.
