La legalización del cannabis disminuiría los cultivos ilícitos solo si los campesinos se incluyen en este nuevo mercado. Estos son los motivos*.
Óscar Alfonso Roa** y Andrés Esteban Avellaneda***
El mercado legal
El mercado mundial de cannabis medicinal se estima en 166 mil millones de dólares. Antes del año 2000, el uso legal del cannabis se reducía a la investigación científica. Pero en los últimos 20 años, los cambios legislativos que facilitan su uso en distintos países han aumentado su producción de manera sustantiva: a comienzos de siglo, se cosechaban 1,4 toneladas; en 2020, 406,1 toneladas.
Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el Reino Unido es el principal oferente de productos con cannabis: en 2017, contribuyó con el 63 % de la producción mundial, equivalente a 258,4 toneladas. En segundo lugar, Canadá aportó el 32,4 %, equivalente a 131,4 toneladas.
En Colombia, el cannabis medicinal es legal desde 2016; según El Tiempo, hay 970 licencias de cannabis y un cupo de producción de 56 toneladas / año. Colombia tiene ventajas en la producción de cannabis:
• Los costos de insumos y de mano de obra son más bajos que en otros países;
• Las condiciones de luminosidad son mejores que en otras partes del mundo, lo cual también disminuye los costos de producción.
Los campesinos excluidos
Para ser productor de cannabis medicinal en Colombia, se necesitan licencias y registros ante diferentes entidades: el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y, en algunos casos, el Fondo Nacional de Estupefacientes.
La industria del cannabis medicinal en Colombia, publicado por Fedesarrollo, expone de manera simple la cadena regulatoria, como se observa a continuación:
Licencias y registros de la industria en Colombia
Esta cadena regulatoria implica grandes costos fijos o iniciales para cualquier persona natural o jurídica que quiera hacer parte de esta industria.
Para un campesino es imposible cumplir con las exigencias de la cadena regulatoria, ya que no tiene como cubrir las tarifas requeridas ni los tiempos exigidos; por tal razón, son excluidos de la industria del cannabis.
Fedesarrollo estima que los pequeños productores participan apenas con el 7 % del total en la industria colombiana de cannabis medicinal.
Además, en términos geográficos, los cultivos hacen parte del sistema de ciudades o están relativamente cerca de estas: el 77 % de las licencias se han otorgado en subregiones funcionales intermedias y predominantemente urbanas.
Según el Ministerio de Justicia, en agosto de 2019 había plantaciones legales en apenas cuatro municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). A cuatro años de la legalización, esta situación es insatisfactoria: la industria del cannabis medicinal no ha llegado a la Colombia dispersa ni tiene intenciones de hacerlo.
Un proyecto incluyente
El Proyecto de Ley 194 de 2019 propone que la industria llegue a los pequeños productores; como consecuencia, llegaría a zonas dispersas y empobrecidas.
Este proyecto establece un marco regulatorio para el cultivo, producción, almacenamiento, transformación, comercialización y uso del cannabis y sus derivados para uso adulto, con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad del comercio ilegal de sustancias psicoactivas.
El artículo 35 —“Beneficios a pequeños productores”— establece que el 35 % de las licencias expedidas por el Instituto Colombiano para la Regulación del Cannabis (Icoreca) se entregarán prioritariamente a pequeños productores que cumplan con al menos dos de estos requisitos:
• habitar en un territorio afectado por cultivos ilícitos;
• ser víctima del conflicto armado;
• estar afiliado al Sisbén;
• ser mujer cabeza de familia.
Si esta norma es aprobada, los costos fijos o iniciales para los campesinos que quieran entrar en la industria serían mucho menores —y además se evitarían las consecuencias nefastas de mantenerlos excluidos del mercado legal—.
Las consecuencias de excluir o incluir al campesino
Esto último sería grave para los campesinos que cultivan cannabis ilegalmente: si se legaliza, los consumidores preferirán comprar cannabis legal.
Esto a su vez disminuiría los ingresos de los carteles, lo cual les quitaría incentivos para comprarles a los campesinos de la Colombia dispersa. Y el campesino entonces sustituiría los cultivos de cannabis por coca o por adormidera.
Fedesarrollo concluye que, en ausencia de cambios en la regulación del sistema, la industria del cannabis medicinal no tendría eficacia suficiente para sustituir cultivos ilícitos o acelerar el desarrollo rural en territorios en PDET.
También anota que la regulación del cannabis no es una medida orientada a combatir el crimen organizado, pues la participación del cultivo medicinal en el mercado de la marihuana es muy pequeña.
Por otra parte, si se aprueba el uso recreativo del cannabis, podrían combatirse los cultivos ilícitos de otra manera, ya que habría incentivos para que los productores de coca se cambien al cannabis legal. Adicionalmente, impulsaría la economía local en los PDET y, por lo tanto, mejoraría la calidad de vida de muchos campesinos; incluso es posible que ayude a cerrar la brecha entre el campo y las ciudades.
Si se incluye a los campesinos, legalizar el cannabis traería grandes beneficios para Colombia.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones son responsabilidad de los autores.
