Aunque los expertos han dicho durante más de doce años que la medida no sirve, el Gobierno se la juega por sacarla adelante.
Marcela Briceño-Donn*
Vuelve y juega
El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Política Criminal decidió apoyar el proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso para castigar con cadena perpetua a los violadores de menores. Esta no es la primera vez que se propone esa medida.
En 2007 se presentaron dos iniciativas en el mismo sentido:
- el Proyecto de Acto Legislativo 23 de 2007, que incluía argumentos tan exóticos como que “la descomposición social aparta el interés de los inversores extranjeros”, y
- el Proyecto de Acto Legislativo 38 de 2007, según el cual la cadena perpetua era necesaria por “el alto porcentaje de menores de 14 años de edad en la población colombiana”.
Ambos proyectos fueron archivados por vencimiento del plazo para tramitarlos.
Tras el fracaso de estas iniciativas, surgió la idea de convocar un referendo que autorizara la cadena perpetua y la aplicara a una serie de delitos. Como dice Lina Mariola Díaz, esta iniciativa repitió los argumentos que ya se habían usado, es decir que acudió el “alarmismo sustentado con estadísticas incontroladas, mención permanente a casos puntuales de violencia sexual contra menores y presentación de la cadena perpetua como panacea a los problemas de violencia contra nuestros menores”.
En 2011, un análisis cuidadoso de la Comisión Asesora de Política Criminal conceptuó que el proyecto de referendo era “irracional, altamente inconveniente e inconstitucional”. La iniciativa se hundió en la Corte Constitucional por vicios formales de carácter insubsanable, lo que muestra la falta de solidez de los autores, incluso en los aspectos procedimentales.
Entre 2016 y 2018, varias iniciativas más insistieron en proponer la cadena perpetua para violadores de menores, en términos casi idénticos que no vale la pena repetir.
Llama la atención que el tema reviva cuando se acercan las elecciones o cuando caen los índices de popularidad de los gobernantes de turno.
¿Por qué no sirve la cadena perpetua?
En el pasado, quienes han promovido la cadena perpetua para violadores de niños han usado argumentos populistas, sin mayor análisis ni fundamentación criminológica. Se han limitado a decir, de manera demagógica y artificial, que buscan “proteger a nuestros niños”.
Pero la protección de los derechos de las niñas y los niños no depende de las sanciones penales, que son apenas uno de sus componentes, sino del cumplimiento cabal del deber del Estado de garantizar sus derechos a la vida, la dignidad, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, y la no discriminación, por mencionar algunos.
Quienes han promovido la cadena perpetua para violadores de niños han usado argumentos populistas, sin mayor análisis ni fundamentación criminológica.
El interés superior del niño y la prevalencia de sus derechos, consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales ratificados por Colombia, no se agota en el discurso del castigo penal. Es necesario garantizar entornos protectores y prevenir las causas de la violencia contra los niños, incluyendo la violencia sexual.
Además, como señaló Jorge H. Botero, “las agresiones sexuales contra niños y adolescentes objeto de denuncias pueden ser del orden de 20.000 al año. Que solo haya habido 90 sentencias condenatorias durante el último cuatrienio, pese a que el 86,5% de los delitos fueron cometidos por personas cercanas a las víctimas, y, por lo tanto, relativamente fáciles de perseguir por las autoridades, demuestra, una vez más, que el problema no se resuelve aumentando las penas sino logrando pronta y cumplida justicia”.
Foto: Presidencia de la República |
Ese mismo argumentan Germán Navas y “Marcos Calarcá”, quienes presentaron una ponencia negativa sobre el proyecto que cursa en el Congreso. Según los ponentes, “es mejor perfeccionar la investigación de esos crímenes contra los niños, niñas y adolescentes, para reducir su impunidad, en vez de plantear la cadena perpetua”.
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¿El que persevera alcanza?
Desde la campaña presidencial, Iván Duque tomó la cadena perpetua para violadores de menores como una bandera propia.
Ya como presidente, Duque invitó al Congreso a tomar la iniciativa e incluso a recoger “firmas para que tenga acompañamiento ciudadano y estudiar la posibilidad de un referendo”.
Con el apoyo decidido del Gobierno, el Proyecto de Acto Legislativo que impondría la cadena perpetua como una “respuesta” a la violencia sexual contra niños y niñas avanza nuevamente en el Congreso.
En febrero de este año, el Comité Técnico del Consejo de Política Criminal emitió un concepto desfavorable a la iniciativa, entre otras razones, porque iría en contra de la Constitución y de las obligaciones internacionales de Colombia, por no ser una medida resocializadora y por vulnerar la dignidad humana.
En mayo, la Comisión Asesora emitió un nuevo concepto negativo, y reiteró que imponer penas perpetuas no tiene ningún impacto sobre los crímenes contra los niños y las niñas. La Comisión recordó que bajo el gobierno anterior se tramitaron seis iniciativas para castigar con cadena perpetua los crímenes contra menores de 14 años, y que todas resultaron archivadas tras el concepto negativo de los expertos.
La Comisión también afirmó que no se ha demostrado que exista una relación entre la cadena perpetua, la prevención del delito y la reducción de la reincidencia de delitos graves en contra de menores de edad. También consideró que querer imponerla solo a crímenes contra menores de edad obedece a “criterios de selectividad política coyuntural”.
El concepto concluyó que:
“existen otros instrumentos que el Estado podría y debería utilizar, diferentes al derecho penal, para prevenir el fenómeno de violencia sexual contra menores; al tiempo que favorece la recuperación de las víctimas. Sin duda, las opciones no jurídicas podrían ser más efectivas para gestionar los conflictos sociales, en lugar de aplicar la pena de prisión perpetua, que no genera beneficios verificables y sí costos fiscales y sociales injustificados”. Y afirmó que “la política criminal del Estado no puede fundarse en la simple percepción social, en la idea subjetiva de inseguridad, en pronósticos indemostrables de penas futuras o en simples predicciones políticas. Es necesario que estas decisiones se basen en estudios económicos y criminológicos serios, que se materialicen en reformas legales útiles y efectivas para la sociedad”.
Dado que el gobierno desconoció el concepto negativo, el presidente de la Comisión Asesora, Ricardo Posada, renunció a su cargo.
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La “jugadita”
Tras las contundentes críticas a la iniciativa de cadena perpetua por múltiples expertos nacionales y extranjeros, el Gobierno decidió dar un golpe de opinión y revertir el concepto negativo de la Comisión asesora, convocando al Consejo de Política Criminal.
Mientras que la Comisión Asesora está integrada por académicos y expertos en derecho penal, el Consejo de Polítca Criminal tiene un tinte mucho más político, pues está conformado por funcionarios del Estado: ocho funcionarios del Ejecutivo -el ministro de justicia, el ministro de educación, el director general de la Policía Nacional, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el director de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el director del Departamento Nacional de Planeación-, el Procurador, el Defensor del Pueblo, los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema y Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, y seis congresistas.
Iván Duque tomó la cadena perpetua para violadores de menores como una bandera propia.
Según han informado los medios de comunicación, el Consejo de Política Criminal decidió apoyar la iniciativa de cadena perpetua mediante una votación virtual, en la que nueve votaron a favor y tres en contra (la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura). La Fiscalía habría votado de forma extemporánea.
Foto: Personería de Cali |
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Este concepto desconoció años de estudios serios y se limitó a resumir las dos posiciones, sin ningún análisis, para concluir que “teniendo en cuenta la validez de los argumentos presentados tanto a favor como en contra de los proyectos, se llegó al consenso de emitir un concepto favorable con observación a las iniciativas legislativas estudiadas”.
Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. Pero lo cierto es que la “jugadita” de convocar una instancia numéricamente favorable de funcionarios políticos, en lugar de una comisión de expertos, produjo los resultados mediáticos esperados.
El populismo punitivo y la demagogia imperaron, otra vez, sobre el interés superior del niño.
* Abogada especialista en derehos humanos.
