Buenaventura sigue acorralada por las bandas criminales que se disputan el control de cada barrio. Qué está pasando en el puerto con la “paz total”, y cómo podría avanzarse hacia este objetivo en la ciudad.
Dennis Arley Huffington*
Cese al fuego
El domingo 2 de octubre, Shotas y Espartanos, dos grupos ilegales de Buenaventura, corroboraron el cese al fuego a través de un partido de fútbol. Este acto demuestra su voluntad de acogerse a la propuesta de “paz total” del gobierno Petro.
El partido tuvo lugar en el barrio Juan XXIII de la comuna 7, uno de los barrios más afectados por la violencia. El evento contó con la participación y acompañamiento de varias organizaciones sociales, como la Oficina gestora de paz de la alcaldía y la diócesis distrital. También estuvieron presentes muchos habitantes de la zona.
Los antecedentes
Los Shotas y Espartanos son producto de la división del Grupo Delictivo Organizado (GDO) La Local a finales del 2020. La Local tuvo el control criminal de la ciudad y algunas áreas del corregimiento 8 de la zona rural de Buenaventura desde el 2018.
El grupo se formó cuando jefes de distintas agrupaciones decidieron crear una asociación criminal local sin subordinación a jefaturas de fuera de la ciudad. Con este ideal fueron arrebatando a sangre y fuego el control en cada uno de los barrios de Buenaventura, y expulsando La Empresa, el otro grupo ilegal que controlaba parte de la ciudad. A partir de esta victoria La Local se estableció por todo el distrito.
Sin embargo, como toda sociedad criminal, La Local es muy frágil, y el grupo se fragmentó en diciembre del 2020. Comenzó una guerra entre antiguos socios que dejó 7 homicidios en menos de 24 horas.
Durante las primeras semanas después del incidente, las páginas de noticias, junto a cadenas de WhatsApp, divulgaron videos de hombres en motos con fusiles y armamento de guerra. Los hombres patrullaban los barrios, principalmente los de la comuna 6, 7 y 8, sin temor a ser vistos.
En el 2021 Buenaventura tuvo el pico de violencia más alto registrado en la última década. La tasa de homicidios fue de 61,6 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la tasa nacional, que fue de 26,8.
Además de los homicidios, se denunciaron 50 personas dadas por desaparecidas —15 más que el año anterior—, más de 1.000 víctimas de desplazamiento intraurbano, y por lo menos 80 enfrentamientos armados.
No obstante, desde el domingo 2 de octubre, día en el que los grupos jugaron el partido, la intensidad de homicidios y violencia disminuyeron decididamente: hasta el momento no se conoce ningún homicidio producto de la guerra en los que va de octubre.
Las consecuencias
Buenaventura, con el 27,9%, es la segunda ciudad con la tasa de desempleo más alta del país. Esto fue consecuencia de las graves dificultades económicas que atravesó —y aún atraviesa— la ciudad. Afectada, principalmente, por la falta de comercio y actividades productivas que desembocó el conflicto interno de los GDO. Aunque hay que añadir que la pandemia tuvo mucho que ver en la situación.
Los Shotas y los Espartanos, por ejemplo, disputaron una renta extorsiva por toda la ciudad. De esta manera, los comerciantes, empresarios, transportadores y hasta los trabajadores informales fueron obligados a pagar un “impuesto mensual” a cambio de no ser atacados.
Sin embargo, el “impuesto mensual” no fue una novedad, ya que las extorsiones existían antes de la disociación, solo que eran controladas por La Local. Con la fragmentación del GDO la violencia y los muertos aumentaron por la disputa del territorio.
Además, las víctimas fueron obligadas a realizar doble pago. Un pago a cada grupo. A aquellas personas que no hicieron el doble pago, se les impidió ejercer actividades en ciertos sectores de la ciudad, según al grupo que “apoyaran”. Es decir, quienes eran extorsionados por los Shotas, no podían realizar ningún tipo de actividad en territorio controlado por Espartanos y viceversa.
Por si fuera poco, los GDO lograron hacerse con la cadena de distribución de productos de la canasta básica. Por eso alimentos como el huevo, la carne, el pollo, el plátano, la naranja, el queso, la papa y hasta el plástico fueron monopolizados.
Los GDO obligaron a que las tiendas, graneros y galerías solo fuesen surtidos a través de ellos, y prohibieron que otras personas hicieran estas actividades en la ciudad. Como consecuencia, los productos tuvieron un precio más elevado que en otras ciudades. Fue el consumidor final quien terminó pagando los precios elevados.
Por otro lado, una de las mayores afectaciones de esta guerra fue la fragmentación comunitaria. Buenaventura es un territorio predominantemente étnico, donde las comunidades afro tienen unas dinámicas propias de “familiaridad” que no son determinadas necesariamente por lazos de sangre.
Actualmente, Buenaventura tiene una generación de jóvenes que no conoce la paz. Jóvenes que nacieron y crecieron en medio de las guerras, y que ahora hacen parte de ellas.
En consecuencia, una calle, o incluso un barrio, pueden ser concebidos como una red de vínculos fraternos entre vecinos y vecinas. Sin embargo, con la situación de violencia de los últimos dos años, el vínculo se rompió y fomentó a vivir en unos límites invisibles.
Habitantes de barrios como Juan XXIII, San Francisco, San Luis y Kenedy, que solo están separados por una calle o hasta una casa, quedaron atrapados en sus propias casas, víctimas de la situación.
La guerra hizo que familias enteras se desplazaran obligados hacia barrios menos violentos y, peor aún, hizo que los jóvenes se enfrentaran a muerte entre sí.
Actualmente, Buenaventura tiene una generación de jóvenes que no conoce la paz. Jóvenes que nacieron y crecieron en medio de las guerras, y que ahora hacen parte de ellas.
Primero fue entre la guerrilla y los paramilitares, después entre los ejércitos de los narcotraficantes del norte del Valle, en seguida entre grupos posparamilitares, y ahora entre grupos locales.
Es difícil ver cómo los jóvenes engrosan las filas de los Shotas y Espartanos. Según confirmaron, ambos grupos reúnen más de mil integrantes que quieren reincorporarse a la vida civil a través de la “paz total”.
El precedente
Buenaventura es el lugar idóneo para comenzar a hacer realidad la “paz total” del gobierno Petro, porque en esta ciudad convergen 5 agrupaciones armadas ilegales. No hay un solo centímetro en su extensión territorial sin presencia o control criminal.
De hecho, las 5 agrupaciones han manifestado públicamente la intención de dialogar para poner fin a la guerra. Los 3 Grupos Armados Organizados (GAO): la Columna Móvil Jaime Martínez, el ELN y las AGC, y los 2 GDO: Espartanos y Shotas.
El gobierno anunció que van a retomar las negociaciones con el ELN, pero la situación no está definida con las AGC y las disidencias. Sin embargo, se conoce que el gobierno está buscando acercamientos. En cambio, con los GDO la situación es más desafiante porque por el momento el gobierno solo contempla la sujeción individual.
En definitiva, para el gobierno no es conveniente descartar la iniciativa manifiesta por los GDO para someterse colectivamente a la justicia. Ambas agrupaciones, desde mediados de junio, comentaron la intención de diálogo y sujeción a través del monseñor Rubén Darío Jaramillo. Él fue el intermediario entre los cabecillas de ambos grupos, quienes se comprometieron a reducir la violencia ejercida a la población civil.
Los resultados hablan por sí solos. Se pasó de 15 homicidios en el mes de agosto a 1 en septiembre. Y ahora la apuesta es de 0 en octubre, por lo menos con los relacionados a las disputas de ambos grupos.
Las posibilidades
El Estado colombiano tiene la tarea de que la “paz total” sea una realidad, y para eso debe acercarse a los grupos criminales ahora que tienen intención de ayudar. Por eso el Estado tiene dos posibles caminos:
- El más rápido sería que, mediante el Consejo de Seguridad Nacional promuevan la categoría de ambas agrupaciones de GDO a GAO. Porque ambas cumplen con las 3 denominaciones previstas en la Ley 1908 de 2018:
- Hacen uso de violencia armada contra la fuerza pública, la población civil, los bienes civiles, o contra otros grupos armados.
- Tienen capacidad de ejecutar un nivel de violencia armada que supera el de los disturbios y tensiones internas, tal como se ha demostrado en los dos últimos años.
- Tienen una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros.
- El otro camino sería presentar y acelerar el trámite del anunciado proyecto de ley para la seguridad humana y la paz total. Hay que aprovechar la muestra de paz de ambas agrupaciones. Además, cabe resaltar que el gobierno tiene que reconocer la imposibilidad de la administración de Buenaventura de intervenir en cualquier acercamiento por razones legales. Es decir que solo el gobierno nacional puede intervenir en la búsqueda de la “paz total”.
Próximamente estarán comenzando los diálogos territoriales de paz, un espacio donde convergen diversos sectores sociales e institucionales. Seguramente la agenda será idear una estrategia para pasar del cese al fuego a la reincorporación.
En todo caso, el gobierno debe ampliar la oferta institucional para todos los integrantes de los grupos con el propósito de que no retomen las armas. En Buenaventura, principalmente, hay que diseñar un programa para evitar que los jóvenes sigan engrosando las filas de grupos armados ilegales.
Pero la violencia no terminará con la firma de un acuerdo: hay que cumplir a cabalidad los compromisos que haya hecho el Estado.
