Breve historia del Ministerio de Igualdad y Equidad

Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales de América Latina. El Ministerio de Igualdad y Equidad es una respuesta a esta realidad.

Existe un debate sobre la necesidad del Ministerio de Igualdad y Equidad como herramienta eficaz de gestión pública para lograr los propósitos de la Constitución en los retos de igualdad material y eliminación de la discriminación, que en muchos escenarios discurre sin elementos suficientes debido a la polarización política.

Las bases políticas de la igualdad 

El programa del gobierno Petro situó la igualdad en un camino de cambio estructural progresivo al incluir en el Plan de Desarrollo veinticinco artículos que establecen responsabilidades en la reducción de desigualdades y la garantía de derechos a las poblaciones marginadas. Una apuesta fuertemente aspiracional que en su desarrollo concreto chocó contra obstáculos estructurales, políticos y burocráticos como oposición política feroz, descoordinación de las demás entidades, falta de apoyo y finalmente la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de creación, lo cual muestra que, tal como indican Barcena y Prado, “no cualquier proceso de cambio estructural resulta ‘progresivo’ en las acepciones sociales, políticas y tecnológicas del término”, “el sistema de instituciones debe coevolucionar con las transformaciones estructurales progresivas para lograr un proceso de desarrollo sustentable”. Es decir que los propósitos no se realizan por el solo hecho de ser justos, sino también por la funcionalidad del sistema de instituciones construidas para hacerlos materiales y concretos. Las grandes apuestas sociales requieren de una institucionalidad eficaz y poderosa.

Mas allá de la mirada binaria que se vive en el Congreso, en los editoriales periodísticos y en la calle, y de las afugias del trámite regulatorio (léase reformas sociales), en términos de gestión pública deberíamos reflexionar como lo hacen los Nobeles Acemoğlu y Robinson cuando muestran que la diferencia entre las instituciones en los pueblos de “los dos Nogales”, a ambos lados de la frontera de México y Estados Unidos, constituye la principal razón de los contrastes en los niveles de vida de las dos poblaciones. Decimos que la calidad de la gestión pública incide en la materialidad del bienestar y, específicamente, en los estándares de igualdad. El aparato estatal debe ser funcional a los fines de los programas para alcanzar equidad e igualdad.     

Y no solo es un problema del Estado. Tal vez, para que sea estructural y progresivo, un cambio necesita en su fundamento del componente sustancial de la solidaridad. “La creencia en la igualdad fundamental de todos es necesaria, pero no basta cuando se trata de la búsqueda activa de la igualdad social, que se funda en lazos y sentimientos de solidaridad, semejanza y fraternidad. Puedo desear la igualdad social de aquellos a quienes me siento próximo y relativamente semejante y por los cuales acepto ‘pagar’ y renunciar a los beneficios de las desigualdades mayores. Sin esos lazos prácticos e imaginarios, el reconocimiento de la igualdad fundamental –“los hombres nacen libres e iguales”– no nos compromete necesariamente a buscar una igualdad real” (Dubet).

Lo material contra lo formal en materia de igualdad 

A nivel internacional, la igualdad es un principio fundamental contenido en diversos instrumentos de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965). Instrumentos que conforman el bloque normativo con las leyes internas que desde 1991 proclaman el concepto constitucional como principio y lo caracterizan por su materialidad, objetividad y superación de la declaración genérica de igualdad ante la ley. 

La materialidad es entonces una situación objetiva, concreta, que prohíbe la arbitrariedad y establece las garantías concretas de: participación política sin discriminación, derechos y oportunidades sin distinción de género, oportunidades para el desarrollo integral de los niños con prevalencia de sus derechos, igualdad laboral con progresividad, accesibilidad y equidad en la educación en todos los niveles. Y aquí está la gran responsabilidad que les impone el estado social a las entidades públicas que deben promover acciones afirmativas eficaces para proteger a grupos históricamente discriminados, como concepto multidimensional de:  igualdad formal (aplicación de la ley a todos por igual), material (garantía de paridad de oportunidades) y prohibición de discriminación (trato diferente basado en criterios sospechosos como sexo, raza o religión).

El arreglo institucional 

En términos de gestión de las políticas públicas se busca garantizar que todas las personas tengan acceso equitativo a derechos y servicios enfocándose hacia la eliminación de cualquier tipo de discriminación o barreras que impidan a ciertos grupos o individuos acceder a las mismas oportunidades en áreas clave como educación, salud, vivienda y empleo, además de promover una participación política y social inclusiva. Para lograr una igualdad efectiva se deben identificar las desigualdades estructurales, implementar políticas inclusivas y asegurar la participación de los grupos marginados en la toma de decisiones. 

Colombia carga con un problema persistente y continúa siendo uno de los más desiguales de América Latina, y aunque el índice de Gini marca una disminución en la última década, se mantiene en niveles muy elevados que comprueban cómo se afectan la movilidad social y las oportunidades para amplios sectores de la población. El Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia es una respuesta a esta realidad y se propuso en la línea de países con políticas inclusivas y de igualdad como España, Francia, Suecia, Noruega y Perú, donde se demuestra la eficacia de estas instituciones en la implementación de políticas públicas que buscan reducir las desigualdades.

La activación del Ministerio tuvo varios pasos: inicialmente se diseñó una hoja de ruta para definir sus objetivos; luego, fue integrado en el plan de desarrollo; posteriormente, a mediados de 2023, se tramitó la ley de creación que otorgó al presidente facultades extraordinarias por seis meses para que integrara el Sector de Igualdad y Equidad “con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”; seguidamente se expidió el decreto de estructura interna, y, finalmente, se acometió el proceso de montar el aparato funcional de la entidad. 

Un estudio técnico inicial realizado con apoyo del BID diseñó el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad para optimizar los esfuerzos, estructura interna y funcional con una mirada de oferta integral y espacios de coordinación interinstitucional. Allí se incluyeron recomendaciones en seis ámbitos para el diseño del sistema, que buscaban combinar áreas de especialización con dinámicas e instancias de coordinación y mecanismos de concurrencia para articular y complementar instituciones y competencias, con el foco puesto en el apoyo a entidades territoriales, elementos para el liderazgo de la oferta integral, orientaciones para la transformación de la gestión operativa en el orden nacional, diseño de los sistemas nacional de cuidado y de igualdad.  

El arreglo inicial contaba con tres viceministerios que respondían a estos propósitos, pero luego el presidente de la república ordenó variar esta estructura al disponer cinco viceministerios, a saber: De las mujeres, de la juventud, de poblaciones y territorios excluidos, de las diversidades, y de pueblos étnicos y campesinos. Finalmente, el Decreto 1074 de 2023 integró al sector el ICBF, el INSOR, el INCI y la ART, pero dejó por fuera el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, lo cual no resulta razonable ni técnico si se considera que la misión de ambas entidades está alineada. Es evidente que habría resultado más eficiente transformar el Departamento Administrativo en el nuevo Ministerio, y unificar funciones y recursos. 

Los avances logrados 

Es injusto tachar a la ministra y a su equipo de falta de gerencia e incapacidad ejecutiva. En los informes de gestión encontramos que solo a finales del año 2023 se recibió la primera asignación presupuestal y la habilitación de una planta de 744 cargos, de los cuales solo se nombraron setenta, y en 2024 se realizó un gran esfuerzo en la construcción misional del Ministerio al diseñar veinte programas, entre ellos: Jóvenes en paz, Aguante popular por la vida, Jóvenes guardianes de la naturaleza, Casas para la dignidad de las mujeres, Poblaciones y territorios marginados y excluidos, Hambre cero, Tejiendo dignidad para habitantes de calle, Migración y acogida, Tejiendo comunidad para personas con discapacidad, entre otros. Cerraron 2024 con contratos suscritos por $314.842 millones y $668.905 millones en proceso precontractual, pero en el informe de ejecución en inversión de julio-septiembre 2024 se registra que la del sector administrativo se refleja solamente en el ICBF mientras la del Ministerio fue casi nula.

Hay varias acciones relevantes en 2024 y 2025, entre otras: Publicaron  el CONPES 4143, que consolida la Política Nacional; fortalecieron 126 organizaciones en 19 departamentos y 48 municipios; iniciaron la Ruta fluvial en dos municipios de la Amazonia colombo-brasilera; vincularon 15.818 jóvenes en el programa de participación y corresponsabilidad y certificaron 12.000 más para las transferencias monetarias condicionadas; atendieron a 19.256 víctimas de violencias basadas en género; iniciaron estudios y diseños de proyectos de infraestructura en agua y en saneamiento para Cauca, Chocó y Nariño por $3.520 millones; aprovisionaron alimentos a 6.567 hogares en 21 municipios; avanzaron en el prerregistro de  pequeños productores, proveedores locales y campesinos; pusieron en funcionamiento Centros Intégrate en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Riohacha, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga y Cali para atender a 43.562 migrantes; suscribieron convenios por $21.000 millones con universidades, para fortalecer organizaciones barristas y futboleras en veinte ciudades; en el Catatumbo atendieron a 3.000 hogares con provisión directa de alimentos en Tibú, Ábrego y Teorama y atendieron a 1.300 personas a través de trece puntos de comida caliente. Estas acciones demuestran que a pesar de las dificultades, el Ministerio está vivo, activo y funcionando. 

Qué sigue 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional decidió declarar inexequible la Ley 2281 de 2023 —por vicios de procedimiento en su formación, y diferir los efectos de la decisión por el término de dos (2) legislaturas contadas a partir del 20 de julio de 2024, advirtiendo que una vez culmine la legislatura 2025-2026 dejará de producir efectos definitivamente—, el Gobierno tiene la obligación de presentar nuevamente el proyecto al Congreso y lograr su aprobación antes julio del próximo año, lo cual será especialmente difícil si se tiene en cuenta el escenario de polarización debido a la campaña electoral. 

Aun con este insuceso, los pasos siguientes deben enfocarse en fortalecer la institucionalidad del sector para abarcar de manera más efectiva todas las regiones del país y proseguir con la evaluación y el ajuste de las políticas implementadas para garantizar que estén cumpliendo los objetivos establecidos. Otro reto inmenso está en fomentar la participación de la ciudadanía, especialmente de los grupos más vulnerables, en la toma de decisiones políticas. 

Finalmente, no podemos mencionar a Francia Márquez simplemente como la “exministra de la igualdad”, porque ella tiene sobre sí otra connotación superior, es la vicepresidenta elegida de Colombia. Como dijo Ricardo Silva en el prólogo de Vivir Sabroso, “…Volvamos por un momento a un hecho innegable e inverosímil: la líder afrocolombiana Francia Márquez, feminista, medioambientalista, defensora de los derechos humanos, es la vicepresidenta de la machista, subyugadora, blanqueada, racista, clasista, fundamentalista República de Colombia” (Silva). El país tendrá que reconocerle su esfuerzo, compromiso y avances.    

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