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Bolivia: más allá del golpe que no fue

Escrito por Angélica Zambrano

Julio-Ascarrunz.jpg - 11.93 kBLa interrupción del mandato de Morales no cumple a cabalidad las condiciones de un golpe de Estado, pero esto no hace totalmente democrático ni legitimo al gobierno que lo ha remplazado.

Julio Ascarrunz*

El golpe que no fue

Así de directo: en Bolivia no hubo un golpe de Estado la semana pasada.

  • ¿Pero esto implica que el proceso fue cien por ciento democrático?
  • ¿Se puede descartar el retorno de un viejo fantasma de la política latinoamericana —la presencia de militares en la toma de decisiones—?
  • ¿Se sabe el destino, tanto político como democrático, del país?

La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo “no”. Por eso, ahora más que nunca es necesario ver los matices.

La última semana, Bolivia pasó a ser uno de los centros de atención de las noticias de América Latina, y no es para menos. El domingo 10 de noviembre, Evo Morales renunció a la presidencia en medio de una situación que sembró la duda sobre si lo que pasó puede ser o no considerado como un golpe de Estado.

Mientras los políticos resolvían la duda según sus preferencias ideológicas, los académicos discutían qué nombre ponerle al fenómeno. ¿En qué consiste el debate y cuáles son sus implicaciones más allá de la academia? Veamos.

Puede leer: ¿Cómo se alcanza y cómo se pierde la democracia?

¿Qué es un golpe de Estado?

Los estudiosos han identificado una serie de características para considerar la salida de un presidente como un golpe de Estado. A partir de desarrollos anteriores, Andrés Malamud y Leiv Marsteintredet han identificado tres elementos constitutivos de un golpe de Estado clásico:

  • Su blanco, que debe ser el jefe de Estado o de gobierno;
  • Su perpetrador, que es otro agente estatal, generalmente los militares; y
  • Su procedimiento, que debe ser secreto, rápido y, sobre todo, ilegal.

Cada uno de estos tres atributos es una condición necesaria para etiquetar la interrupción de un mandato como golpe de Estado, pero solo la presencia simultánea de los tres califica los hechos como un golpe de Estado.

Se discute la centralidad de los militares en el desarrollo del proceso.

Ese marco analítico funciona bien para los estudios comparativos, donde la intención usual es encontrar tendencias y categorías amplias. Pero no debería aplicarse de la misma manera cuando se trata de un estudio de caso, con el objetivo, por ejemplo, de determinar lo que pasó o está pasando en un solo país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un artículo para el New York Times, Max Fisher rebate la idea de que el mundo se reduzca a opciones binarias o a decidir, en este caso, si se trató de un golpe —normativamente percibido como malo— o si fue una revuelta popular —normativamente percibida como buena—. A partir de entrevistas y comentarios de académicos que estudian golpes de Estado y/o a Bolivia como uno de sus principales casos, llama la atención sobre las líneas divisorias, cada vez más borrosas. En otras palabras, los matices importan y son cada vez más difíciles de identificar.

¿Qué pasó en Bolivia?

Lo que llevó a la renuncia de Morales fue una mezcla de movilizaciones ciudadanas persistentes —casi tres semanas—, demandas que iban en escalada, episodios de violencia más o menos frecuentes y más o menos graves, denuncias de fraude electoral cada vez más fundadas, y, también, participación de la policía y las fuerzas armadas.

No niego la presencia de estos eventos, y otros más, y tampoco se trata de diferenciar unos con otros como si fueran excluyentes. Sin embargo, hay que verificar con detalle hasta donde se cumplió cada una de las tres condiciones para que el hecho pueda llamarse un “golpe”.

La primera condición se cumple claramente: el “objetivo” de la deposición fue el jefe de Estado o gobierno, el presidente Evo Morales. La segunda y tercera condición, empero, no quedan tan claras.

El elemento del perpetrador es, tal vez, el punto más borroso. Primero, se discute la centralidad de los militares en el desarrollo del proceso. Preguntarse si el resultado hubiera sido el mismo sin tal evento sería entrar en especulaciones. Pero es posible discutir si la recomendación del Alto Mando Militar resulta suficiente para llamarle golpe. Es decir, se reconoce que la presencia militar —condición necesaria— está presente en los eventos sucedidos en Bolivia, pero el papel exacto que cumplieron las fuerzas armadas no es suficiente para considerarlas como el perpetrador.

En cuanto a la tercera condición, la legalidad del proceso fue defendida por el propio Comandante General de las Fuerzas Armadas al ampararse en que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su Artículo 20, le otorga al Alto Mando Militar la atribución de sugerir soluciones ante situaciones conflictivas. Este argumento, sin embargo, sigue siendo endeble: la línea que separa entre lo establecido para la actuación de los militares y lo político sigue siendo muy borrosa.

Pero la imposibilidad de “etiquetar” lo sucedido en Bolivia como un golpe, necesita de una precisión fundamental: aunque no se trató de un golpe de Estado, el proceso no queda absuelto de dudas o reservas desde el punto de vista del sistema democrático. Por un lado, queda claro que los militares no debieron deliberar ni inmiscuirse en política; de igual manera, el no llamarle golpe de Estado no significa que el proceso no haya sido turbulento ni que haya sido plenamente institucional y/o democrático.

Puede leer: ¿Hubo fraude en las elecciones bolivianas?

¿Cuál será el desenlace?

Ahora, lo que suceda en adelante puede determinar no solamente si fue un golpe o no, sino el punto de llegada de la transición, es decir si encallamos en puerto más democrático, más autoritario, o igual de híbrido del que partimos. Este punto es de vital importancia para la interpelación a la academia que, si bien no busca tomar posición en uno u otro polo, debe entender que sus declaraciones pueden tener impactos sobre el desarrollo de los acontecimientos.

A través de un tuit, Jonathan Powell, uno de los académicos más reconocidos en este campo, observó que más allá del debate académico lo que importa es la percepción popular de los hechos, pues esta influirá sobre el desenlace del gobierno interino, sobre su legitimidad y sobre las nuevas elecciones.

También, la percepción que tengan los actores sociales y políticos nacionales e internacionales puede definir este proceso, que todavía mantiene muchos riesgos y algunas señales de escaladas de violencia, conflictos armados, reincidencia autoritaria, fractura social, y ruptura institucional.

Los sucesos de los últimos días confirman esta posibilidad. La violencia no se ha detenido, más bien viene en aumento, y la presencia de los militares en las calles como apoyo a las fuerzas policiales abre la puerta a la represión violenta, sea ésta justificada o no por acciones criminales de parte de los manifestantes.

El proceso no queda absuelto de dudas o reservas desde el punto de vista del sistema democrático.

Se ha denunciado también la presencia de grupos armados —incluyendo la de un miembro de las FARC—. Han surgido además denuncias de limitación de derechos fundamentales por parte del nuevo gobierno, y el talante conservador del mismo no ayuda a aclarar la situación, al mismo tiempo que la presencia militar invoca fantasmas del pasado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, aunque se mantuvo la legalidad en la proclamación del nuevo gobierno, confirmada por un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional, el camino utilizado fue distinto del que se espera en una democracia, comenzando por la ausencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el proceso y en el evento de la proclamación.

Por eso la legitimidad del procedimiento —y del gobierno resultante— ha quedado cuando menos en tela de juicio, pero las salidas institucionales y democráticas todavía son visibles. Habrá que esperar las acciones del gobierno y la oposición, y de actores nacionales e internacionales, donde cada comentario o diagnóstico, por más académico que sea, tiene un impacto en lo que pueda suceder.

*Licenciado en Ciencia Política (USMA-Bolivia) y maestrante en Estudios Electorales (UNSAM-Argentina).

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