El costo de vivir en esta y otras grandes ciudades de Colombia las hace inhabitables. La vivienda en arriendo y el desplazamiento continuado de los pobres hacia la periferia son apenas dos de las serias consecuencias.
Liliana Castañeda*
Encontrar vivienda en Colombia
Por estos días se han vuelto famosos los carteles y manifestaciones contra el alto costo de los arriendos y el desplazamiento urbano en Medellín.
La experiencia de encontrar vivienda, sobre todo después de la pandemia, se ha vuelto traumática para miles de hogares de casi todos los niveles de ingreso en varias ciudades del país.
El proyecto de vida de varias generaciones colombianas estuvo ligado a la tenencia de un lugar de residencia propio, pero hoy el objetivo de comprar vivienda, vivir cerca del trabajo, de centros culturales, educativos o administrativos, se ha ido esfumando entre la crisis económica agravada por la pandemia, la precarización laboral y el alto costo de vida.
Este proceso que viene de hace décadas en las ciudades colombianas agrava las desigualdades en acceso al derecho a la ciudad. Contrarrestarlo debe ser tarea prioritaria de gobernantes locales en ciudades como Bogotá.
¿Bogotá gentrificada?
A riesgo de sobre simplificar décadas de investigación desde el urbanismo, la geografía, la economía y la sociología urbanas, podemos hablar de la gentrificación como un proceso donde una población de mayores ingresos se desplaza a zonas centrales en búsqueda de una mejor calidad de vida, lo que produce cambios en el tejido residencial y económico de estos barrios.
También se refiere a la aparición de urbanizaciones privadas en periferias ocupadas por las clases populares.
Un efecto notable de la gentrificación es el desplazamiento de población que tradicionalmente habita en estas áreas centrales, generalmente de ingresos inferiores a los que tienen los nuevos residentes.
Esta expulsión se puede dar de manera directa (por ejemplo, cuando una constructora compra casas para construir un edificio de aparta estudios para profesionales) o de manera indirecta (cuando el costo de vida hace imposible permanecer en el lugar).
hoy el objetivo de comprar vivienda, vivir cerca del trabajo, de centros culturales, educativos o administrativos, se ha ido esfumando entre la crisis económica agravada por la pandemia, la precarización laboral y el alto costo de vida.
El concepto es de origen anglosajón, pero ha sido problematizado y desarrollado a partir de las condiciones específicas de América Latina, donde la desigualdad de ingresos y de acceso a derechos fundamentales es generalizada y, a diferencia del Norte global, los barrios de origen informal son comunes.
Sin extendernos mucho en el asunto, se puede decir que en Bogotá se han presentado fenómenos de desplazamiento urbano por gentrificación en el centro histórico; y en los Cerros de Chapinero, donde aún se libra una batalla por la existencia de barrios populares, lo que se ve en sectores como La Macarena y La Soledad, todos en el denominado “Centro Ampliado” de la Ciudad.
Recientemente, el Instituto Distrital de Turismo ha identificado un aumento de bienes inmuebles con destinación al arriendo por tiempos cortos a través de aplicaciones como Airbnb y Booking.
Para múltiples grupos de habitantes tradicionales de Bogotá existe además un riesgo permanente de expulsión por cuenta de apetitos inmobiliarios relacionados con la renovación de barrios, megaproyectos de infraestructura o transporte. El riesgo se resume en que la ciudad como negocio pueda desplazar a la ciudad como hogar y lugar del proyecto de vida.
El papel del Estado nacional y distrital
Aunque en Colombia existe una política de vivienda tendiente a la financiarización desde la década de 1970, con la apertura económica de los 90 y la Constitución del 91 el Estado entregó la producción y financiación de la vivienda social al sector privado, que se dedicó rápidamente a buscar más ganancias produciendo en grandes volúmenes, con menores tamaños y en suelo periférico.
Esto, sumado a la política de subsidios de vivienda desconectada de quienes más la necesitan, ha significado una mayor segregación espacial puesto que los altos niveles de informalidad e inestabilidad laboral impiden acceder a créditos hipotecarios. El arriendo y la vivienda autogestionada se vuelven opciones más atractivas para las mayorías.
Hablando específicamente de la vivienda en arriendo, la tendencia sigue estando al alza. Según la Encuesta Multipropósito 2017, el 45 % de los hogares vivía entonces en arriendo. Por su parte, la Encuesta de Percepción Ciudadana 2019 de Bogotá Cómo Vamos indicó que el 44 % de los bogotanos/as afirmó residir en una vivienda arrendada. La cifra se dispara según el DANE al 48,6 % en 2021 y casi al 53 % en 2022.
Las acciones estatales suelen ser decisivas para afianzar procesos de expulsión urbana, pero no es fácil adoptar y aplicar regulación para evitar que suceda, así que su incidencia suele ser marginal o nula.
Lo cierto es que hoy en Bogotá, con algunas excepciones, no existen avances significativos para regular el mercado de vivienda ni los precios de los arrendamientos. Ambos siguen orientándose al crecimiento económico más que a resolver los problemas sociales derivados del déficit habitacional que ronda el 10,15 % según el DANE.
Entretanto, los precios de venta de la vivienda nueva aumentaron en el país un 8,78 % en el último trimestre de 2022, mientras en el estrato bajo en Bogotá el aumento fue del 12,33 %: el segundo rubro que más jalonó la inflación en abril de 2023.
La tarea del Concejo y la próxima alcaldía
En las sociedades capitalistas la ciudad ha dejado de ser el lugar donde ocurren la producción y los flujos de capitales para convertirse ella misma en mercancía que constantemente se produce y comercializa.
Frente a la situación de pobreza, desigualdad, precariedad y hambre que azota a la capital se sigue produciendo una ciudad privilegiada para los sectores de mayores ingresos
Cada vez es más común hablar de “vivienda para invertir” y no de vivienda para habitar, lo cual se puede traducir en fenómenos de gentrificación de barrios enteros, donde se da prioridad al turismo y algunos servicios de consumo exclusivo en vez de la vivienda y servicios de primera necesidad. Y todo esto con el agravante de no tener normas tributarias que frenen la competencia desleal con el sector hotelero local y retribuyan a la ciudad y al país por el usufructo de viviendas de alquiler a través de aplicaciones.
Bogotá aspira, dentro de su política de competitividad urbana, a ser parte del circuito mundial de ciudades y a atraer turismo ligado a cultura, a espectáculos relacionados con la economía naranja, y al turismo de salud y de negocios.
Esto sin una regulación fuerte en materia de protección a moradores y actividades productivas tradicionales, de mercados de suelo y de arrendamientos, la pondrá en la lista de urbes expulsoras de la región.
Frente a la situación de pobreza, desigualdad, precariedad y hambre que azota a la capital se sigue produciendo una ciudad privilegiada para los sectores de mayores ingresos, que desprecia el trabajo de cuidado y excluye a la mayoría de cuerpos y cotidianidades.
Es urgente que en el debate electoral que se avecina el intercambio de ideas sobre cómo construir una ciudad que garantice a todas y todos sus habitantes la posibilidad de hacer proyecto de vida adquiera un lugar preponderante, sobre todo en el centro ampliado y en las áreas de influencia de megaproyectos como el Metro.
Tener mejores políticas de ordenamiento territorial, vivienda y arrendamientos pasa necesariamente por dejar de darle la espalda a la ciudad de origen informal, poner el cuidado como un nuevo determinante de producción de ciudad y acabar con medidas como la expropiación a favor de terceros que ponen al Estado al servicio de la desposesión. Ese es un trabajo que no hará por sí solo el mercado, como ya está demostrado.
