La institución líder en proteger la infancia y la familia está sufriendo de depresión, deshumanización y desgreño laboral, fruto de una gestión sin entusiasmo ni sentido del logro. Hay mucho en juego para dejarlo en manos de la politiquería.
Yolanda Puyana
Historia larga y movida
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue creado mediante la Ley Cecilia (ley 75 de 1968) bajo la administración Lleras Restrepo con dos objetivos centrales: “velar por la integración de la familia y proteger al menor”. Por entonces se confiaba en el liderazgo del Estado para aumentar el bienestar de la población, y en especial la más vulnerada por la pobreza. Se asociaba la desprotección de la niñez con la incapacidad de las familias para atender a sus necesidades.
 También avanzó en proteger a los menores en situación de abandono o en los casos de incurrir en delitos. |
Bajo el primer objetivo se buscaba acabar con la irresponsabilidad familiar —en especial la paterna— y se adoptaba como modelo la forma dominante de familia de la época: la nuclear biparental constituida por el padre, la madre y los hijos, aunque ésta nunca ha sido la única en Colombia [1] y aunque los cambios demográficos recientes la hayan debilitado [2], [3]. De esta manera el objetivo no ha sido alcanzado, entre otras causas, porque no es al Estado a quien compete definir las formas de organización de las familias.
El Instituto ha logrado más avances con relación al segundo objetivo, y tanto en atender la población infantil más vulnerable como en el programas de cuidado a los menores. Desde el inicio atacó varios frentes relacionados con la nutrición, la prevención y atención de los niños y niñas, mientras las madres trabajan. También avanzó en proteger a los menores en situación de abandono o en los casos de incurrir en delitos.
Según Diego Molano, su director, en entrevista para Semana, el Instituto atiende 5,2 millones de niños y niñas, con énfasis en los programas de alimentos y cuida a las madres gestantes y lactantes, recibe a 1.600.000 menores en los hogares infantiles y 690.000 en protección especial.
Durante los últimos 25 años el ICBF ha sido sujeto a múltiples reestructuraciones y se le han asignado nuevas funciones, como la atención nutricional de la tercera edad y de las minorías étnicas.
El Instituto ha logrado más en atender la población infantil más vulnerable como en el programas de cuidado a los menores: nutrición, la prevención y atención de los niños y niñas, mientras las madres trabajan.
La Constitución de 1991 brindó un marco general al promulgar los derechos de los niños y las niñas y prohibir la violencia intrafamiliar. Posteriormente, con el Código de la Infancia y la Adolescencia del 2006 (ley 1098), el Instituto ganó capacidad de gestión sobre la base de un enfoque de derechos.
Finalmente, como parte de la reestructuración administrativa del gobierno Santos, ha pasado a ser una de las principales agencias del Instituto de la Prosperidad.
Cuáles son los problemas
A pesar de estos avances, son frecuentes las noticias negativas acerca de la corrupción y el mal servicio del Instituto y de las entidades contratantes. En la entrevista mencionada atrás, su Director reveló la existencia de un cartel de la contratación de alimentos y se quejó de las limitaciones para adelantar programas de protección o de mejoramiento nutricional para los pobres.
“Se esconden intereses económicos, locales y regionales”, planteó el doctor Molano, y formuló un diagnóstico que distingue entre limitaciones coyunturales y estructurales, sobre lo cual volveré más adelante. De otra parte, la senadora Angela María Robledo ha denunciado la monopolización en los contratos de alimentos y la baja calidad de los mismos.
 El Instituto atiende 5,2 millones de niños y niñas, con énfasis en los programas de alimentos y cuida a las madres gestantes y lactantes. |
A lo cual se suman los problemas de protección, la reincidencia de los menores vinculados al sistema penal y la impotencia para responder a su situación, sin añadir los altos costos y la ineficiencia del sistema de protección. Estos hechos revelan la incapacidad para lograr que el gigantesco gasto estatal se traduzca en inserción productiva de los menores delincuentes a la vida social y reduzca el riesgo de reincidencia.
El Director tiene razón en dividir los problemas del ICBF en estructurales y coyunturales, pero apenas aborda en su gestión los problemas inmediatos. Por eso en este artículo pretendo contribuir a desentrañar los problemas estructurales, que por supuesto no se reducen a la mala gestión de los contratos, como dice la revista Semana.
Feudo político
Desde finales de la década de 1980, las políticas de manejo del Estado cambiaron profundamente y se inscribieron en la llamada orientación neoliberal, que básicamente debilita la gestión estatal para encargar al sector privado la prestación de servicios que antes estaban a cargo del Estado. Se reduce así la contratación directa del recurso humano y se impone la mercantilización de los servicios. Desafortunadamente, la atención a los niños y niñas también cayó en ese juego.
Y además algunos directores nacionales y regionales del Instituto han sido acusados de corrupción y de manejo politizado. Un ejemplo palpable es la presencia de Ángel Custodio Cabrera en la Cámara de Representantes por el Partido de la U, tras su gestión como director del ICBF y de haberlo utilizada para montar un feudo político integrado por madres comunitarias.
Mal ambiente de trabajo
Como lo manifiesta el actual director, las formas de contratación afectan la calidad de los servicios:
-Con el pretexto aparente de ahorrar recursos, desde hace varias décadas los profesionales son contratados por períodos fijos, cortos, bajo criterios a veces arbitrarios.
-Mientras los funcionarios de la Sede Nacional del ICBF devengan buenos ingresos, quienes trabajan en las comunidades de usuarios reciben remuneraciones sustancialmente más bajas.
 Ángel Custodio Cabrera, representante por el Partido de la U, tras su gestión como director, lo ha usado como un feudo político. Foto: Página de Ángel Cabrera. |
-So capa de reducir costos en personal directamente vinculado al Estado, la nómina paralela constituida por contratistas privados se ha duplicado con respecto a los empleados en carrera administrativa.
– Los contratistas –la mayoría por solo cuatro o cinco meses al año– son vinculados para plazos tan cortos que no permiten desarrollar ningún proceso de prevención o de educación, los que suponen acciones a largo plazo.
-Estos profesionales externos temporales soportan una sobrecarga de trabajo, sus contratos no incluyen vacaciones y el desgaste que conllevan sus tarea no son materia de atención dentro del ICBF. Deben atender casos que provocan tensión y constituyen retos difíciles, como la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria, las crisis familiares e individuales, cuando los jóvenes delinquen o se desvinculan del conflicto armado, el abandono de la niñez, y situaciones semejantes. Esta labor implica asumir graves responsabilidades y trabajar jornadas agotadoras que deterioran su salud física y mental. Además, dada la inestabilidad de su contratación, una parte significativa de su tiempo laboral y de su energía se dedican a conseguir la renovación de su contrato, lo que resulta explicable.
Si bien algunas organizaciones no gubernamentales operan buenos programas para los usuarios del ICBF, cuando contratan persisten criterios inequitativos en el manejo de los recursos. Mientras los directivos de estas organizaciones a menudo devengan altos salarios, los profesionales que laboran con la población están sujetos a salarios bajos, sin derecho a vacaciones o a una mínima consideración por su salud mental.
Por regla general, tanto la vinculación directa al ICBF como con las ONGs vulnera a los profesionales, quienes además padecen el temor a perder sus empleos. Así se vio bajo la administración pasada, cuando predominaron el maltrato y la intimidación.
Durante los últimos 25 años el ICBF ha sido sujeto a múltiples reestructu-raciones y se le han asignado nuevas funciones, como la atención nutricional de la tercera edad y de las minorías étnicas.
Deshumanización y desgreño
Es común que el proceso de contratación con el ICBF se demore y que proyectos importantes no hayan podido iniciarse a mitad de año, porque se están estudiando sus bases legales o procedimentales. Me pregunto por la efectividad de un programa que se contrata en junio para que alcance las metas planeadas para un año entero.
Me pregunto también qué pasa con la población llamada más vulnerable, cuando demoran varios meses en contratar los suplementos nutricionales ¿Deben aguantar hambre?
 Qué pasa con la población llamada másvulnerable, cuando demoran varios meses en contratar los suplementos nutricionales ¿Deben aguantar hambre? Foto: supata-cundinamarca.gov.co |
A diferencia de hace algunas décadas, cuando el ICBF tenía liderazgo en la atención a la infancia [4], ahora se trata de una institución cuyos mejores profesionales están de paso. Su permanencia es limitada, dado que si se comienza un programa, éste puede descontinuarse al concluir su contrato: prevalece la inestabilidad.
Las políticas de formación de los funcionarios y contratistas son débiles: no se estimula su matrícula en programas de posgrado; cuando se les capacita, la excesiva rotación hace perder el costo del esfuerzo. Pero además, los servidores públicos que sobreviven en este ambiente laboral desfavorable resultan poco receptivos a las innovaciones.
Por otro lado, el ICBF —como todas las entidades estatales— debe responder a los requerimientos de los entes de control del Estado, a los debates en el Congreso, a las tutelas o a la opinión pública: vive “apagando incendios” y tiende a concentrar sus profesionales de planta en la respuesta a críticas o peor, en cuidar la imagen del director de turno.
La supervisión y control del ICBF sobre las instituciones contratadas u operadores también es criticable: por lo general se realizan visitas rituales previamente acordadas con la entidad para guardar una cierta apariencia de legalidad.
En fin, yo soy testigo de una institución cuyo estado es tan doloroso y cuya deshumanización es tan severa que quienes se vinculan laboralmente a ella permanecen por uno o dos meses ¿Estará detectando el ICBF estas señales para proceder a las correcciones más obvias?
Finalmente, como parte de la reestructuración administrativa del gobierno Santos, ha pasado a ser una de las principales agencias del Instituto de la Prosperidad.
Revolución ética
En la entrevista citada, el director del ICBF apenas abordó problemas que considero estructurales, como mejorar la forma de contratar al personal operativo que ayude a remediar los problemas del organismo.
Debe abordarse con más profundidad el manejo del ambiente institucional y romper con el falso paradigma de la privatización, comenzando por proponer que quienes trabajan con las personas más pobres y vulnerables de la sociedad tengan un nivel adecuado de bienestar y de estabilidad.
De lo contrario prevalecerá el síndrome del agotamiento que genera depresión, desmotivación baja del rendimiento de toda la institución.
Deben vincularse directamente más funcionarios y transmitirles entusiasmo y orientación hacia el logro de metas que rompan la inercia institucional, producto de tantos años de manejo inadecuado.
Cabe agregar que tanto el ICBF como todo el Estado colombiano requieren de una revolución ética en todos sus estamentos: la gestión de estos enormes recursos realmente debe beneficiar a la población más excluida y vulnerada del país.
* Profesora de la Universidad Nacional de Colombia.
