Basuras: lo que no existe es el servicio público de aseo - Razón Pública
Pendon donde se lee: Aquí se construirá al parque ambiental y tecnológico para la gestión de residuos sólidos

Basuras: lo que no existe es el servicio público de aseo

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Pendon donde se lee: Aquí se construirá al parque ambiental y tecnológico para la gestión de residuos sólidos

Fotos de la analista Adriana Ruiz Restrepo​A diferencia y en contra del modelo claro de cómo funciona el servicio de aseo-reciclaje en las urbes del planeta, esta historia no muy limpia de negociantes, alcaldes y otrora líderes de recicladores de oficio, nos deja sin higiene pública y con recicladores pseudoesclavos.

Adriana Ruiz Restrepo*

Aseo: mitad servicio mitad  negocio

No existe un problema de basuras sino de desmantelamiento del servicio y del sistema integral de aseo1; un medio servicio, medio público para medio asear la ciudad. ¿En que debería consistir ese servicio2? En:

La evacuación técnica y controlada, hacia las afuera de la ciudad2a,  de todos los  residuos orgánicos e inorgánicos, aprovechables o no, de todos los habitantes, para

Eliminarlos de manera técnica y controlada2b en equipamiento e infraestructura públicos como relleno sanitario o plantas de aprovechamiento.

Pero esto no sucede en las ciudades y pueblos de Colombia.

Que a la basura se le pueda sacar provecho como biogás o compost y, más aún, como   materia prima industrial3, despertó tanta codicia en Colombia que la higiene pública se convirtió en un obstáculo para el negocio privado. Varios actores4  entraron en tensión y luego se fueron acomodando hasta montar un sistema bastante complicado5.

A diferencia del torrente de residuos orgánicos verdes -que siguen siendo evacuados y eliminados como servicio público- hoy el de los residuos azules o inorgánicos y potencialmente reciclables como materia prima queda reventado y liberalizado en manos del mercado y de los monopolios 6.

Un medio servicio, medio público para medio asear la ciudad. 

No debía ser así porque Colombia creó el servicio público de reciclaje o aprovechamiento7 hace doce años. En efecto: el Decreto 1713 de 2002 ordenó recolectar los reciclables en una bolsa  separada y en rutas especiales para llevarlos a centros de clasificación y acopio y una planta pública de aprovechamiento8 de carácter   municipal, para venderlos a las industrias (empaques, papel, cartón, botellas, latas y otros productos).

Pero parece que al entonces presidente Uribe se le olvidó dar cumplimiento a este Decreto pues, seis meses después de posesionarse, sus dos hijos  montaron un negocio privado de reciclaje (Ecoeficiencia10) que hoy es una gran empresa de venta y exportación de materia prima extraída de residuos municipales11

En Colombia no hay un sistema ni hay un servicio público porque los productos reciclables son casi-gratuitamente cargados a “lomo” de reciclador o en camioncitos para abastecer a la gran industria, vía intermediarios bodegueros -exactamente igual que sucedía hace un siglo-13.

A diferencia de los residuos orgánicos que acaban, como todo mundo sabe, en la planta de biogás o en el relleno de Doña Juana en Bogotá o el de Yotoco en Cali, nadie sabe a dónde van a parar los reciclables, a quiénes enriquecen, hacia dónde se exportan, cuánto  ingresa a las arcas municipales, ni cuánto cofinancia Usted al cancelar su factura de aseo.

Es un mercado privado de materia prima abaratada por la explotación de personas  vulnerables14 y por el detrimento del derecho fundamental al saneamiento básico. Sirve sí para el lucro de accionistas de industrias irresponsables14a, la mayoría extranjeros que no viven en Colombia. Viven en países donde el servicio sí es público, donde no se permiten recicladores15, ni la esclavitud de compatriotas16, donde las rutas de reciclables son estrictamente supervisadas para prevenir el lavado de activos17, y donde no se paga tarifa de aseo porque el saneamiento suele salir de impuestos o es financiado mediante la venta de aprovechables18.


Protesta contra el dueño de Ecoeficiencia y su
padre el Presidente Uribe
Foto: ©CIVISOL

Una lucha en cuatro etapas

-La primera vez que vi operar el negocio dentro del aseo fue cuando Nohra y Silvio, de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), junto con otros recicladores de oficio, protestaban contra los recicladores industriales de Ecoeficiencia19.

-La segunda vez fue  cuando volví a la Corte para defender a los recicladores- ya no del Estado y de privatizaciones empobrecedora20s- sino de la amenaza empresarial de recicladores industriales. La funcionaria de la Superintendencia de Servicios  Públicos entonces a cargo de la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali (EMSIRVA)- en liquidación, la ahora Senadora Susana Correa Borrero respondiendo a la tutela de los recicladores recién expulsados del relleno de Navarro dijo que: “(…) estas personas pueden realizar su oficio como todos en Colombia, procurándose sus propios clientes y no de  manera autoritaria como antes lo hacían en Navarro (…)”. La Corte Constitucional (Sentencia T-291-0922)  acogió nuestros argumentos en contra21  y concluyó que, por ser servicio público, el aseo – y su aprovechamiento- están sujetos a una intensa regulación estatal. Derrotada esta visión, ganamos la acción afirmativa para   formalizar dentro del servicio público de reciclaje  a los recicladores de oficio como operadores solidarios y exclusivos. Como dijo la Superintendente Eva María Uribe funcionaria del gobierno nacional después de seis meses de negociación para poner en marcha la decisión de la Corte:  

“(…) En línea con la sentencia de la Corte [T-291-09], serán los recicladores organizados empresarialmente quienes harán la recolección, transporte, acopio, separación y comercialización de los residuos aprovechables.

El nuevo Decreto 2981 de 2013 redefine la noción de “reciclador de oficio” para incluir también empresas y demás personas jurídicas.

Ellos, igualmente, recibirán una remuneración tarifaria por la recolección de los residuos, aprobada por la regulación y podrán percibir ingresos adicionales por peso de residuos útiles”.

(Además) “se reformularon los términos del concurso, de tal manera que además de los puntajes adicionales en favor de los recicladores, se separó la ruta de reciclaje y se definió como una ruta especial y diferente de las rutas usuales de recolección” 24. Esta es la “Ruta de recolección selectiva”,  dedicada a los residuos aprovechables y cuya administración será entregada por EMSIRVA a los recicladores organizados.”

Hubiese bastado con extender a  Bogotá – y al resto del país – este sistema (además por supuesto de hacerlo realidad en Cali25). Pero lo primero no pasó y desde entonces comenzó a ser desmontado26. Su estrategia:

Caneca de basura azul con nieve en la parte superior y con texto blanco en frente que dice: New York City Public Recycling
Foto: Shailly Barnes, ©CIVISOL

Reinterpretar el lenguaje y redefinir el derecho adquirido

-El tercer embate se dio en tiempos de Samuel Moreno, cuando la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) dejaron los residuos reciclables por fuera de la licitación entre empresas privadas. Esto lo frenamos25b en coalición anticorrupción mediante el Auto de Seguimiento de la Corte (el 275-11) a sus sentencias  T-291-09 y T-724-03.  Pero después todo empeoró.

-El cuarto y último embate surgió cuando Ecoeficiencia salió del radar mediático y en su lugar ingresó Compromiso Empresarial para el Reciclaje (CEMPRE), una fundación “sin ánimo de lucro” que fue creada y gestionada por la gerente de Ecoeficiencia28 y donde otras multinacionales vestidas de ONG se le asociaron. No fue difícil persuadir “líderes”29 ni acuñar un discurso para logar que ellos  renunciaran  a la operación exclusiva del servicio que les otorgara la T-291,  diluyéndolos dentro de una “cadena de valor”.

Ya en tiempos de Gustavo Petro, CEMPRE promueve las “reciclatones” en Bogotá30, en Cali Ecoeficiencia/CEMPRE y  la Fundación Carvajal31 y/o Carvajal Empaques32 montan  grandes plantas privadas33, al paso que el alcalde Guerrero cierra pequeños bodegueros34  y  la Superintendencia de Servicios contrata por casi un millón de dólares a la Fundación Carvajal para apoyar a los “recicladores” 35. De Washington llegan fondos millonarios para la ARB36, y ONG extranjeras apuntalan a sus líderes, interviniendo de paso en la   política interna37 y creando “vulnerables oficiales” para impulsar determinadas  reformas38.

En Bogotá, Petro “engavetó” la sentencia T-291 y la infraestructura pública  que le exigía el Decreto 1713. En vez de eso regularizó los negocios de bodegas de lucro privado39, en consonancia con las aspiraciones de CEMPRE, de la ARB y de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI); carnetiza a “recicladores autorizados 40 para  colecta y descarga41  en básculas de bodegueros42  privados que el Distrito con dineros públicos paga a aproximadamente 90 pesos por kilo. El alcalde bautiza esto como “tarifa” y  Nohra, de la ARB, lo anuncia como un “sueldo” 44.

Jaque mate en cuatro pasos

CEMPRE/ARB arranca a incidir tanto en políticos de  plaza pública45 como en los de hotel de recinto cerrado46 con la Andi y el patrocinio de Ecoeficiencia; coinciden todos en la necesidad de reformar el Decreto 171347. Con tanto ahínco, que hasta envían de un día para otro con hotel pago y por avión a un grupo de recicladores bogotanos48 para marinar el cambio con los recicladores de provincia.

La CRA afirma por su parte que en realidad no es competente para regular la evacuación y eliminación de todos los residuos residenciales49.

Y para completar en diciembre pasado, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico50 derogó el Decreto 171351.

Nadie sabe a dónde van a parar los reciclables, a quiénes enriquecen, hacia dónde se exportan, cuánto  ingresa a las arcas municipales, ni cuánto cofinancia Usted al cancelar su factura de aseo. 

Con marketing se maquilla la pérdida del derecho adquirido52. Recicladores de todo el país vienen a un evento patrocinado por CEMPRE53 y por la ANDI donde los ministros responsables del saneamiento y del trabajo, junto con Nohora Padilla,  lanzan  la “Alianza  hacia el  Reciclaje Incluyente” 54 como si el reciclaje no fuera ya de los recicladores de oficio por orden judicial.

Pero, para evitar, hasta el riesgo de que sólo los recicladores en pobreza y de oficio sigan siendo los únicos beneficiarios de la acción afirmativa, 55el nuevo Decreto 2981 de 2013 redefine la noción de “reciclador de oficio” para incluir también empresas y demás personas jurídicas y de paso impone el requisito de tener vehículos para poder trabajar56.  

Y con esto concluyo, porque en Colombia no se puede  reducir pobreza57: Las vías de hecho están proscritas y  las de derecho que con gran esfuerzo se usan y  ganan  al final -y en medio de reiterado silencio- se  capturan58.

Abogada y consultora internacional en política pública y reducción de pobreza. Voluntariamente dedica parte de su tiempo a Civisol: Fundación para el cambio sistémico. Civisol es la organización que la Corte designó en la Sentencia T-291-09 para hacer seguimiento a la implementación de sus órdenes judiciales.

Anexo información complementaria:

http://bit.ly/Qsbdby

Acerca del autor

Adriana Ruiz

* Abogada y politóloga, consultora en Política Pública e Innovación Jurídica para el Desarrollo, fundadora y directora de CIVISOL: Fundación para el Cambio Sistémico.

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* Abogada y politóloga, consultora en Política Pública e Innovación Jurídica para el Desarrollo, fundadora y directora de CIVISOL: Fundación para el Cambio Sistémico.

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