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Bases militares en territorios indígenas: allí donde no hay Estado

Escrito por Jorge Cuervo
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jorge ivan cuervoUn auto reciente de la Corte Constitucional reveló cómo tras ocho años, el gobierno no ha hecho lo necesario para proteger a dos pueblos indígenas en peligro de extinción debido a enfermedades y a armas abandonadas por los militares que ocupan sus territorios. Está en juego el principio de la integridad nacional.

Jorge Iván Cuervo R.*

Un fallo confuso

Por un grave problema de comunicación de sus decisiones, la Corte Constitucional se vio en la necesidad de aclarar públicamente que en un fallo suyo no se había ordenado desmontar dos bases militares de territorios indígenas en el departamento del Guaviare, tal como lo habían anunciado algunos medios de comunicación con su habitual falta de rigor para cubrir las noticias de orden público, habida cuenta de la dependencia de la información proveniente de fuentes oficiales.

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No han sido cumplidas las órdenes dadas al gobierno para preservar la integridad y la supervivencia de los pueblos indígenas Jiw y Nükak.    Foto:ONIC.

La orden de la Corte finalmente se limitó a exigir la devolución de seis hectáreas que la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina había ocupado en territorio del pueblo indígena Jiw.

La confusión provocó que algunos sectores de opinión prendieran las alarmas sobre la indebida intervención de los jueces en la defensa de la soberanía territorial en medio de un conflicto armado.

Los hechos

En el contexto del seguimiento que la Corte Constitucional viene haciendo al estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004 en relación con el desplazamiento forzado —y en particular con respecto a las órdenes impartidas en el Auto 004 de 2009 sobre la protección especial a los pueblos indígenas— la Corte profirió el Auto 173 de 2012, en el cual constata que no han sido cumplidas muchas de las órdenes dadas al gobierno para preservar la integridad y la supervivencia de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare.

Por esta razón ordenó medidas cautelares de urgencia, y entre todas las órdenes emitidas está la que exige al Ministerio de Defensa la devolución de las seis hectáreas en cuestión, donde se han levantado varias construcciones cuyo uso afecta el modo de vida de los miembros del pueblo Jiw ubicados en el resguardo de Barrancón.

La disputa por esas seis hectáreas, de un total de 250 que ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales y que le fueron adjudicadas en 1988 por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), en modo alguno compromete la soberanía territorial de la Fuerza Pública en la zona, pero como lo advierte la Corte, sí puede comprometer la existencia misma de dicho pueblo indígena.

Nunca hubo Plan de Salvaguardia Étnica

En el trasfondo de la decisión de la Corte, tal y como fue advertido desde el Auto 004 de 2009, lo que está en juego es el riesgo de extinción de los pueblos indígenas, tanto“desde el punto de vista cultural, en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros, como desde el punto de vista físico, debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”.

Jorge_Ivan_Cuervo_disputa_indigenasLa disputa por esas seis hectáreas, en modo alguno compromete la soberanía territorial de la Fuerza Pública en la zona, pero sí la existencia de esos indígenas.
Foto: Acnur

Sobre los pueblos Jiw y Nükak, la Corte advirtió que eran pueblos en especial grado de vulnerabilidad y con mayor riesgo de desaparición, por lo cual el gobierno debería pasar de la retórica y de la elaboración de documentos al diseño e implementación de Planes de Salvaguardia Étnica para cada pueblo en riesgo de desaparición en el contexto de un Programa de Garantías de los Derechos de los pueblos indígenas.

Una de las órdenes impartidas en el Auto 004 al gobierno fue la de “caracterizar la problemática (sic) del pueblo Jiw la cual no fue allegada por el ministerio del Interior en los términos establecidos, si bien en un informe remitido por el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) se adujo la realización de un diagnóstico comunitario en noviembre de 2011, donde se cumplía con la obligación señalada.

El gobierno ha afirmado que el Programa de Garantías —el marco de políticas para elaborar los planes de salvaguardia étnica— ya fue elaborado y concertado con los representantes de los pueblos indígenas.

En relación con los planes de salvaguarda de los pueblos Jiw y Nükak, el gobierno informó que está definiendo la ruta metodológica para su diseño e implementación, pero lo cierto es que estos planes no se han realizado y la situación de vulnerabilidad sigue igual a lo observado en 2009.

La elaboración de los planes de salvaguarda exige una fuerte presencia estatal donde se articule la oferta institucional con las necesidades diferenciadas de los pueblos indígenas. Precisamente, la ausencia de esa realidad institucional precipitó la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.

Extinción por enfermedades… y por armas abandonadas

En relación con la respuesta del gobierno frente al desplazamiento y con respecto a los indígenas, la Corte resalta en el Auto 173/12 que en un informe de la Defensoría del Pueblo se advierte que a partir de algunas reuniones de concertación realizadas entre el gobierno y los representantes de los pueblos indígenas se puede poner en evidencia que “las autoridades responsables no tienen la capacidad de incluir las propuestas realizadas por los indígenas, como alternativas viables para la salvaguardia de los derechos fundamentales de dichos pueblos”.

Jorge_Ivan_Cuervo_municion_abandonadaUna de las quejas: lesiones sufridas por varios indígenas causadas por munición abandonada sin explotar en su territorio en el resguardo de Barrancón.

La débil presencia del Estado en el territorio Jiw y Nükak resulta evidente de distintas maneras, pero llama la atención un testimonio recogido por la Corte de parte de la promotora de salud, quien señaló no haber recibido su salario desde hace 8 meses.

Si el Estado ha sido incapaz de asegurar el pago del salario de la persona encargada de velar por la salud de una porción del pueblo Nükak, la cual se ha visto afectada por el cambio drástico en sus hábitos alimenticios debido al desplazamiento de los territorios ancestrales, cabe preguntarse si existe el conocimiento, la voluntad y la capacidad del Estado colombiano de proteger a estos pueblos y evitar su extinción.

La ocupación del territorio indígena Jiw en las seis hectáreas señaladas ha afectado el modo de vida del pueblo indígena, lo cual se ha manifestado entre otras formas por las lesiones sufridas por varios indígenas causadas por munición abandonada sin explotar en su territorio, tal y como lo pudo constatar la Corte en su visita al resguardo de Barrancón, lo cual constituye una falta de precaución en los términos de aplicación de los principios de distinción y de necesidad militar del Derecho Internacional Humanitario.

La ocupación irregular fue dada a conocer por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en un informe de junio de 2011, tras una visita realizada entre el 24 y el 28 de mayo de 2011, “con acompañamiento de tres ingenieros topógrafos, la Brigada 22 del Ejército Nacional, un suboficial de la Armada Nacional y tres representantes de la comunidad indígena”,lo que indica que el gobierno nacional tenía conocimiento de la situación por intermedio del Ministerio de Defensa: de haberse realizado el plan de salvaguardia étnica seguramente se hubiera concertado una medida para mitigar semejantes riesgos.

La integridad nacional sí está en juego

En ese sentido, se repite el patrón de comportamiento del gobierno que impide a la Corte levantar el estado de cosas inconstitucional: la ausencia o la insuficiencia de las medidas para superarlo.

Jorge_Ivan_Cuervo_disputa_CorteSe repite el patrón de comportamiento del gobierno que impide a la Corte levantar el estado de cosas inconstitucional: la ausencia o la insuficiencia de las medidas para superarlo.
Foto: sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co

Quienes se quejan del activismo del alto tribunal deberían preguntarse antes por qué las autoridades gubernamentales no intervienen de manera oportuna y articulada sobre la problemática del desplazamiento indígena.

Es preciso entender que en el contexto del Estado social de derecho —cuyo fundamento es el respeto y la garantía de los derechos fundamentales— uno de los poderes públicos no puede escudar su inacción en la defensa del principio democrático de la separación de poderes.

La adecuación de las instalaciones de la Escuela de Fuerzas Especiales para terminar con la afectación del Resguardo de Barrancón no comprometerá la seguridad nacional ni la integridad territorial, y constituye una ventana de oportunidad para que el gobierno –y el Estado en su conjunto– entiendan el compromiso histórico de impedir la extinción de los pueblos indígenas en riesgo, cuya desaparición  compromete la integridad nacional construida sobre la base de la diversidad étnica y cultural.

Eso implica superar la brecha epistemológica, de conocimiento que se tiene en el Estado por cada una de estas unidades culturales. El enfoque diferencial va más allá de separar hombres de mujeres y niños de adultos, implica conocer las especificidades de cada pueblo y comunidad indígena, sus usos, sus costumbres, sus valores, su visión del mundo, y adaptar la oferta institucional a sus necesidades; para eso se precisa de equipos de trabajo sensibles al tema y dispuestos a trabajar en conjunto con las comunidades, y una voluntad política infranqueable que se refleje en una claridad de acción entre los distintos ministerios y dependencias regionales encargadas del tema.

Ese es el mensaje que la Corte viene dando desde la sentencia T-025 de 2004, el cual reforzó en los Autos 004 y 005 de 2009, y en el 173 de 2012, sobre lo cual, el gobierno sólo ha hecho buenos informes de respuesta y muy pocas acciones concretas para superar el estado de cosas inconstitucional.
 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones.

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