Empeorar lo malo en lugar de corregirlo: el reparto de baldíos entre los campesinos se ha hecho bastante mal, y dos proyectos del gobierno entregarían más tierras a los grandes empresarios.
Absalón Machado*
Los proyectos
En las últimas semanas han prendido las alarmas dos proyectos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que permitirían la entrega de baldíos a grandes empresas:
- el primer proyecto reglamenta las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE), que existen desde la Ley 160 de 1994; el gobierno permitiría que las empresas exploten baldíos de la Nación y que puedan quedarse con esas tierras.
- el segundo proyecto permitiría que el gobierno les entregue a las empresas más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir, que pueda adjudicarles grandes extensiones de tierra.
Los proyectos son controversiales, entre otras cosas, porque van en contravía del Acuerdo de La Habana y de lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre la entrega de baldíos:
- El Acuerdo creó un Fondo para repartir gratuitamente tierras a las comunidades campesinas que carezca de ellas y a otras poblaciones vulnerables, como los desplazados por la violencia. La principal fuente de este Fondo de Tierras son los baldíos de la Nación y, desde luego, se trata de un recurso escaso.
- Durante años, la Corte Constitucional ha afirmado que el Estado debe evitar el acaparamiento de tierras y garantizar que la población campesina acceda progresivamente a la propiedad rural.
En ese contexto surgen varias preguntas: ¿por qué está interesado el Gobierno en entregar grandes extensiones de tierra a los empresarios? ¿Se trata de un cálculo político para atacar el Acuerdo de La Habana? ¿Qué debería hacer el gobierno para solucionar los problemas del campo, reactivar la economía y fomentar el acceso a la tierra?
Una estrategia fallida
En el pasado reciente, la entrega de baldíos de la Nación no ha sido un mecanismo para democratizar el acceso a la tierra. Más bien ha sido tan desorganizada y desaprovechada que ha propiciado la desigualdad, la pobreza, la violencia y la devastación ecológica.
Según un estudio de la Universidad de los Andes, de las 24.842.40 hectáreas de baldíos otorgados entre 1901 y 2012, apenas el 7 % (1.761.240 hectáreas) se distribuyó a través de programas de reforma agraria. Esto demuestra que la reforma agraria ha tenido muy poca cobertura y alcance.
Además, los baldíos entregados no han permitido que los campesinos salgan de la pobreza:
- De acuerdo con la Ley 160 de 1994, el Estado no puede entregar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) de tierras baldías a un particular. La UAF es la cantidad de tierra necesaria para que una familia remunere su trabajo y empiece a formar un patrimonio. Como advierte el Departamento Nacional de Planeación, “un predio inferior a la UAF sería, por definición ineficiente”, porque no garantizaría ni siquiera la producción mínima para una familia.
- Sin embargo, el estudio anteriormente citado encontró que, entre 1995 y 2015, el 83,9% de las adjudicaciones de baldíos a particulares fueron inferiores a una UAF. Por lo tanto, en lugar de fomentar la superación de la pobreza, estas adjuciaciones ineficientes y desorganizadas han promovido la desigualdad.
Como si fuera poco, la política de adjudicación de baldíos en Colombia ha partido de un profundo desconocimiento del país.
Los baldíos se han adjudicado en sitios aislados donde no llega el Estado, donde no hay mercados y donde los actores armados ilegales ejercen un poder inmenso. Sin predios eficientes y a la merced de estos grupos, muchos campesinos no han tenido más opción que incorporarse a la cadena del narcotráfico, para llevarse una minúscula parte del negocio y resignarse a la pobreza y la marginación.
Esto, a su vez, ha causado un desastre ecológico: en este tipo de zonas, la deforestación y la devastación de los recursos naturales son la regla.
Para corregir el rumbo
Los proyectos de la ANT no resuelven ninguno de los problemas anteriores y, en cambio agravan la desigualdad, la pobreza, la violencia y el daño al medio ambiente.
Los baldíos de propiedad de la Nación deben destinarse a fomentar el acceso a la tierra de los campesinos y las comunidades vulnerables. Sobre eso no puede haber discusión.
Como lo han mostrado los expertos de la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorrios Rurales (Prodeter), los proyectos de la ANT hacen más difícil la adjudicación de tierras a las personas que más lo necesitan y, por lo tanto, violarían la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En vez de optar por ese camino inconveniente e inconstitucional, el Gobierno debería seguir repartiendo baldíos con el criterio de otorgar una UAF por familia y debería corregir los problemas que ha tenido la política de tierras. Además, podría seguir usando las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES) para reactivar la economía rural, mediante asociaciones entre las familias campesinas y los empresarios.
En 2014, la Corte Constitucional le había ordenado al Estado hacer un inventario y un “proceso nacional de clarificación” de todos los bienes baldíos de la Nación. Ese proceso, que hasta la fecha no existe, puede complementarse con estudios que incluyan aspectos económicos, sociales, ambientales, institucionales y jurídicos. Para ello puede crearse una Comisión Científica Nacional e Internacional que realice un diagnóstico completo y fije unas pautas para determinar cómo administrar los bienes baldíos en el futuro.
Además, el Gobierno debe contener la expansión de la frontera agrícola para evitar un desastre ecológico peor. Una manera de hacerlo es congelar la concesión de baldíos, cualquiera que sea su modalidad, hasta tanto no exista dicho inventario cuantitativo y cualitativo de las tierras disponibles y hasta revisar las normas para ponerlas a tono con el futuro que queremos en cincuenta o cien años.
Mientras tanto, están pendientes las denuncias sobre robo de baldíos con ocasión del “conflicto armado” y sobre apropiaciones indebidas de miles de hectáreas bajo diversos mecanismos aparentemente “legales”.
Más allá de la tierra
Aunque la discusión jurídica sobre la entrega de baldíos es importante, también se necesitan decisiones políticas y soluciones prácticas para lograr la igualdad después de la adjudicación de la tierra.
En las actuales circunstancias, la entrega de baldíos por sí misma no es un mecanismo efectivo para avanzar hacia la equidad y el progreso. Por eso, el debate no puede quedarse en establecer para quiénes son estas tierras: antes debemos definir cómo y para qué queremos usar esos bienes, y cómo solucionar los problemas de fondo que enfrentan las personas a quienes se adjudica un terreno de este tipo.
En ese sentido, el Gobierno debería emprender una política de redistribución de la población en el territorio, y de redistribución de los recursos entre esa población. La discusión sobre a quién entregar los baldíos solo tiene sentido si existe un plan para el progreso y la equidad después de entregada la tierra.
Todas estas discusiones son urgentes, si queremos una ruralidad justa, armónica con la naturaleza, moderna y en paz. Lamentablemente, el Gobierno está mirando hacia otro lado.
