Un balance de la alcaldía de Federico Gutiérrez | Razón Pública 2024
Foto: Facebook: Alcaldía de Medellín

Un balance de la alcaldía de Federico Gutiérrez

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Van cuatro meses de gobierno, y Gutiérrez no despega. Estos son los pocos hechos y los muchos anuncios dispersos del nuevo alcalde de Medellín.

Juan Antonio Zornoza Bonilla*

Después de Daniel Quintero 

A 120 días de iniciado el segundo gobierno de Federico Gutiérrez, vale la pena examinar su gestión hasta el momento y lo que está por venir. Elegido con una votación contundente, los índices de favorabilidad probablemente lo acompañarán en la primera parte de su segundo periodo en la alcaldía de Medellín.

Pero, ¿cuál es la realidad de Medellín hoy? ¿Cómo avanza su gobierno? ¿Qué cambios se han dado en la ciudad? ¿Cuáles temas se han propuesto para el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) y cuáles se han dejado de lado?

El resultado de las elecciones del 29 de octubre de 2023 en Medellín fue el producto de una reacción radical frente al antecesor Daniel Quintero Calle, quien dejó un saldo en rojo que catapultó los movimientos de oposición y justificó el relevo. 

Los primeros meses de Gutiérrez no han sido distintos de su mandato de 2016-2019. Al finalizar el mes de abril de 2024 no se percibe el rumbo de su gestión, aunque los medios de comunicación de los grupos económicos que le apoyaron en la campaña, anuncian cambios con bombos y platillos. 

Sin embargo el deterioro del mobiliario público, el caos vehicular, las basuras en el espacio público, la explotación sexual infantil y la sensación de inseguridad no ha cambiado con respecto a los años anteriores. 

Entonces, ¿cómo se ha reestructurado la administración distrital? ¿Cuál es la agenda de la Alcaldía de Medellín para los próximos cuatro años? ¿Se atienden los problemas más apremiantes de la ciudad?

Puede Leer: Los nuevos gobiernos de Medellín y Antioquia

Ciudadanía ausente 

La semana pasada la Universidad Nacional en Medellín convocó a las dependencias de la alcaldía involucradas, al concejo distrital, gremios, organizaciones de la sociedad civil y académicos de las principales universidades de la ciudad. Las dependencias de la alcaldía anunciaron su participación, pero minutos antes de iniciarlo la cancelaron sorpresivamente. Sus aliados en el Concejo distrital también brillaron por su ausencia. No obstante, participaron activamente las organizaciones sociales y económicas, las veedurías ciudadanas y las universidades de la ciudad. 

Los primeros meses de Gutiérrez no han sido distintos de su mandato de 2016-2019. Al finalizar el mes de abril de 2024 no se percibe el rumbo de su gestión, aunque los medios de comunicación de los grupos económicos que le apoyaron en la campaña, anuncian cambios con bombos y platillos.

Se revisaron los cinco pilares de anteproyecto del plan de desarrollo: bienestar social y económico, agenda social, confianza y transparencia, infraestructura y desarrollo, y sostenibilidad ambiental.  La conclusión en general apunta en el sentido de que el Plan de Desarrollo Distrital no cuenta mecanismos efectivos de consulta ciudadana, más allá de la participación instrumental que caracterizó el primer gobierno de Federico Gutiérrez. 

La dicotomía entre lo público y lo privado debe tener un lugar en el debate político por sus múltiples impactos en la opinión pública. No hay una clara divulgación ni adecuada gestión del conocimiento para propiciar espacios de participación y discutir las posibilidades de movilidad social y lucha contra las desigualdades en Medellín. 

Es clave replantear el papel de las relaciones entre universidad, Estado y empresa; en Medellín estas relaciones han sido utilizadas por los grupos económicos y, en esa medida, han dado lugar a manipular la opinión pública sobre la percepción del Estado y sobre sus actuaciones.

La representación de las mujeres, de las juventudes y de las víctimas necesitan espacios en la discusión sobre los programas municipales, para que estas puedan diseñar una política incluyente y con enfoque interseccional. Por otro lado, el asistencialismo persistente de la administración local no permitido ejecutar políticas horizontales, participativas y vinculantes, particularmente en materia alimentaria.

Infraestructura y desarrollo

Hay que apostar a la gestión y planeación a largo plazo en lugar de seguir modelos genéricos, la administración debe enfocarse en entender la geografía, cultura y necesidades específicas de la población, lo cual implica una planeación más contextualizada y sensible a las condiciones locales. 

Los proyectos deben tener en cuenta los impactos ambientales a largo plazo para adoptar prácticas sostenibles en todas las áreas de la planificación y la gestión urbana, y apostar al cuidado y protección de las zonas verdes y las fuentes hídricas. 

El anteproyecto es tímido en propuestas e indicadores. Se necesita un ejercicio de modelación y escalas, de recolección y procesamiento de datos. Adicionalmente, el anteproyecto es conservador y está orientado a sostener y recuperar. Resulta clave apuntar a la solución de los problemas básicos de infraestructura en la ciudad.

Falta un enfoque diferencial en las intervenciones en los territorios,  faltan estrategias de alertas tempranas a riesgos en los bordes y laderas, y faltan los avances en calidad del aire con participación comunitaria. 

Medellín necesita aumentar la capacidad del relleno sanitario y adaptarse al cambio climático para mejorar integralmente los barrios populares. Las metas en sostenibilidad ambiental y calidad del aire demandan herramientas de medición y ejecución más ambiciosas. 

La gestión de riesgo de desastres es ignorada, por eso son necesarias obras de mitigación y seguimiento a planes de gestión del riesgo comunitario, porque actualmente el cuidado por la calidad del aire está relegado.

Además, se ignoran el río y el mantenimiento de la canalización, lo cual puede afectar al metro y al sistema de transporte masivo; tampoco hay estrategias ni indicadores de la situación respecto de la crítica situación en materia de ruido.

Un potpurrí de programas 

Se repiten los programas aplicados en el pasado, sin metodología ni responsabilidad. La lectura de la ciudad es homogénea, pero en la realidad todos sabemos que Medellín es un territorio con diversidades y matices muy considerables. 

El Programa Parceros se recicla como un componente estratégico de seguridad que no está orientado al bienestar de la juventud y seguirá siendo operado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

No existe un enfoque claro de prevención del delito. Los programas del pilar de planeación y gestión territorial del distrito se concentran en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Hay que apostar a la gestión y planeación a largo plazo en lugar de seguir modelos genéricos, la administración debe enfocarse en entender la geografía, cultura y necesidades específicas de la población, lo cual implica una planeación más contextualizada y sensible a las condiciones locales.

La transición de la ciudad a distrito ha quedado relegada, y las promesas de transparencia se limitan a los encuentros mediáticos del alcalde con la ciudadanía, el reencauche del ‘gobierno corporativo’ en las entidades y la actualización de sus estatutos.

Durante los primeros cuatro meses de 2024, el enfoque policivo en la seguridad ha retornado como instrumento principal, con el mismo énfasis mediático de su primer cuatrienio. 

No se propone una estrategia de prevención integral del delito, a pesar de promover la convivencia en tres indicadores, sin una conexión sistemática en la respuesta preventiva. 

Por otro lado, no hay claridad si se va a realizar la revisión o actualización del POT, ni se observa una disposición para abrir conversaciones con los sectores sociales. Sin embargo, la creación de la Secretaría de Turismo puede potenciar este sector y contribuir a mitigar la explotación sexual como destino de ciudad.

Otro reto será recuperar la autonomía de Ruta N y su papel articulador del ecosistema CTI, complicado por la lucha de intereses ante la declaratoria de distrito de la ciudad.

También será un reto definir si la Secretaría de Innovación digital tendrá un rol central en la adaptación de la administración local a las exigencias tecnológicas, técnicas, económicas y sociales que impone el mundo actual. 

Urge adoptar sistemas robustos de gobernanza de datos, mejorar  procesos de apertura de datos públicos y desarrollar procesos con inteligencia artificial para simplificar los trámites y la comunicación con la ciudadanía. 

También se necesitan modelos de compra pública innovadores que destraben el modelo nacional y faciliten la gestión pública.

En general, la administración no apuesta a la efectiva colaboración entre diferentes sectores, academia, empresa y sociedad civil para abordar los desafíos de manera integral y aprovechar los recursos disponibles. 

El alcalde Gutiérrez ha presentado un plan mediocre que no atiende a los problemas de la ciudad de manera integral. 

En participación ciudadana, no hay cambios significativos frente al modelo de presupuesto participativo que ha sido cooptado en las comunas. Sus anuncios de campaña de investigar a su antecesor, no fructificaron, y al contrario, ha sido condenado a arresto domiciliario por desacatar una tutela orientada a cumplir con el bienestar de una de sus servidoras públicas en la Secretaría de Educación.

Es urgente examinar las relaciones inter-gubernamentales en la actual coyuntura, frente a la difícil interacción entre el gobierno nacional y algunas administraciones departamentales, distritales y municipales. 

Las transacciones políticas seguirán estando a la orden del día para complementar las tareas de los gobernantes de los tres niveles administrativos. En el caso de Medellín los recursos para la infraestructura van a seguir condicionados al diseño adecuado de programas como los de paz, educación y bienestar social.

*Con ayuda del Semillero de Gestión y Políticas Públicas Territoriales

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Juan Antonio Zornosa Bonilla

Escrito por:

Juan Antonio Zornosa Bonilla

* Abogado, magister en Ciencia Política, especialista en Planeación del Desarrollo Regional y doctor en Historia de la Universidad Nacional. Profesor de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Nacional, y director del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas (FCHE).

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