Balance de la protesta campesina en 2013 - Razón Pública
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Balance de la protesta campesina en 2013

Escrito por Ana María Restrepo
portestas Bogotá

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Ana Maria Restrepo Razonpublica

El año fue testigo de una movilización de grandes proporciones y en todas las regiones, como no habíamos visto en mucho tiempo. ¿Cuáles fueron los epicentros, causas, y ganancias de estas protestas campesinas?*

Ana María Restrepo Rodríguez**

Lugares y razones de la protesta

Si en las últimas décadas los motivos más recurrentes para la movilización del mundo rural habían sido la defensa del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad, en el 2013 hubo otro más urgente: la necesidad de una política agraria que reconozca a los sujetos del campo como parte del proyecto económico del país desde sus propias alternativas productivas.

Aunque hay otros motivos del mundo del campo relativos a las luchas ambientales que fueron relevantes este año, las razones esgrimidas por los campesinos tuvieron más que ver con la tierra, la política agraria y los derechos.

En 2013 las movilizaciones campesinas comenzaron con la invasión de la finca Las Canarias, en Tolú (Sucre), propiedad del exgobernador Miguel Ángel Nule Amín, y en lo que va del año se han realizado 5 invasiones de tierra a lo largo y ancho del país.

A pesar de esto, la movilización campesina apuntó a problemas que no necesariamente tienen que ver con el acceso a la propiedad de la tierra sino con la protección de la vida campesina o con la producción y venta de las cosechas.

El primer hito de movilización fue el prolongado bloqueo de vías en la región del Catatumbo para exigir programas concertados de erradicación de cultivos de uso ilícito y la constitución de la zona de reserva campesina. A estos motivos se sumaron los históricos incumplimientos por parte del Gobierno, la presencia militar, el interés de multinacionales mineras en la región y las afectaciones por causa del conflicto armado.

Por otro lado, los tratados de libre comercio, la dificultad de cumplir con los protocolos de semillas certificadas, las deudas y los embargos fueron los motivos de la movilización de febrero en Córdoba y Sucre hacia la sede de Corpoica en Mateo Gómez (Cereté); unos días después comenzó el paro cafetero por la crisis del sector.

Durante todo el año, algodoneros, maiceros y arroceros de Córdoba y Sucre, cacaoteros de Santander, paperos de Nariño, Cundinamarca y Boyacá fueron sumándose al descontento, lo que desembocó en el segundo hito de movilización campesina: el Paro Agrario del 19 de agosto.

la movilización campesina apuntó a problemas que no necesariamente tienen que ver con el acceso a la propiedad de la tierra sino con la protección de la vida campesina o con la producción y venta de las cosechas

A este se unieron también cebolleros, lecheros, plataneros, fruticultores y otros pequeños y medianos productores para demandar soluciones a los problemas que aquejan a cada uno de los subsectores. Cabe anotar que posteriores protestas en Pasto (Nariño), Florencia (Caquetá), Aguachica (Cesar) y Santander de Quilichao (Cauca) señalaron la inconformidad con el fin del paro y la constitución de la mesa del pacto agrario.

En muchos casos las protestas por problemas con los cultivos articulan motivos y problemáticas de más largo plazo: un buen ejemplo es la marcha de los pobladores rurales de los Montes de María hacia Cartagena (abril), presentada por la prensa como una movilización para exigir soluciones a la plaga que estaba acabando con sus cultivos de aguacate.

Los compromisos del Gobierno revelaron otras exigencias de la región: procesos de restitución de tierras, garantías de retorno, culminación de la Transversal de los Montes de María, llevar electrificación a las veredas de Bajo Grande y Las Palmas y desarrollo de un proyecto especial para la renovación de los cultivos.

Precisamente, el pliego de peticiones presentado al Ministerio de Agricultura el 8 de agosto como anuncio del Paro Agrario recogía, además de los problemas de producción, las otras necesidades del campo colombiano:

– Implementación de medidas frente a las crisis de la producción agropecuaria;

– Acceso a la propiedad y reconocimiento de la territorialidad campesina;

– Participación de las comunidades en la formulación de la política minera;

– Garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, e

– Incremento de la inversión social en el agro.

Una de las grandes protestas por las afectaciones territoriales a causa de los megaproyectos pasó desapercibida a nivel nacional: los campesinos del área de influencia de la construcción del megaproyecto Hidroituango, marcharon hacia Medellín y gracias a la solidaridad de los estudiantes se refugiaron en el coliseo de la Universidad de Antioquia por cerca de 8 meses para defender el río, protestar por la injusta compensación que ofrece el megaproyecto y denunciar la exclusión de muchos pobladores del censo hecho por la empresa.

La ocupación terminó con la garantía de reubicación y compensación por su traslado, pero en estos procesos nunca se tiene en cuenta que son incompensables los trastornos a los hábitos de vida en el territorio conocido. Hay que subrayar que el 17 de septiembre fue hallado asesinado Nelson Giraldo Posada, dirigente de la organización Ríos Vivos (representante del Movimiento).

Otras protestas completan el panorama: los pescadores en Barranquilla marcharon contra el reordenamiento urbano que limita la posibilidad de arribar con sus canoas a las ventas de pescado; en Montería, el cambio de las rutas de las chivas que transitan desde las veredas impide hacer los intercambios comerciales en la plaza de mercado y genera más costos de transporte para los productores agrícolas; en Sincelejo, los compradores de buena fe manifestaron su preocupación por ser afectados por la política de restitución de tierras y en Campo de la Cruz (Atlántico) y Arjona (Bolívar), los damnificados por la ola invernal de 2010 demandaron el incumplimiento en los acuerdos de rehabilitación de las tierras.

Y merecen un capítulo especial las protestas de los campesinos desplazados por el conflicto armado. Cuatro protestas en Bogotá, Santa Marta y Barranquilla confirman que la demora en soluciones de retorno ha cambiado sus identidades: ahora buscan soluciones inmediatas de vida en las ciudades.


Bloqueos en las carreteras de Risaralda durante
el paro agrario.
Foto: Edison Sánchez

Ganancias políticas

Aunque el Paro Agrario y las protestas del Catatumbo opacaron otras luchas del año, estas son relevantes más allá de las ganancias en visibilidad y densidad por varias razones:

1. Lograron dar forma a una idea concreta de lo nacional: el desconocimiento del carácter nacional del Paro Agrario aludiendo a que su presencia era exclusivamente regional es la mejor muestra de la errada idea de la nación como una unidad que actúa en bloque. Mientras protestaban los campesinos de la región central del país, las zonas rurales del Cauca y Valle, Antioquia, Santander y los damnificados del Caribe, continuaban las mesas de diálogo en el Catatumbo, y a esto se sumaron los cacerolazos en las ciudades. Todo el país se conectó desde la movilización, y ¿no es lo nacional la suma de las regiones?

2. Consolidaron al campesinado como un sujeto político afín a las propuestas políticas de otros movimientos sociales: por un lado indígenas y afrocolombianos manifestaron su apoyo, porque su carácter étnico también tiene que vérselas con las políticas rurales; y por el otro, las convergencias como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos se fortalecieron.

3. Si bien el Gobierno no ha dado legitimidad política al sujeto campesino, los cacerolazos en las ciudades, que convocaron a personas que tal vez nunca se habían movilizado, reflejaron el nivel de legitimidad política de la organización y los motivos campesinos.

En muchos casos las protestas por problemas con los cultivos articulan motivos y problemáticas de más largo plazo

La representatividad ganada durante el año 2013 puede también ser explicada por otros elementos del campo de la contienda política:

– Con las movilizaciones organizadas por el Gobierno para apoyar la restitución de tierras (Necoclí y Barranquilla en 2012) se legitimó el repertorio de la protesta;

– La destitución de Piedad Córdoba fortaleció su papel como líder de la movilización social, lo que corrobora que la única forma de participación democrática no es la electoral;

– La negociación de paz en La Habana envía el mensaje de ampliación de la democracia: la periferia y el margen también caben en el proyecto de país;

– La polarización política genera unidades de fuerza y redes de solidaridad cada vez más alineadas a uno u otro lado del espectro;

– Los movimientos sociales se han fortalecido también por el uso de mecanismos institucionales (consultas previas, solicitudes de zona de reserva campesina) al lado de sus dinámicas contenciosas; y

– Entre los mensajes de política social de Santos y el impulso al modelo económico neoliberal se atraviesa la participación política de los ciudadanos con sus propios proyectos. (A todo esto hay que agregar desde ya el proceso electoral venidero).


Concentración de manifestantes en la Plaza de
Bolivar.
Foto: Catalina Gómez Rueda

Pobre respuesta gubernamental

El anterior panorama permite establecer varias conclusiones sobre el papel del Gobierno y la movilización. En primer lugar, el Gobierno central se ha consolidado como el adversario directo de la lucha en las regiones, lo que quiere decir que ya no hay interlocución con los gobiernos locales. Una de las razones de esto puede ser que, como hemos visto, gran parte de las demandas tienen que ver con el llamado para la integración al Estado central.

Sin embargo, las acciones del Estado siguen demostrando su percepción del campesino como sujeto problemático y las políticas rurales se quedan con la concepción utilitarista del mundo rural: el campo y el campesinado son fichas que se pueden mover hacia cualquier zona y que encajan en cualquier proyecto, bien sea el extractivismo, la disposición de zonas de monocultivos o incluso la exigencia de tecnificación de la producción para la importación. No en vano, una de las inconformidades manifiestas en las luchas es que este tipo de políticas no son consultadas o construidas en conjunto con los actores sociales.

Para el Gobierno queda mucho por aprender sobre el manejo que da a la movilización. Tal vez la creación de la comisión de expertos para el estudio de la política y la institucionalidad cafetera signifique la aceptación de reaprender y actualizar los proyectos, aunque se puede quedar en una simple formalidad.

Las acciones del Estado siguen demostrando su percepción del campesino como sujeto problemático y las políticas rurales se quedan con la concepción utilitarista del mundo rural.

Sin embargo, el desprecio por la organización social, y en ese sentido la dificultad de mediación política quedan evidenciados en los pronunciamientos que desconocen las demandas, la negación de negociaciones iniciales (para mostrar la mano dura frente a los bloqueos), la criminalización de la protesta (denuncia de infiltraciones que deslegitima el poder de organización de las comunidades) y la violenta represión a las mismas.

El balance de las luchas campesinas del 2013 se mueve entonces entre el fortalecimiento de la unidad del movimiento, su capacidad de comunicación e interlocución con todos los actores sociales y políticos y los retos del Gobierno central (y ahora los candidatos electorales) para reconocer la fuerza política de sujetos tradicionalmente silenciados.

 

* Los hechos y las cifras que presenta este artículo provienen de la Base de datos de Luchas Sociales de CINEP.

**Investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

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