Balance ambiental de 2021: mucho ruido y pocas nueces - Razón Pública
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Balance ambiental de 2021: mucho ruido y pocas nueces

Escrito por Paola Andrea Arias Gomez
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Aunque las consecuencias devastadoras del cambio climático están fuera de duda, los gobiernos se han comprometido a mucho y han hecho poco. Y esto incluye al gobierno colombiano.

Paola Andrea Arias Gómez*

Una crisis demostrada

En agosto de este año, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) publicó su más reciente informe: un documento científico con evidencia suficiente para demostrar que la actividad humana es la causante del cambio climático.

El informe de muestra que en todas las regiones del planeta están ocurriendo eventos climáticos y meteorológicos cada vez más frecuentes y extremos, que no tienen precedentes en los últimos miles de años. Algunos de los cambios son:

  • Aumento de concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono y metano;
  • Aumento del nivel de mar;
  • Acidificación de los océanos, y
  • Retroceso de glaciares.

Entre 2010 y 2020, el planeta alcanzó 1,1ºC de calentamiento por encima de las temperaturas preindustriales, es decir, las que existieron entre 1850 y 1900. El informe advierte que, en las próximas dos décadas, la temperatura global aumentará, de forma inevitable, en 1,5ºC.

Al ritmo actual de emisiones globales, el planeta agotará su presupuesto de carbono disponible en los próximos seis a doce años. Esto significa que, entre 2027 y 2033, las emisiones globales aumentarían la temperatura global por encima de 1,5ºC.

Por eso, el informe del IPCC es un llamado realmente urgente para que todos los países reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata, rápida y sostenida.

Puede leer: Qué podemos esperar de la COP26

Muchas palabras y pocas acciones

Aunque la evidencia científica sobre el daño que causan los combustibles fósiles es contundente, irrefutable y conocida desde hace décadas, los gobiernos no han tomado decisiones consistentes con dicha evidencia.

El IPCC fue creado en 1988. Desde entonces, este organismo ha recopilado, analizado y presentado información cada vez más sólida sobre las implicaciones del cambio climático. A pesar de lo anterior, durante las últimas tres décadas se ha producido el 41 % de las emisiones globales de dióxido de carbono acumuladas desde 1850. Esto muestra una brecha clara entre la evidencia científica sobre el cambio climático y la voluntad económica y política de enfrentarlo.

Por eso, había tantas expectativas sobre los acuerdos que se lograrían en la Conferencia sobre Cambio Climático COP26, que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre en Glasgow, Reino Unido. Esta fue la vigesimosexta cumbre de negociación global alrededor del clima y la quinta después del Acuerdo de París.

El informe del IPCC tuvo una influencia clara sobre las negociaciones de la COP26, por ejemplo, en la redacción del pliego de reducción de emisiones de metano. Sin embargo, los acuerdos que los gobiernos suscribieron en esta cumbre son muy insuficientes para limitar el calentamiento planetario y, por lo tanto, el cambio climático.

Los actuales compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pactados por los más de 190 países que hacen parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático nos llevarán a un aumento de temperatura global muy por encima de los 2ºC para finales de este siglo. Esto significa que no se cumplirá el objetivo propuesto en el Acuerdo de París.

Un problema de inequidad

Cuando hablamos de compromisos de reducción de emisiones, es fundamental reconocer que existe una inmensa inequidad global: durante 2015, el 10 % más rico del mundo fue responsable del 49 % de las emisiones globales, mientras que el 50 % más pobre fue responsable de apenas el 7 %.

Pero esta inequidad no se limita a las causas de la crisis climática, sino a sus consecuencias. En efecto, las poblaciones humanas más vulnerables se encuentran en los países más pobres del mundo. Por lo tanto se necesitan el compromiso y la acción inmediata de los países del norte global, que actualmente son los responsables de la mayor parte de las emisiones, y de países como India y China, que tendrán una mayor participación a medida que avanza el siglo XXI.

En Colombia, los gobiernos se han comprometido a mucho, pero han hecho poco para enfrentar el cambio climático.

En todo caso, esto no significa que los países del sur global no deban actuar con vigor para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. Colombia, por ejemplo, contribuye con menos del 1 % a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero sus ecosistemas y poblaciones humanas son marcadamente vulnerables.

La mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia está asociada con cambios en usos del suelo, en los cuales tienen un papel fundamental la deforestación, la ganadería, la agricultura extensiva y la minería. Colombia tiene una enorme biodiversidad, en parte gracias a la amplia extensión de bosques, a la complejidad topográfica y a la gran riqueza hídrica con las que cuenta. Esta riqueza debería convertirse en una oportunidad para la adaptación y mitigación al cambio climático.

Foto: Gobernación de Boyacá - En Colombia y en otras regiones del mundo, la industria de las energías renovables sigue basada en un paradigma de explotación y extractivismo.

La esquizofrenia ambiental del gobierno

En Colombia, los gobiernos se han comprometido a mucho, pero han hecho poco para enfrentar el cambio climático. En la COP26, el gobierno se comprometió a reducir sus emisiones de metano y la deforestación, y promovió una campaña mediática internacional para mostrar su gran compromiso.

Pero la realidad es otra. El actual gobierno le apuesta al gas natural como el combustible que asegurará la transición energética y ha abierto sus puertas al fracking. Proyectos de explotación de combustibles fósiles de este tipo han causado grandes fugas de metano en otros países, como ha sido reportado en diversas fuentes. Por eso, es incoherente que el gobierno promueva estas políticas y al mismo tiempo “se comprometa” a reducir sus emisiones.

La transición energética es una oportunidad de cambio, pero hay una enorme probabilidad de que ese cambio sea simplemente tecnológico y que tenga el único objetivo de mejorar el abastecimiento de energía.

En Colombia y en otras regiones del mundo, la industria de las energías renovables sigue basada en un paradigma de explotación y extractivismo. En general, esta industria no cuestiona las consecuencias negativas de las energías renovables y sus costos ambientales y sociales. Las empresas buscan energías baratas y eficientes, pero no se percatan de que su discurso sigue basado en el mismo problema estructural de los combustibles fósiles: la inequidad e injusticia socioambiental.

Sin duda, la transición energética es una oportunidad de cambio, pero hay una enorme probabilidad de que ese cambio sea simplemente tecnológico y que tenga el único objetivo de mejorar el abastecimiento de energía. No podemos olvidar que el cambio climático no ocurrió por azar, sino que es consecuencia de un sistema económico basado en la inequidad, que se alimenta de ella, y que al menos hasta ahora los discursos de transición energética van en la misma dirección.

Por eso, en los próximos años no podemos olvidar que la transición debe ser, ante todo, justa y que la justicia climática requiere justicia social. Estas son exigencias que debemos hacer a nuestros gobernantes. En este período preelectoral, la discusión sobre el cambio climático debe estar en el centro de la agenda pública. Los ciudadanos debemos constituir un colectivo crítico y pensante, fundamentado políticamente, que exija los cambios que requerimos.

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