Detrás de la caída momentánea en las matrículas, hay un problema más hondo: se está agotando el modelo de financiación con el ingreso de los hogares. Pero un país sin profesionales de excelencia no tiene futuro.
Francisco Cajiao*
Lo que dicen las cifras
A comienzos del 2017 surgió una gran preocupación entre los rectores de instituciones de educación superior de todo el país pues, con pocas excepciones, se registró una reducción notoria en el ingreso de jóvenes a las carreras y programas ofrecidos. Hace apenas unos días, y después de inexplicables retrasos en la publicación de esos datos, el hecho fue confirmado: el número de matriculados (487.511) para 2017 estuvo un 7 por ciento por debajo del 2016. En el sector privado la caída fue del diez por ciento.
Aunque el ritmo de crecimiento de las matrículas se había reducido durante los dos años anteriores, el número de matriculados no había dejado de crecer desde el 2005. Esta caída inesperada hizo que algunas instituciones cancelaran cursos por falta de estudiantes o que los abrieran con muy pocos para no perder sus registros calificados. Los presupuestos de muchas Instituciones de Educación Superior, cuya operación depende exclusivamente de los ingresos de matrícula, se vieron afectados.
¿Qué pasó? ¿Por qué de un año a otro cambiaron drásticamente las tendencias? ¿Hubo algún acontecimiento especial que influyera sobre la valoración de la postsecundaria por parte de los jóvenes y sus familias?
¿Hay alguna explicación?
Aunque las cifras son fundamentales para tomar decisiones oportunas y ajustar las políticas del sector, los retrasos en su publicación impiden un análisis apropiado. En realidad, las universidades deben subir sus indicadores al sistema (SNIES) un par de semanas después de iniciado cada semestre, de modo que para esta época deberíamos conocer los datos de 2018. Pero sin las cifras de 2018 no se puede saber si el bajonazo en las matrículas en 2017 fue coyuntural o si fue el comienzo de una tendencia descendente después de una década de crecimiento.
El número de matriculados para 2017 estuvo un 7 por ciento por debajo del 2016.
Hasta el momento, apenas pueden enunciarse algunos hechos que eventualmente tienen que ver con lo que ocurrió:
- Entró en vigor una norma incorporada en el Plan de Desarrollo del segundo gobierno de Santos, que restringía los créditos de ICETEX a las instituciones con acreditación de calidad, las cuales no superaban el quince por ciento de la capacidad instalada.
- La dificultad de los recién egresados para encontrar empleo de buena calidad y remuneración puede despertar dudas entre las familias y los jóvenes sobre la tasa de retorno de la inversión en educación superior.
- La crisis de los precios del petróleo que afectó la economía colombiana habría afectado el gasto de las familias en educación superior.
En efecto, la restricción de los recursos de ICETEX afectó a los 30.0000 estudiantes beneficiados cada año, pues más de la mitad de ellos no puede acceder a instituciones acreditadas porque los cupos son limitados y muy competidos. Las otras causas son hipótesis sobre un posible clima poco favorable para emprender el esfuerzo económico y académico que implica ingresar a la universidad.
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El asunto de fondo
Ese clima poco favorable no es ajeno a los problemas de fondo de la educación superior, de modo que también en las políticas del sector podrían rastrearse algunas pistas para entender lo que está sucediendo.
Un hecho decisivo fue la opinión de economistas influyentes y organismos internacionales de los años ochenta, según la cual la inversión en educación superior era regresiva; esto desalentó las medidas agresivas de expansión de la oferta pública como las que para entonces existían en países como México, Perú o Argentina.
Como consecuencia, en 1990 la tasa de cobertura era 8,1 estudiantes por cada cien personas en edad escolar, y se necesitó una década para llegar al 13,82 en el 2000. En ese año, los estudiantes matriculados en instituciones oficiales (322.231) eran el 36,6 por ciento del total, mientras que el sector privado, con 555.943 alumnos, atendía el resto de la población universitaria.
 La mayoría de los jóvenes únicamente pueden pagar sus estudios con créditos y deudas. Foto: Urna de Cristal |
Para lograr ese aumento se crearon 69 instituciones, de las cuales 27 fueron oficiales (39 por ciento). Las 42 restantes fueron iniciativas privadas, respondiendo a una demanda que superaba en un 85 por ciento la capacidad instalada en el país. Algunos vieron una oportunidad de negocio, otros presintieron que era una valiosa plataforma política y, sin duda, hubo grandes esfuerzos de liderazgo regional para mejorar las condiciones productivas de ciudades y departamentos.
La proliferación de universidades privadas y el hecho de que más del 70 por ciento de sus ingresos proviniera de matrículas implica que gran parte del esfuerzo corrió a cargo de los ingresos de las familias. Se trató de un gasto privado, que además hubiera sido imposible sin su financiación por parte del ICETEX: más de 650.000 jóvenes que de otra forma no hubieran podido asistir a instituciones privadas ni públicas se beneficiaron con créditos directos y fondos en administración.
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La trampa de la pobreza
Lo anterior demuestra que Colombia optó por el gasto privado como mecanismo fundamental de acceso a la educación superior. Pero esa estrategia parece haber encontrado su tope.
Según datos del Ministerio, la tasa de tránsito inmediato —o proporción de los jóvenes que pasan a la universidad al terminar el bachillerato— es apenas del 38 por ciento. Esto significa que el 62 por ciento de los bachilleres colombianos tienen que comenzar a buscar trabajo o capacitación no formal de corta duración para incorporarse lo antes posible al mundo productivo o a la informalidad.
El 48 por ciento de los que sí entran a la educación superior consiguen cupo en las IES públicas y en el SENA y el otro 52 por ciento (255.462) debe financiar su formación en instituciones privadas, cuyas matrículas oscilan hoy entre los tres y los veinte millones de pesos por semestre.
Las universidades saben que los jóvenes quisieran estudiar, porque las cifras de inscripción superan hasta en cuatro veces el número de quienes se matriculan. Y todavía hay una diferencia entre los admitidos y los que inician sus estudios. Al indagar por aquellos que no se matriculan, más del 65 por ciento señala que su restricción final es económica.
Todas las IES ofrecen planes de financiación propios o a través de entidades financieras, pero los sectores más pobres no tienen confianza en los bancos y muchos que derivan sus ingresos de actividades informales no cumplen los requisitos para acceder al crédito.
Las cifras recientes sobre el ingreso familiar de los colombianos señalan que en los primeros nueve deciles el ingreso mensual de las familias es menor de cinco millones de pesos, mientras que una matrícula promedio en una IES de mediano tamaño, no acreditada pero de buena calidad, está en el orden de los cuatro millones.
Eso significa que nueve décimas partes de las familias colombianas tendrían que dejar de pagar arriendo, servicios y gastos básicos durante dos meses al año durante mínimo cuatro años para conseguir un título profesional. Y las IES que hacen el esfuerzo deben cubrir con la matrícula las exigencias de calidad que hace el Estado —investigación, internacionalización, extensión, calificación posgradual de docentes, etc.—, razón por la cual los costos han aumentado más rápido que los salarios.
Además, quienes tienen los mayores niveles de ingreso comienzan a descubrir que resulta más económico, interesante y prometedor estudiar en el exterior en universidades de buena calidad y en muchos casos con costos inferiores a los de las nacionales más reconocidas.
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¿Son necesarios los profesionales?
Calcular la cobertura de la educación superior de forma que pueda compararse con otros países es muy importante para saber cuál es el capital humano que se está desarrollando en el país. Hoy se habla de una cobertura del 52 por ciento, pero en esa cifra fueron incluidas las matrículas del SENA, que son cerca del 18 por ciento de la matrícula total y que corresponden exclusivamente a programas tecnológicos distintos de los ofrecidos por las instituciones de educación superior, que regula el ministerio de Educación.
Colombia optó por el gasto privado como mecanismo fundamental de acceso a la educación superior.
En realidad, la cobertura efectiva en formación de profesionales que puedan proyectarse a niveles superiores de ciencia, tecnología, innovación, administración y progreso humanístico no supera hoy el 30 por ciento, y esto es gravísimo para el desarrollo de la democracia, la economía y la cultura. Los jóvenes con menos recursos no caben en el sistema y sus expectativas empiezan a excluir la educación superior como una posibilidad real, lo que también impulsa la deserción de los adolescentes, pues el bachillerato no se percibe como oportunidad para continuar.
Es cierto que una parte del problema está en el sector productivo colombiano: bajos salarios, escasa industrialización, precariedad en procesos de innovación y exportación de productos manufacturados, prevalencia de pequeñas y medianas empresas de baja tecnología y grandes inversiones que demandan mano de obra no calificada.
 El país tendrá pocos profesionales formados con exigencia y paciencia. Foto: Alcaldía de Bogotá |
Pero sería un error proyectar la educación superior sobre la base de las condiciones inmediatas de oferta y demanda laboral. Desde luego, es importante formar técnicos y tecnólogos bien calificados en sus oficios y ajustados a las necesidades del sector productivo; pero apostarle solo a ese tipo de formación no es un camino promisorio para el país. Sigue existiendo la necesidad de una capa amplia de profesionales de alto nivel, científicos capaces de ver más allá de un cuatrienio, economistas, sociólogos, ingenieros que puedan afrontar los retos de un mundo cuya principal riqueza es el conocimiento.
No hay duda de que el reto de construir nación implica apostar por una educación pública ambiciosa y bien financiada, como ocurre en todos los países que están a la vanguardia en los diversos frentes del desarrollo. Y hay que reconocer que, más allá de los discursos, Colombia no le ha apostado seriamente a su talento.
* Filósofo, magister en Economía, consultor en educación, exsecretario de Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo.
