Yuri Saldarriaga, autor en Razón Pública
Foto: Twitter: Natalia Angel - El 4 de abril de 2022, la abogada Natalia Ángel Cabo se posesionó como nueva magistrada de la Corte Constitucional de Colombia.

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La elección de Natalia Ángel es una victoria, pero aún hay una deuda histórica: que las mujeres afrodescendientes e indígenas accedan a las altas esferas judiciales.

Yuri Saldarriaga*

Dos nuevas magistradas

En días recientes, dos hitos han marcado la historia de la representación de las mujeres en las altas esferas del poder judicial:

  • El 4 de abril de 2022, la abogada Natalia Ángel Cabo se posesionó como nueva magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Con su presencia, las mujeres serán mayoría en uno de los tribunales constitucionales más importantes de América Latina.
  • El 7 de abril de 2022, el Senado de Estados Unidos confirmó la designación de la abogada Ketanji Brown Jackson como nueva magistrada de la Corte Suprema. Ketanji es la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo en el tribunal más importante de Estados Unidos, donde se discuten, entre otros, los asuntos constitucionales.

Relevancia de la posesión de la magistrada Natalia Ángel Cabo

Históricamente, a las mujeres se nos ha negado el acceso al poder en las relaciones familiares, políticas y económicas. Como grupo social, estamos en una indeseada situación de subordinación frente a los hombres.

De nosotras se espera un determinado lenguaje y una forma de comportamiento, y que nuestra participación se limite a algunos espacios de la vida pública. Debemos aspirar a ser madres, a casarnos; sobre todo, debemos cumplir con todo aquello que la sociedad considera femenino.

No se espera de nosotras que accedamos al poder. Por eso, la posesión de la magistrada Natalia Ángel Cabo es un hecho histórico para la representación de las mujeres en la cumbre de la justicia.

En los últimos 30 años, el Estado ha adoptado algunas acciones afirmativas para que las mujeres accedan a cargos directivos en el sector público —como, por ejemplo, la ley de cuotas, según la cual debemos ocupar el 30 % de algunos cargos de nivel decisorio—.

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un ejemplo de éxito en la participación equitativa de las mujeres en la jerarquía pública. Ese órgano judicial, a diferencia de sus homólogos, está conformado mayoritariamente por mujeres. Poco más del 50 % de las magistradas de la JEP son mujeres, algunas de ellas indígenas y afrodescendientes. Pero la JEP es transitoria, de allí la importancia de que la equidad de género se vea en otras altas cortes del país.

Ese es el caso de la actual Corte Constitucional. Con la posesión de la magistrada Natalia Ángel Cabo, hay mayoría de mujeres en ese tribunal: se suma a Cristina Pardo Schlesinger, Diana Fajardo Rivera, Paola Andrea Meneses Mosquera y Gloria Stella Ortiz Delgado.

Esto es importante por lo que significa simbólicamente para niñas y adolescentes, que verán a un grupo de mujeres adoptando decisiones trascendentales para el país; aún más, rompe con el llamado techo de cristal.

De acuerdo con un estudio de la US Agency for International Development (USAID) de 2020, las mujeres se encuentran ante un techo de cristal para acceder a posiciones de jerarquía en la rama judicial.

Según esta idea, aunque hay un reconocimiento normativo de la equidad de género, persisten barreras no institucionalizadas y aparentemente invisibles —“de cristal”— que impiden que las mujeres accedan a posiciones de poder judicial. Esto se traduce en que pocas mujeres tengan poder en las principales cortes judiciales del país.

la Corte Constitucional en colombia
Foto: Wikimedia Commons - El 7 de abril de 2022, el Senado de Estados Unidos confirmó la designación de la abogada Ketanji Brown Jackson como nueva magistrada de la Corte Suprema.

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Relevancia de la confirmación de Ketanji Brown Jackson

Por otra parte, la elección de la jueza Ketanji Brown Jackson en Estados Unidos no solamente es un reconocimiento a su dedicada trayectoria jurídica o al cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Joe Biden; su confirmación también es un hito para las mujeres afrodescendientes de ese país, que por más de 200 años estuvieron excluidas de esa corte.

En Estados Unidos, al igual que en Colombia y en muchos otros lugares del mundo, la discriminación en contra de la población afrodescendiente es histórica. Entre otros, esto ha abierto una enorme brecha de riqueza racial. Esta se refleja en el disfrute de derechos civiles como la vida o la libertad, y también en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales: la educación, la salud o el trabajo.

En ese escenario, la designación de la jueza Ketanji Brown Jackson es un logro para los afrodescendientes de Estados Unidos. También es un ejemplo para otros países sobre la importancia de esforzarse para que mujeres afrodescendientes accedan al poder público.

En Colombia, alrededor del 10 % de la población es afrodescendiente y cerca de la mitad son mujeres. Entonces ¿por qué es tan difícil encontrar mujeres afrodescendientes en las altas esferas del poder judicial? La respuesta a esa pregunta es compleja, pero existen dos razones que dan algunas pistas: la discriminación interseccional y la subrepresentación de las regiones.

La discriminación interseccional

Como lo mencioné hace un momento, las mujeres encuentran un techo de cristal para acceder a posiciones de jerarquía judicial en el país, a causa de la desigualdad de género. Pero esa desigualdad es aún más marcada en las mujeres afrodescendientes y en las indígenas: no solo se las discrimina por sexo o género, también por otras razones —raza, clase, nacionalidad, religión, etc.—.

Algunas mujeres están en varios de estos grupos sociales y sufren una discriminación aún más profunda: las mujeres afrodescendientes de zonas rurales, las personas que se reconocen con géneros diversos y las que están en situación de pobreza, por ejemplo.

En el papel, la discriminación está prohibida. Todos los tratados de derechos humanos parten de un principio: el reconocimiento de las personas como iguales ante la ley, independientemente de su raza, sexo, género, idioma, nacionalidad, credo, riqueza económica, etc.

En el papel, todos somos iguales. Sin embargo, el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, la xenofobia, entre otros, son expresiones de las desigualdades materiales.

A propósito de Francia Márquez Mina —fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro—, hemos observado múltiples expresiones de racismo y clasismo en su contra, durante las últimas semanas, en Colombia. Esas expresiones del lenguaje representan la realidad de la discriminación.

Por todo esto, las juristas afrodescendientes —negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras— e indígenas enfrentan obstáculos adicionales al hecho de ser mujer.

La subrepresentación de las regiones

En el caso de la Corte Constitucional, parece lejana la posibilidad de que una mujer afrodescendiente o indígena ocupe el cargo de magistrada. Esto lo dicen las cifras de los últimos años: las candidatas a magistradas de la Corte Constitucional han sido mujeres blancas o mestizas, graduadas de universidades bogotanas.

Las mujeres afrodescendientes residen en las regiones cercanas a los océanos Pacífico y Atlántico de Colombia: lejos de la capital del país. La mayoría, a su vez, está en situación de pobreza. Según ese panorama, parece que la única opción para que una afrodescendiente ocupe un lugar en la Corte Constitucional es que estudie en una facultad de Derecho en la capital.

Por eso, aunque la elección de la magistrada Natalia Ángel Cabo es una victoria para las mujeres del país, el Estado aún debe cumplir con una deuda histórica: garantizar la participación efectiva de las mujeres afrodescendientes e indígenas en las altas esferas del poder judicial. Para eso, puede tomar como inspiración la elección de la jueza Ketanji Brown Jackson en Estados Unidos.

La elección de la abogada Ketanji Jackson como nueva magistrada de la Corte Suprema no es la panacea para los problemas de racismo de Estados Unidos. Al final, ella es una mujer de clase media que logró acceder a educación formal de alta calidad. Sin embargo, es un paso importante. Un paso que parece estar lejos en Colombia, no solamente por el techo de cristal, sino por la discriminación interseccional y la falta de representación de las mujeres de las regiones.

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Yuri Saldarriaga

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Yuri Saldarriaga

*Abogada de la Universidad Surcolombiana, LL.M. de la Universidad de Notre Dame, magíster de la Universidad de Los Andes y consultora.

Foto: Emisora cultural - Estas palabras ponen en evidencia que la sentencia C-055-22 emitida por la Corte no es una victoria definitiva y tendrá que enfrentar un difícil camino de reglamentación.

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El movimiento “provida” podría fortalecerse y el nuevo Congreso podría tratar de revertir la decisión de la Corte u obstaculizar su reglamentación.

Yuri Saldarriaga*

Una victoria parcial

El presidente Duque abiertamente expresó su desacuerdo con el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la penalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación. Además afirmó que esta decisión es contraria a la vida y que podría convertirse en una “práctica anticonceptiva” para muchas mujeres.

Estas palabras ponen de presente que la sentencia C-055-22 no es una victoria definitiva y tendrá que enfrentar un difícil camino de reglamentación.  En otras palabras, la decisión de la Corte es un punto y coma en medio de un proceso complejo que aún no ha llegado a su fin.

Con la elección del nuevo Congreso el panorama no es el mejor para el movimiento “proelección”, pues los partidos tradicionales y de derecha que suelen respaldar ideas conservadoras son mayoría en ambas cámaras.

La batalla jurídica sobre el delito del aborto continuará. La sentencia de la Corte probablemente hará que los argumentos legales sean más sofisticados, como de hecho ha ocurrido en el pasado: contrariamente a lo que suele creerse, la discusión de los últimos treinta años no ha girado en torno a los argumentos que parecen obvios, como decir “el pecado”, por parte de los “provida”, o la libertad de las mujeres por parte de los “proelección”.

Los argumentos han venido cambiando

De hecho, no deberíamos hablar de “discusión” sino de “discusiones” que han cambiado a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, durante la década de los noventa y a principios del siglo XXI, los argumentos sobre el aborto fueron principalmente técnicos. En 2002, el artículo 124 del Código Penal abrió una puerta para que las mujeres dejaran de ser condenadas por abortar en determinadas circunstancias, pero la Iglesia Católica demando esta medida del Congreso mediante una demanda de constitucionalidad basada en tecnicismos jurídicos y no en argumentos de carácter moral.

Las discusiones dieron un giro cuando la Corte emitió la Sentencia C-355 de 2006 y despenalizó el aborto en tres circunstancias:

  • Cuando peligran la vida o la salud de la madre;
  • Cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida;
  • Cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.

Desde entonces, la discusión se ha concentrado en los derechos.  Tanto los “provida” como los “proelección” han acudido a la dignidad humana, el derecho a la salud y la defensa de los derechos –tanto del feto como de las mujeres– para convencer a los magistrados de la Corte.

Aunque parezca extraño, es muy probable que el movimiento provida se fortalezca. La sociología ha mostrado que los movimientos sociales suelen cobrar fuerza al sufrir una derrota que intensifica la motivación de sus partidarios.

Por ejemplo, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos decretó en 1973 que las leyes restrictivas del aborto eran inconstitucionales (caso Roe vs. Wade), el movimiento provida renovó sus tácticas, estrategias y argumentos. Uno de los logros más importantes de este movimiento fue trasladar la discusión al Congreso, lo cual podría ocurrir en Colombia, pues en principio, esa era la institución encargada de regular este asunto.

El aborto en colombia
Foto: Mintic - Aunque la reciente decisión de la Corte es un hito, no cerrará la discusión legal y social sobre el aborto.

Puede leer: La despenalización parcial del aborto es justa y razonable

El papel del nuevo Congreso

Con la elección del nuevo Congreso el panorama no es el mejor para el movimiento “proelección”, pues los partidos tradicionales y de derecha que suelen respaldar ideas conservadoras son mayoría en ambas cámaras. De hecho, el Partido Conservador es una de las agrupaciones políticas que tendrá más congresistas. En contraste, el movimiento feminista Estamos Listas no logró obtener ninguna curul. En este escenario, podemos esperar que en el Congreso se discutan proyectos de ley que limiten el derecho al aborto.

Sin embargo, algunos de esos proyectos tendrán que someterse al control previo de constitucionalidad por parte de la Corte, que ya tiene un precedente respecto del cual existe la cosa juzgada. En el Derecho, el concepto de cosa juzgada implica que una decisión judicial no puede ser modificada.

En el caso del aborto, es importante recordar que la decisión de la Corte analizó si la sentencia C-355 de 2006 podía o no ser modificada. Finalmente, los magistrados decidieron que no existía cosa juzgada porque surgieron nuevos argumentos que no habían sido evaluados en la decisión de 2006. No obstante, la valoración sobre la cosa juzgada no es fácil y depende de la composición de la Corte. Y la composición de la Corte depende del Congreso, pues son los congresistas quienes escogen a los magistrados por un período de 8 años.

La importancia de la reglamentación

Otro obstáculo importante que podría enfrentar los defensores del aborto es la reglamentación, pues en ausencia de medidas que respalden el derecho a disfrutar de la salud sexual y reproductiva será imposible garantizar el cumplimiento de la sentencia C-055.

Esto queda confirmado por la experiencia de la despenalización parcial que tuvo lugar en 2006. Durante los años subsiguiente, miles de mujeres que se encontraban en alguna de las tres situaciones previstas por la sentencia enfrentaron obstáculos que les impidieron abortar.  El Congreso será el ente encargado de reglamentar el aborto, con lo cual podría ampliar o limitar el acceso al mismo.

En definitiva, aunque la decisión reciente de la Corte es un hito, no cerrará la discusión legal y social sobre el aborto. Pese a las diferencias contextuales, el caso de Estados Unidos es revelador en ese sentido. Cinco décadas después de que la Corte de ese país reconociera el derecho al aborto, persisten los intentos legislativos y judiciales por parte del movimiento “provida” para limitar el acceso al mismo.

Las afirmaciones de Duque contra la despenalización son un recordatorio de que el gobierno no está de acuerdo con la decisión de la Corte y, por tanto, podría emprender acciones legales para revertirla. Esto es especialmente preocupante ahora que sabemos que el nuevo Congreso estará mayoritariamente conformado por partidos tradicionales que defienden ideas conservadoras.

Para saber más sobre la discusión y el lenguaje empleado por los movimientos “provida” y los movimientos “pro elección”, recomiendo consultar el siguiente enlace: https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/53535

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Yuri Saldarriaga

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Yuri Saldarriaga

*Abogada de la Universidad Surcolombiana, LL.M. de la Universidad de Notre Dame, magíster de la Universidad de Los Andes y consultora.

ISSN 2145-0439

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