Wilson Castaneda, autor en Razón Pública
Foto: Presidencia de la República

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El gobierno de Petro se ha preocupado por los derechos de las minorías, pero la comunidad LGBTIQ+ sigue teniendo enormes dificultades.

Wilson Castañeda Castro*

Colombia celebra la diversidad

En el pasado mes de junio varias ciudades colombianas celebraron el mes del orgullo LGBTIQ+. De acuerdo con diversos medios de comunicación, se realizaron más de 60 movilizaciones, las cuales contaron con la participación de 260.000 personas.

Miles de ciudadanos tiñeron las calles con la bandera arcoíris bajo el lema de: ¡Ley Integral Trans Ya! Es fundamental recordar que dichas manifestaciones se han consolidado como un escenario para exigir derechos, ya que, en pleno siglo XXI, la vida de las personas LGBTIQ+ todavía no es respetada.

Además, por primera vez en la historia de nuestra nación, el Palacio de Nariño izó la bandera arcoíris y la del orgullo trans para manifestar su apoyo a las disidencias sexuales.

Sin embargo, algunos congresistas creen que no debe celebrarse la diversidad, sino “al mejor estudiante, al mejor empresario, al mejor médico” y aquellos que “han dado su vida por la libertad”.

Para quienes han sido asesinados, marginados y maltratados, para aquellos que han sido excluidos de sus familias, del derecho al trabajo o del espacio público por ser afeminados y/o masculinas, sí es un motivo de orgullo.

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Panorama internacional

Aunque este reconocimiento es importante, el panorama internacional no es alentador. Por ejemplo, en Estados Unidos, la supuesta cúspide de la democracia y las libertades, se han aprobado 70 proyectos, y se han presentado 525, que afectan los derechos de las personas LGBTIQ+.

En Europa la situación no parece mejorar. Si bien es cierto que, de acuerdo con el índice Equaldex realizado por ILGA-Europe, el viejo continente es líder en la protección de los derechos de las personas diversas, paulatinamente, han surgido varios movimientos radicales y anti-LGBTIQ+.

Por ejemplo, en algunos países como San Marino, Armenia, Turquía, Azerbaiyán, Mónaco, Bielorrusia y Rusia existen medidas que censuran a las disidencias sexuales. En estos países tampoco existe un esfuerzo estatal por evitar los crímenes de odio o los prejuicios.

Para quienes han sido asesinados, marginados y maltratados, para aquellos que han sido excluidos de sus familias, del derecho al trabajo o del espacio público por ser afeminados y/o masculinas, sí es un motivo de orgullo.

Foto: Facebook: Claudia López - Los escenarios de manifestación son relevantes para exigir derechos, pues a nivel mundial todavía las personas LGBTIQ+ viven con miedo y temor.
En países del Medio Oriente y de África del Norte como Bahréin, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez, las personas LGBTIQ+ son arrestadas y encarceladas por “delitos sexuales” y de “mal comportamiento”. Además, existen leyes que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo-género.

En otros países asiáticos como Indonesia y Malasia, las disidencias sexuales deben luchar contra el acoso, la persecución y la violencia. En Camerún, Kenia, Senegal, Tanzania y Togo son perseguidas y arrestadas. Por último, en el 2023, Uganda aprobó una ley que castiga con cadena perpetua y pena de muerte a las personas homosexuales.

Oposición y derechos LGBTIQ+

A pesar del costo político, este gobierno es el primero en modificar los colores de los símbolos patrios para apoyar a las disidencias sexuales. Como es costumbre, la derecha colombiana se escandalizó, ya que solo reconoce la diversidad siempre y cuando no afecte el statu quo.

Esta postura, abiertamente en contra de la igualdad, tampoco reconoce el racismo, el machismo, ni que cada 2.5 días asesinan a un miembro de la comunidad LGBTIQ+, tal como reportó el Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo en su informe del año 2022.

El rechazo a la diversidad se alimenta de la incorrecta idea de que las luchas de las personas diversas solo representan a una minoría autoritaria que desea imponer a los heterosexuales una “nueva agenda” política. De igual forma, dicha retórica asegura que cualquier avance en materia de igualdad está relacionado con la izquierda destructora de la democracia.

Por último, la oposición utiliza la “ideología de género” para asociar las luchas LGBTIQ+ con lo ilegal, lo incorrecto, con aquello que atenta contra la religión, la familia tradicional y las libertades individuales. También, usa los derechos de las personas diversas para atacar otros proyectos políticos, como ya ocurrió durante la aprobación del Acuerdo de Paz.

Retos y desafíos

Ad portas del primer año de mandato de Gustavo Petro es imposible negar los avances. En primer lugar, se reactivó la Política Pública LGBTIQ+ Nacional, aprobada en el gobierno de Santos, y con avances en el gobierno de Duque solo por las acciones judiciales de la sociedad civil.

En segundo lugar, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha Mesas de Casos Urgentes para atender las necesidades de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, no se registra un avance significativo en la instalación de mesas temáticas sobre derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

También, vale la pena destacar que, a través del decreto 1874 de 2022, se creó la Gerencia de la Diversidad Sexual y de Género de la Vicepresidencia, diseñada por asignación misional a Francia Márquez. Aunque es un gran logro, genera cuestionamientos debido a la repetición de funciones con la Oficina de DD. HH del Ministerio del Interior.

la oposición utiliza la “ideología de género” para asociar las luchas LGBTIQ+ con lo ilegal, lo incorrecto, con aquello que atenta contra la religión, la familia tradicional y las libertades individuales.

El cuarto avance es la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, el cual tendrá el Viceministerio LGBTIQ+. La anterior medida implica un presupuesto de $87.000 millones de pesos para inversión social y la ejecución de políticas públicas en el país.

No obstante, es importante destacar el debate sobre los gastos burocráticos, ya que el ministerio tendrá 21 direcciones, 10 oficinas y 3 comités internos, es decir, cerca de 706 empleados. Dicha cifra supera la asignación presupuestal de otras carteras que tradicionalmente se han encargado de la inversión en el país.

Por último, en el artículo 1140 del Plan Nacional de Desarrollo se estipula la creación de un mecanismo para la atención integral de violencias y actos de discriminación a población LGBTIQ+. Seguimos esperando los resultados.

A pesar de los progresos, aún hay muchas cuestiones sin resolver: ¿Qué se hará con respecto a la regularización del trabajo sexual?, ¿Qué papel jugaran las personas LGBTIQ+ en la paz y las negociaciones con actores armados ilegales?, ¿Cuál es la postura del gobierno ante el enfoque de género que excluye o minimiza a las personas LGBTIQ+ aprobado por Congreso?

Los anteriores retos y desafíos necesitan un apoyo contundente para combatir la desigualdad y la violencia estructural que ha cimentado la exclusión de las personas LGBTIQ+. Celebramos el nuevo enfoque del primer gobierno de izquierda, pero todavía quedan 3 años para materializar las promesas de campaña.

Del mismo modo, esperamos que los derechos de la población diversa no sean usados como carne de cañón o moneda de cambio. Lo único claro para el movimiento LGBTIQ+, independiente de quien ostente el poder, es que “los gobiernos pasan, pero las luchas continúan”.

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Wilson Castaneda

Escrito por:

Wilson Castaneda

* Politólogo de la Universidad Nacional, magíster y doctor en Filosofía de la Universidad Bolivariana, director de la Corporación Caribe Afirmativo, experto de la subcomisión de diálogos de paz entre el gobierno y las FARC-EP.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Los últimos informes de derechos humanos muestran que Antioquia es el departamento donde se registran más asesinatos de personas LGBT.

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Sigue la violencia en Medellín y Bogotá contra las personas LGBT, pero debemos actuar para frenarla.

Wilson Castañeda*

Ataques contra las personas LGBT

En los últimos días se han presentado ataques sistemáticos en Antioquia (Medellín, Caldas y Caucasia) y Bogotá contra la población LGBT, particularmente contra hombres gay.

Los últimos informes de derechos humanos muestran que Antioquia es el departamento donde se registran más asesinatos de personas LGBT: en Medellín se han presentado seis asesinatos este año.

El aumento de la violencia contra esta población es innegable, tanto de forma presencial como en la virtualidad. Por si fuera poco, el Estado sigue sin proteger a las víctimas: los gobiernos locales no toman medidas preventivas y la Fiscalía no emprende una investigación clara. Parece que para el Estado la vida de las personas LGBT no importa.

Los asesinatos en Medellín se presentaron en el primer trimestre del año: los criminales se ganaron la confianza de las victimas y esto permitió que los crímenes ocurrieran en espacios privados.

Desde la Alcaldía de Medellín se mencionó que estos hechos ocurrieron mediante una aplicación de citas, un comentario que contribuyó a reforzar los prejuicios contra la población LBGT y enfocó la atención en la búsqueda de un asesino en serie.

Así se olvidó que los prejuicios y la violencia contra esta población son dos factores que persisten en la sociedad colombiana, la cual “rechaza, niega y aniquila a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”, y no el producto de un individuo homófobo aislado.

Aunque las ciudades principales como Medellín tengan políticas LGBT, la violencia persiste y es un ejemplo de cómo las normas no se interiorizan en la sociedad. Por eso es urgente un proceso de pedagogía de la inclusión y respeto a la diversidad.

Puede leer: Asesinatos por prejuicio: el caso de la población LGBT

Defensa del Estado

Los ataques registrados no son casos aislados. Este tipo de conductas fueron identificadas en años anteriores mediante el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo y tenían algo en común: un nivel de impunidad que alcanzó el 75 %.

Los victimarios creen que pueden atacar a esta población porque no se vela realmente por sus derechos. Aún no se esclarecen los hechos y la Fiscalía no emprende las investigaciones pertinentes.

El miedo aumenta entre las personas LGBT, y no se puede vivir con miedo. Se necesitan resultados inmediatos: saber quién lo hizo y por qué, para poder prevenir esta situación.

A las personas LGBT se les suele violentar sus derechos en los lugares públicos, por eso usan las plataformas digitales para encontrarse y divertirse: los espacios privados se hacen necesarios porque en los públicos se sancionan sus prácticas afectivas. Pero no sirve de nada perseguir o señalar a las plataformas digitales como las culpables. No se trata de eso.

Los gobiernos locales deberían trabajar en conjunto con las plataformas digitales para establecer mecanismos de seguridad y garantizar el bienestar de la población, comprendiendo que ellas no son las responsables de los crímenes. Es perentorio que las entidades gubernamentales participen en la prevención de estos actos.

Urge que la Fiscalía ponga fin a la impunidad, pues esto es lo que produce el estado de indefensión para las víctimas. Para ello es clave que reconozca la sistematicidad de los actos de violencia, visible debido a la forma como se ha repetido el modus operandi y el alto nivel de servicia.

Es necesario que el fiscal firme de una vez por todas el protocolo de investigación de violencia por prejuicio y que capacite a sus fiscales y policía judicial en metodologías investigativas que no solo busquen quienes lo hacen sino las razones. Esto para que se pueda prevenir la violencia y activar entre diferentes órganos del Estado una Mesa de Trabajo Permanente —que ya existía y fue desactivada en el gobierno Duque—para construir una política de prevención y atención a las violencias por prejuicios.

Hay que frenar la violencia. Desde Caribe Afirmativo contribuiremos con mejores campañas comunicativas para:

  • promover y respetar los derechos de las personas LGBT,
  • construir protocolos especiales de atención a las personas LGBT víctimas de riesgos en las aplicaciones y los lugares de homosocialización, para que puedan contar con herramientas que les permita denunciar de forma efectiva y sin poner en riesgo su integridad,
  • desarrollar campañas de sensibilización con los dueños y propietarios de bares y discotecas sobre los derechos de las personas LGBT, para garantizar los mecanismos de seguridad, y,
  • hacer seguimientos periódicos de las investigaciones que adelanta la Fiscalía y qué motivos se identifican entre los victimarios para evitar que hechos como estos se repliquen.

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Wilson Castaneda

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Wilson Castaneda

* Politólogo de la Universidad Nacional, magíster y doctor en Filosofía de la Universidad Bolivariana, director de la Corporación Caribe Afirmativo, experto de la subcomisión de diálogos de paz entre el gobierno y las FARC-EP.

ISSN 2145-0439

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