Nastassja Rojas, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Nicolás Maduro

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El 2024 es un año crucial para la supervivencia del régimen de Maduro o el retorno de la democracia. Elecciones presidenciales, conflicto con Guyana, derechos humanos y tratamiento de la migración son los temas principales de la agenda.

Nastassja Rojas Silva*

El 2023 en Venezuela

El año 2023 en Venezuela estuvo marcado por la complejidad y la contradicción, reflejando la ya arraigada paradoja de un país donde lo extraordinario es lo ordinario. 

Maduro, aferrado al poder mediante la represión selectiva, ajustó su postura a las presiones sociales, mostrando benevolencia en momentos de debilidad y firmeza cuando la oposición intentaba ganar algún espacio. 

Por eso el presidente se acercó a la población a través de redes sociales como TikTok y su programa televisivo «Con Maduro +». También por eso mantuvo una imagen tradicional de liderazgo nacionalista, especialmente en temas sensibles como el conflicto con Guyana.

Aunque ganó terreno internacional, al aprovechar grietas en la política global, la población venezolana enfrenta más y más dificultades en su vida cotidiana. Las imágenes lujosas de Caracas contradicen la crisis exacerbada por la falta de programas sociales eficaces en 2023, tal como lo señala Monitor DESCAVE

Las inhabilitaciones políticas, convertidas en un arma para acallar las voces opositoras, imponen una elección entre la privación de la libertad o el exilio.

A pesar del alivio de sanciones al sector petrolero en octubre del año pasado, la dolarización persiste y desafía el discurso oficialista. La inflación, aunque ha disminuido, sigue siendo muy alta y la economía muestra estancamiento, sin mejoras sustanciales. Se agravan las crisis en servicios públicos, especialmente eléctricos y de combustible.

Aunque Maduro ganó terreno político con la liberación de Álex Saab antes del cierre del año, anticipar el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela para el 2024 es una tarea difícil. El panorama político interno suele cambiar de un momento a otro, aunque en la mayoría de los casos el oficialismo mantiene su ventaja. No obstante, en estas líneas, me aventuro a destacar cuatro temas que podrían dominar la agenda del país en este nuevo año. 

Foto: Facebook: Diosdado Cabello - Diosdado Cabello ha cuestionado el financiamiento de las ONG y las ha acusado de desestabilizar el régimen de Maduro.

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Elecciones presidenciales

El foco central estará en las eventuales elecciones presidenciales del 2024, que podrían o no conducir a la salida democrática de la severa crisis política que atraviesa ese país.

La promesa de elecciones en el segundo semestre del año, sin fecha definida, se presenta como un escenario tenso y desafiante. 

Las inhabilitaciones políticas, convertidas en un arma para acallar las voces opositoras, imponen una elección entre la privación de la libertad o el exilio. Para que las elecciones sean viables, sería necesario cumplir al menos dos condiciones iniciales: la confiabilidad del Consejo Nacional Electoral y la resolución de las inhabilitaciones políticas, un punto que, según las declaraciones recientes de Diosdado Cabello, no está en discusión.

A pesar de la afirmación de Nicolás Maduro a finales del 2023 sobre la celebración de elecciones «con sanciones o sin sanciones», no sería sorprendente que, bajo el pretexto de amenazas a la soberanía nacional derivadas de las tensiones con Guyana, se argumente la necesidad de posponerlas.

Además, su declaración sobre la duda de si será o no el candidato oficialista no debería ser el centro de la discusión: aunque podría indicar fracturas dentro del PSUV, también podría ser un simple distractor. 

Por eso la líder opositora María Corina Machado ha levantado la voz contra las posibles intenciones del régimen de apartarse de la ruta electoral, utilizando la escalada bélica con Guyana como excusa. Su denuncia ante el Parlamento Europeo destaca la urgencia de la atención internacional y la presión para que el gobierno cumpla los acuerdos.

A pesar de los cambios significativos de la comunidad internacional, que ha cedido más allá de las expectativas del mismo régimen, y la instrumentalización de las negociaciones con la oposición, no se ha logrado un avance sustancial por parte del oficialismo. 

En este contexto, la incertidumbre persiste, planteando la interrogante sobre la realización efectiva de elecciones presidenciales en este año, siendo la competitividad una cuestión adicional en el horizonte.

Una disputa territorial útil y justificada

En este orden de ideas, el conflicto territorial con Guyana adquiere una dimensión preocupante. Ejercicios militares y la presencia de un buque británico cerca de aguas guyanesas intensifican la crisis. Maduro habla de «turbulencia» en la relación, reflejada en un significativo aumento del presupuesto para la defensa del Esequibo.

La decisión de Maduro de incluir formalmente la defensa de la Guayana Esequiba en el presupuesto de 2024 denota el papel protagónico del tema en la agenda oficialista. La creación de un nuevo Estado en este territorio disputado, con un general designado como autoridad provisional, subraya la determinación de Venezuela. 

Además, las medidas para prohibir concesiones petroleras otorgadas por Guyana y la advertencia a las empresas que operan en la zona señalan un enfoque más agresivo.

Mientras Guyana busca el respaldo de países amigos, Venezuela afirma estar preparada para una «acción defensiva». En medio de este complejo escenario, el riesgo de escalada persiste. 

El Esequibo, lejos de ser solo un conflicto territorial, se convierte en un punto de no retorno que podría ser un problema importante para la región y la excusa perfecta para que el régimen de Maduro pueda justificar el incumplimiento de acuerdos internacionales y de promesas internas de avances políticos. 

Adicionalmente, aunque la sociedad venezolana reconoce el fraude en los resultados presentados del referendo consultivo y critica con temor las acciones emprendidas, esta disputa territorial toca fibras históricas nacionales, algo que conoce muy bien el régimen, por lo que le resulta de gran utilidad la reactivación de un enemigo externo.

Derechos Humanos y cierre del espacio de la sociedad civil

La situación de los derechos humanos en Venezuela es crítica, abarcando desde las condiciones de vida precarias hasta la constante violación de libertades y derechos políticos. 

Aunque se han dado algunos gestos instrumentalizados, como la excarcelación de ciertas personas, el Foro Penal informa que más de 250 individuos permanecen detenidos de manera arbitraria por motivos políticos.

A pesar del constante estrechamiento del espacio cívico, el año 2023 marcó un hito significativo en la visibilización de graves violaciones de derechos humanos. La Misión Independiente de Naciones Unidas destacó el ataque al espacio cívico venezolano y la evolución del sistema represivo estatal. 

Además, el informe de la Oficina de Defensoría Pública de las Víctimas de la Corte Penal Internacional recopiló más de 1.875 solicitudes con alrededor de 8.900 víctimas, evidenciando la falta de confianza en el sistema de justicia nacional.

La apertura de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas en 2024 es una iniciativa clave. Aunque su enfoque no es la investigación directa, sino el asesoramiento, se centra en mejorar la cooperación con las autoridades nacionales, respaldar la evolución legislativa y fomentar el intercambio de conocimientos. 

Por otro lado, la audiencia en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre el recurso de apelación de Venezuela contra la decisión de reanudar la investigación es crucial, y se espera una decisión en 2024.

Una gran preocupación es la amenaza pública de Diosdado Cabello, quien anunció la consulta pública nacional de la Ley de Financiamiento a las ONG en Venezuela, tras la aprobación de la Ley de Defensa de la Guayana Esequiba. 

Durante la transmisión de su programa «Con el mazo dando», advirtió a las ONG sobre esta legislación que controlará el financiamiento y funcionamiento de estas organizaciones, acusándolas de desestabilizar el régimen de Maduro y cuestionando su financiamiento.

Este no es un tema secundario, es el epicentro de la discusión. Sin las consideraciones necesarias sobre el espacio de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos, es imposible prever una mejora en las condiciones de vida y en las garantías democráticas del país.

El dilema del reconocimiento de la migración 

La migración sigue siendo un tema central en relación con Venezuela. Aunque el régimen enfrenta dificultades para gestionar este fenómeno, ya no puede negar la magnitud de la migración en los últimos años. Sin embargo, se muestra renuente a admitir plenamente la crisis persistente y estructural que esto implica.

Incluso con acuerdos recientes con aliados como México para deportaciones masivas, el régimen intenta enmascarar las cifras, registrándolas falsamente en el Plan Vuelta a la Patria. Pese a la reapertura de sedes consulares, estas no satisfacen adecuadamente las necesidades de una población que requiere protección especial, enfrentando costos exorbitantes y limitaciones en los trámites.

La migración masiva, en algún momento conveniente para el régimen, alivió presiones internas, tanto políticas como en demanda de servicios públicos. Sin embargo, de cara a un posible escenario electoral, un retorno considerable de la población migrante no resulta conveniente para el mismo régimen.

En los últimos años, Latinoamérica ha experimentado cambios significativos en su enfoque hacia la gobernanza migratoria, especialmente en relación con la migración desde Venezuela. 

Inicialmente, varios gobiernos adoptaron posturas abiertas y solidarias, ofreciendo formas de regularización y asistencia. No obstante, a medida que creció el flujo y las presiones económicas y sociales se intensificaron, se observó un cambio hacia políticas más restrictivas.

La proximidad de algunos países al gobierno de Maduro marcó un giro hacia la securitización de los flujos migratorios, el retorno forzado y la minimización de la crisis en Venezuela. Esta alineación política influye en cómo se interpreta la situación y se aborda la migración venezolana en la región.

La negación de la crisis por parte de gobiernos afines a Maduro se traduce en prácticas que subestiman las causas de la migración, socavando el derecho de estas personas a buscar refugio, seguridad y dignidad. 

Aunque ganó terreno internacional, al aprovechar grietas en la política global, la población venezolana enfrenta más y más dificultades en su vida cotidiana. Las imágenes lujosas de Caracas contradicen la crisis exacerbada por la falta de programas sociales eficaces en 2023

La presión política para impulsar el retorno de los migrantes, en lugar de abordar las causas de la crisis, amenaza directamente la integridad de quienes regresan, exponiéndolos a condiciones adversas y riesgos de persecución.

A modo de ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública panameño informó que, durante el 2023, al menos 328.667 migrantes venezolanos cruzaron la peligrosa selva del Darién. De ellos, 120.000 eran menores de edad, sin profundizar aquí en las crecientes redes de tráfico y trata de personas.

El mantenimiento del régimen

Estos cuatro temas cruciales para Venezuela durante el año 2024 convergen en un punto: el mantenimiento del régimen de Nicolás Maduro en el poder. 

La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales, el conflicto territorial con Guyana, la situación de los derechos humanos y el cierre del espacio de la sociedad civil, así como el cambio en el tratamiento de la migración, son temas que comparten un denominador común, el interés de asegurar la continuidad en el poder. 

Estos aspectos no solo reflejan desafíos específicos para el país, sino que también delinean una estrategia que prioriza la supervivencia política sobre la resolución de problemas urgentes.

Lea en Razón Pública: Venezuela y Guyana: un panorama difícil para Maduro

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Nastassja Rojas

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Nastassja Rojas

Foto: Facebook: Gustavo Petro

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Para cumplir su proyecto político, Petro cierra los ojos ante los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Estos son sus motivos verdaderos.

Nastassja Rojas Silva*

Qué quiere Petro               

Este 26 de septiembre se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela.

Un hecho que puede calificarse de histórico y que sin duda fue un paso decisivo para restablecer las relaciones binacionales. Un acto que, sin embargo, fue nada más que mediático.

Aunque la necesidad de reactivar el comercio es innegable, muchas de las promesas no se han hecho realidad. La reanudación de los vuelos comerciales, por ejemplo, o la salida de la mercancía venezolana por dificultades en el certificado de origen.

Esta realidad obliga a preguntar si el gobierno colombiano ha pecado de ingenuo al creer en las promesas del régimen de Maduro. O, aún peor, si vendió una idea a sabiendas de su imposibilidad, por lo menos en el corto plazo.

Podría pensarse que la precipitación por parte de Colombia es fruto del afán de su nuevo gobierno en mostrar resultados ya en sus primeros días, y así cumplir las promesas de campaña y distanciarse del gobierno de Duque. Además, y muy importante, de la posible afinidad ideológica de Petro con el régimen bolivariano.

Parece que las decisiones de Gustavo Petro van más allá del mero pragmatismo. Varias afirmaciones en sus discursos confirman que no se trata de una cuestión puramente utilitaria, sino de una forma de apoyo al régimen de Maduro.

Maduro y la “paz total”

Maduro ordenó que todos los puestos fronterizos entren en contacto con las fuerzas militares y policiales de Colombia para hacer el plan de la “paz total”. De esta manera expone su respaldo a la agenda del gobierno Petro.

Probablemente la idea de la “la paz total” es una de las razones de mayor peso para que Colombia restablezca relaciones con Venezuela. Así se explicarían los pasos agigantados de Armando Benedetti con el régimen de Maduro. Es el embajador quien está asumiendo los costos políticos al divulgar fotos junto al régimen venezolano.

Claro está que sin la voluntad de Venezuela no es posible negociar con el ELN. ¿Pero realmente hasta qué punto podría Maduro legitimar o deslegitimar un diálogo hacia la paz en Colombia?

Según el último informe de la Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela, hay evidencias convincentes sobre los vínculos de colaboración entre el régimen venezolano y el ELN.  Al parecer el grupo armado tiene acuerdos para controlar recursos mineros y expulsar del sector a los sindicatos informales que no están aliados con el régimen. Esta situación podría tener relación directa con el desplazamiento de bandas criminales al resto de la región.

La Relación Petro y Maduro
Foto: Radio Nacional - No fue más que un acto mediático ya que hasta la fecha muchas de las promesas no se han visto materializadas, tales como la reanudación de los vuelos comerciales o la salida de las almacenadoras de los camiones que ingresaron a Venezuela.

Puede leer: Maduro, garante del diálogo con el ELN

La culpa es de Colombia

De acuerdo con Benedetti, la emigración masiva de venezolanos que llegó a ocasionar una crisis regional fue culpa del anterior gobierno colombiano.

Según nuestro embajador, el gobierno de Iván Duque estimuló el flujo migratorio al vender la idea de que en Colombia encontrarían mejores condiciones de vida. Pero,  de acuerdo con ACNUR, los venezolanos afirman que   las arzones principales para migrar fueron la inseguridad, las amenazas y la dificultad de acceso a alimentos y medicamentos.

Petro invoca el principio de la no intervención. Pero la falta de responsabilidad tiene límites claros, cuando se trata de los derechos humanos.

Lo que es peor, sin ningún sustento estadístico o de cualquier otra índole, Benedetti   decidió apoyar la declaración del gobierno venezolano en el sentido de que un 60 % de la población migrante retornó a Venezuela gracias al plan Vuelta a la Patria.

No obstante, según datos publicados por el propio Ministro de Relaciones Exteriores, se apoyó el retorno de apenas poco más de 29 mil personas, es decir, menos del 1 % de los casi 7 millones de migrantes reportados para septiembre de 2022 ( según cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela).

La responsabilidad de proteger

Hace algunas semanas, el canciller Álvaro Leyva fue interpelado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y la actitud d Colombia al respecto. Pues nuestro canciller respondió que Colombia no es la autoridad pertinente para decir si se cometen violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Esta afirmación es totalmente falsa. Sí es competencia de Colombia velar por el respeto de los derechos humanos, incluso más allá del territorio, y de reprochar situaciones similares en cualquier parte del mundo. Así está establecido por el derecho internacional.

La vulneración de los derechos humanos en Venezuela no es un supuesto o un hecho que esté en duda. Precisamente, el 26 de septiembre, horas antes del acto de la frontera, la Misión Internacional presentó un tercer informe sobre los hechos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El informe reafirma las responsabilidades del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad, los cuales permanecen en un clima de total impunidad. Entre los responsables se identificaron a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

Cabe preguntarse si Gustavo Petro estará dispuesto a asumir los costos políticos en el plano internacional que conllevaría su foto al lado de un responsable de crímenes de lesa humanidad.

Principio de no intervención

Por su parte, el presidente Petro declaró en el acto de reapertura de la frontera que en la relación binacional se respetará la autodeterminación de los pueblos, o sea que   el pueblo venezolano será quien decida sobre el futuro de su país.

Petro invoca el principio de la no intervención. Pero la falta de responsabilidad tiene límites claros, cuando se trata de los derechos humanos.

Justamente, el principio de no intervención no fue respetado por Colombia. El embajador Benedetti se inmiscuyó en asuntos internos de Venezuela cuando aseguró que “Juan Guaidó no existe ni aquí ni allá”. Con este tipo de ideas el embajador quebranta principios claros de la democracia, como lo son el respeto y el reconocimiento de la oposición.

Independientemente del reconocimiento, o no, de Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela, no es una actitud demócrata desconocer la existencia de un gran descontento con el régimen y, a su vez, no reconocer la importancia de la oposición venezolana.

De esta manera parece que la no intervención solo funcionará para dilatar lo más posible una posición abierta sobre la situación de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Todo indica que, con el propósito principal de negociar con el ELN, el gobierno colombiano está dispuesto a legitimar al régimen venezolano.

Claro está que no es fácil para Colombia rechazar y sancionar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, porque el régimen bolivariano no admite matices y porque esa actitud conllevaría riesgos para una pieza de la agenda que el presidente Petro considera fundamental en su gobierno.

Por eso probablemente, en los próximos meses veremos más cercanía y más apoyo a la dictadura venezolana por parte del gobierno de Colombia. Y sin embargo, más allá de posiciones políticas, lo que hoy está en juego para América Latina es el talante democrático de los gobiernos en esta inestable región del mundo.

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Nastassja Rojas

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Foto: Wikimedia Commons - Obra Hidroituango.

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La CPI abre investigación contra Maduro, pero ni la presión internacional, ni la pobreza extendida, ni los esfuerzos de la oposición han sido capaces de acabar la dictadura. ¿Qué ha impedido la transición a la democracia?

Nastassja Rojas Silva*

Veinte años de crisis

Durante los últimos veinte años, Venezuela ha sufrido una serie de crisis políticas. Desde finales de 2012, el gobierno perdió definitivamente sus rasgos democráticos, y hoy es el país con menor adhesión al Estado de derecho en el mundo.

El régimen también ha encontrado dificultades para sostenerse en el poder. La mayoría de los gobiernos del mundo no reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo, y muchos altos funcionarios venezolanos están envueltos en escándalos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

A pesar de lo anterior, el régimen bolivariano se ha mantenido durante más de dos décadas, y aún no hay indicios de que se esté acercando a su fin. ¿Cuáles son los obstáculos para una transición a la democracia en Venezuela?

El papel de la fuerza armada

Durante estas dos décadas, la oposición ha hecho un llamado constante para que la fuerza armada restablezca el orden interno en Venezuela.

Pero de poco ha servido ese llamado porque desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, esta institución ha vivido una profunda transformación, que la volvió leal al régimen. Como señala Chávez en su Libro Azul, la participación política que se otorgó a los militares les dio un papel en el proyecto bolivariano.

Durante los primeros años de la revolución, esa participación política vino acompañada de reconocimientos y dádivas. Los militares fueron incluidos en el ato gobierno, principalmente en el control del sector petrolero y de la alimentación. Posteriormente, se les dio un papel protagónico en los negocios ilegales del Estado, como el narcotráfico y la minería ilegal. Por eso los militares tienen muy pocos incentivos para presionar la caída del régimen: para ellos, los costos serían mayores que los beneficios.

La investigación de la CPI no traerá de forma automática el fin del régimen bolivariano, al menos no en el futuro más cercano.

Esto no significa que no haya militares venezolanos descontentos, especialmente por la mala calidad de la vida y el poder que se ha otorgado a grupos paramilitares o al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero, valiéndose del servicio de inteligencia cubano, el gobierno ha logrado detectar y castigar a los disidentes, y esto ha minimizado el riesgo de un levantamiento.

Por eso, una transición a la democracia liderada por la fuerza armada es poco probable, al menos en este momento.

La violación de  derechos humanos

Desde el comienzo, el régimen bolivariano ha perseguido y reprimido cualquier muestra de descontento. Sin embargo, desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos han aumentado considerablemente. Las cifras y hechos revelados por el Consejo de Derechos Humanos son una muestra de lo anterior.

Recientemente, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que abrirá una investigación por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Este anuncio marca el comienzo de un camino para determinar la responsabilidad individual de estas graves violaciones de derechos humanos.

Pero la investigación de la CPI no traerá de forma automática el fin del régimen bolivariano, al menos no en el futuro más cercano.

Foto: Ministerio de Agricultura - Las alteraciones provocadas por Hidroituango privaron a las comunidades pesqueras de sustento e impidieron que siguieran viviendo en su territorio.

Puede leer: Venezuela: la cara más visible de una masacre sistemática

El empobrecimiento

La población venezolana está gravemente empobrecida, y depende del gobierno para gestionar sus recursos o hasta el uso de su tiempo. El día a día de las gente se consume en largas filas e interminables esperas para acceder a los productos o servicios más básicos. Si bien parece que en los últimos años ha habido un mayor abastecimiento de alimentos en los locales comerciales, la mayoría de la población no cuenta con los recursos para adquirir lo mínimo.

En todo caso, esto no significa que las protestas hayan desaparecido en el país. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en septiembre de este año se documentaron 568 protestas, más del 80 % de las cuales estuvieron relacionadas con reclamos por violaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Pero por las eternas esperas y la conveniente migración masiva, las protestas multitudinarias por razones políticas que se vieron durante tantos años ya no son frecuentes y parecen cada vez menos probables. La población venezolana sigue resistiendo, pero su prioridad es sobrevivir.

La desinstitucionalización

Pese a las promesas sociales plasmadas en la Constitución de 1999, Hugo Chávez logró imponer un sistema político fácilmente controlable desde el ejecutivo, con un presidencialismo excesivo, que absorbió en muy poco tiempo a los recientemente creados poder ciudadano y poder electoral.

A esta captura de los poderes públicos le siguió la del legislativo y, finalmente, la del judicial. En los últimos años, esta toma de los poderes del Estado ha servido para legitimar internacionalmente el desmonte de la democracia: se han invalidado partidos políticos, se han creado instituciones paralelas en cargos de elección popular, se ha tomado la dirección de grandes universidades y se han expedido leyes –como la Ley contra el Odio– para legitimar la persecución política.

Parece poco probable que haya una salida electoral para volver a la democracia en Venezuela.

Este desmonte de las instituciones creó el escenario ideal para celebrar elecciones no competitivas. Aunque actualmente el oficialismo tiene apenas un 13 % de aprobación, poco tienen que perder, pues controla todos los eslabones de las elecciones. Solo algunos espacios de participación controlada se han entregado a una fracción de la oposición, con el fin de que los procesos electorales parezcan legítimos.

La debilidad de la oposición

A lo anterior se une la desconfianza en la oposición, por las contradicciones que en ella percibe la opinión pública.

La oposición venezolana no está unificada, sino constituida por una pluralidad de sectores que comparten un único objetivo: el fin de la dictadura. Pero esto no es suficiente y actualmente no hay un liderazgo claro que lleve a movilizar a la población en contra del régimen.

Existe otro gran reto: que el líder de la oposición no sea una figura mesiánica, que gane popularidad rápidamente, pero que ante cualquier pequeño error o disconformidad caiga estrepitosamente arrastrando consigo todo su proyecto político.

En cambio, el oficialismo sí mantiene un alto grado de cohesión. Esto no significa que no existan fracturas dentro del partido, sino que logran superarlas y silenciar cualquier voz contraria rápidamente con tal de mantener el poder.

Dadas estas condiciones, parece poco probable que haya una salida electoral para volver a la democracia en Venezuela.

Puede leer: Venezuela: ¿será posible volver a la democracia en medio de la pandemia?

Los efectos de la presión internacional

Finalmente, la comunidad internacional ha desconocido a Nicolás Maduro como cabeza del gobierno, pero el régimen no se encuentra completamente aislado. Aún hay Estados que apoyan a Maduro, y las sanciones internacionales son la excusa perfecta para justificar las precarias condiciones de vida y la crisis alimentaria en el país.

Si bien las presiones internas e internacionales son útiles y necesarias como una forma de impulsar alguna negociación real, hasta el momento parecen insuficientes. Sin garantías para una transición que le convenga, Maduro se aferra al poder a pesar de los altos costos.

Nada de lo anterior desconoce los grandes esfuerzos de la población venezolana para lograr una transición pacífica hacia la democracia. Pero no hay que subestimar a quienes se han sostenido por mas de veinte años en el poder.

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El reciente anuncio de la creación de un comando especial con énfasis en la población venezolana pone en riesgo todos los esfuerzos que se han hecho para garantizar los derechos de esta población, y convierte el Estatuto en un castigo. Por Nastassja Rojas.
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Nastassja RojasCada vez más países latinoamericanos optan por cerrarles sus fronteras a los venezolanos. ¿Es una medida efectiva para confrontar la crisis migratoria?

Nastassja Rojas Silva*

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Manifestaciones en Venezuela por crisis humanitaria.

Nastassja RojasLa OEA está debatiendo sancionar al gobierno de Maduro por la ruptura del orden democrático. ¿Cuáles serían las razones, las respuestas de Maduro, cuáles serían las sanciones y qué efectos traerían?

Nastassja Rojas Silva*

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Presidente Nicolás Maduro junto a Hasán Rouhaní, tras la aceptación de la presidencia de Venezuela en la Cumbre.

Nastassja RojasCon la última reunión de esta entidad en Venezuela se ha reabierto el debate acerca de la vigencia de una organización nacida de la Guerra Fría en un contexto mundial completamente diferente.  

Nastassja Rojas Silva*

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