Monica Godoy, autor en Razón Pública
Foto: Alcaldía de Medellín

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La explotación sexual de menores vuelve a apoderarse de los noticieros y del debate en redes sociales. Frente a esto se han tomado medidas populistas y poco eficientes para tranquilizar a la población.

Mónica Godoy*

Ocultamiento y negligencia

Hace unos días se divulgó un posible caso de explotación sexual de menores de edad, en la ciudad de Medellín, que cobró relevancia por tres razones:

  • Una, el ocultamiento en las primeras notas de prensa de la identidad del extranjero señalado por el presunto abuso sexual y del nombre del lujoso hotel donde se alojaba,
  • Segundo, la inacción de la Policía que, a pesar de haberlo encontrado en un jacuzzi en compañía de dos niñas de 12 y 13 años y teniendo pruebas materiales como drogas y condones utilizados, no lo capturaron, y
  • Tercero, aunque lo retuvieron por 12 horas, de manera inexplicable lo liberaron y le permitieron huir del país, según informó la Policía, porque no lo encontraron en flagrancia.

En redes sociales se difundió la noticia como pólvora y, producto de la indignación colectiva, a las pocas horas el nombre del hotel salió a la luz, el Gotham; la identidad del representante legal, Bradley Hinkelman; y, en los días siguientes, la foto y el nombre del extranjero involucrado en el posible crimen: Timothy Alan Livingston.

Es decir, la gente de forma espontánea hizo el trabajo de investigación que ni las autoridades colombianas ni la prensa quisieron hacer en un principio.  ¿Por qué razón se dieron ese ocultamiento de la prensa y esa negligencia por parte de la Policía?

Puede ver: Cómo enfrentar el llamado turismo sexual

Lo que se sabe

Lo que hasta ahora se conoce en el debate público es que el involucrado se alojaba en un hotel que hace parte de un grupo económico que presuntamente hizo una generosa donación a la campaña electoral del hoy alcalde, Federico Gutiérrez, quien a su vez tardó 62 horas en pronunciarse sobre el caso.

Si estos precedentes están o no relacionados con la omisión de la captura del ahora indiciado y la protección inicial de la información sobre su identidad y nombre del hotel, tendrá que ser parte de la investigación penal en curso.

¿De quién es Medellín?

Ahora bien, este caso puso de nuevo en el debate público la preocupación por los efectos del turismo de hombres solitarios, la intensa gentrificación de Medellín, las prácticas de explotación sexual, que afectan también a la infancia y adolescencia, y la falta seguridad y derechos de los habitantes de esta ciudad. Vale preguntarse, ¿para quién es Medellín ahora?

Por lo pronto, el alcalde Federico Gutiérrez dio una respuesta con la expedición del decreto que suspende por seis meses la prostitución en algunos lugares de la ciudad. Esto, a pesar de que en Colombia no es una actividad delictiva si se ejerce por mayores de edad sin coacción alguna y a beneficio propio.

la gente de forma espontánea hizo el trabajo de investigación que ni las autoridades colombianas ni la prensa quisieron hacer en un principio. ¿Por qué razón se dieron ese ocultamiento de la prensa y esa negligencia por parte de la Policía?

Foto: Alcaldía de Medellín - La alcaldía local de Medellín suspendió la prostitución durante seis meses para combatir la explotación sexual. Sin embargo, esta medida puede causar segregación socioespacial y conlleva a que la explotación sexual se traslade a otros lugares en donde es más difícil prevenirla.
Ante la indignación por la explotación sexual de menores de 18 años, por parte de hombres extranjeros, la administración local impuso una medida de segregación socioespacial por actividad económica que afecta de forma indiscriminada a todas las personas cuya sobrevivencia depende de la prostitución y/o del trabajo sexual. La ciudad, según el alcalde, no es para ellos y ellas.

Esta decisión del gobierno local parece basarse en criterios sospechosos de discriminación y que, antes de disminuir los diferentes tipos de explotación sexual, la envía a espacios clandestinos, lo cual perjudica aún más su prevención, atención y sanción.

Aunque este tipo de decisiones son un abuso de autoridad, suelen ser muy populares porque prometen “limpiar la ciudad de indeseables”. Sin embargo, tienen un alto riesgo de incrementar la violencia contra gente en condiciones de marginalidad sociolaboral.

Eso sí, deja intactas las estructuras criminales de proxenetas y de tratantes de personas con fines de explotación sexual. Ambas conductas tipificadas como delitos en el código penal.

Estas redes de explotación sexual simplemente desplazan su operación a otras zonas de la ciudad y siguen ganando cantidades exorbitantes por esto. La ciudad, según el alcalde, sí es para quienes manejan y se lucran de este negocio ilegal.

También parece ser que Medellín y otras ciudades de Colombia son para aquellos hombres solitarios provenientes de países del llamado Primer Mundo, atraídos por los sistemas de representación de la industria cultural de las narconovelas, los estereotipos sexistas del país de la belleza y el precio accesible de otras mercancías que se ofrecen en nuestras calles, quienes organizan planes de viajes que pueden incluir actividades sexuales, incluso con niños y niñas. La ciudad, al parecer, es primordialmente para su diversión, satisfacción y servicio.

Oferta y demanda

Sabemos que no hay casos de explotación sexual aislados, sino que existe una muy poderosa industria del sexo que funciona bajo las leyes de oferta y demanda. Si un turista o un local con suficiente capacidad adquisitiva pide menores de edad para abusarles, los tratantes y proxenetas responden de manera positiva a su solicitud. Los escrúpulos sobre la ilegalidad de este tipo de violencias no parece ser una preocupación para ninguna de las partes participantes en este rentable negocio.

¿Quiénes son los industriales del sexo en Medellín involucrados en estos delitos?, ¿quiénes ofrecen planes de “todo incluido y sin consecuencias” en Colombia a pederastas en todo el mundo?, ¿quiénes son los que en realidad acumulan las ganancias de estas actividades criminales? Y ¿dónde las reinvierten y las lavan?

Ahora bien, judicializar y sancionar a quienes abusan sexualmente de menores de edad o a otras víctimas del proxenetismo y trata de personas es solo la mínima parte del problema. El establecimiento de la responsabilidad individual en los delitos es fundamental, pero no logra disuadir de la comisión de los mismos a otros dispuestos a correr este riesgo.

Ese es un comportamiento temerario en el que posiblemente no incurrirían en sus propios países de origen, porque hay menos riesgo de ser capturados y mayores garantías de impunidad para violar niños y niñas colombianas que estadounidenses, por ejemplo. Esta violencia es también una expresión de colonialismo y deshumanización de la gente no occidental.

Uno a uno, explotador extranjero o local capturado, las autoridades no van a afectar la estructura criminal de una industria tan rentable y con alta capacidad de producir corrupción, cuya organización es transnacional.

Hasta que los gobiernos no se planteen acciones para la erradicación de estos delitos desde una perspectiva más amplia y profunda, seguirán produciéndose víctimas a centenares. Mientras tanto, la ciudadanía seguirá en ciclos de indignación colectiva, exigencia de justicia, olvido y otra nueva indignación.

¿De quién es la lucha entonces?

Ahora, la lucha contra la explotación sexual de las infancias u otras víctimas del proxenetismo y trata de personas, no es responsabilidad exclusiva de las autoridades.

Los grandes medios de comunicación tienen pendiente una reflexión sobre los impactos sociales negativos de los productos culturales, como las narconovelas y su reproducción de estereotipos sexistas que se distribuye a nivel global.

También deben reflexionar sobre la forma de cubrir este tipo de violencia. Sus afirmaciones son revictimizantes, responsabilizan a las víctimas de su propia explotación sexual, y presentan o admiten como “compradores de un servicio” a los que en realidad son criminales que abusan de una persona en condiciones de vulnerabilidad. Estas son muestras de incomprensión del problema y en nada ayuda a un debate público informado y responsable al respecto.

A su vez, la política migratoria del país debe proponer controles más efectivos a extranjeros con alto o mediano poder adquisitivo, que viajan en solitario, para determinar sus itinerarios, lugares de alojamiento, recorridos y advertirles de las posibles consecuencias de incurrir en actividades ilegales.

judicializar y sancionar a quienes abusan sexualmente de menores de edad o a otras víctimas del proxenetismo y trata de personas es solo la mínima parte del problema

Es importante reconocer que estos extranjeros usan las mismas redes criminales que ya existían antes del auge de este tipo de migración. Estas eran y son utilizadas por políticos, industriales, mafiosos, paramilitares y otros hombres nativos con poder. La explotación sexual de menores de edad y otras víctimas del proxenetismo y la trata de personas no las trajeron a Colombia los pederastas y otros explotadores sexuales extranjeros.

Las medidas de control de las autoridades deben acompañarse de un reconocimiento integral de derechos para personas mayores de edad prostituidas y trabajadoras sexuales que necesitan sostenerse a sí mismas y a sus familias, a través de esta actividad económica, y no pueden verse perjudicadas y segregadas por medidas estigmatizantes, ineficaces e indiscriminadas, como las tomadas por Federico Gutiérrez en Medellín.

Una política social orientada a la garantía de derechos debe incluir una renta básica y otros tipos de apoyos laborales y educativos para favorecer la transición voluntaria, de quienes así lo decidan, a otras actividades económicas de menor riesgo y que, a su vez, garanticen mejores condiciones y seguridad para quienes permanezcan en este oficio.

Si lo que quieren es abolir la prostitución, la vía más efectiva no es el prohibicionismo de la demanda y la oferta legales ni la represión policial contra quienes deberían ser consideradas sujetas de protección especial por parte del Estado: las personas prostituidas y las trabajadoras sexuales.

A su vez, si lo que quieren es abolir la explotación sexual de menores de edad, la vía más efectiva no es prohibirles a ellos y ellas su movilidad en un tipo de toque de queda, como lo decretó Federico Gutiérrez, sino brindarles apoyo económico y oportunidades educativas. Mientras las autoridades persiguen a las grandes estructuras criminales de tratantes y proxenetas, no solo a uno que otro “cliente” que no logró salir impune. Ahí está la clave.

Lea en Razón Pública: Reflexiones sobre el 8M: Una deuda histórica con las mujeres colombianas

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Monica Godoy

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Monica Godoy

*Antropóloga, maestra en estudios de género, defensora de derechos humanos, feminista.

Foto: El Dorado Radio

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Los asesinatos de Luz Mery Tristán y de Edwin Arrieta confirman que los medios de comunicación en Colombia y en España tienden a valorar más sus ratings que la justicia y el análisis sereno de los problemas éticos.

Mónica Godoy*

Los hechos

Dos asesinatos recientes estuvieron en los titulares de los medios de comunicación en Colombia y en España.

El primero, el pasado 2 de agosto en la isla Koh Phagan en Tailandia, cometido por Daniel Sancho, un chef español de 29 años, quien mató a Edwin Arrieta de 44, un cirujano colombiano con quien sostenía una relación sentimental desde hacía meses.

El segundo, en la ciudad de Cali, Colombia, el 4 de agosto Andrés Gustavo Ricci García, empresario de 58 años, asesinó a Luz Mery Tristán de 60, excampeona mundial de patinaje y su pareja con quién estaba comprometido.

Le recomendamos: Los cuentos que nos siguen contando sobre el feminicidio

El espectáculo

Ambos crímenes fueron de gran interés para los medios, el primero por tratarse del hijo y nieto de una familia de reconocidos actores españoles y, el segundo, porque la víctima fue una famosa deportista colombiana.

En el cubrimiento periodístico de estos hechos se repite un patrón de espectacularidad para abordar crímenes similares. Ese modelo consiste en darle prioridad a la primicia, lo inmediato, el bombardeo durante días de detalles sobre los “protagonistas” y el hiperfoco vigilante y suspicaz sobre la vida íntima de las víctimas. De esta manera se produce en el público la sensación de asistir a una película policiaca, no de estar recibiendo información sobre hechos graves de violencia.

Este patrón usa un tono ficcional para narrar la realidad, cuyo único fin es captar más atención del público y retenerla durante más tiempo. Hace parte de una estrategia en la disputa por las audiencias.

Ambas situaciones son delitos graves que deberían ser reprochados y sancionados por la sociedad en su conjunto, pero no ocurrió así.

Si los medios de comunicación prescindieran de ese patrón de espectacularidad, estos crímenes no causarían un interés que durara más allá de unos días. Seguramente no mantendrían la atención de los espectadores sin la avalancha de declaraciones, versiones contradictorias, fotos, entrevistas a amigos y familiares, hipótesis de analistas, informes de corresponsales especiales, transmisiones en vivo minuto a minuto y detalles íntimos de las partes sin ningún valor probatorio.

Contrariamente a lo que puede suponerse, la sobreinformación acerca de los asesinatos puede despertar mayor curiosidad, pero no produce más ni mejor conocimiento de los hechos. Tampoco ayuda a una reflexión ética colectiva sobre este tipo de violencia y su prevención.

Como espectadores saltamos de capítulo en capítulo que bien podrían ser dirigidos por Quentin Tarantino y de indignación en indignación sin comprender el fondo de este horror.

Casos distintos

A pesar de las coincidencias en el tratamiento de los medios de comunicación, estos asesinatos son en realidad muy distintos. El primero fue un homicidio premeditado y el segundo fue un feminicidio agravado.

Más allá de ser delitos diferentes —y aunque ambos asesinos confesos sostenían una relación sentimental con sus víctimas— la muerte violenta de Luz Mery Tristán se basa en la diferencia histórica de poder entre los sexos/géneros en una sociedad machista, y la violencia que emerge de esa desigualdad ejercida sobre ella por su identidad y condición de mujer. Sin la herencia cultural de la subvaloración femenina, los feminicidios no serían tan frecuentes.

Además, Luz Mery Tristán no fue la primera a quien Andrés Gustavo Ricci agredió. En 2017 su exesposa lo denunció a través de las redes sociales por violencia física, psicológica y emocional. Las agresiones contra las mujeres parecen ser un comportamiento recurrente en él.

No es la misma situación del premeditado homicidio de Edwin Arrieta. Este crimen no tiene esa base cultural externa de desigualdad sexual/social. Es un hecho criminal cuyas verdaderas razones están por esclarecerse.

Ambas situaciones son delitos graves que deberían ser reprochados y sancionados por la sociedad en su conjunto, pero no ocurrió así.

Daniel Sancho: el pájaro en una jaula invisible

El joven chef aceptó haber cometido el homicidio ante la Policía tailandesa que lo detuvo cuando se presentó, por cuenta propia, a la media noche del 3 de agosto a denunciar la supuesta desaparición de Edwin Arrieta. Las heridas defensivas en sus brazos hicieron sospechar a los agentes y lo retuvieron para interrogarlo.

Aunque el asesino ha cambiado varios detalles de su primera confesión, existen pruebas sólidas de que fue premeditado: imágenes de Daniel Sancho en varias tiendas de la isla en las que compró la sierra y el cuchillo para desmembrar el cuerpo, bolsas de basura para empacar el cadáver y varios productos de limpieza para borrar las evidencias. También se hizo a un kayak que usó para arrojar partes de la víctima y objetos personales mar adentro. Otros fragmentos del cadáver los arrojó en un contenedor y fueron hallados días después en el basurero central.

Según informó la Policía, Daniel Sancho declaró que habían tenido una pelea, se habían enfrentado físicamente porque él no quería tener relaciones sexuales con Edwin, quien se habría caído y golpeado en la cabeza. Daniel al verlo muerto había decidido descuartizarlo y desaparecer sus restos. Con la suerte de contar con el material preciso y necesario, comprado con anticipación, para realizar esta tarea.

Los motivos del crimen que al comienzo declaró Sancho ante las autoridades fueron los celos. Unos días después cambió su versión y dijo estar en una “jaula de cristal” sometido por Edwin Arrieta mediante amenazas de muerte y chantajes que le hacía si lo dejaba. Antes que denunciar ante las autoridades a la víctima por el hostigamiento que sufría, Sancho escogió la opción de planear un viaje a un destino “exótico” para asesinarlo.

Extraño comportamiento para una posible víctima de acoso y violencia psicológica que podría temer estar a solas en un país lejano con su presunto agresor. Extraño no es imposible, pero sí es poco probable.

Ahora bien, importa señalar que hay evidencia de grandes sumas de dinero que la víctima había dado a quien se convertiría en su asesino para invertir en su restaurante en España. También se sabe que el cirujano colombiano llevaba consigo 80 mil dólares para comprar unos equipos médicos de última tecnología en Tailandia, según informó su hermana a la prensa. Este dinero no fue desechado por Daniel Sancho en el mar, como el cuerpo destrozado y las demás pertenencias de Edwin, sino que fue encontrado en su totalidad por las autoridades al revisar el cuarto de hotel.

Los medios españoles

Nada en la anterior descripción de los hechos conocidos hasta el momento haría pensar en la verosimilitud de la hipótesis de que se trató de un homicidio culposo, es decir, accidental.

Sin embargo, gran parte de la prensa española ha hecho una campaña mediática para arraigar en la opinión pública esta versión y despertar simpatías hacia Daniel Sancho. Además de presionar a las autoridades tailandesas para repatriar al asesino, aunque no exista un tratado de extradición entre ambos países.

En esta tarea los medios de comunicación usaron toda clase de prejuicios xenofóbicos para consolidar la representación del hombre joven y bello caído en desgracia a causa de la tentación de juntarse con un latinoamericano, mucho menos agraciado y sospechosamente peligroso. Ese es el guion de su patrón de especularidad para lograr el tono ficcional de una brutal realidad.

La xenofobia no se limita a la nacionalidad de la víctima. Por ejemplo, el escritor español Salvador Sostres Tarrida en una columna de opinión del diario El Nacional, titulada Dani en Tailandia afirmó que el asesino “ha sido víctima de lo que mi abuela llamaba, cuando podíamos hablar en libertad, la mala leche del maricón que es retorcida, perversa, desesperante y puede llevarte a la enajenación”. Este columnista no se limitó a la nacionalidad de Edwin Arrieta, sino a su orientación sexual y saca a su abuela de la tumba para derrochar juntos de manera impune su homofobia.

No satisfecho con lo anterior, Sostres afirmó que Tailandia “desborda los límites civilizados. Es un país endiablado que propicia en ti lo atroz… Dani Sancho se vio superado por el secuestro mental de un gay retorcido y mañoso”. En pocas palabras, el escritor justifica al asesino, lo declara la verdadera víctima que no tuvo otra salida que cometer ese crimen para liberarse. Esto sin el más mínimo gesto de compasión con Edwin Arrieta y su familia. Le falto poco para que escribiera que Dani, como lo llama, le hizo un favor al mundo al erradicar a un ser infrahumano que se merecía morir.

Foto: YouTube: Captura de pantalla @purodisfrute8563 - La prensa española ha difundido una visión de Daniel Sancho como un hombre joven y bello que cayó en desgracia por relacionarse con un hombre latinoamericano.

Los usuarios de las redes sociales fueron quienes indignados por la inexplicable protección de la identidad del feminicida revelaron su nombre, su fotografía e investigaron y difundieron su perfil. El trabajo que podría hacer cualquier periodista acabo siendo efectuado por ciudadanos ofendidos por el silencio encubridor.

El 11 de agosto Miguel H. Otero, el editor de El Nacional, compartió esta infamia en su cuenta de X, antes Twitter. ¿Cómo un editor de un diario serio publica semejante revictimización sin asomo de vergüenza?

Lamentablemente Sostres no es el único. La revista de farándula Diez Minutos le da un fragmento de su portada a Daniel Sancho, con una foto de su perfecto torso desnudo mientras transmite su llamando de auxilio: “quiero volver a España, moved cielo y tierra”.  La revista española Semana le hizo al asesino una semblanza con todas las imágenes de su vida “ahora truncada”, acompañada de una foto de su padre, Rodolfo Sancho, “destrozado viajando hacia Tailandia para estar con su hijo” aunque en la imagen el papá luce tranquilo y sonriente. Por su parte, ABC España relató en tono dramático la noche complicada que tuvo que pasar Daniel Sancho en la cárcel tailandesa y resaltó que pidió medicación por el estrés.

Así en una cadena interminable de llamados a la consideración con el asesino y de revictimizaciones de Edwin Arrieta y sus familiares. Por ahora, el único logro de Daniel Sancho fue hacer de su supuesta jaula invisible una real.

Andrés Gustavo Ricci García: el rico empresario en problemas

Las primeras noticias sobre el feminicidio de Luz Mery Tristán se centraron en la víctima. La prensa describió cómo ella había sido asesinada en su casa por un “reconocido empresario” de la ciudad de Cali con quien sostenía una relación sentimental.

El sospechoso del crimen había sido encontrado junto a su cadáver. Aunque los medios sabían que había un detenido en flagrancia, ocultaron la información sobre su identidad durante el 6 de agosto, día en que se dio a conocer el asesinato.

Lo que sí dieron a conocer es que el detenido había sido llevado a un hospital para su desintoxicación, pero después corrigieron para precisar que el motivo eran sus supuestos problemas cardiacos. Desde las primeras informaciones, la intención de la prensa fue colaborar con el “caído en desgracia”, evitando su exposición pública.

Los usuarios de las redes sociales fueron quienes indignados por la inexplicable protección de la identidad del feminicida revelaron su nombre, su fotografía e investigaron y difundieron su perfil. El trabajo que podría hacer cualquier periodista acabo siendo efectuado por ciudadanos ofendidos por el silencio encubridor.

Esto, aunque el reconocido empresario recibió con disparos a las autoridades y fueron encontradas en el lugar del crimen varias armas de fuego y traumáticas sin salvoconducto. También la Policía halló una carta de despedida del feminicida confeso donde dejó clara su intención de suicidarse y daba instrucciones precisas sobre el sepelio de ambos.

Los días siguientes consolidaron el patrón de espectacularidad con el que se abordan estos crímenes para generar interés y permanencia en las audiencias. La investigada fue la víctima a quien varios medios responsabilizaron de su propio asesinato por sostener relaciones con hombres con antecedentes cuestionables.

Por otro lado, la afiliación política del feminicida con el uribismo fue usada con fines políticos por el actual candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, y algunos de sus seguidores, quienes a través de las redes sociales no dudaron en utilizar el crimen catalogándolo como una consecuencia de su postura ideológica. Como si no existieran demasiadas víctimas de feminicidio para descartar semejante prejuicio.

Aunque en el momento de su captura Andrés Gustavo Ricci confesó el crimen, en la audiencia de imputación de cargos se declaró inocente de los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas. Según la defensa, el imputado había disparado su arma hacia algún objeto, rebotó e impactó por accidente el cuerpo de Luz Mery Tristán, sin que su intención fuera asesinarla. Es decir, desde la perspectiva de la defensa se trataría de un homicidio culposo.

el escritor justifica al asesino, lo declara la verdadera víctima que no tuvo otra salida que cometer ese crimen para liberarse. Esto sin el más mínimo gesto de compasión con Edwin Arrieta y su familia. Le falto poco para que escribiera que Dani, como lo llama, le hizo un favor al mundo

Habrá que ver durante el juicio si la defensa logra probar que disparar varios proyectiles al interior de una casa habitada puede ser un acto involuntario y de bajo riesgo, si explica el golpe en la cabeza de la víctima y si puede desafiar las leyes de la física acerca de los rebotes de proyectiles para sacar mejor librado de las consecuencias de sus acciones al “reconocido empresario”.

La simpatía hacia los asesinos como objetivo periodístico 

En ambos crímenes vemos que varios medios de comunicación tuvieron un objetivo que explica el punto de vista con el cual informan sobre estos hechos: manipular las emociones de la opinión pública para generar simpatía hacia los asesinos. ¿Cuál es la razón? una posible respuesta es la necesidad de reafirmar las jerarquías y desigualdades sociales, raciales y sexuales en la sociedad.

Defender así sea veladamente a quienes tienen prestigio, poder económico, herencia familiar o superioridad en razón de su nacionalidad es parte de la reproducción cultural del orden social. Esa simpatía sirve para minimizar los crímenes de gente poderosa y evitar que se sientan al alcance de la justicia. Es una promesa de impunidad que el sistema social entrega como dádiva al poder.

Si bien la pena de muerte o una condena perpetua, como la que podría esperarle a Daniel Sancho en Tailandia, o bien, una sentencia por feminicidio de 50 años –que en la práctica sería cadena perpetua para Andrés Ricci en Colombia– tampoco podrían ser consideradas justicia, los medios de comunicación tienen una responsabilidad social que están incumpliendo al profundizar la victimización, manipular emocionalmente a las audiencias y ficcionar la realidad a través del patrón de espectacularidad. Esto con pleno conocimiento de las consecuencias de sus acciones y los resultados esperados.

Esta acción con daño y negligencia periodística tiene consecuencias profundas en la baja comprensión social de las raíces de estos crímenes y en su eventual prevención. Más que simpatía hacia los asesinos la prensa tendría que ayudar a generar compasión hacia los involucrados, en especial, hacia las víctimas y sus sobrevivientes. Muy lejos estamos aún de tener el nivel de conciencia y autocrítica necesaria.

Lea en Razón Pública: Los feminicidios por su nombre

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Monica Godoy

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Monica Godoy

*Antropóloga, maestra en estudios de género, defensora de derechos humanos, feminista.

Foto: Freepik

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La disputa no es por las palabras, es por el sentido político. Colombia necesita repensar el uso de eufemismos para nombrar los asesinatos de las mujeres por su género.

Mónica Godoy*

Para Valentina Trespalacios, Yulieth Chamorro y sus pequeñas Hellen y Dulce María, Erika Aponte, Maité Cárdenas, Viviana Chamorro, Ana María Suárez, María Camila Romero, Yesica Paola Ocampo, Yudy Paola Acero, Yamile Brito, Lady Carolina Navarrete, María Angélica, Sandra Milena Saavedra y las miles de mujeres que son asesinadas cada año en el mundo, por ser mujeres, ante la indiferencia social.

Nombrar la violencia

No estamos ante un fenómeno nuevo. Los asesinatos de mujeres son tan antiguos como las civilizaciones. Sin embargo, distinguirlos bajo la tipificación del delito de feminicidio, sí es reciente.

En Colombia, este reconocimiento ocurrió desde 2015 tras el feminicidio de Rosa Elvira Cely bajo la ley que lleva su nombre. Un crimen que conmovió al país por la sevicia, revictimización y grave cadena de negligencias de las autoridades y del personal de atención en salud.

En Chile, uno de los primeros países latinoamericanos en tipificar el feminicidio, su incorporación al código penal se produjo a finales de 2010. En México, en 2012 a raíz de las desapariciones forzadas de mujeres obreras en Ciudad Juárez y su posterior asesinato con patrones de sistematicidad alarmante. En Argentina fue un delito específico desde diciembre de 2012; en Perú y Bolivia, en 2013; en Ecuador, 2014 y, en Brasil, 2015.

Este esfuerzo regional por darle nombre a una violencia con características específicas ha sido el resultado de la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas para abordar de manera más profunda y compleja una violencia que las afecta.

Aunque existen variaciones en la definición del tipo penal de un país a otro, coinciden en señalar al feminicidio como una forma de violencia extrema contra las mujeres por razón de su género, que tiene como causas la misoginia y la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Es decir, no es solo un homicidio sino un crimen de odio.

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No es “solo homicidio”

Los avances jurídicos, teóricos y conceptuales permiten hacer visible que en sociedades donde existe una subvaloración social y simbólica de las mujeres y todo lo asociado con lo femenino, ellas corren mayor riesgo de sufrir cierto tipo de violencia solo por el hecho de ser feminizadas al nacer.

La figura del uxoricidio estuvo vigente hasta 1980, pero el atenuante de la ira e intenso dolor sigue en pie y es usado para justificar la violencia contra las mujeres.

Foto: Wikimedia Commons - El partido Vox en España se opone públicamente a la erradicación de la violencia contra las mujeres e insiste en llamarla violencia intrafamiliar.
Pese a esto, todavía es común que miembros de las facultades de derecho de las universidades y del aparato de justicia critiquen este tipo penal y continúen afirmando que estos crímenes de odio son solo homicidios.

Uno de los argumentos que esgrimen para esta abierta desobediencia a la ley es que consideran que tipificar como feminicidio el asesinato de las mujeres, por razón de su subordinación, es como aceptar que su muerte es más importante, o que causa mayor sufrimiento que la de un hombre.

Este es un prejuicio extendido. Nada en la definición del delito de feminicidio podría ser interpretado de esa manera, sin embargo, lo dicen y lo enseñan a las nuevas generaciones de operadores de la justicia. Estos prestigiosos juristas se resisten a reconocer las causas originarias de la violencia feminicida: el desprecio absoluto por la vida y el bienestar de las mujeres y las niñas en sociedades supremacistas masculinas.

La complicidad de los medios

Ahora bien, los medios de comunicación son otra parte de la ecuación. Estos también son educadores y reproductores de valores en la sociedad, aunque parecen no ser siempre conscientes de ello.

El pasado 3 de julio varios medios dieron a conocer el asesinato de dos mujeres y dos niñas en Tulúa, Valle del Cauca, a manos de la expareja de una de las mujeres y padre de las dos niñas. En el Twitter de Blu Radio Colombia este hecho fue calificado como un “crimen pasional”.

Aún ocho años después de nombrar el feminicidio en Colombia y de que los medios contaran con la información precisa del autor del crimen y su relación con las víctimas, además del antecedente de la denuncia por violencia intrafamiliar que interpuso la madre de las niñas antes de ser asesinada, la redacción de este medio informó que se trató de “un crimen pasional”.

Esta no es una acción de ingenuidad o simple ignorancia, sino de una abierta resistencia a la ley.

El delito de uxoricidio, el derecho del marido a agredir a una mujer hasta asesinarla por presumirla adultera, o a su supuesto amante, fue consagrado en el código penal colombiano en 1938, en el artículo 382. Este derecho se extendía al padre, madre y hermanos de la mujer infiel a quienes también se les reconocía la potestad de infligirle lesiones personales hasta la muerte.

En este caso la pena podría reducirse desde la mitad hasta las tres cuartas partes, incluso se consideraba como atenuante la ira y el intenso dolor por la ofensa y podía otorgársele el perdón judicial y eximirse de cualquier responsabilidad al agresor.

La figura del uxoricidio estuvo vigente hasta 1980, pero el atenuante de la ira e intenso dolor sigue en pie y es usado para justificar la violencia contra las mujeres. El uxoricidio es el origen del mal hábito de llamar “crimen pasional” al feminicidio. Fue erradicado del código penal desde hace casi 50 años, pero no del imaginario colectivo.

En esa resistencia de juristas y periodistas por llamar al feminicidio por su nombre se reciclan viejas ideas con respecto al supuesto derecho de los varones, en su conjunto, a castigar a través de la agresión el supuesto “mal comportamiento” de las mujeres para mantener el orden sexual/social.

Con esta resistencia reafirman la desigualdad y perpetúan la catalogación de estos crímenes como “inexplicables, incomprensibles, excepcionales y producto de la locura de hombres enfermos o  monstruosos”, ocultando lo que en realidad son: producto de prácticas sociales concretas, históricas y perfectamente identificables que podrían erradicarse, si existiera la voluntad real de hacerlo.

Desde su perspectiva, es mejor seguir contando muertas, una tras otra, de forma desarticulada y aislada porque en ese ocultamiento hay un propósito: enseñarle su vulnerabilidad a las mujeres, la necesidad de permanecer en lugares seguros bajo la protección masculina, a no salir con extraños, no sonreír en la calle, no aceptar unos tragos, no usar falda corta, no ser infieles y un interminable etcétera.

En últimas, son historias de terror reales, con moraleja incluida, que tienen como fin lograr que las mujeres y niñas se ciñan a una moral sexista que restringe su libertad individual.

Un cambio de paradigma urgente

Estos sucesos no son lejanos a la vigilancia que ejerce la policía de la moral en Afganistán o de las decisiones sobre las mujeres de la ayatola en Irán, pero preferimos pensar que las nuestras sí son acciones civilizadas y justas.

No deja de ser paradójico que como sociedad invirtamos todo el esfuerzo en responsabilizar a las mujeres por su propia seguridad y sobrevivencia y no hagamos casi nada para enseñarle a niños y hombres que ellas no son un objeto de su propiedad, sino humanas, ciudadanas y sujetos de derecho, lo cual podría dar resultados más esperanzadores para prevenir los feminicidios.

En últimas, son historias de terror reales, con moraleja incluida, que tienen como fin lograr que las mujeres y niñas se ciñan a una moral sexista que restringe su libertad individual.

Estas prácticas sociales de reproducción del orden de género siguen estando encaminadas a perpetuar esa injusticia existente, para luego sorprenderse con el aumento de las cifras de feminicidios. ¿Cómo obtendríamos un resultado distinto si no cesamos de fortalecer la raíz de esa violencia?

En España, en pleno 2023, el partido político Vox se opone públicamente a las políticas de erradicación de la violencia contra las mujeres e insiste en llamarla violencia intrafamiliar, como si el interior de la familia fuera el único escenario de las violencias machistas. “La violencia no tiene género”, repiten en abierta contradicción con los estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres.

Unos y otros se oponen a lo que han llamado “la ideología de género” o “lobby queer” para referirse con absoluto desprecio a las reivindicaciones de reconocimiento de derechos humanos del movimiento feminista y de las disidencias de sexo/género. El mismo desprecio que desde tiempos inmemoriales han reproducido para deshumanizar mujeres, niñas y transgresores de la heteronorma.

Pequeñas, grandes, abiertas o encubiertas resistencias al avance social de poblaciones marginadas del poder durante siglos.

No nos engañemos, no estamos frente a eventos esporádicos y desafortunados de unos periodistas o jueces recalcitrantes o ignorantes, sino ante la más agresiva reacción de sectores ultraconservadores y supremacistas masculinos que harán lo que sea para perpetuar lo que ellos llaman “su cultura”.

Para las mujeres estas décadas serán decisivas, o logramos arraigar los avances jurídicos como valores y sentidos políticos y éticos colectivos, o nos regresarán al silenciamiento del mundo doméstico. De ese tamaño es nuestro desafío.

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Lea en Razón Pública: Los cuentos que nos siguen contando sobre el feminicidio

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Monica Godoy

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Monica Godoy

*Antropóloga, maestra en estudios de género, defensora de derechos humanos, feminista.

Foto: Twitter: Fiscalía

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Culpabilizar a la víctima y justificar al victimario. Estos han sido los sesgos y los daños que resultan de la mala cobertura mediática del asesinato de Valentina Trespalacios.

Mónica Godoy*

El caso de Valentina Trespalacios

Durante las últimas semanas ha estado en el centro del debate público la muerte de Valentina Trespalacios, asesinada presuntamente por su pareja, el estadounidense John Poulos el 22 de enero.

John Poulos se encuentra en poder de las autoridades y enfrentará un juicio por los cargos de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Muchos detalles de este crimen, tal vez demasiados, se encuentran a disposición del público, y por eso no voy a repetirlos.

Más bien, el propósito de este artículo es reflexionar sobre las prácticas de los medios de comunicación al informar sobre la violencia contra las mujeres y los efectos que estas tienen en su percepción y valoración social. Para ello analizaré algunos aspectos del cubrimiento del feminicidio de Valentina Trespalacios.

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Las malas prácticas de los medios

En unos pocos días la discusión sobre este crimen en las redes sociales pasó de las manifestaciones de indignación colectiva y de la exigencia de justicia, a variadas justificaciones del crimen, la exposición de la vida íntima de la víctima y a las voces de apoyo al presunto asesino que van en aumento.

Según dicen, él fue una víctima de la infidelidad de una “mala mujer” y cometió un error. ¿Pero cómo llegamos a ese punto de la discusión?, ¿esta manera de entender un feminicidio tiene relación con la forma como algunos medios lo han abordado? Un crimen que se convierte en un espectáculo envía mensajes moralizantes, pero ¿a quiénes van dirigidos?

La asimetría entre las mujeres latinas, de países empobrecidos, jóvenes, de sectores populares y con ganas de conocer el mundo, produce un perfil llamativo para hombres dominantes y abusivos de países desarrollados, con poder adquisitivo que quieren relaciones de subordinación y posesión que sus propias connacionales no aceptarían con facilidad.

Foto: Secretaría de Participación y Desarrollo Social Cartagena - Las mujeres latinas de sectores populares son un perfil llamativo para hombres abusivos que buscan relaciones de subordinación y posesión.
Pensaríamos, en un primer momento, que debería ser un llamado contundente contra la violencia hacia las mujeres, una reflexión sobre la construcción social de la masculinidad y su relación con el ejercicio de la fuerza, o bien, un análisis sobre las posibles reacciones agresivas a la frustración y la necesidad del autocontrol. Pero no ha sido así.

A continuación, expondré los puntos que me resultaron críticos de las prácticas informativas de este crimen y que fueron comunes en varios medios.

Primero, el énfasis en que Valentina Trespalacios conoció a su pareja a través de redes sociales. Aunque esto es un hecho, la información sobre la forma como ambos se conocieron no es importante para entender su asesinato. Existen más casos de feminicidio por parte de parejas o exparejas que se conocen de la manera tradicional, es decir, cara a cara: en el trabajo, en el barrio, en la iglesia, incluso, algunos feminicidios son cometidos después de muchos años de convivencia.

Entonces, ¿cuál es el mensaje moralizante que subyace en el énfasis de esta información? Una justificación: la asesinaron por salir con alguien que conoció en Internet. Esto es una advertencia para que las mujeres no usen la red con fines de emparejarse. Alimenta el prejuicio, sin sustento, que valora las relaciones virtuales como más inseguras que las personales y esconde una realidad: ambas pueden ser violentas.

Segundo, la perspectiva de plano cerrado sobre la historia de Valentina Trespalacios y John Poulos como un caso de violencia puntual. Este encuadre no permite comprender el feminicidio como resultado de la desigualdad de poder en las relaciones entre hombres y mujeres, es decir, la noticia no es abordada desde un enfoque de género. Esa diferencia de poder se manifiesta en la capacidad adquisitiva, fuerza física, nacionalidad, sexo/género, edad y posibilidades económicas y de vida.

La asimetría entre las mujeres latinas, de países empobrecidos, jóvenes, de sectores populares y con ganas de conocer el mundo, produce un perfil llamativo para hombres dominantes y abusivos de países desarrollados, con poder adquisitivo que quieren relaciones de subordinación y posesión que sus propias connacionales no aceptarían con facilidad.

Este es el contexto de desigualdad que enmarca no solo este feminicidio sino otros delitos como la trata internacional de mujeres con fines de explotación sexual y el matrimonio servil. Ahora, gracias al pronunciamiento de la exesposa de John, Ashley Poulos, sabemos con certeza que él tenía antecedentes de abuso y violencia contra las mujeres mucho antes de conocer a Valentina Trespalacios.

La mayoría de medios de comunicación en vez de brindar información útil para comprender la desigualdad social y sus efectos visibles, novelizaron el crimen a través de una narración sensacionalista centrada en detalles escabrosos y donde el presunto asesino y su víctima son unos personajes.

El mensaje moralizante que esa perspectiva de plano cerrado produce es otra justificación: a Valentina Trespalacios la asesinaron por tener ambiciones y por querer a una pareja extranjera con recursos. Según esta visión, las mujeres debemos carecer de cualquier ambición terrenal y humana, ser humildes, sencillas y buenas para evitar que nos asesinen nuestras parejas. Y si ellos nos matan, por algo será.

Tercero, y el “por algo será”, no tardó en aparecer en los medios de comunicación y en las redes sociales: el escrutinio de la vida sexual de la víctima. La exposición pública de la posible infidelidad de Valentina Trespalacios, detalles sobre sus anteriores relaciones y el oficio como DJ en entornos de bares y discotecas, circuló como si fuera una explicación lógica y razonable a su feminicidio.

Una lógica basada en la idea de que el cuerpo de las mujeres es propiedad de su pareja y debe ser controlado y usado de manera exclusiva por él. Cualquier ejercicio de autonomía corporal, emocional o sexual de las mujeres puede ser un detonador de violencia feminicida aceptada por la sociedad en su conjunto.

Sumado a lo anterior, hubo una amplia circulación de fotografías de la víctima que alimentaron una mirada hipersexualizada hacia ella. Entonces, conviene preguntarse de nuevo cuál es el mensaje moralizante de ese interés en la intimidad de la víctima. Otra vez, se trata de una justificación: las mujeres que son infieles pueden correr el riesgo de ser asesinadas.

Es decir, este tipo de violencia tiene un fin correctivo, es un castigo por un pecado y los hombres siguen teniendo esa potestad sobre nosotras. Esto nos lleva a la evidencia de que en esta sociedad las mujeres estamos aún exiliadas de la noción de humanidad. Por eso, como no humanas o infrahumanas podemos ser mutiladas, cortadas, ahorcadas, quemadas o echadas a la basura, como quien destroza y bota una muñeca que le salió defectuosa.

Un patrón que no deja de repetirse

El abordaje en los medios de comunicación del feminicidio de Valentina Trespalacios fomentó su revictimización y la simpatía hacia el presunto asesino por “hacerse respetar”.

Los feminicidios o el acoso sexual no son delitos únicamente: son la manifestación violenta de la deshumanización de las mujeres. Un feminicidio o la violencia sexual no tienen justificación alguna, poseen unas causas y la principal es la desigualdad de poder entre hombres y mujeres.

Por las redes sociales no han cesado los chistes y las burlas hacia ella y su familia, los mensajes de comprensión y solidaridad con John Poulos y las voces de respaldo a este ejercicio de violencia brutal. Estas personas defienden un orden de género, una moral, una jerarquía y unos privilegios que tienen su origen en la supremacía masculina.

Estas malas prácticas informativas se repiten cada vez que sucede un crimen de odio contra las mujeres. Es un patrón narrativo que perjudica a las víctimas de violencia y perpetúa la tolerancia social con este tipo de crímenes.

Basta recordar el cubrimiento del feminicidio de Rosa Elvira Cely, en mayo de 2012, que dio origen a la Ley 1761 de 2015. En algunos medios se le culpó a ella por salir a tomar una cerveza con su compañero de estudio.

También hubo revictimización desde las instituciones, el área legal de la entonces Secretaría de Gobierno de Bogotá sacó un documento que hacía responsable a Rosa Elvira Cely de su propio feminicidio. El mismo patrón narrativo emerge en el debate público cuando se conocen los testimonios de otros delitos cuyas principales víctimas son las mujeres.

Hace poco tiempo varias periodistas dieron a conocer las experiencias de presuntos acosos sexuales y tentativa de acceso carnal por parte de Víctor de Currea Lugo, designado como embajador de Colombia en Emiratos Árabes. De manera veloz salieron las voces en defensa de este profesor, descalificando a las denunciantes como partícipes de una conspiración política y señalándolas de realizar una supuesta “cancelación cultural”. Esto no puede seguir sucediendo.

Los feminicidios o el acoso sexual no son delitos únicamente: son la manifestación violenta de la deshumanización de las mujeres. Un feminicidio o la violencia sexual no tienen justificación alguna, poseen unas causas y la principal es la desigualdad de poder entre hombres y mujeres.

Es una responsabilidad de los medios de comunicación dejar de calificar estas violencias como “crímenes pasionales”, o bien, como “cancelaciones culturales” en las denuncias de acoso. Deben abstenerse de narrarlas como si fueran novelas policíacas e informar desde un enfoque de género, sin sensacionalismos ni estereotipos sexistas. Su papel es fundamental en la transformación de la cultura machista y en la creación de conciencia social en equidad de género.

Los medios no pueden seguir asesinando moral y simbólicamente a las mujeres víctimas de feminicidios o de otros tipos de violencia. La justicia también exige el respeto colectivo a la memoria de las víctimas y a la palabra de las sobrevivientes.

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Monica Godoy

Escrito por:

Monica Godoy

*Antropóloga, maestra en estudios de género, defensora de derechos humanos, feminista.

ISSN 2145-0439

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