María Emma Wills, autor en Razón Pública
Foto: Presidencia de la República

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Esta vez los movimientos sociales y la ciudadanía en las calles decidieron la elección del presidente. Es una oportunidad histórica para enriquecer nuestra democracia, pero también es un riesgo para nuestra democracia. Esta es la encrucijada de Colombia.

María Emma Wills O*

Un momento de esperanza

La elección de Gustavo Petro tiene muchos significados para un país como Colombia.

Además de dejar en claro que la izquierda puede alcanzar los más altos cargos del gobierno nacional por la vía electoral, muestra la posibilidad de que la protesta social se transforme en una manifestación en las urnas a favor del cambio.

Los movimientos que componen el Pacto Histórico, los jóvenes que salieron a protestar y después votaron por su candidato, y los ciudadanos y ciudadanas que lo respaldaron, esperamos, ojalá, que los nuevos gobernantes “no nos fallen”. Muchas son las esperanzas puestas en lo que alcancen a cumplir en estos cuatro años el nuevo presidente, su gabinete y su bancada en el Congreso.

Economistas de distintas vertientes ya han señalado que Petro asume cuando la “olla está raspada” y la economía mundial se encuentra en recesión. A estos desafíos que fiscales para el nuevo gobierno, se suman otras turbulencias de índole más política que también afectan el arte de gobernar.

La movilización como fuerza de democratización

Cada tanto tiempo, las democracias atraviesan momentos tumultuosos.

Las personas se toman las calles para vocear reclamos e indicar su frustración.  Con estas manifestaciones, los partidos, encargados de representar los intereses y esperanzas ciudadanas, muestran sus límites. Por la fractura en la representación entre partidos y ciudadanía, la gente decide manifestarse y llevar a la esfera pública lo que los partidos han sido incapaces de recoger y transformar en agenda de gobierno.

La movilización social es entonces un mecanismo para ensanchar la democracia e introducir agendas que los partidos y las instituciones han optado por ignorar.  En ese sentido, la participación en las calles, plazas o veredas hace parte del juego democrático porque muestra otros canales para hacer valer la voz ciudadana: aquí estamos, aquí existimos, aquí enunciamos los derechos y las nociones de buena vida que nos constituyen.

Las protestas envían mensajes contundentes a los partidos y a los gobernantes y proponen nuevos valores y nuevas maneras de entender viejos derechos.  Se constituyen así en escuelas políticas para sus integrantes y en fuerzas históricas para incidir en los destinos de una nación. Quienes los componen manifiestan su voluntad, no de mirar pasivamente, sino de hacer historia.

Así lo han hecho por ejemplo los movimientos feministas, sean los sufragismos de comienzo de siglo XX o los más contemporáneos; o los movimientos de los trabajadores reclamando los derechos a un trabajo y una vida digna; o las corrientes ambientalistas y los organizaciones étnicas que han cambiado nuestras nociones sobre la trilogía desarrollo, civilización y naturaleza, y han reclamado un trato cuidadoso y justo para ríos, páramos, mares y selvas y para todos sus habitantes; o las movilizaciones recientes en Chile o aún en Colombia donde convergen distintos sectores alrededor de proyectos de sociedad más integradores.

En los casos anteriores, el destino de estos esfuerzos organizativos ha culminado en olas de democratización que han expandido derechos y formas de comprender la vida en común. Pero éste no es necesariamente siempre el caso.

Los límites de la movilización y la participación

A los tiempos de la imaginación social en las calles, le sigue luego un momento de gobernanza. Se trata de traducir a los campos normativos, legales y de las políticas públicas, las esperanzas y reclamos expresados por las gentes en la esfera pública.

A veces esa traducción exige varios intentos, o nunca llega, o vive olas de avance y de repliegue, o da lugar a épocas oscuras cargadas de enormes sufrimientos.

Por ejemplo, el derecho a decidir libremente sobre la maternidad arduamente conquistado por las mujeres en Estados Unidos recibió un golpe artero con el nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia mientras, en Colombia, Causa Justa logró un salto significativo hacia adelante cuando la Corte Constitucional expidió una nueva sentencia que despenaliza el aborto hasta la semana 24.

En otras ocasiones, después de enormes sacrificios y luchas, una movilización enfocada en un cambio de régimen termina inesperadamente en un lugar autoritario, como ocurrió con la primavera árabe en Egipto o, por el contrario, como en Chile, con una apertura, una constituyente y un cambio de gobierno.

Estos distintos ejemplos hacen palpable la enorme indeterminación del mundo político en épocas de turbulencia y ponen de manifiesto que, en estos períodos de movilización social, “se hace camino al andar”.

El resultado no solo depende de la fuerza acumulada y la habilidad de los liderazgos sociales. El punto de culminación también surge de los reconocimientos que los liderazgos sociales otorguen a las instituciones y a los políticos, a los funcionarios y a los expertos en los campos jurídicos, económicos y culturales, y a su capacidad de urdir alianzas y acumular fuerzas con ellos. Es decir, depende de los procesos de articulación política fraguados con esmero en el día a día de las dinámicas de la movilización social y la representación política.

Petro y la movilización ciudadana
Foto: Facebook: Gustavo Petro - A Petro le toca navegar esas tensiones y alcanzar lo que él proclama: el diálogo y la complementariedad entre las dimensiones participativas y representativas.

La paradoja democrática

Las movilizaciones son alimentadas por reclamos no atendidos por partidos e instituciones, y pueden culminar tanto en avances democráticos como en lugares oscuros y tristes.

Paradójicamente, para que la indeterminación política desatada por las movilizaciones no desemboque en situaciones autoritarias, las mismas instituciones que han dado lugar a la frustración y al reclamo tienen que ser protegidas, rodeadas, robustecidas y orientadas para que efectivamente respondan a las expectativas ciudadanas. Es decir: tienen que mostrar su mejor cara.

Son esas instituciones laboriosamente decantadas en luchas y reflexiones las que pueden por un lado proteger el pluralismo social, cultural y político que distingue la democracia de otros regímenes, y por otro, bajo un liderazgo con buen tino, responder a los reclamos ciudadanos.

Pero la movilización puede también encausarse hacia la destrucción o la suplantación tanto de las instituciones como de la dimensión representativa de la democracia. En casos así, la dinámica tiende a culminar en democracias iliberales –sin separación de poderes, sin Estado de derecho, sin garantías para el disenso— o en regímenes abierta o solapadamente autoritarios, como ha ocurrido en distintos países del mundo.

Los dilemas de Petro

Por su experiencia como congresista y como alcalde, Petro entiende que entre el momento de enunciación de una agenda de cambio y su concreción, existen múltiples mediaciones y transacciones. Por esa razón, lograr convergencias toma su tiempo y exige el difícil arte de transar sin perder el norte. El presidente sabe que en su ruta hacia la cristalización de su agenda va a encontrar escollos, a veces marrulleros y legalistas; otros abiertos y argumentados; y unos cuantos solapados y poderosos.

Para navegar esas oposiciones, tiene algunas ventajas: unas fuerzas importantes en el Congreso y una capacidad de argumentación asombrosa. Sabe cuál es su norte y lo enuncia con diáfana claridad.

También, en reuniones recientes, ha anunciado que para afrontar esas oposiciones va a apelar a la movilización social, como lo hizo en el encuentro que sostuvo con los congresistas de la Alianza Verde luego de su victoria electoral y unos días después, en la ceremonia de posesión étnica, popular y espiritual el 6 de agosto en Bogotá. En esta ocasión, afirmó que él, su “Presidente […] los convoca a organizarse” e invitó a los allí presentes a “unificar [al pueblo] en medio de la diversidad, a conectarlo, a conectarse entre sí… para lograr poder, porque el poder no es solamente ese escritorio que está allá en esa oficina sin ventanas que es la oficina del Presidente. El poder está es aquí. El poder es la misma sociedad en su base…”.

Más adelante, en esa misma intervención, Petro reconoció que las dos lógicas, la participativa y la representativa, deben conservar su autonomía y complementarse sin confundirse.

Sin embargo, como lo muestran los ejemplos históricos mencionados a lo largo de este artículo, alcanzar esa complementariedad no está inscrita en el ADN de las dinámicas movilizadoras.  Depende de lo que los liderazgos sociales, políticos e institucionales tejan en sus encuentros y desencuentros, convergencias y divergencias, acercamientos y rupturas.

En ese mundo heterogéneo de distintos liderazgos, existen corrientes radicales de lado y lado. En el campo de la pro-participación, las corrientes más extremas creen que lo participativo puede suplantar o hundir lo representativo, mientras, en el otro extremo, los pro-representación más drásticos sospechan de la participación ciudadana en las calles y buscan regularla y domesticarla, así sea recurriendo a la fuerza, como lo vimos en la explosión social bajo el gobierno Duque.

En medio de esas aguas tumultuosas, a Petro le toca navegar esas tensiones y alcanzar lo que él proclama: el diálogo y la complementariedad entre las dimensiones participativas y representativas. Esperemos que él y su equipo más cercano así como su fuerza política, atinen a proteger ambas lógicas, sin sacrificar ninguna, para que el país avance hacia la paz total de la mano de y no a costa de la democracia colombiana.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Foto: Radio Nacional - un voto en blanco, en estas circunstancias, pasa por alto los indicios que tenemos de que uno de los candidatos pone seriamente en riesgo el propio sistema democrático.

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Uno de los dos candidatos a la presidencia está más dispuesto a respetar las reglas de nuestra democracia. Por sus obras los conoceréis: aquí están esas obras.

María Emma Wills*

La decisión

En este momento decisivo para el futuro de Colombia, algunos colegas, amigos y familiares, se inclinan por votar en blanco en la segunda vuelta. Están en todo su derecho.

Pero quiero aportar a la conversación exponiendo los argumentos y las evidencias que me llevan a pensar que un voto en blanco, en estas circunstancias, pasa por alto los indicios que tenemos de que uno de los candidatos pone seriamente en riesgo el sistema democrático.

La democracia: Un frágil equilibrio

Suena a verdad de Perogrullo que casi todos los políticos se inclinan a acaparar el poder y a aferrarse a mantenerlo. Por eso, para contrarrestar esas inclinaciones, intelectuales provenientes de distintas tradiciones han imaginado unas reglas de juego, valores e instituciones democráticas que buscan poner en cintura esas tendencias.

Pero aunque suponemos que el canon democrático es coherente y estable, en realidad es un precario equilibrio entre dos tradiciones de pensamiento muy distintas que en cualquier momento se puede romper.

  • Por un lado, las democracias se alimentan de las tradiciones comunitarias conservadoras o marxistas que ponen el énfasis sobre la cohesión de una comunidad orgánica. Estas dos tradiciones acentúan el pilar de la soberanía popular expresada en las urnas y en un movimiento político o social que actúa como una fuerza homogénea.
  • Por otra parte, la democracia se nutre del pensamiento liberal que auspicia la separación de poderes, los derechos políticos y sociales individuales, y el pluralismo representado en la existencia de distintos partidos y en un sistema electoral que garantiza el relevo de los gobernantes.

Cuando la democracia se inspira en una sola de estas tradiciones y sacrifica la otra, el régimen político se desliza en una de dos direcciones a saber:

  • O entra en una deriva autoritaria, de la mano de un caudillo que pretende encarnar el querer mayoritario,
  • O entra en un caos de «sálvese quien pueda» cuando acentúa un individualismo a ultranza que liquida la posibilidad de imaginar lo público como el lugar donde la ciudadanía acuerda, vía debate, una acción en común.

Un recorderis histórico

Durante el siglo XX fuimos testigos de quiebres de la democracia tanto en Europa como en América Latina que sacrificaron la vertiente liberal y se apoyaron exclusivamente en el principio de la soberanía popular.

En Alemania —¡quién lo va a olvidar! — Hitler llegó al poder gracias al voto popular; Franco orquestó un golpe militar contra la República Española que resultó en Guerra Civil y después en dictadura; y Mussolini, apoyado por  el movimiento paramilitar de camisas negras y el partido nacional fascista, llegó igualmente al poder en Italia.

Estas tres rutas culminaron en la instauración de regímenes totalitarios. Los líderes acapararon el poder: cierre del Congreso, desaparición de jueces independientes, control de la prensa y de la educación, propaganda taladrando una única manera de pertenecer a la comunidad, y vigilancia permanente de la policía y de cuerpos paramilitares.

Estos regímenes, por lo demás, lograron instaurarse con el apoyo de la alta jerarquía de las iglesias católica o protestante, de los terratenientes y de los grandes empresarios y banqueros alemanes, españoles o italianos. Fueron no solo antidemocráticas sino además abiertamente pro-statuo quo, a pesar de que todos habían prometido un cambio favorable para la comunidad orgánica que decían  encarnar.

Por otra parte, y en medio de la I Guerra Mundial, en Rusia se produjo una revolución en nombre de los desamparados. Despuésde de muchos ires y venires y de sangrientas pugnas internas, el estalinismo copó los altos cargos del Estado y los órganos de seguridad, e instauró una sociedad vigilada y controlada por el miedo. Pero esta vez, a diferencia de lo acontecido en Alemania, Italia y España, estos procesos culminaron en un cambio de la elite gobernante y en nuevas estructuras sociales y económicas. Estas transformaciones se alcanzaron de la mano de purgas, Gulags infames y enormes sufrimientos.

La pregunta de fondo es cuál de los dos candidatos, Petro o Hernández, está más dispuesto a respetar las reglas del juego democrático.

Foto: Wikimedia Commons - Las elecciones en Colombia ocurren entonces en un momento donde las democracias se encuentran bajo fuego.
Esos años también fueron convulsos en América Latina. Los procesos de urbanización e industrialización y la emergencia de una clase obrera implicaban ampliar la representación en el mundo político. En muchos países de la región, esta búsqueda asumió la forma de movimientos populistas que dieron presencia pública a un nuevo actor, el pueblo; fortalecieron las organizaciones sindicales y extendieron los derechos laborales. Esta vez el cambio impulsado por estos populismos fueron de corte reformista-democratizador, pero al cabo del tiempo estos regímenes terminarían en manos de un sector que buscaba controlar las distintas expresiones a través de sus organismos de seguridad ahogando el pluralismo que irriga el mundo social, incluido el popular.

Como se puede ver, cambios hay de todo tipo, unos en favor del statu quo, otros reformistas o aún revolucionarios. Algunos de sus protagonistas han llegado al poder por la vía electoral, pero todos, cuando abandonan los pilares y los valores democráticos, culminan tarde que temprano en regímenes de control y vigilancia social, cultural y política.

Ahora bien, últimamente, hemos visto el surgimiento de regímenes híbridos que combinan lo peor de las tendencias comunitarias con lo peor de los liberalismos individualistas. Han surgido caudillos que hablan en nombre de las masas desposeídas; se levantan contra la separación de poderes; despotrican de lo público; promueven el individualismo radical y las lógicas crudas del mercado; y recogen en las urnas apoyos mayoritarios. Aunque cuenten con amplio respaldo sociales, arruinan el frágil equilibrio entre las dos tradiciones que nutren las democracias modernas y destruyen el lugar de lo público. Lo más inquietante del asunto es que una vez llegan estos líderes-caudillo al poder y desmantelan los pilares democráticos, una vuelta atrás es difícil de lograr.

Por sus obras los conoceréis

Las elecciones en Colombia ocurren entonces en un momento cuando las democracias se encuentran bajo fuego. De aquí que la pregunta de fondo es cuál de los dos candidatos, Petro o Hernández, está más dispuesto a respetar las reglas del juego democrático. Creo que la respuesta a esta inquietud debe surgir de un análisis de sus respectivas trayectorias.

Empecemos por Petro. Nadie puede negar que, en sus orígenes, fue miembro de una guerrilla que violó abiertamente las reglas del juego democrático. Pero una vez que el M-19 se desmovilizó y participó como AD-M19 en la Constituyente de 1990, Petro dio comienzo a una carrera política adhiriendo a las reglas democráticas: compitió en elecciones y lo hizo a nombre de fuerzas políticas organizadas.

Petro ha sido Representante a la Cámara, Senador y varias veces candidato presidencial. Ha asistido a debates, ha confrontado a sus opositores, ha desenmascarado alianzas nefastas (paramilitares) y nefastos actos de corrupción. Fue alcalde electo de Bogotá. Cuando el procurador Ordoñez lo destituyó, tuvo un lapsus populista convocando a las masas a la plaza de Bolívar, pero acató la decisión y optó por la vía judicial para impugnarla.

Hoy el Pacto Histórico cuenta con la más alta representación de la izquierda en el Congreso, pero no constituye una mayoría con la que pueda gobernar solo.  Esto lo obligará a transar y buscar acuerdos con corrientes afines pero distintas.

Sus críticos lo acusan de hacer una oposición desleal, de ofender a sus contrincantes, y no perdonan las ofensas. No tengo la menor duda que Petro ha sido así y que por eso se ha fraguado tantas enemistades entre quienes podrían, por ideas, ser parte del Pacto Histórico. Pero ese talante no lo ha llevado a proponer soluciones contrarias a las reglas democráticas.

Hernández, por su parte, ha hecho su carrera en política como un antipolítico: no gusta de los partidos y su Liga de Gobernantes Anticorrupción alcanzó apenas dos curules en la Cámara de Representantes. Como alcalde de Bucaramanga despreció y jamás dialogó con el Concejo Municipal, el órgano democrático por excelencia en el nivel local, y cuando fue investigado por la procuraduría, dejó botado el cargo.

Su arrastre electoral innegable se basa en una estrategia comunicativa que resuena entre muchas personas. Al mismo tiempo que acumula votos, expresa su desprecio por las instituciones de raigambre liberal.

Como no tiene partidos ni representación en el Congreso, ya anunció que apelará a la conmoción interior para gobernar por decreto.  Es decir: desconociendo la separación y el equilibrio de poderes y anunciando abiertamente su preferencia por las vías autoritarias.

Por último, aunque los hábitos y protocolos del debate democrático civilizado han sido usados para descalificar las tradiciones populares y encerrar la política en un mundo elitista masculino y letrado, también representan la posibilidad de un trato amigable entre opositores. Este trato cortés entre rivales es indispensable para que este país transite de la acción violenta a una política democrática. Los gobernantes, con su ejemplo, autorizan.

La trayectoria de Petro muestra en cambio un compromiso con la democracia, aceptando las reglas de la competencia electoral, la formación de partidos, el estado de derecho y la existencia de instituciones como el Congreso. Acepto: Petro es una figura antipática, pero no antidemocrática.

Por el momento, el ejemplo que da Hernández con sus vociferaciones, cachetadas y amenazas soeces, –“¡le pego su tiro hp!”— anuncian un camino que no lleva a ese trato cortés entre distintos. Más bien convierten la figura del viejo patriarca enardecido en el ejemplo a seguir. Las formas que usa un gobernante para tratar a sus contendores, es en estas circunstancias también el fondo.

Puede leer: Rodolfo Hernández: el bueno, el malo y el solitario

A los equilibristas que van a votar en blanco

Si. Cierto. Rodolfo Hernández y Gustavo Petro representan el hastío con la manera cómo hemos sido gobernados hasta ahora.

Ambos hablan de cambio, pero ese cambio puede ser muy distinto. Petro y Hernández no representan el mismo tipo de cambio, y tampoco representan los mismos peligros para la institucionalidad democrática.

Veo en Hernández los trazos de líderes que, con apoyo popular, han llevado a países de Europa y de América Latina por las sendas de los autoritarismos de todos los pelambres.

Los respaldos populares electorales, aunque fundamentales, no son suficientes para concluir que un liderazgo es de estirpe democrática. Por eso recordé a líderes que, como Hitler, llegaron al poder en hombros de la votación popular para hacer trizas las instituciones democráticas.

La trayectoria de Petro muestra en cambio un compromiso con la democracia, aceptando las reglas de la competencia electoral, la formación de partidos, el estado de derecho y la existencia de instituciones como el Congreso. Acepto: Petro es una figura antipática, pero no antidemocrática.

Invito entonces a votar por Gustavo Petro quien, con su trayectoria, ha demostrado más compromiso con la institucionalidad democrática y representa el cambio de la mano de un proyecto reformista que, como algunos han observado, es más indispensable que nunca para evitar la explosión del volcán, irrupción que nos llevaría, esa sí, por caminos inciertos.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Foto: JEP - A pocas semanas del lanzamiento del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el texto, desconocido aún para la mayoría de colombianos y colombianas, ha sido blanco de duras críticas por cuenta de la renuncia de uno de sus comisionados, el Mayor(r) Carlos Ospina.

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El mayor (r) Carlos Ospina renunció a la Comisión de la Verdad acusándola de parcialización en favor de la guerrilla. En qué consiste la imparcialidad, y qué es lo que los colombianos podemos y debemos esperar del informe que se va a publicar en estos días.

María Emma Wills Obregón*

Una renuncia ruidosa

A pocas semanas del lanzamiento del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CV), el texto, desconocido aún para la mayoría de colombianos y colombianas, ha sido blanco de duras críticas por cuenta de la renuncia de uno de sus integrantes, el mayor(r) Carlos Ospina.

En entrevista con el director del noticiero de RCN, el mayor(r) Ospina acusó de sesgos políticos a la CV y afirmó que este órgano “intenta hacer política” y le está dando la “razón a un sector”.   Es decir: está actuando como correa de transmisión de los intereses de un partido político en particular.

Periodistas de distintos medios aprovecharon la ocasión para exigirle a la Comisión “equilibrio”, “pluralismo” e imparcialidad. Adujeron que solo con una verdad plural puede el informe evitar otros sesenta años de odios y venganzas y contribuir a fomentar la paz.

Pero, ¿en qué consiste una verdad plural? ¿A qué llamamos imparcialidad?

¿Verdad para la reconciliación?

No cabe duda de que el relato que surja de todos estos años de recoger testimonios y contrastar fuentes por parte de la Comisión debe servirnos para comprender nuestro pasado, y conversar y debatir sobre los engranajes que nos llevaron a un conflicto tan violento como prolongado.

En el marco de la justicia transicional, este esfuerzo de esclarecimiento no se emprende por un prurito de conocimiento enciclopédico ni para ser guardado en una torre de marfil, sino para responder a tres derechos:

  • El de las víctimas de saber qué pasó y quiénes son los responsables de lo que pasó;
  • El de la ciudadanía en general, de hacerse a una comprensión histórica que le permita dilucidar las claves de su propio pasado para asumir posturas informadas ante su presente;
  • Y el de la no repetición, en beneficio de todos los hombres y mujeres de Colombia.

En estas circunstancias, la verdad es un prerrequisito para que, al decir de algunas de las víctimas, “otros no sufran lo que nosotros hemos sufrido”. Es decir: el esfuerzo se encamina a que tengamos el acervo de información, datos e interpretaciones para aprender del pasado y desde allí situarnos lúcidamente ante el presente que vivimos; romper la impunidad y los negacionismos; y ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de construir un país distinto.

Pero a veces queda la impresión, sobre todo cuando se apela a la pluralidad y a la reconciliación fuera de contexto, de que ese acervo histórico es sinónimo de “hacernos pasito”; de no incomodar ni a unos ni a otros; de “sumar” verdades así algunas de ellas falsifiquen, escondan o minimicen la gravedad de lo ocurrido y desdibujen las responsabilidades de los perpetradores.

Más allá de esas consideraciones engañosas, esta claro que la Comisión no está para complacer. Su papel en un país que a lo largo de décadas de oprobios y confrontaciones ha borrado las líneas rojas que separan lo admisible de lo inadmisible, es contribuir a que encontremos el compás moral que pedimos hace tiempo.

Y esto no se logra buscando matices que a todos dejen contentos.

la Comisión de La Verdad en colombia
Foto:Twitter: Comisión de la Verdad - El mayor (r) Carlos Ospina renunció a la Comisión de la Verdad acusándola de parcialización en favor de la guerrilla.

Puede leer: Qué ha hecho la Comisión de la Verdad y por qué necesita más tiempo

Las disonancias cognitivas a gran escala

Todos los actores implicados en el conflicto armado, tanto los que portaron emblemas y uniformes como los que desde la sombra y el anonimato dieron órdenes y diseñaron estrategias y políticas, tienden a justificar sus decisiones y las prácticas a las que éstas dieron lugar.

Escuchando los encuentros por la verdad, cualquier persona comprende que todos los actores armados cometieron atrocidades repugnantes, cada uno a su manera. Ninguno se salva; ninguno puede reclamar el lugar de redentor.

A estas justificaciones algunos les llaman “verdades” y reclaman para ellas un lugar en el relato histórico. Pero una justificación está lejos de constituir una verdad. A lo sumo es la racionalización de un actor implicado en unos hechos que en la mayoría de los casos viene de la mano de una negación y un encubrimiento de responsabilidades.

Mal haría la Comisión en convertirse en caja de resonancias de esas mal llamadas verdades negacionistas o justificadoras bajo el argumento de ser pluralista.

Al contrario: la Comisión, con datos en mano, el uso de múltiples fuentes y una contrastación sistemática, debe confrontar esas justificaciones encubridoras y correr el velo para demostrar entramados, complicidades, alianzas y contubernios que llevaron a la violación reiterada de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia.

De la Comisión no esperamos posturas condescendientes sino rigor, solidez de la información e imparcialidad, entendida ésta última “como una virtud intelectual y moral, como aquella capacidad para alejarse de los propios puntos de vista e interesarse por los de los otros, por los de la pluralidad”. Virtud intelectual y moral que podría sintetizarse, según Ricoeur, en la fórmula “ni favor ni cólera”, “ni complacencia ni espíritu de venganza”.

Ahora bien, algunos confunden esa imparcialidad con equivalencias y equilibrios entre distintos actores, borrando con ello las asimetrías de poder que los sitúan en escalas distintas de responsabilidad.

La democracia en juego

Escuchando los encuentros por la verdad, cualquier persona comprende que todos los actores armados cometieron atrocidades repugnantes, cada uno a su manera. Ninguno se salva; ninguno puede reclamar el lugar de redentor.

Pero este reconocimiento de las atrocidades cometidas por unos y otros no puede llevarnos a desconocer preguntas centrales del devenir nacional y en particular una: ¿qué nos dicen las atrocidades cometidas en el marco del conflicto armado por agentes del Estado sobre ese mismo Estado? Y, ¿qué nos dicen ellas sobre el Estado de derecho que constituye el pilar esencial de una democracia robusta?  ¿Contra quiénes actuaron esos agentes estatales? ¿A quiénes defendían? Ante ellos, ¿todas las vidas contaban por igual o hubo unas que contaron más, otras que abiertamente no contaron y aún otras que se volvieron descartables?

Si el “usted no sabe quién soy yo” da cuenta de cómo unos sectores hacen valer su poder para que las autoridades actúen a su favor, en el marco del conflicto armado esta lógica tuvo consecuencias aún más nefastas. Las miradas más verticales entre las élites gobernantes y sociales orientaron y fortalecieron a los sectores estatales más autoritarios, dando lugar a sinergias perversas para enfrentar el desafío guerrillero. Cuando esas respuestas autoritarias no encontraron el aval de las Cortes, recurrieron al proverbio “del enemigo de tu enemigo será tu amigo”, abriendo la compuerta a los paramilitares que desplegaron su sevicia por los territorios.

En todas estas respuestas, lo que nos fuimos feriando los colombianos fue la posibilidad de resolver los conflictos a través de un Estado de derecho democrático y unas burocracias imparciales que se deben con igual ahínco a la protección de la vida y honra de cada uno de sus ciudadanos, sean ellos de estrato cero o de estrato seis; mujeres u hombres; adultos o jóvenes y niños; negros, indígenas o mestizos; heterosexuales o LGBTQ+; campesinos, sindicalistas o altos empresarios; cristianos o ateos; liberales, conservadores o de izquierda.

Hoy, el informe de la Comisión de la Verdad nos puede brindar pistas para recuperar y fortalecer el Estado de derecho y robustecer la democracia de manera que las instituciones nos protejan a todos por igual y nos brinden a todos la posibilidad de llevar vidas libres de miedos, amenazas y violencias. Pero para no desperdiciar esta oportunidad de enmendar el camino, es necesario comprender que señalar las responsabilidades y oprobios cometidos por agentes del Estado no lleva a desconocer las atrocidades de la guerrilla y menos aún a convertir a quien señala estas responsabilidades en un “guerrillero disfrazado de civil”.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Foto: Twitter: Zelensky - La invasión rusa de Ucrania se ha convertido en un punto de inflexión de lo que imaginamos posible.

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Detrás de las explicaciones radicalmente opuestas de la OTAN y de Putin sobre la invasión de Ucrania, hay supuestos erróneos o engañosos que deberán superarse para encontrar una salida aceptable para todos.

María Emma Wills Obregón*

Dos visiones excluyentes

La invasión rusa de Ucrania se ha convertido en un punto de inflexión de lo que imaginamos posible. En medio de la incertidumbre y la perplejidad ante acontecimientos hasta hace poco impensables, se debaten interpretaciones históricas que buscan hacer inteligible lo que ocurre.

En algunos sectores prima el supuesto de que ésta es una batalla entre democracia y autoritarismo, derecho internacional y caos, bien y mal. Es el argumento que se expresa en boca del presidente Biden y de la mayoría de sus aliados europeos. Según esta mirada, la decisión adoptada por los círculos de poder rusos de invadir a Ucrania obedece a un impulso imperialista de vieja data que pone en jaque la seguridad global. Frente a la ruptura de las reglas internacionales de juego, Estados Unidos y sus aliados son los llamados a proteger el orden mundial, idea que se traduce en el apoyo a la resistencia militar de Ucrania, con una inyección de fondos y la imposición de drásticas sanciones económicas a Rusia.

Desde la orilla opuesta, otros sitúan la decisión del presidente Putin y el círculo que lo respalda en un contexto de mediano plazo, donde la invasión fue precedida por gestos desafortunados de  Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, gestos que fueron leídos por la cúpula rusa como amenazantes –la incorporación a la OTAN de cada vez más países vecinos a Rusia— o abiertamente insultantes –el menosprecio con la que fue recibida la propuesta de Putin en el año 2000 de crear una nueva alianza de seguridad que incorporara a la propia Rusia teniendo en cuenta la terminación de la Guerra Fría.

Con la llegada de los tanques rusos a territorio ucraniano y el bombardeo inmisericorde a sus ciudades, las dos posturas anteriores se están endureciendo cada vez más, alimentando una lógica de amigo/enemigo que hace muy difícil desescalar la guerra. En la era de las armas nucleares, este escalamiento lleva a situaciones inciertas que, querámoslo o no, pueden culminar en catástrofes planetarias.

En medio de la impotencia ciudadana –en circunstancias así, las decisiones se concentran aún más en los líderes políticos— quizás la postura más responsable sea la de resistir al guion maniqueo y pensar en lecturas que abran la puerta al desescalamiento del conflicto armado, señalando las grietas que se esconden en cada una de estas posturas.

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Democracia vs. autoritarismos

No me cabe la menor duda que Estados Unidos, aun con sus problemas de racismo estructural y los procesos de concentración de la riqueza que ha vivido en los últimos años, es una sociedad mucho más pluralista y democrática que la rusa. Sin embargo, quienes argumentan que ésta es una batalla a muerte entre democracia y autoritarismo, olvidan que en ese país subsisten esferas que difícilmente se someten al escrutinio público y a la rendición de cuentas, dos pilares indiscutibles de la democracia.

Quizás la postura más responsable sea la de resistir al guion maniqueo y pensar en lecturas que abran la puerta al desescalamiento del conflicto armado.

En particular, el sector seguridad ha mostrado que no está dispuesto a someterse a las reglas de la transparencia que exige el canon democrático. Basta recordar cómo el Pentágono y las agencias de seguridad de Estados Unidos, con la aquiescencia de presidentes republicanos y demócratas, escondieron deliberadamente a la opinión pública informes que alertaban sobre la imposibilidad de que ellos ganaran la guerra en Vietnam. Sólo después de que muchos jóvenes fueran sacrificados en esa guerra sin futuro, los ciudadanos y las ciudadanas se enterarían de la existencia de estos análisis, gracias a la valentía de quienes trabajaron en ellos y a periódicos independientes que tuvieron la entereza de publicarlos.

Esto, para no mencionar la implicación de organismos de seguridad norteamericanos en operaciones encubiertas en distintos países, que nunca se hicieron públicas y no fueron sometidas a controles y contrapesos.

Así que frente a quienes sostiene que esta guerra confronta a limpias democracias y sucios autoritarismos, habría que recordar, y sí que los sabemos los latinoamericanos, que aún Estados Unidos con sus fortalezas democráticas, no escapa al hecho de que en los entramados que configuran sus aparatos estatales, existen áreas opacas, reticentes a la rendición de cuentas y a la deliberación pública.  En otras palabras, hoy sabemos que entre regímenes democráticos e instituciones estatales existe un difícil matrimonio, atravesado de discordias.

La invasión de Ucrania 2022
Foto: Twitter: Zelensky - La guerra se ha convertido en un propósito nacional respaldado por miles de ciudadanos de un lado y otro de las fronteras.

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El llamado patriótico de Putin y la guerra como constructora de nación

Con el fin de justificar la invasión, Putin ha argumentado que Ucrania no existe y que es una ficción inventada por decisiones erradas de algunos líderes que lo antecedieron. La Madre Rusia, la que proviene de un pasado glorioso, reclama sus orígenes, y esos orígenes, según el líder ruso, se encuentran en los territorios ucranianos.

Sin embargo, Putin olvida que toda nación se funda en la imaginación, una imaginación que, cuando circula de generación en generación a través de políticas y dinámicas sociales de memoria, inspira intensos sentimientos y vínculos de pertenencia.

Lo que la guerra en Ucrania ha puesto en evidencia es que, así como la guerra construye Estados, también sirve para aglutinar naciones. Antes de la guerra se hablaba de un este pro-ruso y un occidente ansioso de pertenecer a la Comunidad Europea. Esta diferencia se expresaba tanto en el idioma dominante en cada región como en las preferencias políticas y los patrones de votación. Pero, si la comunidad imaginada nacional ucraniana era, como toda nación, un frágil consenso de diferencias, con la invasión rusa, el país encontró su destino histórico. Con cada nueva atrocidad, con cada nuevo bombardeo, con cada fosa común que deje el paso del ejército ruso, Ucrania se hace más Ucrania.  El sentimiento nacional, aguijonado en el dolor y la rabia, se ha convertido en patriotismo, es decir en convicción de estar dispuesto a dar o quitar la vida para salvar la patria.

Arrinconar o tender un “puente de oro” (a Golden Bridge)

Aunque la mayoría de jefes de Estado dicen estar actuando para evitar una tercera conflagración mundial, no veo signos claros de esta motivación en las intervenciones de unos y otros.

El drama que rodea la invasión de Ucrania consiste en que a medida que se aleja la posibilidad de una concertación, aumenta el saldo de muertos en combate, asesinados, torturados, masacrados.

Biden en varias entrevistas, ha dicho que Putin es un “carnicero”, un “dictador asesino”, un “matón puro”, apelativos que no hacen sino reforzar la espiral de amigos/enemigos. Por su lado, Putin llama al presidente Zelensky y a su círculo más cercano banda de “neonazis y drogadictos”. Y para cerrar el círculo, el presidente Zelensky se refiere a Putin como un criminal de guerra y a las Fuerzas Militares rusas como genocidas.

Cuando oigo estos lenguajes, como colombiana, sé que ellos no abren la puerta a una negociación sino que alimentan los odios y azuzan el conflicto. Con cada nuevo insulto, cada actor, además de perseguir intereses estratégicos, se juega su honor y su reputación. Al final, solo queda como salida honorable la derrota absoluta del enemigo. Cada bando quiere hacer morder el polvo a su opositor.

Pero cuando los actores enfrentados se preparan genuinamente para una mesa de negociación, intenta construir un “puente de oro” que permita una retirada honorable para todos los contendores.

Pero éste no es el caso. El drama que rodea la invasión de Ucrania consiste en que a medida que se aleja la posibilidad de una concertación, aumenta el saldo de muertos en combate, asesinados, torturados, masacrados.  El horror de la guerra parece incontenible.

Además, lo queramos o no, Rusia es una potencia militar que cuenta con un arsenal de 5977 ojivas nucleares y la OTAN con 5943, cifras estas que deberían llevar a pensar que la estrategia de “arrinconar” al enemigo puede tener costos muy altos, no solo para los directamente involucrados sino para el planeta entero.

La orfandad política del momento

Las voces matizadas que intentan tender puentes son vistas con sospecha. Ni los intelectuales norteamericanos que abogan por desescalar el conflicto, ni los poquísimos ucranianos que se niegan a empuñar las armas, ni los rusos que ven en esta guerra el robo de un futuro para los jóvenes enviados a las trincheras, tienen mayor resonancia en los círculos de poder o en la opinión de los países enfrentados.

Los odios se han tomado las calles. La guerra se ha convertido en un propósito nacional respaldado por miles de ciudadanos de un lado y otro de las fronteras. El ángel de la historia anuncia un futuro en ruinas.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Foto: Twitter: Jorge Rojas - Pero ni la escucha ni la pluralidad son actos inocentes ajenos al poder.

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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) escuchó la versión de algunos exmandatarios y excomandantes paramilitares y guerrilleros, y transmitió en vivo y por sus canales masivos, estos encuentros. El más reciente fue el que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe que, al igual que los anteriores, por el formato que adopta, convierte a la CEV en altoparlante de sus justificaciones.

María Emma Wills*

Una decisión

Contra viento y marea, Colombia entró a finales de 2016 en un proceso de justicia transicional enmarcado en un paradigma que ubica a las víctimas en el centro de todo el esfuerzo institucional: son ellas las que deben ser reparadas integralmente creando escenarios dignos de reconocimiento de sus experiencias, su sufrimiento y sus interpretaciones de lo acontecido.

Quienes adhieren a este paradigma, esperan que las voces de las víctimas, en el centro de la escena pública, conmuevan a una opinión anestesiada por años de degradación violenta; interpelen los discursos justificatorios de quienes estuvieron al frente de las decisiones y estrategias para derrotar al bando enemigo; y contribuyan con sus lecturas de contexto a los procesos de esclarecimiento.

La CEV tomó la decisión de difundir ampliamente a través de sus canales de comunicación las versiones de personas que ocuparon cargos de autoridad y mando dentro de las estructuras estatales, las organizaciones paramilitares o la guerrilla bajo el argumento de que su mandato le exige escuchar a todos los ciudadanos que quieran voluntariamente aportar al esclarecimiento de lo sucedido.

En nombre de la imparcialidad y la pluralidad, la Comisión abrió sus puertas y sobre todo sus medios de transmisión masiva a las versiones del expresidente Juan Manuel Santos, Salvatore Mancuso, Rodrigo Londoño, y más recientemente el expresidente Álvaro Uribe.

Pero ni la escucha ni la pluralidad son actos inocentes ajenos al poder.

Con la mejor voluntad, los y las comisionadas se están prestando a la legitimación pública de las voces poderosas que, sin interpelación de las víctimas, exponen sus discursos heroicos, esos que la Comisión justamente tiene el mandato de ayudar a impugnar públicamente.

Puede leer: Santos dice su verdad sobre los falsos positivos: ¿dijo poco o dijo mucho?

La racionalización del pasado y su impudicia

Durante años, los colombianos y las colombianas fuimos bombardeados a través de los medios y las redes sociales de las racionalizaciones discursivas de los bandos enfrentados, esas que pretenden otorgar legitimidad a los repertorios de violencia degrada que ellos han usado. Gracias a este taladrar cotidiano las justificaciones cerradas y totales se instalan en distintos públicos con la consistencia de verdades inobjetables.

El mecanismo de disonancia cognitiva que explica las distorsiones de la realidad que operan en la psiquis de los grandes perpetradores para vivir con la carga de sus actos, se convierte a través de esa reiteración cotidiana en un proceso de envergadura social: cada burbuja, atada a las cadenas de sus adhesiones políticas, es incapaz de observar críticamente lo que su bando ha perpetrado a nombre de su causa.

El mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la CEV, el primero en un plano judicial, el segundo en el registro histórico, pretende desafiar esas racionalizaciones confrontando a los responsables con las consecuencias de sus decisiones:

  • los sufrimientos impuestos en las víctimas,
  • las tierras arrasadas,
  • las comunidades y las familias fragmentadas,
  • las arbitrariedades y los cuerpos marcados,
  • los silencios y las soledades impuestas,
  • los desamparos y la desesperanza instalada.

Por eso mismo, el contrapunteo entre víctimas y responsables debe darse en un plano simétrico. Quien funge de arbitro para el encuentro (CEV o JEP), tiene la responsabilidad de construir escenarios que propicien esa paridad: la voz de quien fuera (y en algunos casos sigue siendo) poderoso no puede retumbar y acallar el testimonio de los sufrientes porque de lo que se trata no es de reinstaurar las asimetrías de poder que acompañaron el conflicto, sino de abrir paso a un encuentro de naturaleza democrática que otorgue la misma dignidad y valía a todas las voces convocadas pero sobre todo las de las víctimas.

La escucha de los responsables: prolongar la disonancia cognitiva o impugnar

Para dilucidar los mecanismos y las alianzas que desencadenaron y prolongaron el conflicto armado colombiano es necesario escuchar a las dirigencias de uno y otro bloque y convertir sus versiones en archivos a ser contrastados con otras fuentes.

Pero una cosa es entrevistar, sin audiencias, a estas voces poderosas y otra muy distinta escuchar ante un público masivo.

Cómo y dónde se reciben estas contribuciones no son preguntas triviales, como pretende el presidente de la Comisión de Esclarecimiento, porque los lugares y la forma hacen parte de los mensajes que decantan en sus memorias las audiencias.

Por eso, de esas escuchas televisadas surgen algunas preguntas:

 

  1. ¿Por qué estas contribuciones, donde los expresidentes hablan sin contrapunteos con las víctimas y con investigadores expertos, son de carácter público y se divulgan sin ser contrastadas? ¿Por qué convertir a la CEV en un canal de divulgación de esas justificaciones? ¿Qué hay de democrático en esos monólogos donde los exmandatarios hablan, no como ciudadanos concernidos por el esclarecimiento, sino como jefes imbuidos de autoridad y poder, claramente preocupados por su reputación política?
  2. ¿Qué tan ético es servir de plataforma a esos discursos? Por la manera como se llevaron a cabo, ¿no se convierte la CEV en un mecanismo de refrendación de eso que justamente debería impugnar?

 

  1. En una sociedad que refundió el “abc” del pensamiento histórico crítico, ¿qué hay de pedagógico en la divulgación de una versión que no interactúa ni es contrastada con otras?

Sin duda, las víctimas quieren dilucidar por qué ellas tuvieron que sufrir lo que sufrieron y la opinión necesita tejer una narrativa del pasado que le permita, no solo describir sino sobre todo comprender por qué pasó lo que pasó. Pero los monólogos públicos de los poderosos no son el camino.

Decantar entre líneas: ¿Un Estado al servicio del poder?

Como fuentes históricas, las racionalizaciones de Salvatore Mancuso y de Álvaro Uribe hablan de un proyecto político y económico que va más allá de la intención de derrotar a la guerrilla.

Ambos exponen una visión que entendía y entiende la seguridad como el fundamento indispensable para procesos de desarrollo y progreso que asocian exclusivamente a inversión capitalista.

En el caso de Mancuso, el comandante se presenta como “comisario político” responsable de articular una extensa alianza de empresarios, políticos y agentes del sector seguridad orientados a fortalecer en las regiones el orden social capitalista que ellos defendían y defienden. El establecimiento en completo es nombrado como integrante de esta densa red de poder que se extendió por distintos territorios pero sobre todo por la región Caribe.

En el discurso de Mancuso, el Estado nunca estuvo por fuera o confrontado al paramilitarismo, sino al servicio de esta alianza que articulaba dimensiones militares, políticas y económicas.

Foto: Twitter: Comisión de la verdad - Esos monólogos sin lugar a dudas son una entrada para comprender las mentalidades que orientaron a uno de los bandos de la confrontación, pero en ausencia de contrastaciones o de voces impugnadoras, poco o nada tienen de reparador o pedagógico.

Puede leer: Timochenko y Mancuso ante la Comisión de la Verdad: el Estado es responsable

Por su parte, Uribe se presenta como el gran activador económico de regiones enteras gracias a su talante empresarial y su capacidad de liderazgo de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Desde su mirada, su mandato se distinguió por exigir resultados, sobre todo en el terreno militar. Gracias a esta presión, el Estado pudo hacer presencia integral –según él militar y social—en territorios que languidecían económicamente por la existencia de dominios guerrilleros.

En ambos casos queda la impresión que la institucionalidad democrática, imparcial porque autónoma de los sectores de poder, fue la gran ausente (o la gran sacrificada) en las décadas de confrontaciones armadas.

En el primer caso, el de Mancuso, el conjunto institucional aparece como abiertamente al servicio del proyecto paramilitar; y en el segundo la figura de Uribe se convierte en un nodo de poder por el que toda la estatalidad pasa: él es el que conecta al ciudadano con las instituciones; él es el que imparte órdenes y exige resultados; él es el que protege y confronta. A la manera de un rey sol, la institucionalidad gira en torno a su figura pero no adquiere consistencia propia.

En ambos casos queda la sensación que, más que ausencia del Estado en los territorios, lo que tuvimos (y quizás aún tenemos pero de otra manera) es la presencia de unas instituciones cooptadas, incapaces de actuar con autonomía para defender el orden democrático constitucional.

Sin lugar a dudas, esos monólogos son una entrada para comprender las mentalidades que orientaron a uno de los bandos de la confrontación, pero en ausencia de contrastaciones o de voces impugnadoras, poco o nada tienen de reparador y menos aún de pedagógico.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Foto: Canal de Youtube de la Comisión de la Verdad - Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad

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Juan Manuel Santos compareció esta semana ante la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la verdad, según el expresidente?

María Emma Wills O*.

Habla el Mindefensa de la época

El viernes de esta semana (11 de junio), el expresidente Juan Manuel Santos se presentó ante la Comisión de la Verdad (CEV) para leer su versión sobre los homicidios extrajudiciales (o mal llamados “falsos positivos”) que tuvieron lugar mientras él fue ministro de Defensa del gobierno Uribe entre 2006 y 2009.

Mientras él leía su intervención, el hashtag que más aparecía en el chat era #QuiénDiólaOrden intercalado con el de #6.402, cifra que unos días antes había sido establecida por la JEP como el número de personas asesinadas por agentes del Estado bajo la modalidad de los “falsos positivos”.

Al día siguiente, mientras las Madres de los Falsos Positivos reclamaban una reunión cara a cara con el exministro y expresidente Santos “donde nos vea a los ojos”, otras voces, más críticas, calificaban la intervención de decepcionante.

No obstante, mirada con atención, la admisión de responsabilidades por parte del exministro no es de poca monta.

¿Se necesitan órdenes explicitas?

Los colombianos tendemos a creer que se necesitan órdenes explícitas de los altos mandos para que ellos sean responsables de violaciones reiteradas de los derechos humanos y el DIH en el marco de un conflicto armado. Pero en la vida real esas violaciones suelen resultar de una combinación de condiciones construidas históricamente que siguen siendo repugnantes y oprobiosas y por las que las dirigencias deben responder, aunque no hayan sido el resultado de una orden verbal o un plan de acción consignado por escrito.

Todos sabemos que quienes integran una institución actúan siguiendo ciertas normas formales e informales, que constituyen lo que algunos llaman la cultura institucional. La dirigencia de cada institución se encarga de reproducir o corregir esa cultura con su propio ejemplo, y a través de políticas internas, diseños institucionales y discursos-marco orientadores de su accionar.

Por ejemplo, la violación o el abuso reiterado de mujeres, adolescentes o menores de edad en distintas instituciones, rara vez responde a una orden, pero el clima cotidiano de chistes, eufemismos y conductas de quienes ocupan cargos de autoridad, envía a sus integrantes un mensaje de desprecio de los cuerpos femeninos y de niños y niñas. Esos cuerpos, despojados de los atributos de la dignidad humana a través del lenguaje y las conductas cotidianas, se transforma en un lienzo sobre el cual los hombres, sin remordimiento, se sienten autorizados a inscribir su dominio. Esta autorización se ve además reforzada por la ausencia de castigos morales o penales que llevan a la impunidad, uno de los engranajes más potentes para que los crímenes persistan.

En el caso de los falsos positivos, ¿qué implica tener en cuenta la cultura institucional de la Fuerza Pública? ¿Qué nos confirma, qué nos niega y qué nos esclarece la intervención del expresidente?

Foto: Unidad de Víctimas - Madres de los ‘falsos positivos’ de Soacha

Puede leer: Las cuentas sobre los falsos positivos: la tarea pendiente

El conteo de cadáveres

La opinión colombiana sabía que los falsos positivos resultaron de una medida adoptada por el Ministerio de Defensa que consistía en otorgar recompensas al personal militar por “captura o abatimiento en combate de los cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. Esta medida fue aprobada en 2005 y firmada por el entonces ministro Camilo Ospina en el marco de la política de “Seguridad Democrática” cuyo propósito, en palabras del propio Santos, era “acabar militarmente a las Farc” y obtener “una derrota total.”

Todos sabemos que quienes integran una institución actúan siguiendo ciertas normas formales e informales, que constituyen lo que algunos llaman la cultura institucional

Allí ya tenemos dos condiciones históricas propicias para los falsos positivos: el decreto y un discurso-marco que quiere la obliteración del enemigo. Estas dos condiciones conjugadas propiciaron las conductas conocidas como “falsos positivos”. Esto no quiere decir que el expresidente Uribe y su ministro Camilo Ospina dieran la orden de asesinar a muchachos inocentes que vivían en condiciones de enorme vulnerabilidad –cuerpos juzgados por una mirada clasista y racista sin valor— pero sí los señala de responsables de construir un escenario donde altos mandos y reclutas rasos recibieron incentivos para producir resultados, así estos resultados se midieran en “litros de sangre”.

Tanto Uribe como Ospina deben responder por el diseño de esa política y por sus resultados — por lo demás, previsibles para una persona con la educación y experiencia administrativa del señor expresidente y el señor exministro —. Y esto es así sobre todo porque la órbita de acción de esos dos funcionarios era justamente ésa: el diseño y puesta en movimiento de políticas institucionales relacionadas con el manejo de la Fuerza Pública.

En segundo lugar, aprendimos que una de las personas que le quitó a Santos “la venda negacionista” que el reconoce haber portado fue el general Álvaro Valencia Tovar; el general le advirtió que “la doctrina Vietnam, la del conteo de cadáveres”, había llevado a la degradación de las operaciones adelantadas por el ejército norteamericano —lo que a su vez desembocó en el repudio de la población y la derrota eventual de los Estados Unidos —.

Esta crítica del conteo de muertos en Vietnam se recoge de manera magistral en el documental de Ken Burns y Lynn Novack, “La guerra de Vietnam”. En su capítulo cuarto, un periodista, con un tinte de ironía, afirma que “si no puedes contar lo que es importante, haces importante lo que puedes contar», y continúa: “los números no te dan detalles y por eso los números encubren mentiras. Si los números se convierten en marcadores de éxito, estás presionando a hombres honorables para que se conviertan en mentirosos”. Y un poco más adelante un oficial veterano de la guerra de Vietnam declara que el recuento de cadáveres produjo «la tendencia a contar a todo el mundo como un enemigo, a apilar cadáveres y, tal vez, a utilizar un poder de fuego menos discriminatorio [entre población civil y combatientes] para lograr los resultados que se le ha encomendado». Es decir: propició la degradación de una guerra que costó muchas vidas, le valió la derrota a Estados Unidos, y la protesta airada de toda una generación en su propio suelo.

Le recomendamos: Los falsos positivos son una vergüenza para Colombia

Las preguntas

Caben varias preguntas que no son menores frente al conteo de cadáveres y las recompensas asociadas con él que fueron adoptadas en Colombia:

  • ¿Cómo y por qué los altos funcionarios del gobierno adoptaron esas decisiones?
  • ¿Quiénes las discutieron?
  • ¿Quiénes las aprobaron?
  • ¿Cuál fue la veeduría institucional que se ejerció sobre la adopción y desarrollo de estas políticas?
  • ¿Cómo es posible que —a sabiendas de la degradación que provocó esa métrica y el fracaso del ejército más poderoso del mundo— se la hubiera “importado” a Colombia?
  • ¿Cuáles fueron los argumentos para adoptarla? ¿Cómo se pudo creer que ella ayudaba al objetivo de ganar la guerra?

Santos dijo con toda claridad que un patrón tan vergonzoso como el de los falsos positivos no puede ser visto como producto de unas manzanas podridas.

Si las contribuciones a la verdad quieren servir para la no repetición, el esfuerzo de esclarecimiento debería responder a estas preguntas además de identificar a los responsables. La opinión necesita conocer los diseños institucionales, los procesos de toma de decisiones y de rendición de cuentas, y los actores que dieron origen a adoptar semejantes esperpentos.

No ignorar las denuncias

El expresidente Santos dijo abiertamente que a él le costó aceptar que una práctica tan degradada estuviera ocurriendo en las filas del ejército. Como él mismo reconoce, en un comienzo leyó las acusaciones como una estrategia de los enemigos del Estado para desacreditar a la Fuerza Pública.

Aquí el expresidente está poniendo el dedo en la llaga de un problema de las instituciones colombianas: el descrédito de voces que alertan sobre problemas mayúsculos. En ocasiones esas voces se encuentran dentro del propio Estado: en la Defensoría del Pueblo y sus alertas tempranas; o en jueces y fiscales valientes que llegan a dar la vida por hacer bien su tarea; o en oficiales o suboficiales de la Fuerza Pública como el General Valencia Tovar, el General Suárez o el cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño. En otras ocasiones, provienen de los familiares de las propias víctimas o las víctimas sobrevivientes y sus organizaciones aliadas, y de una academia y un periodismo investigativo interesados en robustecer los pilares y las conductas democráticas y denunciar las conductas que las debilitan.

El expresidente Santos dijo abiertamente que a él le costó aceptar que una práctica tan degradada estuviera ocurriendo en las filas del ejército.

En todos estos casos, una mentalidad paranoica producto del mundo ya desaparecido de la Guerra Fría desoye esas alarmas y acaba por tildar de ingenuas, de manipuladas o más directamente, de enemigas, a las personas u organizaciones que las emiten.

Por eso importa esclarecer los escenarios donde esa mentalidad se inculca, los recursos que utiliza, los aliados que concita y los mecanismos que la activan.

No son manzanas podridas

Por último, el exministro Santos dijo con toda claridad que un patrón tan vergonzoso como el de los falsos positivos no puede ser visto como producto de unas manzanas podridas.

Los “kit de legalizaciones” a los que él se refirió y a los que también han aludido oficiales militares ante la JEP, indican que detrás de estos asesinatos había un entramado de complicidades que exige el reconocimiento del Ejército de responsabilidades institucionales y su consecuente petición de perdón.

Con esta toma de postura, Santos se separa de la versión oficial del Ejército según la cual los “falsos positivos” fueron responsabilidad de unas pocas “manzanas podridas”.

Desafortunadamente, quienes ocupan en este momento los altos cargos del Ejército se arropan en una obstinada y reiterada negación de su responsabilidad corporativa que, en lugar de recomponer su legitimidad, profundiza la creciente desconfianza que los colombianos expresan frente a la institución.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Foto: Facebook: María José Pizarro - Colombia está atravesando un momento convulso y doloroso donde el pacto hace agua.

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Un recorrido por la historia de Colombia y la experiencia reciente de nuestros vecinos muestra bien lo que está en juego y la manera cómo podemos mejorar nuestro futuro.

María Emma Wills O. *

Un pacto implica reciprocidad

“Bajo un mal gobierno, la igualdad ante la ley es ilusoria: solo sirve para mantener al pobre en la miseria y al rico en la usurpación… El pacto social es ventajoso para los hombres en la medida en que todos tienen algo y ninguno tiene demasiado […] un pueblo subyugado no tiene ninguna obligación hacia su amo, excepto obedecerle tanto como se ve obligado a hacerlo … [En esas circunstancias], el Estado está lejos de haber adquirido sobre él una autoridad, a excepción de aquella que se respalda en la fuerza; entre ambos, permanece el estado de guerra”.

Esta cita no proviene de ningún filósofo marxista sino de Rousseau, pensador francés precursor de las democracias modernas. Para él, el poder legítimo no es aquel que se funda en un monarca concebido como encarnación de Dios en la tierra, sino en un pacto social que vincula libremente a los asociados con la autoridad.

El pacto, según Rousseau, no es eterno. Se renueva, modifica o transforma cuando se produce un desencuentro entre asociados y autoridad política. El descubrimiento del cambio histórico y la aceptación de que nada está escrito en piedra es justamente lo que abre la puerta a la imaginación democrática moderna.

Podríamos decir entonces que Colombia está atravesando un momento convulso y doloroso donde el pacto hace agua. La manera cómo la ciudadanía y las organizaciones sociales, la autoridad estatal y los partidos resuelvan esta fractura marcará seguramente el rumbo del país en los años venideros y mostrará de que está hecha la nación.

Dos maneras de afrontar las fisuras

Desde Chile hasta Estados Unidos, en las Américas se están confrontando dos maneras opuestas   de resolver las fisuras del pacto entre el Estado y la ciudadanía.

-De un lado están quienes piensan que el fundamento de la sociedad es el individuo, uno que construye su historia por fuera de las condiciones sociales donde su vida se inscribe. Si eres pobre, es porque no has sabido luchar lo suficiente. Si eres negro y acabas en una cárcel, es porque eres un criminal. Si eres indígena, no entiendes nada de desarrollo y por eso estás sumido en la pobreza. Si eres mujer cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad, tu realidad te ha condenado a vivir en esa situación.

Colombia está atravesando un momento convulso y doloroso donde el pacto social hace agua.

Esta matriz de lectura se niega a poner el foco en el contexto. Las decisiones individuales explican los destinos que las personas se forjan. Las jerarquías sociales y las desigualdades reflejan la distribución de los talentos y la inteligencia, y no del poder: unos, los que triunfan, son personas excepcionales que supieron tomar las decisiones correctas; los otros pierden y se lo buscaron. Esta matriz deja su sello en la manera de comprender los problemas que dividen una sociedad.

Por ejemplo, para Trump, Estados Unidos no afronta un problema del sistema policial, judicial y carcelario. La protesta que se tomó las calles bajo su gobierno no fue un acto político, sino un desafío al orden y a la seguridad que la policía y la guardia federal deben resolver. Quienes protestaron en las calles respondían a conspiraciones anticapitalistas cocinadas en países enemigos. La paranoia y el desprecio se refuerzan mutuamente y constituyen una mezcla explosiva que resultó en la toma armada del Congreso.

Para despolitizar (o negar) el problema de fondo, esta mirada da un segundo giro: en las sociedades, solo se producen eventos aislados e inconexos. Existen árboles, pero jamás un bosque. Los patrones—es decir la reiteración de hechos que siguen una misma plantilla—son inexistentes.

-La lectura anterior se opone a otra manera de entender la realidad, según la cual no es posible captar los problemas de una sociedad sin mirar el bosque y sin identificar los patrones que la configuran, inscribiéndolos en sus contextos y trayectorias históricas.

Quiénes adoptan esta segunda mirada conciben el poder como basado en el consentimiento ciudadano y ven en la ciudadanía que se toma las calles una expresión de descontento político. Ante la protesta, se preguntan: ¿Qué busca la movilización pública decirle al poder?

El reconocimiento de la dimensión política de la protesta los lleva a tender puentes y salidas de concertación que reparen el pacto quebrantado.

La primera matriz hunde sus raíces en los sistemas monárquicos y coloniales que antecedieron a las revoluciones democráticas. Para ellos, la legitimidad de la autoridad proviene de unas normas incuestionables que sustentan la jerarquía social. Para los segundos la autoridad, para ser legítima, necesita de un consentimiento libre que se renueva y se expresa en las urnas o en las calles, y que reconoce la igualdad de todos los que componen el cuerpo social.

Foto: Alcaldía de Bogotá - frente a un paro salpicado de luto, el gobierno debería reconocer que su defensa a ultranza del orden y la legalidad no es el canto de sirena que va a encauzar la protesta hacia una mesa de negociación.

Puede leer: Una democracia que se autodestruye

Colombia y las dos matrices

Recorro el siglo XX colombiano y me abruma el patrón que se dibuja en mi cabeza.

  • En los años iniciales, el pacto de la Regeneración buscó que pudiéramos vivir juntos sin matarnos sobre la base de un orden que apelaba más a la obediencia y a la jerarquía social que a una ciudadanía reflexiva y crítica.
  • Durante los años veinte, esa obediencia empezó a resquebrajarse y confluyó en los treinta en gobiernos que intentaron promover reformas para suturar el pacto.
  • Pero la reacción no se hizo esperar ante el movimiento gaitanista. Asesinado el líder-caudillo, la furia saltó a las calles hasta culminar en una época de tumulto, terror, intolerancias que profundizaron la fisura de la nación. Los conservadores convirtieron a la Policía en un cuerpo político dedicado a perseguir a sus enemigos; y algunas corrientes liberales y de izquierda en formación, optaron por defenderse con las armas.
  • El Frente Nacional, un nuevo pacto para vivir juntos sin matarnos, se hizo entre dos actores, los liberales y los conservadores, desconociendo a las fuerzas de izquierda que, aún siendo minoritarias, representaban una agenda política distinta para organizar a la nación.
  • Concluido el Frente Nacional, a finales de los setenta, estalla el paro nacional de 1977 y el gobierno de Turbay responde a la protesta social y a las violencias guerrilleras, transformándolas a todas en “enemigas de la nación” y promoviendo un Estatuto de Seguridad que puso el énfasis en la defensa del orden apelando a la militarización y al recorte de derechos ciudadanos.
  • Tuvimos un respiro cuando, a instancia de un movimiento estudiantil, se abrió la puerta a la Séptima Papeleta y por fin se convocó una Asamblea Constituyente que le propuso al país un pacto fundado en la legitimidad del consentimiento ciudadano y en una carta ampliada de derechos.
  • No obstante, la matriz autoritaria, en medio de un conflicto armado revitalizado y quizás gracias a él, volvió a articular miedos y descontentos; propuso una lectura al país que dio prioridad al orden y la seguridad; y logró la Presidencia con un amplio respaldo ciudadano.

De esta manera la matriz que entiende el orden como el de un cuerpo orgánico donde a cada cual se le asigna un papel que debe obedecer una y otra vez, ha terminado imponiéndose en coyunturas críticas.

Hacia adelante: un futuro mejor sí es posible

Hoy, de nuevo, ante un momento de evidente ruptura del pacto, ¿cuál mirada va a prevalecer? ¿La orgánica que no ha logrado reconciliarnos después de tantos intentos, o la democrática que tuvo un momento de respiro tras la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016?

Frente a un paro salpicado de luto, el gobierno debería empezar a reconocer que su defensa a ultranza del orden, la jerarquía social y la legalidad no es el canto de sirena que va a encauzar la protesta hacia una mesa de negociación

Estados Unidos acaba de pasar cuatro años bajo el gobierno de una corriente que representaba la actualización de la matriz política heredada del orden colonial esclavista: racista, machista, clasista y corrupta.

Quienes defienden la otra matriz entendieron lo que se jugaba en las elecciones presidenciales y desde múltiples organizaciones civiles y de militantes demócratas de base organizaron campañas para romper la incredulidad electoral de los más desposeídos, es decir de las poblaciones afros y de color. Puerta a puerta, vecino a vecino, desarrollaron pedagogías cívicas que llamaban a cada norteamericano a votar. Su lema: cada voto cuenta.

Gracias a este trabajo de hormiga, derrotaron a las izquierdas más radicales, aquellas que dicen que nada cambia en una elección porque todos los candidatos son capitalistas y pertenecen al consenso neoliberal. Impugnaron también con su pedagogía a quienes piensan que no importa quien quede en los cargos de elección porque el sistema está condenado a la inmovilidad, y demostraron que sí hace diferencia tener en la Casa Blanca a un republicano como Trump o a un demócrata como Biden. Transformaron las protestas por “las vidas negras importan” en una victoria en el Ejecutivo, en el Senado y en la Cámara de un partido demócrata en proceso de transformación gracias a sus corrientes más radicales, esas que saben ser críticas pero no abandonan a su suerte el juego democrático.

En Colombia no estamos aún en elecciones, pero ya deberíamos estar adelantando campañas para derrotar ese 60% de abstención que cada cuatro años nos recuerda que hay muchos ciudadanos descreídos que prefieren no participar.

Y frente a un paro salpicado de luto, el gobierno debería empezar a reconocer que su defensa a ultranza del orden, la jerarquía social y la legalidad no es el canto de sirena que va a encauzar la protesta hacia una mesa de negociación.

Así los mensajes sean confusos y unos violentos estén pescando en río revuelto, en el campo simbólico, el Ejecutivo debe reconocer que allí se expresa una ciudadanía inconforme, gran parte de la cual está asediada por el hambre y la desesperanza, que pide con pancartas, música y arengas, ser tratada con dignidad y respeto.

Al fin y al cabo, ese tumulto de personas en las calles está compuesto, no por ciudadanos de segunda, sino por ciudadanos con derechos plenos.

Pdta: En EEUU, esa nación logró llegar a las elecciones y la institucionalidad pudo rodear y hacer respetar los resultados así a Trump y a la extrema derecha y el decaído Partido Republicano no les gustara gracias a la imparcialidad que mantuvieron la Guardia, el Ejército y la Policía.

Desafortunadamente, aquí, las escenas de civiles armados, unos con revólver, otros con armas más intimidantes, a ojos vista de agentes de la Policía sin que estos hicieran gesto alguno por detener a los armados, lleva a pensar que la necesaria autonomía del Estado es pírrica o simplemente no existe.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Collage PORTADA Policía colombiana y policía estadounidense

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Una comparación histórica sucinta permite ver el fondo de un problema cuya solución va más allá de las reformas legales o institucionales que suelen proponerse.

María Emma Wills*

La democracia amenazada

Cuando el Muro de Berlín cayó en 1989, muchos nos preguntamos cómo era posible que ningún analista se hubiera percatado de la inminencia de los acontecimientos que cambiarían la historia del siglo XX. Ahora, ante las movilizaciones de protesta que se han tomado las calles de Estados Unidos y Colombia, surge de nuevo la misma pregunta: ¿Cómo no lo vimos venir?

Lo que no vimos venir fue la gradual pero profunda erosión de la institucionalidad democrática, sus valores y sus pilares.

Algunos analistas, para entender los nuevos ropajes autoritarios, comenzaron a hablar de democracias iliberales, esos regímenes que, a pesar de contar con elecciones rutinarias, suspenden derechos civiles y políticos hasta desfigurar la alternancia en el poder y el pluralismo político.

Sin embargo, estas alertas se quedaron cortas ante la hondura de la andanada antidemocrática que se vive.

El deterioro de la institucionalidad y la cultura democráticas nos tomó por sorpresa porque, desde una mirada hiper-especializada, era imposible conectar las señales y prender las alarmas. Mientras unos se concentraban en analizar al sector seguridad, otros nos enfocábamos en los movimientos sociales o en los sistemas políticos. Esta lectura fragmentada impidió elaborar una mirada de conjunto orientada por las preguntas clásicas sobre el orden social, el poder, el consentimiento, la desobediencia y la legitimidad.

Hoy la crisis de la Policía es un fenómeno que se expresa tanto en Estados Unidos como en Colombia y que requiere enmarcar el problema en un enfoque integrador que esclarezca cómo opera la ola antidemocrática.

Foto: Policía Nacional de Colombia Desde la instrucción de los policías se avalan las conductas que van en contra de la institucionalidad democrática.

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Militarización y discriminación

Algunas personas aducen que el problema de la Policía en Colombia es que, a diferencia de otros países, esta institución se encuentra adscrita al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, la brutalidad con la que sus integrantes someten a ciudadanos desarmados en estado de indefensión, tiene enormes parecidos de familia con las de sus homónimos en Estados Unidos. Los diseños institucionales no son los mismos, pero el uso desmedido de la fuerza sí lo es.

La conexión entre ambos casos es la militarización de la Policía en el marco de sociedades que continúan discriminando y estableciendo ciudadanos de primera y de segunda.

En el caso de Estados Unidos, la Policía ha sufrido un proceso de militarización, no solo por la manera cómo sus integrantes están siendo adiestrados, sino también por la mentalidad de amigo/enemigo que despliega frente a ciertos de sus conciudadanos. A estas variables, se agregan las sofisticadas armas puestas a su disposición, combinación que la lleva a actuar como una fuerza de ocupación en su propio país.

Además, la Policía se ha convertido en un comprador mayor de costosas armas en un mercado que mueve billones de dólares al año.

En cuanto a su racismo, distintos analistas lo inscriben en una historia de largo aliento. Fue la Policía la llamada a mantener las oprobiosas leyes de segregación racial, y luego, a pesar de los triunfos del movimiento por los derechos civiles en los sesenta del siglo pasado, siguió ejerciendo un papel coercitivo que no hizo sino incrementarse hasta convertirse en su columna vertebral cuando, bajo la presidencia de Nixon y luego bajo el gobierno de Reagan, asumió la guerra contra las drogas a nivel interno.

Esa guerra, desplegada en un comienzo por gobiernos republicanos, pronto fue apoyada por los demócratas a nombre de un discurso que ofrecía seguridad, con nefastas consecuencias en su propio suelo pues desencadenó el encarcelamiento masivo de miles de personas de color sobre todo negras, en procesos muchas veces amañados. Además de sufrir en muchos casos una condena injusta, los incriminados perdían de un solo golpe su derecho a sufragar.

Por si fuera poco, los policías responsables de abusar de la fuerza, gozaban de total impunidad gracias al respaldo de unos sindicados poderosísimos.

La historia en Colombia tiene sus especificidades. Aquí la Policía no custodió la aplicación de leyes segregacionistas, pero sí desempeñó un papel clave en las confrontaciones bipartidistas. Más que representar a la nación, la institución, como otras entidades del Estado, se afilió con uno u otro bando en esas contiendas violentas. Con el pacto liberal conservador del Frente Nacional, las élites buscaron despolitizarla sustrayéndola al control de las autoridades políticas, adscribiéndola al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, esta despolitización fue aparente porque se produjo en el marco de la Guerra Fría, esa peculiar forma de concebir la seguridad nacional al servicio de un proyecto anti-comunista que encontraba en la movilización callejera, la organización social, y la protesta, las huellas de un enemigo interno.

Así, de la intolerancia bipartidista, la institucionalidad en general y la Policía en particular, se deslizó hacia la intransigencia de todo aquello que ella, desde su mirada, asociara con la izquierda. Fue entonces cuando la militarización de la Policía cultivó un enfoque que divide a los ciudadanos en amigos y enemigos, personas de confianza o amenazas latentes.

Como en Estados Unidos, la lucha contra la droga no hizo sino profundizar esta mentalidad acarreando además un enorme problema de corrupción interna.

Por si fuera poco, esta institución, en lugar de sustraerse a las lógicas clasistas, machistas, homofóbicas y racistas que circulan en la sociedad colombiana, las ahonda.

Como arguye Claudia Cecilia Ramírez, mujer negra afrodescendiente hija de un padre policía, su progenitor fue vejado constantemente en la propia institución. Esta humillación, aunada a barreras de ascenso laboral, ejemplifica las reglas informales aplicadas internamente que inculcan en sus integrantes el desprecio hacia cierto tipo de personas. En ese sentido, es necesario entender que los policías no nacen; se hacen en adiestramientos y rutinas diarias de naturaleza antidemocrática.

Así, a los sectores asociados con amenaza, se añaden personas discriminadas y, en las ciudades, barrios enteros configurados como territorios peligrosos de los que se debe desconfiar.

Foto: Presidencia de la República Las normas informales de la policía son divulgadas y promovidas por las élites políticas, por eso hace falta más que un cambio institucional.

Razón Pública le recomienda: Por qué falló la policía y cuáles son las consecuencias

Las reformas

Este diagnóstico del problema implica que las reformas al diseño institucional son insuficientes. Como en Estados Unidos, aquí la furia desplegada en las calles pone de manifiesto que el contrato social que vincula institucionalidad democrática y ciudadanía está en serios aprietos.

Es posible sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, pero esto no sirve si no hay también un esfuerzo consciente por desactivar las normas informales que se aplican rutinariamente por y sobre sus integrantes, mirando más allá de los protocolos escritos y de las órdenes expresas.

En ambos países, estas normas circulan por la institución y son divulgadas, amplificadas y autorizadas por una élite política que hoy ocupa la cúspide del poder y que defiende una versión de seguridad antidemocrática y anticiudadana.

Por esto la crisis de la Policía no es solo un problema interno; revela un proyecto político autoritario que desafortunadamente cuenta con el respaldo de las élites actualmente en el poder, apoyadas en amplios sectores de la población.

He ahí el verdadero drama a resolver.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

Foto: Flickr - Comisión de la Verdad - La Comisión de Esclarecimiento ha recibido ataques de múltiples frentes por la labor que está llevando a cabo.

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Luto por un país que no quiere dejar la guerra.

María Emma Wills*

Estigmatizar al contrario

Además de las preocupaciones por los efectos de la pandemia, el tono de la controversia pública produce desolación.

Los argumentos son escasos, las estigmatizaciones son muchas.

Los señalamientos que desde una y otra orilla se esgrimen, revelan un país donde el conflicto armado cobra la vida de los líderes sociales y se cuela, además, en los argumentos cotidianos, en la manera cómo discutimos, en la ausencia de reflexión sobre lo que implica debatir sin invalidar.

El ultimo ejemplo que ha enlodado la discusión pública surgió en torno a la Comisión de la Verdad. El exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, abre la discusión sobre la composición de la CEV afirmando que la “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”.

De entrada, Pinzón acusa a la mayoría de los comisionados de tener nexos con grupos armados, es decir, de estar por fuera de las reglas del juego democrático. Con este señalamiento los excluye de una comunidad política compuesta de ciudadanos que se adhieren a unas normas pactadas, capaces por eso mismo de tramitar los conflictos por vías democráticas.

Con su acusación, Pinzón perpetúa en la esfera pública el marco mental de una guerra donde los enemigos se confrontan y con sus actuaciones producen derrotas o victorias, pero jamás controversias.

Por eso, suena hueco cuando a renglón seguido afirma que “quiere un país donde las ideas de todos sean toleradas y enriquezcan la deliberación pluralista”. Así no lo reconozca el ex ministro de defensa, el pluralismo jamás rima con estigmatizar al contrario. Pero las afirmaciones del exministro se enmarcan en procesos de más largo aliento que permiten comprender de dónde surgen los ataques a la Comisión de Esclarecimiento.

El esclarecimiento como proceso estratégico militar

Desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011 y el gobierno Santos inició conversaciones en La Habana con las FARC, las corrientes más sectarias e intransigentes de la política y del sector seguridad se prepararon para sumar fuerzas y entronizar en la esfera pública su “verdad verdadera”. A partir de lo acontecido en el Cono Sur llegaron a la conclusión de que lo que ocurría en el país era:

“el resultado optimizado de un gran entramado jurídico, social y político que fue puesto en práctica y deja resultados en otros países de Latinoamérica y que busca, mediante acciones jurídicas, sociales y políticas, obtener lo que no se pudo lograr a través de las armas. Así, se pretende borrar la historia del terrorismo en América Latina, incluida Colombia, en donde, en particular, se busca ocultar y cubrir con un manto de olvido sus crímenes y sus víctimas y trasferir la responsabilidad de los horrores de la guerra a las Fuerzas Militares de Colombia y a la Policía Nacional, a quienes no se venció en el campo de combate, pero se aniquiló y aplastó jurídicamente, substituyendo la derrota militar por la victoria en los estrados judiciales”.

Desde esa óptica, lo que sucede en Colombia es el resultado de una estrategia del terrorismo internacional que busca enlodar el honor militar y de esta manera transforman los escenarios de memoria y esclarecimiento en un campo de guerra donde solo caben victoriosos o derrotados:

“(…) Los grupos terroristas que han atacado América Latina durante los últimos cincuenta años tienen en claro que si la guerra no se gana desde el punto de vista militar, el componente político y social será el que los llevará finalmente al logro de sus objetivos. En la década de los años setenta en Argentina la respuesta del gobierno logró derrotar militarmente el terrorismo; sin embargo, el manejo político, social y mediático que se dio a la respuesta del Estado, llevó a que muchos años después, la historia haya dado un giro radical en la que no se recuerda el accionar criminal del terrorismo y, por el contrario, se exalta a sus integrantes, quienes hoy ocupan altas posiciones en el manejo del país y son los representantes de una sociedad sin memoria.

(…) las lecciones del pasado y de otras latitudes deben enseñarnos que, más allá de la guerra militar, existe otra confrontación que puede ser más efectiva y dolorosa, una confrontación que puede cambiar la historia de nuestra nación y la historia de nuestras propias vidas”.

El planteamiento es claro: los procesos de esclarecimiento hacen parte de un campo de guerra donde los soldados actúan estratégicamente para alcanzar, no la verdad, sino la victoria.

Foto: Alcaldía de Bogotá - La memoria histórica que pretenden reconstruir los militares está anclada alrededor de la victoria militar.

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Aunque este enfoque es el de una de las corrientes político-militares más radicales, deja su sello unos años después en el Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad-Guía de Planeamiento Estratégico 2016-2018, que en su Meta 5 define “construir la memoria histórica de la Fuerza Pública bajo una visión de victoria, transparencia y legitimidad”.

Estos tres pilares conjugados fijan a la Fuerza Pública en un rol que no admite discusión y cuyo papel en el conflicto no emerge de los hallazgos que arroja la investigación. La matriz interpretativa reafirma lo que el comandante dispone y pierde así su potencial esclarecedor, convirtiéndose en la verdad oficial de la institución.

La legitimidad, es decir la reputación de la institución, impone silencios y descarta una revisión a fondo de sus actuaciones.

Esas mismas orientaciones se expresan en la cartilla de memoria histórica puesta a disposición del público en la página del Comando General de las Fuerzas Militares de la Dirección de Memoria Histórica y Contexto (DIMHC), donde queda clarísimo que el esfuerzo del sector seguridad está orientado a mantener la legitimidad institucional y no al esclarecimiento:

Fuente: “Cartilla de Memoria Histórica”, Comando General de las Fuerzas Militares de la Dirección de Memoria Histórica y Contexto, última modificación 2 de agosto del 2019, consultado el 16 de septiembre de 2019.
Como la Gráfica lo indica, la memoria histórica está concebida como una fuerza que camina en un solo sentido ascendente y triunfal: la legitimidad institucional, y así se desdibuja el sentido que tiene esclarecer en un país que ha transitado por un largo conflicto armado.

Estos lineamientos responden al imperativo inculcado en los adoctrinamientos profesionales de la Fuerza Pública de ser leal y fiel a la institución y al honor militar. Sin embargo, esta lealtad incondicional es un problema porque es antidemocrática, así sus diseñadores no lo hayan considerado.

Por eso mismo la ley 1448 de 2011 prohibió al Estado y a sus instituciones la promoción de la verdad oficial, prohibición que a todas luces están contraviniendo estas orientaciones.

Una democracia promueve procesos de esclarecimiento jurídico o histórico, con el fin de establecer responsabilidades y determinar las condiciones y los entramados que permitieron que unos repertorios de violencia se transformaran en patrones de actuaciones reiteradas, no de aplaudir a unos y abuchear a otros.

El propósito de un esfuerzo así no es defender a tal o cual institución u actor sino dilucidar los engranajes que hicieron posible el horror, con la esperanza de que la comprensión alcanzada se convierta en el terreno para cultivar ciudadanías críticas para evitar la repetición.

Foto: Flickr - Comisión de la Verdad - La Comisión de la Verdad no ha desconocido el papel de los militares y que en muchos casos fueron víctimas.

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En realidad, la legitimidad de las Fuerzas Militares y de la Policía y sus defensores como el exministro Pinzón se fortalecería si ellos mostraran un compromiso incondicional con los principios democráticos de la lucha contra la impunidad y a favor de la rendición de cuentas sin excepciones.

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María Emma Wills

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

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La adopción oportuna o la demora en adoptar medidas por parte del gobierno, y la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, parecen ser las claves de lo que está pasando.

 María Emma Wills* Continue reading «Pandemia: ¿por qué las grandes diferencias entre países y entre regiones de Colombia?»

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María Emma Wills

*Profesora de cátedra Universidad de los Andes.

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