Manuel Rayran, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Presidencia de la República de El Salvador

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Nayib Bukele se hizo reelegir en El Salvador. Estas fueron las razones del ascenso del autoritarismo y las alertas que emite este caso para las frágiles democracias del mundo.

Manuel Rayran*

La reelección

El 4 de febrero se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador. Apenas a dos horas de cerrar los centros de votación, Nayib Bukele se autoproclamó como ganador de la contienda “con más del 85% de los votos”, a través de un espectacular juego de fuegos artificiales que iluminaron el cielo de la capital. En ese momento la autoridad electoral no había publicado ningún boletín, y en muchas de las mesas ni siquiera se había dado comienzo al escrutinio.

Horas más tarde, Bukele apareció en el palco del Palacio Nacional presentándose como el presidente reelecto de todas y todos los salvadoreños y anunciando que su partido, Nuevas Ideas, había ganado la Asamblea Legislativa con 58 de los 60 escaños.

Todos estos anuncios y espectáculos empezaron a construir en la opinión pública la imagen de un ganador legítimo con un resultado claro, inapelable y arrasador.

Pero todos estos anuncios de Bukele surgían en medio del silencio sepulcral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y olvidando que la candidatura de Bukele era inconstitucional.

Entretanto, los presidentes de Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, Guatemala y otros de Europa se apresuraron a felicitar a Bukele, publicando comunicados ligeros, desconociendo la inconstitucionalidad de su candidatura, la inoperancia del TSE y dando por sentado que la palabra del mandatario era suficiente para decretar su victoria.

el éxito de Bukele muestra el fracaso de los partidos de izquierda y de derecha que no logran canalizar las demandas de la ciudadanía y carecen de ideas, esperanzas y un proyecto claro de sociedad con garantías para todos los sectores sociales.

Pero no habían pasado tres días, cuando el miércoles 7 de febrero se produjo el caos por el conteo de los votos para la Asamblea: el TSE informó que el sistema de recuento preliminar había fallado en la noche de las elecciones y que por eso no tenía todavía resultados oficiales. Una semana después de los comicios no se conoce la composición de la Asamblea, la endeble oposición pide anular las elecciones y el TSE se ve en la penosa tarea de hacer los números cuadren con las declaraciones del presidente Bukele.

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Salvador de El Salvador

Con ese manto de dudas sobre las elecciones, Bukele inicia un nuevo periodo presidencial de 5 años, con la promesa de redoblar su política de mano dura y la estrategia del show mientras se fortalece su autoritarismo con tufillo popular y los partidos tradicionales discuten qué hacer ante tal situación.

Distintos analistas han tratado de explicar la popularidad de Bukele y su partido Nuevas Ideas. La razón más repetida ha sido que los partidos tradicionales, en especial la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Faribundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), han tenido un desgaste durante los últimos años, y esto le ha permitido ganar presencia en esos espacios políticos perdidos.

Este es un factor importante, pero deja de lado otros elementos fundamentales. Para empezar, en 2019 Bukele se lanzó con dos ideas claras y contundentes. La primera era sacar a los diputados corruptos, contra los cuales acuñó el eslogan “los mismos con las mismas”.  La segunda era convencer a la ciudadanía de que los diputados y diputadas debían trabajar de manera leal con el presidente porque la lucha contra la élite corrupta de los partidos tradicionales no sería fácil. Así dio su primer paso para crear el imaginario de Bukele el salvador del pueblo.

Para el 2020, una vez llegada la pandemia, Bukele asesta su segundo golpe de popularidad cuando a través de redes sociales plantea una disputa con la Asamblea para que esta declarara el Estado de excepción.  Este Estado le daría al presidente plenos poderes para conculcar ciertos derechos de la ciudadanía y hacer cumplir la cuarentena. Con esto, el mandatario salvadoreño ratificó su narrativa del presidente protector que enfrenta a un legislativo que está en contra de la vida.

Otro ingrediente emocional que Bukele utilizó para convencer a la población de ser el líder que necesitaban fue la publicidad alrededor del programa alimentario durante la pandemia del Covid-19, mercados que llegaban a las manos de las personas más afectadas con el mensaje “este paquete fue pagado con sus impuestos, no como antes, que se los robaban”.

A lo anterior se sumó el hecho espectacular de febrero de 2020, cuando Bukele ingresó a la sede de la Asamblea Legislativa rodeado de militares parea exigir la aprobación de un préstamo para su política de seguridad.

Bajo esas circunstancias, el presidente Bukele inició las negociaciones con las pandillas, por un lado, y por el otro, aplicó su política de mano dura contra el crimen con la construcción de nuevas cárceles.

De igual manera, en 2021, el mandatario salvadoreño, con la Asamblea en su bolsillo, empezó a debilitar a la Fiscalía General, la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos y las Cortes, permitiéndole destituir a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y además escoger a los que le permitirían hacer las cosas a su antojo.

Para terminar este camino hacia la consolidación del proyecto autoritario, el presidente Bukele, de la mano de la Asamblea en junio de 2023, redujo el número de diputados para las elecciones de 2024, pasando de 80 a 60 escaños.

Con todo lo anterior, era de esperar que Bukele ganara las elecciones, tuviera la mayoría de los escaños en la Asamblea y además contara con el silencio cómplice del TSE.

La muestra de una crisis

2024 será el año de la maratón electoral. Alrededor de 70 países del mundo celebrarán elecciones, las cuales estarán atravesadas por una crisis política y social que no se experimentaba desde hace varias décadas.

La demagogia, los candidatos que se presentan como outsider, el auge de organizaciones de extrema derecha y el florecimiento de nuevo de ideas con tintes fascistas, inundarán el teatro político y una amplia oferta para que los electores con altos índices de desconfianza hacia la democracia los elijan.

Las sociedades están agotadas de la criminalidad, la inestabilidad económica y laboral, los altos índices de corrupción, la falta de oportunidades y de que su voz sea tenida en cuenta. Además, el caos inquietante, las transformaciones profundas, las rápidas mutaciones y los sucesos imprevistos disparados por las crisis han hecho que la ciudadanía se refugie en teorías conspirativas y en líderes que venden soluciones sencillas a problemas multidimensionales.

Alertas contra el autoritarismo

El caso de El Salvador y su presidente Bukele ofrece varios elementos que deben tenerse en cuenta para estas contiendas electorales y que deben encender las alertas entre otros sectores políticos y sociales.

Lo primero, hay que reconocer que la despolitización de la ciudadanía y el vacío progresivo de los espacios políticos como las fábricas, las plazas y las universidades han hecho que la ciudadanía carezca de ideas y lugares donde puedan estar juntos y practicar los principios básicos de toda sociedad, como la cooperación, la solidaridad y el establecimiento de mínimos para la convivencia.

Foto: Facebook: Presidencia de la República de El Salvador - Durante la pandemia, Bukele entregó mercados a las personas más vulnerables, afirmó que eran comprados con los impuestos y que estos no se robaban como antes. Una estrategia emocional que ayudó para que la población se convenciera de que era el líder que necesitaba.

el caos inquietante, las transformaciones profundas, las rápidas mutaciones y los sucesos imprevistos disparados por las crisis han hecho que la ciudadanía se refugie en teorías conspirativas y en líderes que venden soluciones sencillas a problemas multidimensionales.

Por eso importa iniciar programas para robustecer el tejido industrial nacional y la generación de empleos como herramienta contra el aumento de la criminalidad, y un acceso a la educación para construir esos espacios de ideas y de debates.

Segundo, el éxito de Bukele muestra el fracaso de los partidos de izquierda y de derecha que no logran canalizar las demandas de la ciudadanía y carecen de ideas, esperanzas y un proyecto claro de sociedad con garantías para todos los sectores sociales.

Por esa razón, a Bukele, apoyado de las redes sociales, se le ha facilitado crear narrativas como el salvador de su sociedad y ofrecerle a las y los salvadoreños unas “soluciones” a corto plazo a cambio de sacrificar los cimientos de la democracia y de instaurar el autoritarismo.

Con esto en mente, los partidos políticos de ambas orillas deberán hacer un paro en el camino, estudiar con rigor el contexto y comenzar el camino del debate para diseñar programas alternativos e incluso contra hegemónicos.

Tercero y último, el auge de figuras como Bukele, agitadores que hacen que la sospecha sea una certeza y la sensación, mezclada con noticias falsas, un análisis acabado, obliga a que los medios de comunicación tomen de manera más consciente su función dentro de la democracia y el poder que llegan a tener en el momento de hacer ese contrapeso al ejecutivo.

Lea en Razón Pública: ¿Deberíamos adoptar el modelo de seguridad de Bukele?

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Manuel Rayran

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Manuel Rayran

*Docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas orientadas a las Relaciones Internacionales con especialidad en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.

Foto: Presidencia de la República

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Después de más de veinte años de litigio, la Corte Internacional falló a favor de Colombia. Pero quedan problemas y preguntas sobre el manejo del archipiélago de San Andrés y sobre nuestra relación con Nicaragua.

Manuel Rayran Cortés*

El fallo 

Este 13 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió su último fallo en relación con el diferendo entre Colombia y Nicaragua

La CIJ confirmó su decisión anterior de adjudicarle a Nicaragua 75.000 km2 que Colombia consideraba suyos. También determinó que San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de hacer parte de Colombia, tienen derecho a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y a la plataforma continental.

En tercer lugar, la Corte indicó que Colombia había incumplido el fallo de 2012, ya que mantenía actividades económicas en una zona que le pertenecía a Nicaragua. Finalmente, el tribunal decidió que Colombia recuperaba su soberanía y que no estaba sujeta a dicha jurisdicción en el momento de dirimir sus controversias con otros Estados.

A las malas o a las buenas

Ante este nuevo escenario jurídico, tanto Colombia como Nicaragua se encuentran en una encrucijada diplomática, pues dos de las tres opciones que tenían para resolver sus controversias ya han sido agotadas.

Primero fracasó el arreglo directo a través del diálogo y la diplomacia, llevado a cabo entre 1990 y 1998, una vez que Managua y Bogotá publicaran sus Libros Blancos.  Segundo, el arbitraje ante una institución internacional competente no satisfizo a una de las partes.

el Estado colombiano tiene dos opciones: sentarse a negociar un tratado limítrofe con Nicaragua o argumentar que no se acatará el fallo de 2012 porque, de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, las fronteras deben ser definidas por tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República.

De este modo, el camino restante tendría que ser la guerra. Pero esta opción no es viable para ninguno de los gobiernos. Gustavo Petro, pese a tener una notable ventaja militar, es consciente del costo político de esta decisión. Daniel Ortega, además de tener problemas de gobernabilidad, no preside un país tan unido como Colombia.

Así, los gobiernos tendrán que retornar al camino del diálogo y tener en cuenta que el mundo está lleno de rarezas geográficas, las cuales, sin importar las ideologías políticas, se han adaptado al pragmatismo y a la conveniencia del ser humano. La diplomacia y el buen juicio serán claves para defender los intereses de los colombianos, ya que Nicaragua establecerá su propia negociación a partir de los dos fallos ganados en la CIJ.

Foto: Facebook: Gobernación Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina - De acuerdo con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del DANE, el 32,4 % de población en edad escolar no está en el sistema educativo.

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Colombia: terquedad o negociación

En pocas palabras, el Estado colombiano tiene dos opciones: sentarse a negociar un tratado limítrofe con Nicaragua o argumentar que no se acatará el fallo de 2012 porque, de acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, las fronteras deben ser definidas por tratados internacionales aprobados por el Congreso de la República.

Si se opta por la segunda opción, el presidente tendrá que establecer con urgencia los debidos procesos de gobernanza en la zona, sin que eso se traduzca en el reconocimiento de la adjudicación de los 75.000 km2 ni una línea limítrofe entre ambas naciones.

El gobierno podrá abrir el diálogo a partir de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente, el objetivo 14 manifiesta la importancia de “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. De este modo, los ODS podrán serán herramientas de negociación y de coexistencia pacífica con Nicaragua.

Tareas pendientes en San Andrés

Los acuerdos propuestos por Colombia deben apuntar hacia dos objetivos principales: (1) ejercer soberanía sobre el Mar Caribe mediante el libre acceso al océano para garantizar los intereses nacionales, y (2) poner en marcha políticas de desarrollo, seguridad y defensa para aprovechar la posición oceánica, los ecosistemas y la biodiversidad.

Para eso será clave gestionar integralmente el territorio continental y oceánico, garantizando los derechos económicos de los raizales y sanandresanos; también nos es preciso rescatar el papel de la investigación básica y aplicada para entender los recursos oceánicos y su buena utilización. Bajo esta lógica, la Reserva de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower tendrán un papel protagónico.

Los criterios anteriores ayudarán a resolver una serie de problemas del archipiélago.

En primer lugar, la situación socioeconómica de la población raizal y sanandresana que, pese a los ingresos por turismo y comercio, sobrevive gracias a la pesca. Según la Asociación de Pescadores y Agricultores de San Andrés y Providencia (ASOPACFA), las áreas de pesca artesanal fueron ampliadas desde 2019, alcanzando el 55% de la totalidad territorial marítima del archipiélago. Por eso es necesario establecer un mínimo de uso comercial responsable para los pescadores.

En segundo lugar, es urgente fortalecer las demás actividades productivas de San Andrés y Providencia, para elevar el nivel de vida de lo lugareño. Según el DANE, el 43% de los isleños vive en pobreza multidimensional; el 32,4% de la población en edad escolar está por fuera del sistema educativo, y el 79,52% de los jóvenes no acceden a la educación superior.

En tercer lugar, si el gobierno desea gestionar una gobernanza con Nicaragua tendrá que llegar a un acuerdo sobre la seguridad, especialmente, en lo referente a delitos transnacionales como el narcotráfico. Por su posición, San Andrés y Providencia son un paso estratégico para el transporte de droga hacia Centro América. En consecuencia, en las islas hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.

Dicho de otro modo, Colombia no puede descuidar esta zona marítima, y, por el contrario, debería trabajar de la mano con el gobierno nicaragüense para luchar contra este flagelo.

El cuarto aspecto por considerar es la protección de la Reserva de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower, un tema vital para Colombia debido a que, con el fallo de 2012, vio reducido el 54% de la zona protegida.

si el gobierno desea gestionar una gobernanza con Nicaragua tendrá que llegar a un acuerdo sobre la seguridad, especialmente, en lo referente a delitos transnacionales como el narcotráfico

Aunque este territorio es reconocido por la UNESCO como una reserva, no impide las iniciativas de desarrollo que los países lleven a cabo en dicha área. Por su parte, Nicaragua, en repetidas ocasiones, ha sostenido que tiene intenciones de explorar la extracción de combustibles fósiles en estas aguas.

Finalmente, se debe considerar el tema del acceso libre y directo al patrimonio cultural sumergido bajo las aguas del Mar Caribe. Varios estudios sugieren que entre los siglos XVI y XVIII, se presentaron más de 116 siniestros de embarcaciones, convirtiendo a Colombia en un país con un alto número de naufragios que incluyen galeones, mercantes y barcos de línea.

Tres líneas prioritarias

Con la anterior información en mente, el gobierno tendrá que establecer una estrategia que integre tres elementos.

Primero, fortalecer la gobernanza interna mediante la concertación entre los varios niveles de gobierno. Esta estrategia fortalecerá la participación de Colombia en los escenarios internacionales relacionados con lo oceánico.

Segundo, aumentar el presupuesto destinado a mejorar las condiciones económicas y sociales de los sanandresanos y raizales. Además de consolidar su soberanía, la presencia del Estado colombiano en el departamento ayudará a resolver un problema social que se agrava con el paso del tiempo.

Tercero y no menos importante, diseñar y ejecutar una política exterior de Estado que mejore el servicio diplomático. Una buena comunicación con los países colindantes facilitará el trabajo conjunto para remediar los males que afectan a esos vario territorios.

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Manuel Rayran

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Manuel Rayran

*Docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas orientadas a las Relaciones Internacionales con especialidad en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.

Foto: Nayib Bukele

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Los trinos de Petro y Bukele reabren la discusión sobre cómo combatir la criminalidad: éstos son los dos modelos, y éstas sus implicaciones en términos de eficacia, popularidad y respeto por los derechos humanos.

Manuel Rayran*

El presidente más popular

Según la encuesta Gallup publicada el 28 de febrero, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, registra el más alto índice de aprobación entre las personalidades públicas de América Latina.

Su nivel de aceptación se debe a la creencia difundida de que este mandatario está ganando la batalla contra de la delincuencia gracias a su política de “mano dura”, que ha estado dedicada a encarcelar los pandilleros de su país.

Esta encuesta dio pie a un debate entre los mandatarios de El Salvador y de Colombia, a través de Twitter y   —sobre todo —reabrió la discusión histórica sobre cuáles son las mejores estrategias de seguridad y sistemas judiciales para reducir la inseguridad.

La política de mano dura tiene efectos positivos en un corto plazo y despierta simpatía de los ciudadanos hacia su mandatario, porque este último demuestra con acciones la voluntad de atender las demandas de la sociedad.

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Foto: Ministerio de Justicia El Salvador - El presidente Bukele ha creado una narrativa jerárquica; se fragmenta la sociedad entre “los buenos” y “los malos”. De esta manera, se permite que las personas “buenas” gocen de un Estado de derecho y las “malas” reciban tratos inhumanos.

Las dos posturas

Así pues, alrededor de este tema existen dos posturas: la estrategia de la mano dura, y la que da prioridad a las garantías procesales y los derechos humanos.

Cada una de estas estrategias implica una cosmovisión sobre el funcionamiento de la sociedad y su relación con el Estado. La política de mano dura tiene efectos positivos en un corto plazo y despierta simpatía de los ciudadanos hacia su mandatario, porque este último demuestra con acciones la voluntad de atender las demandas de la sociedad.

Por eso este modelo tiende a tener más apoyo en sociedades agotadas por los altos niveles de criminalidad; la ciudadanía exige entonces una solución rápida, aun pasando por encima del Estado de derecho, y acepta el autoritarismo y la intimidación como herramientas para mantener el “orden” interno.

Pero detrás de estos resultados se esconden otros elementos que no se tienen en consideración: la criminalidad tiene causas o raíces complejas en cada sociedad, causas que no son ignorados o que no son atacadas de raíz con las solas herramientas de la mano dura. Por este motivo, la sociedad queda condenada a construir más centros de reclusión en el futuro.

Por su parte, las medidas inspiradas en el segundo modelo, el garantista, tienen resultados solo en un tiempo más lejano y su costo presupuestal es considerable, porque para atacar la criminalidad en su raíz, el Estado debe invertir sumas cuantiosas y de manera sostenida en diferentes ámbitos de la condición humana, como decir educación, trabajo, salud o vivienda.

Por los motivos anteriores, las estrategias garantistas no son muy atractivas para la ciudadanía, porque no ve resultados inmediatos y siente que el gobierno está gastando demasiado. Tampoco es atractiva para los jefes de Estado, porque los resultados en general no se verán sino tiempo después de sus periodos de mandato.

Qué hay detrás de la estrategia de Bukele

El presidente Bukele se ha ufanado de su política de mano dura y ha difundido, con una exagerada propaganda, imágenes de muchos hombres sin camisa que corren a través de los patios de las cárceles, como demostración del éxito de su política.

Detrás de este tipo de imágenes se esconde una estrategia de connotación fascista para legitimar un sistema político autoritario y la violación sistemática del Estado de derecho.

Una parte de la estrategia es la propaganda, que enmascara una guerra peligrosa y perturbadora para las instituciones jurídicas a nombre de la seguridad o la libertad; una estrategia que en realidad esconde los propósitos claramente conflictivos de Bukele con las otras dos ramas del poder en su país.

Lo anterior lo demostró en mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa salvadoreña, sin debido proceso, destituyó al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y, con un tono amenazante por Twitter, el mandatario afirmó que “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”.

En otras palabras, el presidente Bukele, con una propaganda y un lenguaje simple, ofrece argumentos para hacer creer que ese propósito antidemocrático es, en realidad, democrático.

Otra parte de la estrategia consiste en atacar o silenciar al periodismo y a toda vertiente intelectual contraria a sus ideas. Durante el primer año de mandato (2019-2020), según el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se registraron 61 vulneraciones por parte del gobierno de Bukele, las cuales, en su mayoría, se dieron por la restricción al ejercicio periodístico y el bloqueo de acceso de información. Este número es aún más preocupante al recordar que durante el año anterior (2018) los casos fueron 16, o sea que estas acciones se han triplicado durante su mandato.

El tercer componente de la estrategia es una narrativa maniquea que describe una lucha entre “ellos” y “nosotros”. En el caso de El Salvador, el presidente Bukele divide   su sociedad entre los “buenos” y los “malos”, o donde sólo las personas “buenas” tienen el derecho de gozar de los beneficios de un Estado de derecho, mientras que los “malos” deben ser deshumanizados.

Esta diatriba es preocupante porque apela a los sentimientos del miedo, el odio y la     venganza, creando así fracturas dentro de la ya muy fragmentada sociedad salvadoreña, que harán aún más difícil su reconciliación el día de mañana.

Con el propósito de desviar la atención y negar las denuncias de violación de derechos humanos, el presidente Bukele también ha recurrido al cuarto componente de esta estrategia: el victimismo.  Por eso dice el mandatario que él mismo es un mártir de entidades regionales como la OEA, las ONG de derechos humanos y de países como Estados Unidos.

Así lo hizo en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2022, cuando afirmó que había países que limitaban sus acciones que, según él, son con las mejores intenciones para su pueblo.

El quinto y último ingrediente de la estrategia es invocar “el orden público”, lo cual resulta atractivo para la ciudadanía porque convierte los problemas sociales en problemas de orden público, escondiendo de este modo sus raíces, propiciando la adopción del populismo punitivo, y fomentando la actuación por fuera de la ley.

Esta diatriba es preocupante porque apela a los sentimientos del miedo, el odio y la venganza, creando así fracturas dentro de la ya muy fragmentada sociedad salvadoreña, que harán aún más difícil su reconciliación el día de mañana.

Lo anterior se hace evidente con el estado de excepción que declaró el presidente en marzo de 2o22 y ha sido prorrogado en diez ocasiones, que se  ha usado en especial para cambiar la edad de imputabilidad penal.  Estos cambios jurídicos, además, lo ha facultado para violar los derechos humanos y detener más personas sin importar su edad, llegando a acusar, incluso, a niños y niñas por delitos relacionados con pandillas.

Un debate vigente

En suma, el debate sobre el uso de estos dos modelos de seguridad y sistemas judiciales para reducir la criminalidad seguirá vigente, más todavía en estos momentos de controversia pública doméstica e internacional.

De igual manera, queda claro que el presidente Bukele se ha valido de un conjunto de estrategias que pretenden reemplazar los argumentos razonables por las pasiones irracionales; y que, si bien a corto plazo su política de mano dura puede satisfacer a la ciudadanía salvadoreña, ésta también allana un espacio político dominado por el revanchismo y la falta de soluciones de raíz a los problemas sociales.

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Manuel Rayran

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Manuel Rayran

*Docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas orientadas a las Relaciones Internacionales con especialidad en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.

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