María Angélica Prada Uribe, autor en Razón Pública
Foto: Twitter Pacto Histórico - Durante este año hemos visto coqueteos, reuniones y hasta cónclaves que ambientan el panorama de alianzas para las elecciones al Congreso y la presidencia del próximo año.

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La proliferación de alianzas electorales es la prueba de que ningún sector puede ganar solo. Entonces, ¿cuáles alianzas son aceptables y cuáles no lo son?

María Angélica Prada*

La crítica es desigual

Durante este año hemos visto coqueteos, reuniones y hasta cónclaves que ambientan el panorama de alianzas para las elecciones al Congreso y la presidencia del próximo año.

Mientras tanto la opinión pública critica los problemas éticos que implicarían esas coaliciones, particularmente algunas que se han dado o se darían alrededor de la candidatura de Gustavo Petro.

Llaman la atención el énfasis de los medios sobre el Pacto Histórico y el muy escaso escrutinio crítico que han recibido la Coalición Centro Esperanza y la Coalición de la Experiencia.

El último escándalo mediático se debió al encuentro de una delegación antioqueña del Pacto Histórico con Luis Pérez —controvertido exgobernador de este departamento— y a los trinos donde el senador Gustavo Petro mostró su apoyo.

Pero nada dijeron los medios sobre la foto de la reunión de la Coalición Centro Esperanza, donde aparecen figuras controversiales como el empresario Alejandro Eder —señalado por participar en procesos de acaparamiento de tierras en el Valle del Cauca—.

El pacto histórico necesita forjar nuevas alianzas

Más allá de la desigualdad en la crítica a las distintas campañas electorales, los debates alrededor del Pacto Histórico nos invitan a reflexionar sobre cuáles son los límites éticos de las posibles coaliciones.

Mientras que la necesidad de hacer alianzas es relativamente reciente para los sectores tradicionales, para los proyectos políticos alternativos es una necesidad histórica. Esto es resultado del clientelismo, el debilitamiento del campo democrático, los genocidios, los asesinatos y la persecución política.

Mientras que para el Pacto Histórico la prioridad es crear alianzas que permitan derrotar al proyecto del uribismo, para las coaliciones de centro y de derecha la prioridad parece ser derrotar a Gustavo Petro a toda costa.

El Pacto Histórico surge de esta búsqueda de unidad de los sectores alternativos y se diferencia de experiencias pasadas —como el Polo Democrático Alternativo— porque trata de extender la coalición a otros sectores más allá de la izquierda.

Todos en el Pacto Histórico sabemos que, aunque la izquierda y su proyecto progresista se han fortalecido desde que Carlos Gaviria Díaz sacó 2.613.157 votos en el 2006, para poder llegar al gobierno es necesario “pactar” con otros sectores políticos.

Por este motivo, desde el comienzo los dirigentes del Pacto Histórico han invitado a personajes como Roy Barreras, Armando Benedetti y Alejandro Gaviria —quien rechazó esta invitación—.  Incluso sugieren la necesidad de una alianza para llegar unificados con los candidatos del autodenominado centro político.

La Coalición de la Esperanza: se dice de centro, pero se inclina a la derecha

Aun con los llamados a la unidad entre la izquierda y el centro, lo miembros de la Coalición Centro Esperanza parecen haber escogido a Gustavo Petro como su principal antagonista —inclusive por encima del proyecto uribista y de derecha—.

Esto se hizo evidente en dos momentos:

  • Primero, en una entrevista donde Alejandro Gaviria expresó la posibilidad de llegar a una alianza en segunda vuelta con Óscar Iván Zuluaga.
  • Segundo, en los constantes ataques que recibe el Pacto Histórico desde este sector.

Lo anterior pone en entredicho el discurso de la coalición de centro, según el cual su proyecto político representa un punto medio entre “dos extremos”. Poco a poco aparecen más afinidades entre la Coalición de Centro Esperanza y los proyectos de la derecha tradicional.

Esto explica por qué el sector de centroizquierda del Partido Verde decidió llegar al Pacto Histórico con la precandidatura presidencial de Camilo Romero.

Ante este panorama —donde la derecha y el centro parecen proclamar a Gustavo Petro como su común antagonista— el Pacto Histórico necesita crecer para poder ganar las elecciones presidenciales.

El antagonismo del centro y la derecha demuestra que existe una posibilidad real de que esta vez gane un proyecto alternativo, aunque persiste el riesgo de que sectores importantes del centro y de la derecha se alíen para derrotarlo.

Es decir, mientras que para el Pacto Histórico la prioridad es crear alianzas que permitan derrotar al proyecto del uribismo, para las coaliciones de centro y de derecha la prioridad parece ser derrotar a Gustavo Petro a toda costa.

Puede leer: Coaliciones electorales: una nueva forma de hacer política

Foto: Twitter Liberales sin veto - La noticia de las posibles alianzas con personas como Alfredo Saade o Luis Pérez es defendida de manera vehemente por miembros de esta coalición.

¿Cuál es límite ético de las coaliciones?

El Pacto Histórico sigue sumando alianzas para las elecciones, especialmente de personas y organizaciones que en el pasado no han votado por la izquierda.

Algo similar están haciendo las otras coaliciones. Ya hemos visto intercambios entre la Coalición de la Experiencia y el Centro Democrático, y aún está por verse dónde aterrizarán partidos como el Liberal y Cambio Radical.

En esta búsqueda de nuevos sectores surgen críticas a la política de alianzas de Gustavo Petro.

Por ejemplo, la discusión alrededor del ingreso de Alfredo Saade como precandidato presidencial a la coalición, pues fue atacado por sus declaraciones homofóbicas y por oponerse abiertamente a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero quienes defienden esta alianza tienen un punto importante: hay que disputarse los votos de los sectores religiosos, pues este es un proyecto progresista que incluye a todas las personas. También es importante atender el llamado de las mujeres que hacemos parte de este proyecto a que no se acepten alianzas con sectores antiderechos. Esto incluye a personas que no tienen un compromiso claro con el avance de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+.

Aunque dentro del Pacto Histórico hay muchas voces críticas, la mayoría no nos vamos a prestar para contribuir a la destrucción moral del principal proyecto alternativo que tiene Colombia.

La noticia de las posibles alianzas con personas como Alfredo Saade o Luis Pérez es defendida de manera vehemente por miembros de esta coalición. Uno de ellos es el representante a la Cámara David Racero, quien tiene razón al advertir que a medida que se acerquen las elecciones se irán aproximando al Pacto Histórico más personas que no conforman organizaciones progresistas. Sin embargo, teniendo en cuenta esta realidad, es necesario definir unos mínimos ético-políticos para la consolidación de esas alianzas. Pactar primero y permitir el ingreso después, no al revés como parece que está sucediendo.

¿Y ganar las elecciones para qué?

Finalmente, a muchos sectores del establecimiento no les gusta perder. Están dispuestos a poner sus huevos en múltiples canastas —incluyendo la canasta de Gustavo Petro— para cobrar después una tajada del pastel.

Por esta razón son tan importantes las voces que, en el interior del Pacto Histórico, están haciendo un llamado a la coherencia ética y política del proyecto: hay que ganar, pero sin perder nuestro carácter progresista.

Para quienes nos encontramos en esta orilla, el pacto debe ser con todos. Esto incluye al pueblo evangélico y uribista, pero no a los políticos que se benefician de la guerra, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos.

Como decía Allende: “en la actualidad no estamos empeñados en la mera lucha por elegir un presidente de la República, sino tras la conquista del poder para el pueblo”.

Comparto este análisis —que también es una autocrítica— desde el interior del Pacto Histórico, porque estoy convencida de que un proyecto de transformación debe ser democrático. Debemos abrir cada vez más espacios para la discusión pública.

También considero necesario que en los análisis de las elecciones del 2022 sean críticos sobre el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública en época de elecciones.

Si bien algunas de las alianzas propuestas para el Pacto Histórico son controversiales, varios medios de comunicación —tanto corporativos como supuestamente independientes— parecen reservar su escrutinio ético para el Pacto Histórico, y dejan impunes las controversiales alianzas que hacen otros sectores.

Aunque dentro del Pacto Histórico hay muchas voces críticas, la mayoría no nos vamos a prestar para contribuir a la destrucción moral del principal proyecto alternativo que tiene Colombia.

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María Angélica Prada Uribe

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María Angélica Prada Uribe

*Abogada y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. profesora de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Foto: Wikimedia Commons Las denuncias públicas de violencia sexual son una respuesta a las barreras que han enfrentado las mujeres.

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Los que defienden la presunción de inocencia y critican las denuncias públicas olvidan que el sistema judicial y la sociedad han justificado el machismo durante décadas.

María Angélica Prada Uribe*

Los detractores de las denuncias

A finales del mes pasado, María Jimena Duzán organizó un panel en Semana en Vivo titulado “Me too en Colombia ¿Está tomando auge el movimiento?”.

A pesar del nombre, en el evento no se discutieron las denuncias de violencia sexual contra artistas y tatuadores ni contra participantes de los modelos de Naciones Unidas de distintos colegios y universidades —que fueron difundidas por las redes sociales antes de que fueran publicadas las denuncias contra el reconocido director de cine Ciro Guerra—.

La ausencia de este tema no me sorprendió porque sé que el sistema patriarcal se reconfigura constantemente y ha logrado reemplazar el debate sobre las conductas sistemáticas de violencia masculina por las consecuencias negativas de las denuncias en la vida de los presuntos acosadores y los peligros de denunciar públicamente.

Cuando las denuncias contra Ciro Guerra salieron a la luz, la escritora Carolina Sanín afirmó que las denuncias públicas violan el principio de presunción de inocencia de los acusados, y señaló que ese tipo de denuncias son narrativas que presentan a la mujer como víctima y al hombre como monstruo victimario.

• Sobre la primera afirmación, es necesario aclarar que las denuncias públicas de violencia sexual son una respuesta a las barreras que las mujeres hemos enfrentado a lo largo de la historia para lograr algún tipo de justicia dentro del sistema o aparato oficial o estatal de justicia.
• Sobre la segunda afirmación, es importante precisar que las denuncias no pueden ser leídas simplemente como narraciones, textos o discursos, porque esto implicaría negar todas las acciones, relaciones y afectos que tienen lugar antes y después de que las denuncias sean publicadas.

Las denuncias no son narraciones aisladas, sino que forman parte de un conjunto de prácticas digitales y presenciales que los movimientos feministas usan para promover la igualdad y los derechos de las mujeres.

La presunción de inocencia

Los contradictores de las denuncias públicas contra Guerra las han tildado de “linchamientos públicos” y “cadenas perpetuas”, aduciendo que violan el derecho a la presunción de inocencia y a la defensa del acusado.

En efecto, dentro del sistema judicial, estos dos principios pretenden proteger al acusado porque su libertad está en juego y se presume que la fiscalía tiene mayores recursos y poder que el sindicado.

Sin embargo, el principio de presunción de inocencia o de buena fe puede invertirse cuando existe una clara desproporción de poder entre las partes, como ocurre en los procesos de restitución de tierras.

En la mayoría de los casos de violencia sexual existe una asimetría de poder entre el hombre que ejerce la violencia y la mujer porque, además de que a menudo existe una relación de poder (laboral, familiar, etc.), el sistema patriarcal provoca múltiples desigualdades que facilitan la agresión y dificultan la denuncia. Entonces, ¿por qué analistas como Sanín insisten en usar la noción estricta de la presunción de inocencia en el debate sobre la violencia sexual?

Resulta llamativo que los defensores de Guerra hayan usado las metáforas del linchamiento y de la cadena perpetua para referirse a las denuncias en su contra porque, en realidad, estas denuncias no afectan la integridad física del cineasta (como ocurre en los linchamientos), ni lo privan de su libertad (lo que sucede con la cadena perpetua). Comparar los efectos de la denuncia con estos hechos es, cuando menos, desproporcionado.

Además, aunque nuestro sistema judicial protege el buen nombre y la honra de las personas, estos derechos no son superiores al derecho a la libertad de expresión per se. Para proteger el derecho a estar libre de calumnias o acusaciones injuriosas, el acusado cuenta con varios mecanismos judiciales de defensa. De hecho, como explica Emmanuel Vargas en un artículo publicado por Pacifista, los hombres no solo se pueden defender de las acusaciones, sino que muchas veces acosan judicialmente a las denunciantes.

Por lo tanto, la obsesión con la honra y el buen nombre no debe ser leída como una defensa del sistema judicial, sino como una expresión más de la discriminación de género y de clase que predomina en nuestra sociedad. Desde hace siglos, el honor se ha constituido como una fuente de poder para los patriarcas, especialmente los que hacen parte de las élites políticas, económicas y culturales.

Foto: 1.2 Facebook: Degénero ¿Se está afectando el derecho al buen nombre con estas denuncias?

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El sistema judicia

El sistema judicial y los medios de comunicación

Por otra parte, la exigencia de que las víctimas denuncien únicamente a través del sistema judicial encubre una falsa dicotomía, pues publicar una denuncia y tramitarla en el sistema judicial no tiene porqué ser excluyente.

En realidad, los procesos penales no son secretos, y solo en circunstancias excepcionales los jueces pueden limitar el acceso a la información sobre ellos.

Además, como señala Nadia Urbinati, nuestras democracias son sistemas compuestos tanto por instituciones y procedimientos que regulan la creación de decisiones autoritativas (por ejemplo, el sistema judicial) como por el dominio extrainstitucional de la opinión pública.

A mi modo de ver, la idea de que los procesos penales deben ser ajenos al debate público es una extensión de la forma como nuestra sociedad lidia con el crimen: en vez de preguntarnos por las causas estructurales y las motivaciones personales que llevan al delito, decidimos entregar los delincuentes al sistema penal porque creemos que si los encierran podremos desentendernos del problema por completo.

En contraste con ese enfoque, desde hace décadas, las feministas reclaman que la violencia contra las mujeres es un asunto público. Las denuncias públicas rompen el espejismo de la privacidad y nos obligan a discutir los temas verdaderamente importantes: la violencia sistemática que las mujeres experimentamos y las conductas de los hombres que la hacen posible.

¿Reconocimiento o revictimización?

El segundo argumento presentado por Sanín es que las denuncias contra los agresores reproducen una narrativa que presenta a los hombres como “monstruos/ enemigos”, y victimiza a las mujeres presentándolas como individuos pasivos.

Pero las mujeres que denuncian han dicho que al hacerlo buscan justamente lo contrario: tomar las riendas del asunto y poner en evidencia que los hombres que abusan o acosan son hombres comunes y corrientes —son nuestros amigos, compañeros, hermanos y padres—.

Este argumento entiende el concepto “víctima” de una forma peyorativa, en tanto lo relaciona con la pasividad y la estigmatización. Además, confunde ser víctima con victimizarse: en realidad, todas las mujeres que experimentan abuso o acoso sexual son víctimas, pero al reconocerse como tal no se están poniendo en una condición de indefensión ni buscan llamar la atención o manipular a la opinión pública.

En Colombia, muchas organizaciones feministas y de víctimas del conflicto armado proponen una noción de víctima que no está relacionada con la convalecencia, sino con el reconocimiento del daño sufrido y la posibilidad de superarlo.

Tiene sentido que las mujeres que han sufrido episodios de violencia sexual se identifiquen como víctimas porque, a lo largo de la historia, se les ha negado esta categoría al culparlas por la agresión: fueron violadas por la forma en la que visten, por consumir alcohol, por tener una vida sexual activa, etc.

El llamado a superar la “narrativa de la víctima” me recuerda, guardadas proporciones, los discursos de “superación personal” que culpan al individuo por condiciones sociales que no pueden cambiar de forma individual, como la pobreza y la exclusión.

La feminista Alba Carosio señala que “las ideologías neoliberales descalifican la queja y la victimización de las mujeres, y exigen éxito y disfrute en el empeño. Muchas se sienten fallidas por no ser perfectas o no soportar la carga”.

Foto: Facebook: Polifonía ¿Las denuncias revictimizan a las mujeres?

Puede leer: El caso de Ciro Guerra: las víctimas merecen nuevas narrativas

Desde la perspectiva neoliberal, espacios como Las Igualadas o Volcánicas solo pueden ser leídos como una forma de “tomarse la voz de las mujeres” o “explotar el miedo de las mujeres” porque las acciones humanas no tienen sentido más allá de los intereses o beneficios individuales.

En contraste, los movimientos feministas pretenden que las mujeres que tienen posiciones privilegiadas —como las que pueden acceder a los medios de comunicación—ofrezcan espacios seguros para que otras mujeres denuncien sin ser revictimizadas.

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María Angélica Prada Uribe

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María Angélica Prada Uribe

*Abogada y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. profesora de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

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