Luis Felipe Vega Diaz, autor en Razón Pública

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La inseguridad está aumentando, y esto en mucho se debe al manejo equivocado que el gobierno le está dando a las fuerzas armadas. Una mirada “desde adentro” a las políticas de paz total y seguridad humana.

Luis Felipe Vega Díaz*

Dos ideas equivocadas

Para entender la situación actual de la seguridad en Colombia, me parece necesario comenzar por un error en el diagnóstico y un error en el enfoque de la estrategia del gobierno nacional:

  1. En cuanto al diagnóstico, no es verdad —como piensa el gobierno— que la violencia actual sea apenas un residuo o una prolongación del conflicto con las FARC, que por lo tanto se pueda resolver mediante las negociaciones.

Cierto que después de un acuerdo de paz,  en muchos países quedan bandas residuales que practican la violencia, pero en Colombia los “grupos armados organizados residuales” (GAOR) —como las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo— no son apenas “residuales”. Además de lo cual — y a diferencia de las FARC— el ELN es una organización dispersa o federalizada con la cuál es difícil negociar.

  1. En cuanto a la estrategia, me refiero a la precariedad conceptual de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la vida y la paz”.

El gobierno no ha definido con claridad la figura de la “seguridad humana”, y por lo tanto fue difícil concretar sus elementos en el Plan Nacional de Desarrollo. No sabemos exactamente cuáles sean sus objetivos, componentes, medidas concretas e indicadores de avance en el logro de esas metas.

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Qué está pasando con las fuerzas armadas

Además del diagnóstico y el enfoque dudosos, la política de seguridad del gobierno nacional no ha funcionado por su incapacidad para coordinar los esfuerzos, empezando por el Ministerio de Defensa y su relación con las fuerzas de seguridad.

Esto se debe a una serie de factores y se refleja de varias maneras:

  • Ministro y viceministros desconocían el funcionamiento de las oficinas del Ministerio y han tratado de innovar con muy poco realismo.
  • Los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron depurados con la intención aparente de evitar resistencias o eliminar focos de perturbación, lo cual—al mismo tiempo— ponía en riesgo la gobernabilidad para el Ejecutivo y la realización de su proyecto de “Paz Total”.
  • La fata de confianza del alto gobierno en los mandos medios de las Fuerzas —mayores y tenientes coroneles— encargados de la gestión directa del recurso humano.
  • La dispersión de los esfuerzos, sumada a la incapacidad de los oficiales de insignia —brigadieres generales— para tomar decisiones concordantes con la intención del presidente y su ministro.
  • La doctrina y la práctica de operaciones conjuntas entre las fuerzas militares han desparecido casi por completo.
  • También se han perdido capacidades humanas y tecnológicas de la inteligencia (incluyendo el intercambio entre las varias agencias).
  • Indecisión y lentitud en las acciones militares para evitar los traumatismos jurídicos o el fuego amigo proveniente del mismo gobierno.
  • Aumento de las solicitudes de retiro de los rangos medios —mayores y tenientes coroneles— y de suboficiales de alta graduación, sargentos viceprimeros y primeros. Los mayores y tenientes coroneles hacen la gestión de seguridad real en terreno y los suboficiales son los ejecutores tácticos de las operaciones previstas por los altos mandos.

Así pues, existe una fractura interna operativa y táctica. Esto significa que la capacidad de respuesta es más lenta, los procesos administrativos y logísticos de la jefatura de Estado Mayor son mucho más demorados y los insumos para las unidades de combate son cada vez más escasos.

En síntesis, el comandante general de las Fuerzas Militares tiene mucha dificultad para coordinar a los comandantes de fuerza —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— y mayores problemas para adoptar estrategias conjuntas con el director Nacional de la Policía.

Foto: Facebook: Ministerio de Defensa - La evidencia muestra que existe un mayor riesgo de aumento de solicitudes de retiro de suboficiales de alta graduación.

Además del diagnóstico y el enfoque dudosos, la política de seguridad del gobierno nacional no ha funcionado por su incapacidad para coordinar los esfuerzos

Además, el comandante del ejército no tiene la capacidad real de inspirar confianza en sus subalternos. No representa una imagen de autoridad y, por ende, encarna una figura que rompe el espíritu de cuerpo, factor necesario en el recurso de los inmateriales necesarios como la moral del combatiente para la acción. En síntesis, no hay respeto de los subordinados por el mando.

Un gobierno sin control

Las circunstancias anteriores impiden consolidar el control del territorio, que es por supuesto la base de la seguridad y la paz. El descontrol se refleja y se traduce en:

  • Desconexión entre los mandos de las fuerzas y las autoridades locales. No hay consultas con los gobernadores ni hay coordinación en materias de seguridad: por eso el descontento y las quejas reiteradas de las autoridades regionales.
  • Cada vez más coroneles asumen el mando de brigadas que antes estaban al mando de generales.
  • Se desmantelan unidades estratégicas, como la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que perdió su capacidad aérea de respuesta. También once brigadas compuestas por cuatro batallones han quedado reducidas a un solo batallón. Con esto se pierde iniciativa frente a los grupos al margen de la ley y se hace más difícil motivar a los soldados porque sienten que el Ejército está perdiendo fuerza.

Las circunstancias anteriores confirman que el ministro y su equipo realmente no saben cómo funcionan las fuerzas armadas y por lo tanto no están en condiciones de reorientarlas. Tampoco están en condiciones de informar debidamente al comandante en jefe, es decir, al presidente.

Y de su parte los mandos militares y policiales tampoco saben qué hacer. En pocas palabras: no hay gobierno en el sector de la seguridad y la defensa.

De aquí a su vez resultan los índices de violencia que ya todos conocemos:

  • Un total de 89 masacres desde el comienzo del gobierno.
  • Aumento de 212 % en los secuestros.
  • Aumento del 79 % en la trata de personas.
  • Aumento del 43 % en la extorsión.
  • Escasa erradicación manual de cultivos (apenas 3965 hectáreas).
  • Menos incautación de drogas (de 245 a 209 toneladas).
  • Un paro armado cada bimestre en distintos territorios.
  • Patrullaje ilegal en cabeceras municipales.
  • Aumento significativo del desplazamiento y de las áreas sembradas con artefactos explosivos improvisados.

¿Cuál es la respuesta del gobierno? Descoordinación completa.

Terquedad que hará daño

El gobierno mantiene la idea de que la negociación política será la vía para mejorar las condiciones de seguridad en todo el territorio. Y esto le lleva a negociar en condiciones asimétricas frente a los grupos armados ilegales: el gobierno necesita más de ellos que ellos del gobierno.

De aquí que pese más el criterio del Alto Comisionado para la Paz que el del ministro de Defensa: el primero es quien traduce las elucubraciones del presidente y el segundo se pone a su servicio para que puedan avanzar las negociaciones con los grupos armados.

Esta relación disfuncional es muy clara para los jerarcas de las organizaciones armadas al margen de la ley y, por consiguiente, se benefician de dicha incapacidad. El gobierno negocia desde la debilidad y desde la fragmentación de las instituciones. Y además se empecina en que esta premisa debe funcionar como sea.

El gobierno mantiene la idea de que la negociación política será la vía para mejorar las condiciones de seguridad en todo el territorio. Y esto le lleva a negociar en condiciones asimétricas frente a los grupos armados ilegales

Por último, la incautación de 295 granadas en Bogotá, así como otras incautaciones en grandes ciudades advierten que el mecanismo de fuerza y presión en esta relación asimétrica se va a robustecer por acciones militares en las ciudades.

La poca coordinación del gobierno central con los gobiernos locales y la poca capacidad de respuesta en los sectores urbanos va a propiciar una violencia difícil de anticipar y de contrarrestar.

Sería deseable que el gobierno propiciara un verdadero “acuerdo nacional” con las instituciones y le diera prioridad sobre las negociaciones con grupos ilegales. El gobierno tiene que entender su papel y sus funciones si no quiere acabar de perder el control territorial en la ruralidad y en las ciudades.

Puede leer: Paz y seguridad: de la audacia a la eficacia

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Luis Felipe Vega Diaz

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Luis Felipe Vega Diaz

*Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig.

Foto: Facebook: Gustavo Petro

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En vez de paz total y de seguridad humana, estamos viendo más violencia en las regiones y retrocesos más que avances en los procesos de negociación. ¿Por qué y cómo pasó esto?

Luis Felipe Vega Díaz*

Transición difícil y poco exitosa 

El gobierno tomó el enfoque de Seguridad Humana de Naciones Unidas como bandera para su “Paz Total”, junto con los temas de deforestación y biodiversidad, integridad territorial y mejoraría de la Fuerza Pública.

Pero este modelo en realidad no es fácilmente aplicable a situaciones de alta criminalidad organizada, como es el caso actual de Colombia. Por eso es frágil y difícil el proceso de transición entre el modelo clásico y el de seguridad humana.

Es más: algunas de las orientaciones principales de Naciones Unidas no están contempladas en la política del actual gobierno. Entre ellas figuran:

  • Los cambios institucionales necesarios para que sean eficaces las nuevas herramientas;
  • La transversalidad del enfoque en sectores como el de salud o educación, y
  • Las alianzas con organizaciones de la sociedad civil.

Si bien las propuestas de gobiernos anteriores han sido frágiles —salvo las del proceso de La Habana— la deuda social es enorme porque ningún gobierno ha tenido un enfoque multidimensional de la seguridad.

Pero del otro lado la política del actual gobierno carece de instrumentos prácticos, y le ha faltado mucha capacidad técnica para desarrollar su modelo alternativo de seguridad.

La percepción generalizada sobre la estrategia de seguridad del gobierno Petro es bastante negativa, puesto que no ha logrado manejar bien situaciones críticas como la del ELN y las Disidencias de FARC, o la seguridad territorial ante las nuevas amenazas del Clan del Golfo.

Pero del otro lado la política del actual gobierno carece de instrumentos prácticos, y le ha faltado mucha capacidad técnica para desarrollar su modelo alternativo de seguridad.

Lea en Razón Pública: La Paz Total está en peligro

El ELN

En este caso es clave tener en cuenta la forma de organización de esta guerrilla.

Por una parte, el ELN tiene un Comando Central (COCE) formado por cinco miembros, de los cuales uno sólo es militar. Los otros son encargados de operaciones financieras, asuntos internacionales, asuntos políticos y comunicaciones. Esto hace que las acciones militares sean un componente no dominante en la actividad política, un hecho que se confirma porque no todos los miembros del ELN son combatientes en armas. Como dice Carlos Medina, “El paso de la “toma” a la “construcción” del poder equivale a transformar las modalidades de la lucha en el escenario político. Ahora se dan significaciones que están más allá de concientizar y organizar a los sectores sociales y populares para que participen en la lucha revolucionaria o en la lucha electoral. Más bien, se conciben sujetos políticos cuya procura es una acumulación creciente de poder desde lo local y territorial, que van construyendo una sociedad y un Estado sobre la base de una nueva democracia”.

Esto significa que en la gestión del ELN hay un mayor peso de lo regional, de los procesos electorales y de las luchas sociales en los territorios. De aquí que para el ELN la paz no significa dejar y entregar las armas. También de aquí resulta (a) que la insistencia de gobiernos sucesivos en el Desarme y la Desmovilización es la manera segura de retardar el proceso, y (b) Que una paz negociada con el ELN implicaría un mecanismo alternativo mu distinto de los tradicionales.

Las disidencias de las FARC.

Por su parte, las disidencias o Grupos Armados Organizados Residuales de las FARC-EP no tienen unidad de mando.

Foto: Facebook: Gustavo Petro - En la construcción del Plan Nacional de Desarrollo no se garantizó una amplia participación de los sectores más vulnerables de todas las regiones del país.

De esta manera, el sistema de seguridad nacional se deteriora y se crea incertidumbre sobre el control territorial, así como un sentimiento de fracaso de las políticas actuales de consolidación territorial en el corto y mediano plazo. En este sentido, volvimos a las condiciones críticas de los años noventa.

Por eso sería necesario negociar con cada organización sobre las bases de su fuerza e intereses regionales o particulares. Estas organizaciones son:

  1. El Frente Oliver Sinisterra, con 400 combatientes estimados en este momento.
  2. El Comando Coordinador de Occidente, que es una organización mucho más táctica y móvil con un número menor de combatientes, calculados en no más de 300. No se vio afectada después de la muerte de Jhonier, su cabecilla militar importante.
  3. El Décimo Frente Martin Villa que opera en Arauca. No se tienen cifras de combatientes mínimamente dignas de confianza.
  4. Las Disidencias de Gentil Duarte Frente 1, el GAO más robusto que está en confrontación muy activa contra ELN y la Segunda Marquetalia.
  5. La Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, mucho más debilitado por las muertes del “Paisa”, “Santrich” y “Romaña”, con la incapacidad de incluir a los antiguos combatientes y con una necesidad de negociación mayor debido a la pérdida de su capacidad militar.
  6. El Frente 33, con un aumento de combatientes y operaciones en el Norte de Santander.
  7. El Frente Jorge Briceño, organización urbana, que tiende a la infiltración en movilizaciones sociales y de protesta.
  8. El Frente 48 Carolina Martínez, con operación en Puerto Leguizamo.
  9. El Frente 28 José María Córdova, más cercano al gobierno de Venezuela y con capacidad operacional en Boyacá y Casanare.

Cuatro errores del gobierno en las regiones

El escenario regional de violencia se ha complicado por cuatro desaciertos del actual gobierno:

  1. La metodología del Departamento Nacional de Planeación Nacional para elaborar el Plan de Desarrollo no garantizó una amplia participación de los sectores sociales más vulnerados en todas las regiones.

Por eso no se han definido las prioridades regionales, no se formaron las mesas de trabajo conjunto con las actuales administraciones departamentales para tener una línea de base más creíble y de efecto inmediato frente a las nuevas amenazas por micro conflictos regionales, que están en aumento.

  1. El recorte de los presupuestos de inversión de los departamentos en la actual ley de presupuesto para mitigar esas condiciones de crisis social-territorial.
  2. La disminución de las unidades de la Fuerza Pública por falta de planes estratégicos que se traducen en la incapacidad operacional y táctica, sin coordinación con los gobiernos locales.
  3. La participación de los GAO residuales, FARC-EP, ELN y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) como el Clan del Golfo que ha logrado mimetizarse en las administraciones municipales de sus áreas de influencia y en los procesos electorales de octubre de este año. No sólo se han involucrado con los candidatos de sectores ciudadanos, sino con el constreñimiento al elector.

De esta manera, el sistema de seguridad nacional se deteriora y se crea incertidumbre sobre el control territorial, así como un sentimiento de fracaso de las políticas actuales de consolidación territorial en el corto y mediano plazo. En este sentido, volvimos a las condiciones críticas de los años noventa.

En síntesis, la Paz Total hace agua antes de comenzar. Hay un gran desconocimiento técnico y se ha pensado más ideológica que técnicamente, en especial porque no logra comprender las capacidades de la Fuerza Pública y la necesidad del trabajo inter agencial y de operación con otras instituciones como el Departamento de Prosperidad social u otras carteras ministeriales.

Puede leer: El frente de guerra oriental del ELN

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Luis Felipe Vega Diaz

Escrito por:

Luis Felipe Vega Diaz

*Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig.

ISSN 2145-0439

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