Lucas dAuria, autor en Razón Pública
Foto: X: Israel Defense Force

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En respuesta al bombardeo de su consulado en Damasco, Irán lanzó un ataque aéreo contra Israel. ¿Se trata de un caso de defensa propia de acuerdo con el Derecho Internacional?

Lucas d’Auria*

Un punto de inflexión 

El ataque de Irán contra Israel ha cambiado las relaciones entre los dos países y nos ha puesto a pensar sobre el viejo concepto del balance de poder en el Medio Oriente. 

Aunque nos cueste creerlo, muchos Estados operan según cálculos de poder propios del siglo XX. Por esta razón, los Estudios Estratégicos, enfocados por lo general en cuestiones militares, han adquirido más relevancia. 

El ataque de Irán y la guerra de Israel contra Hamas no importa solo por sus alances estratégico-militares, sino porque representan un punto de inflexión para el Derecho Internacional. Además de ser criticada por su falta de efectividad, esta rama del derecho se acerca al abismo después de que las milicias de Hamas penetraron en Israel el 7 de octubre de 2023. 

En este artículo quiero subrayar algunos elementos del Derecho Internacional que considero básicos en relación con el ataque de Irán, y la conexión entre el Derecho Internacional y la política internacional (con frecuencia se estudian separadamente). Primero hablaré del derecho a la legítima defensa y analizaré los motivos del ataque de Irán. 

Puede ver: Las posibilidades de la CIJ frente a Israel

Legítima defensa 

Según el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, el derecho a la legítima defensa, individual o colectiva, es inalienable. Además, de acuerdo con el Derecho Internacional, es el único que permite el uso de la fuerza armada. 

Según esta reglamentación, ningún uso de la fuerza armada es legal, excepto en casos de defensa propia. Sin embargo, este concepto no es tan fácil de aplicar; por ejemplo, en ningún tratado de la Corte Internacional de Justicia se especifica si la defensa propia puede invocarse después de haber sufrido una ofensiva militar. 

Los consulados y las embajadas, contrariamente a la creencia popular, no son propiedad del Estado huésped y tampoco “generan” soberanía.

El ataque de Irán a Israel es, sin duda, una ofensiva armada. Irán invocó el derecho a la defensa propia, debido al bombardeo de Israel a su consulado en Damasco (Siria). En el ataque fue asesinado Mohammad Reza Zahedi, general de la brigada de la Guardia Revolucionaria de Irán. 

¿Es legal el uso de la fuerza por parte de Irán? ¿Se trata de un caso de defensa propia? La respuesta más aceptable es que sí era posible invocar el derecho a la defensa propia, pero no en lo que respecta a Irán.  

Estoy seguro de que en este punto los lectores se sorprendieron con mi afirmación. En términos legales, Irán no fue el Estado que sufrió un ataque armado por parte de Israel. En sentido estricto, se trató de Siria. Los consulados y las embajadas, contrariamente a la creencia popular, no son propiedad del Estado huésped y tampoco “generan” soberanía.

De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, las embajadas y consulados son espacios que gozan de inmunidad diplomática ante el derecho local del Estado anfitrión. En otras palabras, el consulado de Irán pertenecía al territorio sirio y solo este país podía invocar el derecho a la legítima defensa. 

De este modo, la defensa propia no es una herramienta para vengarse después de una agresión, sino que se invoca para contrarrestar un ataque inminente o en curso. Si se usa la fuerza después de la acometida de otro Estado, se estaría cometiendo un delito conocido como “represalia”. 

Para expertos en Derecho Internacional como Simon Olleson, Malcolm Evans y James Crawford, juez de la Corte Internacional de Justicia desde 2015 hasta el día de su muerte, las represalias no son lo mismo que la defensa propia y tampoco son iguales a las contramedidas. 

La ley del talión 

Si ese fuera el caso, el Derecho Internacional perdería su propósito porque cualquier disputa se limitaría a la famoso ley del talión. Como consecuencia, en la Carta de la ONU, la prohibición sobre el uso de la fuerza es casi inexistente. ¿Para qué prohibir la fuerza si todo el mundo puede tomar represalias armadas?

Naturalmente, Irán no iba a olvidar las acciones ilegales cometidas por Israel. Sin embargo, eso no significa que un ataque con drones haya sido legal para el Derecho Internacional. Si Irán no hubiese invocado el derecho a la defensa propia, su silencio habría indicado que el ataque armado no tenía justificación legal.

Entonces, la pregunta que nos queda es esta: ¿por qué lanzar un ataque relativamente fácil de detectar y de interceptar? Mi hipótesis es que el ayatollah Ali Khamenei, líder Supremo de Irán, necesitaba demostrar tanto a Israel como a los iraníes su poderío militar.  

pese a que la progresiva pérdida de apoyo de Israel por sus acciones en Gaza, varios países prefieren estar de su lado que del de Irán.

No es un secreto que el sistema político iraní es muy inestable, a pesar de que el ayatollah haya hecho todo lo posible por evitar que sus opositores políticos suban al poder. De hecho, le negó la posibilidad de lanzarse a la presidencia a Hassan Rhouhani, quien ya había sido presidente del 2013 al 2021. 

Figuras como el expresidente Mahmoud Ahmadinejad ha declarado que, incluso frente a la obligatoriedad de votar decretada por el Líder Supremo, él no participará en los comicios. En las más recientes elecciones legislativas, solo el 41% de la población fue a votar. Esta cifra muestra la frustración de los iraníes con un sistema político que excluye a la oposición y se atornilla en el poder. 

Asimismo, la crisis económica en Irán se acentúa cada vez más debido a las sanciones de Occidente y el descontento social de las mujeres que públicamente se manifiestan en contra del uso forzoso del hijab. Ni siquiera el asesinato de la joven Mahsa Amini, mientras era custodiada por la policía en el 2022, ha frenado las múltiples muestras de descontento. 

El lanzamiento de los misiles pudo haber tenido el propósito de apaciguar a la población civil y ganar su apoyo después de unas elecciones dudosas; demostrar su poderío frente a otros grupos armados como Hezbollah y los rebeldes hutíes en Yemen; y, manifestarle a la comunidad internacional que Irán no piensa quedarse con los brazos cruzados frente a la ilegalidad de las acciones de Israel. 

Sin embargo, el cálculo estratégico no salió como lo esperaba la cúpula iraní. El ataque con drones no solo fue fácilmente interceptado, sino que Jordania y Arabia Saudí participaron en la defensa de Israel. Lo anterior revela que, pese a que la progresiva pérdida de apoyo de Israel por sus acciones en Gaza, varios países prefieren estar de su lado que del de Irán. 

El ataque iraní le permitirá a Netanyahu victimizarse y recuperar el apoyo perdido de la población local, la cual lo culpa de no defender los intereses y la vida de los secuestrados por Hamas. Al respecto, el primer ministro israelí dijo que responderá al ataque aéreo, y sí así lo desea, rechazará el pedido de sus aliados a actuar con mesura. 

Lea en Razón Pública: Ataques entre Israel e Irán: causas y consecuencias

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Lucas dAuria

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Lucas dAuria

*Profesor Asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle (Bogotá), magister en Teoría de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics.

Foto: X: CIJ

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Foto: X: CIJ

La Corte Internacional de Justicia exige medidas provisionales a Israel en Gaza. ¿Pero qué implica este fallo y por qué no se exigió un cese al fuego?

Lucas d’Auria*

Las preguntas

En este artículo quiero tratar muy brevemente cinco asuntos relacionados con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acerca de la conducta de Israel en la franja de Gaza:

  • ¿Por qué la CIJ y no otra corte?
  • ¿Cuáles son los alcances del fallo?
  • ¿Cuáles fueron los argumentos básicos de Sudáfrica e Israel?
  • ¿Cuáles fueron las medidas provisionales exigidas por la Corte?, y
  • ¿Por qué no se ordenó un cese total al fuego?

¿Por qué la CIJ y no la Corte Penal Internacional (CPI)?

Sudáfrica interpuso esta acción legal contra de Israel al acusarle de vulnerar la famosísima Convención sobre la Prevención y Prohibición del Crimen de Genocidio, firmada en 1948 y que ha sido suscrita por 153 Estados. Las violaciones de esta convención en principio deben ser juzgadas por la Corte Penal Internacional (CPI).

Pero Israel declaró ante el secretario general de la ONU que, a pesar de haber firmado el Estatuto de Roma —el documento fundacional de la CPI—, ya no tenía intención de hacer parte de dicho Estatuto y, como consecuencia de ello, la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel.

han muerto entre 5.000 y 9.000 miembros de Hamas, es decir que, en el mejor de los casos, por cada miembro de Hamas se ha asesinado a un no combatiente palestino.

La única alternativa legal posible era recurrir a la CIJ, que tiene jurisdicción sobre Israel, ya que este país sí firmó y ratificó la convención sobre el genocidio. Sudáfrica, entonces, decidió acusar a Israel ante la CIJ de haber violado los primeros tres artículos de la convención.

Fundamentalmente les acusa de no estar previniendo la comisión del crimen de genocidio, ni ninguna de las conductas relacionadas, como la incitación a cometer el delito, y de no estar juzgando a los responsables. También sugiere a la Corte tomar una serie de medidas provisionales para que el delito no se siga cometiendo.

Foto: X: Palestine RCS - Aunque la Corte Internacional de Justicia no exigió un cese al fuego, Israel deberá tomar medidas preventivas para que los palestinos no mueran y para evitar que sus condiciones de vida sean afectadas, tales como permitir que lleguen ayudas humanitarias.

Le recomendamos: El futuro de la guerra en Medio Oriente

El alcance del fallo

Hay que dejar en claro que este fallo de la Corte no es condenatorio ni declara de modo definitivo que Israel esté, o no esté cometiendo genocidio contra la población palestina. Para sorpresa de muchos, esta etapa del proceso no determina todavía cuáles son las conductas punibles, y ni siquiera establece que la CIJ tenga jurisdicción plena sobre el caso.

La CIJ dice que, con una primera mirada relativamente superficial, existe suficiente evidencia para creer que las conductas que Sudáfrica le adjudica a Israel pueden estar ocurriendo. Esto significa que la Corte puede seguir observando el caso y que, en un futuro, si se verifica más allá de toda duda el genocidio, se puede determinar responsabilidad por su comisión. En esencia, es una advertencia para Israel.

Naturalmente, en esa etapa preliminar, la presentación de pruebas tanto por parte de Sudáfrica como por parte de Israel no es tan exhaustiva como se quisiera, ni es tan detallada como lo es usualmente en los casos de genocidio.

Esto sucede porque el proceso está apenas en una etapa muy inicial —como la llama la corte, prima facie, es decir, con una primera ojeada—, y además porque el delito de genocidio tiene un estándar probatorio muy alto, es decir que se necesitan pruebas verdaderamente incontrovertibles.

En especial, el problema con el delito de genocidio radica en su definición: el delito se configura cuando existe intención de destruir total o parcialmente al grupo que lo sufre.

Demostrar la intención es una de las cosas más difíciles en el derecho, y en el derecho internacional lo es aún más. En el caso del genocidio de Srebrenica, en el marco de la guerra de Yugoslavia, no se pudo demostrar que Serbia tuviera la intención de genocidio contra los bosnios musulmanes porque no se encontraron pruebas incontrovertibles de que el ejército de Serbia realmente tuviese la intención de destruirlos a todos —o casi todos.  En ese caso, la CIJ no condenó a Serbia por haber cometido el delito, sino por no haber hecho nada para evitarlo a pesar de que sabía que ocurriría.

Los argumentos: Sudáfrica vs Israel

Sudáfrica, probablemente teniendo esto en cuenta, mostró declaraciones de varios funcionarios del gobierno de Israel, como su ministro de Defensa y su ministro de Seguridad, quienes en repetidas ocasiones habían anunciado que no habría ni comida, ni agua ni electricidad para Gaza. Estas declaraciones son importantes porque imponer condiciones que impidan vivir a un grupo étnico/racial/religioso/nacional también es una forma de cometer genocidio de acuerdo con la Convención de 1948.

Otra de las declaraciones recordadas es la del ministro de Defensa, Yoav Gallant, según la cual Israel está luchando contra “animales humanos”. La importancia de esta declaración radica en la deshumanización: quitarle la condición de humanidad a alguien al asemejarlo con un animal es una estrategia común para restarle importancia a su muerte a manos del hablante. Aunque deshumanizar a alguien no es un delito, es ciertamente un recurso retórico usado para justificar una conducta sin que haya repercusiones. Sudáfrica ilustra su caso con este ejemplo en un intento de demostrar la intención de destrucción.

Para entender aspectos de la defensa de Israel, quiero hablar sobre la legítima defensa en el derecho internacional.

De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, el uso de la fuerza armada está tajantemente prohibido. La única excepción a esta regla absoluta es la legítima defensa, que se puede invocar cuando un Estado miembro de la ONU sufre un ataque o si dicho ataque es inminente. Israel invoca con frecuencia la legítima defensa para justificar su ataque sobre la franja de Gaza.

El problema radica en que todo uso de la fuerza en el derecho internacional debe responder a dos principios:

  • El principio de distinción, es decir que solo pueden ser usados métodos e instrumentos que permitan distinguir claramente entre combatientes y no combatientes, y
  • El principio de proporcionalidad, según el cual no es posible responder a un ataque con una fuerza desmedidamente mayor que la del ataque sufrido.

Teniendo en cuenta que a la fecha había más de 25.000 palestinos asesinados en el conflicto y más de 360.000 viviendas destruidas, los dos principios parecerían haber sido violados. Si las cifras de la inteligencia estadounidense y de las Fuerzas de Defensa de Israel son ciertas, han muerto entre 5.000 y 9.000 miembros de Hamas, es decir que, en el mejor de los casos, por cada miembro de Hamas se ha asesinado a un no combatiente palestino.

La Corte se cuida en exceso de adjudicar conductas punibles y, aunque no dice explícitamente que la proporcionalidad y la distinción se hayan violado, sí deja claro que hay suficiente evidencia para creer que “los derechos invocados por Sudáfrica y que esta intenta proteger son plausibles”.

La defensa de Israel, dirigida por Malcolm Shaw, uno de los más grandes expertos del planeta en derecho internacional (todos quienes hemos estudiado esta materia hemos leído su manual) es sosa, para no decir otra cosa.

Primero, intentó probar que no hay lugar a una disputa entre Sudáfrica e Israel porque, para la existencia de una disputa, debe haber una evidencia de que las partes no están de acuerdo sobre un tema. Por tanto, la Corte no tendría jurisdicción.

También dijo que hay un error de procedimiento en el proceso, pues Sudáfrica no permitió a Israel hacer declaraciones que aclararan su postura.

La CIJ desestimó el punto de Shaw mostrando, primero, que Sudáfrica había dado espacio inclusive en las Naciones Unidas para que Israel hablase y, segundo, que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yisrael Katz, había declarado que la acusación de genocidio era infundada desde un punto de vista legal.

Por último, Shaw argumentó que Israel ha tomado medidas para mitigar el daño a civiles en el conflicto y que no se ha probado la intención de destrucción típica del delito de genocidio.

Cese al fuego

Por tal motivo la Corte nuevamente desestimó los argumentos de la defensa de Israel y exigió a dicho Estado tomar medidas provisionales. Pero, entonces, ¿por qué no exigieron el cese al fuego?

La Corte no lo dice, pero con una altísima probabilidad esto se debe a que el derecho a la legítima defensa es inalienable: nadie se los puede quitar. Pedir un cese total al fuego implicaría negar a Israel la posibilidad de atacar a miembros de Hamas, y es bastante claro que Hamas —y no el pueblo de Palestina— es la amenaza.

Para sorpresa de muchos, esta etapa del proceso no determina todavía cuáles son las conductas punibles, y ni siquiera establece que la CIJ tenga jurisdicción plena sobre el caso.

Las medidas provisionales solicitadas por la CIJ, de todos modos, implican que Israel debe tener muchísimo más cuidado con sus operaciones militares: primero debe tomar precauciones para que los palestinos no mueran y para que sus condiciones de vida no se vean afectadas.

Israel debe tomar medidas para prevenir y castigar la incitación al genocidio, eso incluye, por ejemplo, evitar que sus ministros asistan a manifestaciones que cantan “muerte a los árabes”.

Por último debe permitir que llegue la ayuda humanitaria y, lo más importante, debe tomar medidas para asegurar la preservación de la evidencia relacionada con las acusaciones que le ha hecho Sudáfrica.

La Corte aclara que estas medidas provisionales no impiden que la Corte pueda declarar jurisdicción plena sobre el caso en el futuro, lo cual es una advertencia para Israel en caso de que las conductas continúen.

Puede Leer: 2023: la inercia de la historia y las guerras sin fin

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Lucas dAuria

*Profesor Asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle (Bogotá), magister en Teoría de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics.

Foto: Flickr: Gaza Palestine

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La tregua entre Israel y Hamás ha terminado, continua la guerra y aumentan los mensajes de odio. ¿Cómo ha sido recibida la guerra en Occidente y por qué la situación podría empeorar?

Lucas d’Auria*

Antisemitismo e islamofobia

Después de dos meses sin avances diplomáticos, con bombardeos israelíes a Gaza, la tregua para el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamás parecía ser prometedora. Lamentablemente, la tregua no se convirtió en un cese al fuego duradero y los enfrentamientos persisten.

La continuidad de la guerra es desafortunadamente clara, así que quiero llamar la atención sobre algunos asuntos no resueltos que pueden hacer peor lo que hemos visto en los últimos dos meses.

El conflicto ha avivado el antisemitismo y la islamofobia. Hay debates intensos sobre cómo definir esos comportamientos y cuáles acciones corresponden a dichos discursos de odio.

Aunque cosas como los grafitis de esvásticas en la Embajada de Israel en Colombia son un ejemplo claro de antisemitismo que debe ser repudiado, la discusión se vuelve más compleja al considerar manifestaciones masivas en países occidentales o decisiones como la prohibición de marchas estudiantiles a favor de los derechos palestinos en universidades estadounidenses y restricciones a la participación en eventos académicos por criticar las acciones de Israel en Gaza.

¿Criticar las acciones de Israel también es antisemitismo? Mi posición es que no. No es posible que cualquier crítica de las acciones de Israel o de su gobierno sean consideradas antisemitismo. Naturalmente, si las críticas van acompañadas de un discurso de odio hacia la población judía, o si aluden a la desaparición del Estado de Israel o de su población, sin duda sí lo son y dichas críticas no deben ser ni difundidas ni respetadas.

sus acciones lentas revelan que el sistema de toma de decisiones en política exterior no es efectivo en un contexto de dependencia de Estados Unidos para temas relacionados con su entorno inmediato.

Pero una cosa es decir “Israel debe desaparecer” y otra es reconocer que hay decisiones militares tomadas por sus mandatarios que, con alta probabilidad, constituyen faltas graves al Derecho Internacional.

Israel se ha esmerado en lograr que el discurso según el cual toda crítica a Israel es antisemitismo cuele y sea aceptado. El discurso se basa en una condición de victimismo sin fin que, aunque comprensible, deshabilita la capacidad de hablar de otras personas. Se convierte en un marco de comprensión que, como diría Sarah Bertrand, es un esquema de deshabilitación ilocucionaria: si la única condición aceptada para el pueblo judío es la de víctimas perpetuas, necesariamente habrá victimarios perpetuos que nunca terminarán de cumplir su condena.

Esto hace que las voces de los palestinos que no apoyan a Hams —que según los datos del Barómetro Árabe y del Centro Palestino para la Investigación de Encuestas y de Políticas son el 67% de la población en Cisjordania y Gaza— y la de quienes apoyan a los palestinos sean socialmente forzadas al silencio.

Debido a que todos estamos de acuerdo con que el antisemitismo es despreciable, Benjamin Netanyahu y su partido (el Likud) hacen uso de la historia de la persecución de los judíos para distorsionar el mensaje de apoyo a los palestinos y traducirlo como, primero, un apoyo a Hamás, y, segundo, como una exclusión e incluso eliminación del pueblo judío y de Israel.

Como consecuencia, las manifestaciones en favor de Palestina son vistas por varios políticos en Occidente como marchas que apoyan el terrorismo y que, desde los atentados del 11 de septiembre del 2001, son además enmarcadas en sus discursos como motivadas por interpretaciones radicales del Islam y, además, convenientemente vinculadas con las enormes “hordas de migrantes” que llegan a Europa desde el 2011.

La imbricación de la Great War on Terror y la migración hacia Europa han tenido como efecto el aumento de las acciones racistas islamofóbicas y los discursos de securitización sobre los migrantes a Occidente. Todo esto deslegitima el discurso de quienes reclaman un Estado para los palestinos.

Para finalizar este punto, quiero dejar claro también que el discurso de Hamás es, con frecuencia, abiertamente antisemita, y que reconocer los delitos de una parte no impide reconocer los de otra. La guerra entre Israel y Hamás continúa después de la tregua y, probablemente, veremos que el binomio antisemitismo/islamofobia será decisivo en los resultados electorales en Europa.

guerra en Medio Oriente
Foto: Flickr: World Economic Forum- Mahmoud Abbás, líder de la Autoridad Nacional Palestina, no tiene un sucesor claro, lo cual podría causar un vacío en el poder que empeore el conflicto.

Le recomendamos: De la paz que no fue a la guerra de hoy

El eterno problema de la Unión Europea

No es para nada coincidencia que Geert Wilders haya ganado las elecciones en los Países Bajos. La posición de Wilders, quien designa al Islam como una «ideología retrasada” y al Corán como el Mein Kampf, es compartida por varios políticos de la derecha en múltiples Estados miembros de la Unión Europea.

Las medidas restrictivas contra el Islam son pan de cada día en países como Francia e Italia. Los partidos de la derecha, como La Liga, esgrimen una retórica según la cual es Islam es incompatible con los valores occidentales desde hace décadas (desde la migración albanesa de los años noventa) y, ahora, es parte de su discurso anti-inmigración. La guerra en Gaza ha dado a los partidos de la derecha un elemento adicional para obtener votantes.

El ejemplo de Wilders es muy particular: asemejar el Corán con Mein Kampf le permite construir una narrativa que recuerda a los europeos el peor de todos sus males, y que define, por asociación, al Islam como una suerte de totalitarismo etno-nacionalista.

En conjunción con el discurso de los políticos de la derecha en Israel sobre el antisemitismo y la eterna condición de víctimas, es muy fácil para Wilders y otros políticos de su línea argumentar que los árabes musulmanes son, como les dicen en Francia, “islamofascistas” —término que, por demás, no significa nada—.

Para la Unión Europea (UE) esto es problemático, ya que puede representar el comienzo de cierto retroceso de la democracia (empezando por la restricción de los derechos propios de una democracia para poblaciones minoritarias en nombre de “la seguridad”).

Pero también es un problema porque muestra una vez más que sus miembros no pueden “hablar con una sola voz” frente a situaciones fuera de sus fronteras. Además, sus acciones lentas revelan que el sistema de toma de decisiones en política exterior no es efectivo en un contexto de dependencia de Estados Unidos para temas relacionados con su entorno inmediato.

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha mantenido una serie de reuniones con líderes del Medio Oriente y ha participado en negociaciones con Hamás, mediadas por Qatar, mientras que en Europa esto sucede hace muy poco.

Es decepcionante, pero la respuesta a la pregunta “¿A quién llamo cuando quiero llamar a Europa?” sigue sin tener una respuesta clara. Cada líder europeo va por su cuenta. Las declaraciones de primeros ministros como Pedro Sánchez —quien ha puesto en duda que Israel esté respetando el derecho internacional— son muy diferentes de las de la presidenta de Comisión Ursula von der Leyen, quien ha declarado que la UE apoya, de modo incondicional, a Israel; también son diferentes de las declaraciones de Italia y Grecia, preocupados por una posible crisis migratoria que les podría afectar de manera diferencial.

Abbás y la Autoridad Nacional Palestina

Por último, queda hablar del papel de Abbás, el líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Abu Mazen, como le llaman muchos, no es un líder aceptado por una gran mayoría de la población palestina. De hecho, muchos palestinos consideran que la ANP se ha convertido en una institución corrupta, subcontratadora de la seguridad israelí.

El 78% de los palestinos quisiera que Abbás renuncie a la presidencia de la ANP, precisamente por su mala gestión desde que Hamás se tomó Gaza con las armas. El problema es que Abbás no tiene un sucesor claro o particularmente favorecido por la población palestina.

Hussein al-Sheik, el enlace con el ejército de Israel que fue designado por Abbás para ese cargo, aunque es favorecido por los Estados Unidos no tiene el apoyo popular necesario para reavivar a la ANP; Marwan Barghouti, que tiene un enorme apoyo popular de acuerdo con las encuestas y encabezó la segunda intifada, actualmente está en prisión en Israel, condenado a cinco cadenas perpetuas.

una cosa es decir “Israel debe desaparecer” y otra es reconocer que hay decisiones militares tomadas por sus mandatarios que, con alta probabilidad, constituyen faltas graves al Derecho Internacional.

Así las cosas, la actual separación entre Hamás y Fatah en el Consejo Legislativo Palestino y el vacío de poder que ocurrirá cuando Abbás ya no esté, serán problemas graves para el futuro del conflicto. Hamás podría aprovechar para tomar control completo de la ANP y la guerra podría recrudecerse todavía más. O, en el mejor de los escenarios posibles, la ANP toma fuerza y logra expulsar a Hamás y establecer relaciones cordiales con Israel.

Lo que queda claro es que Netanyahu ha hecho esfuerzos para disminuir el papel de la ANP y reducir la posibilidad de acción de Abbás hasta el punto de convertirlo en un cero a la izquierda, hablando únicamente con Egipto y con países vecinos, pero no con la ANP, y forzado a Abbás a perseguir otros medios para alcanzar el reconocimiento estatal (como la situación abierta ante la Corte Penal Internacional).

El gobierno de Israel debe ser consciente de que la paz en la región necesita una ANP respetada en Palestina.

Puede leer: La verdad de la guerra entre Hamas e Israel

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Lucas dAuria

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Lucas dAuria

*Profesor Asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle (Bogotá), magister en Teoría de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics.

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