Luis Carlos Calixto, autor en Razón Pública
Foto: EDUS

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El predial es la fuente principal de los recursos propios del municipio. Este examen de las cifras del Meta comprueba la necesidad de avanzar en el catastro multipropósito.

Javier Cortés González*, José Luis Rodríguez Pantoja**, Luis Carlos Calixto Rodríguez***

El predial y el catastro

Algunas leyes permiten que las entidades territoriales cobren por algunos conceptos que corresponden al poder impositivo del Estado —por ejemplo, los impuestos, las contribuciones, las tasas, las multas, las estampillas, las cuotas de sostenimiento o las rentas parafiscales—.

El impuesto predial unificado es uno de los impuestos más importantes para los municipios, porque suele el principal rubro de sus ingresos corrientes. Este impuesto recae sobre la propiedad inmueble, urbana o rural, y se cobra por la sola existencia del predio.

El valor sobre el cual los ciudadanos deben pagar este impuesto —base gravable— depende del avalúo catastral, que a su vez depende de un catastro actualizado para calcular el valor correspondiente —plusvalor—.

La mediana es de apenas 890 millones de pesos en 2020, 947 millones en 2021 y 976 millones en 2022: una parte considerable de los municipios del departamento tiene un bajo recaudo.

Según el Decreto 148 de 2020, el catastro es el censo de los bienes inmuebles del territorio nacional, de dominio público o privado, independientemente de su tipo de tenencia. El catastro debe estar actualizado y clasificado de manera que precise la identificación física, jurídica y económica del predio sobre la base de criterios técnicos y objetivos.

Si el catastro no cumple estas condiciones, el municipio estará dejando de recaudar recursos para garantizar los derechos y mejorar las condiciones de vida de la población.

Desactualización catastral
Foto: Instituto de Turismo Villavicencio - Villavicencio recolecta cerca del 50 % del total del impuesto predial recolectado por el departamento del Meta.

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Catastro multipropósito

El documento CONPES 3958 de 2019 definió la estrategia para adoptar el catastro multipropósito sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 del gobierno de Duque. Pero durante ese cuatrienio, el avance fue modesto:

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), “se alcanzó la actualización catastral del 57,02 % del área geográfica de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.

Según Sinergiam, la cobertura apenas si llegó a 27%, así: “Con corte a 31 de diciembre de 2022, a través de los procesos de conservación y actualización catastral, se logró el siguiente avance: Conservación del 25,01 % del área geográfica del país que corresponde a 9 774 285 hectáreas; actualización del 1,99 % del área geográfica del país que corresponde a 776 004 hectáreas de 9 municipios PDET. Para un total del 26,99 % del área geográfica de los municipios PDET con catastro actualizado, correspondiente a 10 550 289 hectáreas”.

El gobierno Petro quiere impulsar el catastro multipropósito, y así lo expresó en su PND 2022-2026, donde propone pasar del 7% (¿?) al 70 % de para 2026. De acuerdo con el gobierno, alcanzar este objetivo implicaría un avance en la reforma agraria establecida en el acuerdo de paz con las FARC.

La situación en el Meta

El departamento del Meta fue uno de los epicentros del conflicto armado con las FARC. Tiene 29 municipios, incluida su capital Villavicencio, una superficie de 85 635 Km2, una población de 1 130 845 habitantes en 2023 (el 2,3 % del total nacional), y una densidad demográfica de 13,2 habs/km2.

La mayoría de sus municipios son de quinta y sexta categoría —con excepción de Villavicencio que es de primera; Acacías y Puerto Gaitán, de tercera, y Puerto López, de cuarta—. Además, seis municipios del suroriente del departamento hacen parte de los 170 municipios de los PDET: La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, Uribe y Vista Hermosa.

El Decreto 893 de 2017 creó los PDET como un instrumento de planificación y gestión de planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el acuerdo con las FARC, en concertación con los planes territoriales.

El catastro multipropósito ha avanzado muy poco en el departamento del Meta.  Según cifras oficiales, en las zonas urbanas y rurales de la mayoría de los municipios persiste un catastro desactualizado:

Cuadro 1. Estado actual del catastro multipropósito en el departamento del Meta.

Estado Rural Urbano
Por formar La Macarena y Uribe Ninguno
Desactualizado Resto de municipios Resto de municipios
Actualizado Ninguno Granada (2020) y Villavicencio (actualización parcial, 2012)

Fuente: elaboración propia a partir de Catastro Multipropósito.

Sobre la base de la información del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), a cargo de la Contaduría General de la Nación, se tomó la información reportada por las entidades territoriales de la subcuenta del impuesto predial unificado (410507), del periodo 2020-2022, para analizar el estado del recaudo.

Como se observa en el cuadro anterior y como era de esperarse, en 2020 y en los años siguientes Villavicencio es la entidad territorial con el máximo recaudo del impuesto predial unificado, por encima de los 73 mil millones de pesos. Esto equivale a cerca del 50 % del total del recaudo en el departamento en 2020, al 55 % en 2021 y al 61,3 % en 2022.

El impuesto predial unificado es uno de los impuestos más importantes para los municipios, porque suele el principal rubro de sus ingresos corrientes.

Por otro lado, el recaudo mínimo corresponde al municipio de San Juanito, tan bajo que seguramente no alcanza ni para cubrir el salario anual de su alcalde.

La mediana es de apenas 890 millones de pesos en 2020, 947 millones en 2021 y 976 millones en 2022: una parte considerable de los municipios del departamento tiene un bajo recaudo. Además, durante el periodo analizado, en 15 municipios se mantiene un nivel bajo o muy bajo de recaudo catastral.

Por eso importa mucho que las entidades territoriales avancen en la formación del catastro multipropósito para aumentar sus recaudos, en especial por concepto del predial unificado. No de otro modo pueden esas entidades —comenzando por las más desfavorecidas— mejorar sus finanzas para aumentar su inversión en los programas y proyectos que necesiten las comunidades.

Puede leer: El impuesto predial: un problema en el cómo, no en el techo

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

foto: Radio Nacional

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Todos sabemos que la desigualdad en Colombia es elevada, pero la situación es peor en unas regiones que otras. Estas son las cifras que resultan de las encuestas del DANE.

Luis Carlos Calixto Rodríguez**

Las encuestas y el Gini

Las encuestas a hogares tratan de caracterizar las condiciones de calidad de vida y las circunstancias laborales.

Para eso utilizan indicadores económicos, como participación laboral, desempleo, informalidad o distribución del ingreso, que además se clasifican según regiones, sexo, nivel educativo y estado civil, variables demográficas que también se recogen en las encuestas a hogares.

La principal encuesta de este tipo en Colombia es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) que se realiza de manera mensual y se compone de diferentes núcleos, como el de Ocupados que permite estimar los indicadores relacionados con la actividad económica o el módulo de Características que particulariza la situación demográfica de los colombianos.

Un indicador económico que principalmente se encuentra en las mediciones de desigualdad es el Coeficiente de Gini que también se estima con la GEIH. Este coeficiente es un indicador de desigualdad que se mide principalmente en variables de ingreso, que toma valores entre 0 y 1, siendo 0 una distribución totalmente igualitaria y 1 una distribución totalmente desigual.

Le recomendamos: Informalidad y vejez desprotegida

El Gini en 2022

Pese a que el Coeficiente de Gini es uno de los más importantes para medir desigualdad, es sensible a la composición salarial en la población. En ese sentido, se pueden presentar dos escenarios particulares.

  • El primero donde hay un Gini bajo pero con una composición salarial con ingresos bajos, lo que significa que la mayoría de los habitantes ganan muy poco y que por tal razón el GINI da cercano a 0, suponiendo que la sociedad no es desigual, pero presenta estándares de calidad de vida bajos.
  • El segundo caso es un Gini cercano a 1 porque existe alguna parte de la población que gana ingresos estrambóticos, pero con una mayoría poblacional con ingresos relativamente medianos, lo que significa que la sociedad tiene capacidad económica, pero por algunos salarios altos el Gini crece exponencialmente.
Foto: Observatorio - Ambiental de Bogotá Para disminuir la desigualdad se debe comprender las particularidades de los contextos urbanos y rurales; no llevar a cabo los mismos procesos para ambos.

Un indicador económico que principalmente se encuentra en las mediciones de desigualdad es el Coeficiente de Gini que también se estima con la GEIH. Este coeficiente es un indicador de desigualdad que se mide principalmente en variables de ingreso, que toma valores entre 0 y 1, siendo 0 una distribución totalmente igualitaria y 1 una distribución totalmente desigual.

Ahora, para el caso de Colombia y mediante la información de la GEIH para 2022, se estima que el Gini nacional es igual a 0,4609 lo que indica un alto nivel de desigualdad para dicho año. El Cuadro 1 muestra los Gini para las áreas que estadísticamente se pueden estimar.

Cuadro 1 – Coeficiente de Gini en las áreas, 2022

Área Gini 2022 Área Gini 2022
BOGOTA 0,4975 CHOCO 0,4428
SUCRE 0,4921 META 0,4369
NARIÑO 0,4903 SANTANDER 0,4292
CAUCA 0,4808 MAGDALENA 0,4287
ATLANTICO 0,4752 N. DE SANTANDER 0,4258
ANTIOQUIA 0,4645 CORDOBA 0,4247
TOLIMA 0,4611 CALDAS 0,4182
NACIONAL 0,4609 CESAR 0,4159
VALLE DEL CAUCA 0,4605 RISARALDA 0,4071
CAQUETA 0,4604 HUILA 0,3982
LA GUAJIRA 0,4541 QUINDIO 0,3837
BOLIVAR 0,4508 SAN ANDRES 0,3398
BOYACA 0,4493

Fuente: GEIH, 2022, cálculos propios.

Como muestra el Cuadro, las cinco primeras áreas con mayores niveles de desigualdad para 2022 son Bogotá, Sucre, Nariño, Cauca y Atlántico, que están por encima del comportamiento nacional, mientras que las primeras áreas con menores desigualdades se encuentran Cesar, Risaralda, Huila, Quindío y San Andrés.

Entre el área con mayor y menor desigualdad existe una diferencia de 0,15, lo cual muestra las grandes diferencias regionales que existen en el país. Lo preocupante de esta situación es que no hay área que presente resultados favorables en temas de desigualdad y que parece que la convergencia es hacia valores altos, mas no hacia valores bajos, pues apenas tres áreas tienen los Gini por debajo de 0,40.

Cómo afrontar la desigualdad

Pese a las dos particularidades expuestas, siempre queda como pregunta las formas que existen para disminuir este valor y llegar a sociedades menos desiguales.

En el contexto político y de la ejecución de economía política, se deben poner en marcha reformas tributarias que redistribuyan el ingreso de manera justa y progresiva mediante la ejecución de gasto social eficiente y enfocado a la población vulnerable.

Como muestra el Cuadro, las cinco primeras áreas con mayores niveles de desigualdad para 2022 son Bogotá, Sucre, Nariño, Cauca y Atlántico, que están por encima del comportamiento nacional, mientras que las primeras áreas con menores desigualdades se encuentran Cesar, Risaralda, Huila, Quindío y San Andrés.

Se deben hacer reformas laborales que garanticen estabilidad y continuidad en el empleo y que se cuente con un ingreso constante que también disminuya las presiones sobre el Sistema General de Seguridad Social y aumenten la productividad y desarrollo del aparato productivo del país.

Finalmente, se deben identificar y comprender las particularidades y contextos que existen entre lo rural y lo urbano ya que no se deberían desarrollar los mismos procesos en ambos contextos que son totalmente diferentes.

Ojalá la convergencia a valores adecuados en el Gini sea una meta visible y ejecutable para el gobierno nacional y los gobiernos territoriales, y que las política y programas de productividad ayuden a disminuir las brechas de desigualdad, que de manera evidente se ven en el ingreso.

Puede leer: Las reformas laboral y pensional: esto es lo que se sabe

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

Foto: Facebook: Protección Social

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El proyecto de reforma laboral protege a los trabajadores del sector formal, pero las cifras muestran que la informalidad impide que la mayoría de la gente acceda a una vejez digna.

Luis Carlos Calixto Rodríguez*

La encuesta

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) solicita información sobre las condiciones de trabajo, desde el tipo de contrato y el salario, hasta el nivel de desempleo, o el tipo de contribución social.

También recopila datos básicos como el sexo, la edad, el estado civil y el nivel educativo. La encuesta estima los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD). Por eso la encuesta permite caracterizar y analizar las condiciones laborales de los colombianos.

De manera particular, la encuesta refleja los mecanismos que utilizan, tanto los colombianos como el Estado para asegurar los ingresos en la etapa pensional.

Entre los mecanismos que describe la GEIH para asegurar la protección de la vejez se encuentran la cotización a pensión obligatoria, la cotización a pensiones voluntarias, ahorros, inversiones, seguros, el depender de los hijos y un mecanismo adicional, nombrado como Otros, que principalmente son los subsidios que realiza el Estado a las familias que lo necesitan, como por ejemplo a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs).

De estos mecanismos, los primeros cinco dependen estrictamente de las posibilidades económicas de cada trabajador, mientras que los dos adicionales están asociados a las transferencias que reciben los trabajadores por parte del gobierno. Es decir, están fuera de los alcances de los trabajadores y por eso presentan mayor riesgo para ser un mecanismo de protección.

Le recomendamos: El proyecto de reforma pensional: quiénes ganan, quiénes pierden

La situación

Mediante la consolidación de la GEIH para el 2017 y 2019 y teniendo presente los mecanismos que dependen estrictamente de las posibilidades económicas de los trabajadores, se observa que en promedio el 54,76 % de los trabajadores no cuentan con ningún mecanismo de protección.

Foto: Concejo de Cali - La informalidad es una de las principales causas de la falta de mecanismos de protección para la vejez.

Entre los mecanismos que describe la GEIH para asegurar la protección de la vejez se encuentran la cotización a pensión obligatoria, la cotización a pensiones voluntarias, ahorros, inversiones, seguros, el depender de los hijos y un mecanismo adicional, nombrado como Otros, que principalmente son los subsidios que realiza el Estado a las familias que lo necesitan, como por ejemplo a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs).

El 42,.71 % cuenta con un mecanismo de participación, mientras que el 2,25 % tienen dos mecanismos de protección. Entre 0 y 2 mecanismos de protección a la vejez se reúne en promedio el 99,72 % de los trabajadores, donde el restante 0,28 % de los trabajadores cuentan con más de tres mecanismos de protección.

La Gráfica 1 expone los resultados entre 2017 y 2019 del número principal de los mecanismos de protección a la vejez. Estas cifras revelan la baja precaución que los trabajadores tienen ante el aseguramiento pensional.

Cuestión que se agudiza con la alta informalidad, la poca estabilidad laboral y los pobres mecanismos que el gobierno tiene para incentivar a los trabajadores independientes al pago de aportes al sistema de seguridad social.

Como primer mecanismo de protección se encuentran las pensiones obligatorias, seguido por los ahorros que acumulan los trabajadores. Lo que quiere decir que los trabajadores prefieren ahorrar por su cuenta —o no ahorrar— para no tener que asumir los costos obligatorios del sistema pensional colombiano: los costos de administración, los seguros de invalidez y muerte, el fondo de solidaridad, entre otros.

Así que, según los estudios, parece vital modificar el sistema pensional a través de la reforma pensional propuesta por el gobierno en curso.

Por otro lado, es evidente la brecha salarial y económica al observar la baja participación de trabajadores con más de 3 mecanismos de protección. Mientras el promedio salarial para los trabajadores que no cuentan con ningún mecanismo de protección es de $ 723,935, el salario promedio de aquellos que tienen 5 mecanismos de protección es de $ 8’741,667, es decir, 12,08 veces el salario de los trabajadores que no cuentan con ningún mecanismo de protección.

Es claro que contar con más mecanismos de protección tiene un rendimiento decreciente y que el principal problema es que los trabajadores tengan como mínimo un mecanismo de protección para asegurar una mejor calidad de vida en la etapa de vejez y que pueda disminuir las presiones fiscales en el sistema pensional.

Cuestión que se agudiza con la alta informalidad, la poca estabilidad laboral y los pobres mecanismos que el gobierno tiene para incentivar a los trabajadores independientes al pago de aportes al sistema de seguridad social.

El Cuadro 1 muestra los salarios promedios según los mecanismos de protección, clasificados por el periodo.

Contribución

Si se consolidan los resultados de los tres años, las regiones con menos mecanismos de protección son Norte de Santander, Córdoba y Nariño, mientras que los departamentos con cinco mecanismos de protección son Antioquía y Caldas.

La cifra de Norte de Santander se asemeja a la gran informalidad existente en la ciudad, que era de 71,2 % en 2019. El Cuadro 2 muestra las participaciones para las 13 áreas según los mecanismos de protección.

En conclusión: apenas una de cada dos personas cuenta con algún mecanismo de protección para la vejez. Una causa principal de esta situación es el alto nivel de la informalidad laboral.

Por eso importa que la reforma laboral que se va a debatir en el Congreso cambie su enfoque para hacer frente al problema de la informalidad y provea incentivos adecuados para que la población activa participe y contribuya al sistema pensional.

Puede leer: Las reformas laboral y pensional: esto es lo que se sabe

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

Foto: Alcaldía de Manizales

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Muy pocas personas tienen un contrato laboral que garantice su estabilidad salarial y prestacional. ¿Cómo aumentar la estabilidad laboral para disminuir la informalidad?

Luis Carlos Calixto Rodríguez*

Dos explicaciones

La informalidad es el rasgo principal del mercado laboral colombiano.

Aunque disminuyó entre 2012 y 2022, el promedio de los últimos diez años fue del   47,4% para los principales centros urbanos y del 48,6% para las restantes 23 ciudades. Casi uno de cada dos trabajadores colombianos vive de la informalidad.

¿A qué se debe la alta informalidad en Colombia? Una explicación sería que las empresas no encuentran rentable garantizar la permanencia de sus trabajadores, y otra explicación sería que los trabajadores tienen incentivos para no contribuir a la seguridad social.

Los anteriores resultados parecen indicar que no existe una relación directa entre los meses continuos de trabajo y los niveles de informalidad. Por eso cabría decir que la informalidad no siempre está vinculada con la inestabilidad laboral.

Pues bien. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el 2022, el 78,1% de los trabajadores colombianos laboraron durante todo el año. Los cinco departamentos con mayor estabilidad son Santander (85,85%), Córdoba (85,71%), San Andrés (85,48%), Magdalena (8530%) y Bolívar (83,96%).

Por su parte, los departamentos con mayor número de personas que trabajaron apenas durante un mes fueron Boyacá (2,96%), Atlántico (2,60%), Norte de Santander (2,43%), Choco (2,27%) y Caquetá (2,0%).

De los cinco departamentos con más meses de trabajo, cuatro pertenecen a la región Caribe. Por su parte las ciudades con más altas tasas de informalidad fueron Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Cúcuta. Las ciudades con índices menores de informalidad fueron Armenia, Tunja, Medellín, Manizales y Bogotá.

Los anteriores resultados parecen indicar que no existe una relación directa entre los meses continuos de trabajo y los niveles de informalidad. Por eso cabría decir que la informalidad no siempre está vinculada con la inestabilidad laboral.

Probablemente, los costos y los incentivos que reciben los trabajadores para no cumplir con sus labores tal y como lo exige la ley pueden ser los verdaderos responsables.

Foto: Cancillería - En los niveles de formación desde secundaria hasta especialización se presenta una tendencia de continuidad laboral creciente, mientras que en los niveles de maestría y doctorado es decreciente.

Lea en Razón Pública: La reforma laboral: unos trabajadores ganan, otros trabajadores pierden

Nivel de formación

De igual forma, es necesario analizar los meses de trabajo según el nivel de formación. En primera instancia, se esperaría que entre más alto es el nivel, mayor es la estabilidad laboral.

En los niveles más bajos (sin formación, prescolar y primaria), la participación de los trabajadores que indican haber ejercido durante doce meses es variable. En el nivel medio (secundaria hasta especialización) se observa un aumento significativo en lo concerniente a la continuidad laboral. Por último, en los niveles más altos (maestría y doctorado) se manifiesta un rendimiento decreciente, ya que la participación disminuye en comparación con los que fueron a la universidad o poseen una especialización.

Por estas razones, no es válido decir que la continuidad laboral sólo depende de los costos laborales, de los incentivos o del nivel educativo de los trabajadores. El problema va mucho más allá porque debe contemplarse la injerencia de los niveles de tecnificación, las facilidades comerciales y la correcta institucionalidad.

Por ejemplo, el 85,57% de los trabajadores con especialización laboraron doce meses, mientras que el porcentaje de los que tenían una maestría fue de 82,15%. La diferencia entre los dos grupos es de 3,41 puntos. Sin embargo, si se compara con los trabajadores que tienen un doctorado, la brecha aumenta a 3,6. La siguiente tabla muestra la relación entre los meses de trabajo y el nivel de formación.
Participación de trabajadores según meses de trabajo de acuerdo con nivel de formación
Participación de trabajadores según meses de trabajo de acuerdo con nivel de formación
Por estas razones, no es válido decir que la continuidad laboral sólo depende de los costos laborales, de los incentivos o del nivel educativo de los trabajadores. El problema va mucho más allá porque debe contemplarse la injerencia de los niveles de tecnificación, las facilidades comerciales y la correcta institucionalidad.

Por el momento, puede fortalecerse la continuidad laboral a través de la tecnificación de los trabajadores y con la generación de incentivos que disminuyan la informalidad. Específicamente, hay que tener en cuenta los niveles de ingreso, y, por ende, a los trabajadores que podrían acceder al Sistema de Seguridad Social. En consecuencia, aumentar los niveles de educación y los controles en la contratación tendrían impactos positivos en la continuidad laboral.

Le recomendamos: ¿Queremos la reforma laboral o queremos el trabajo productivo?

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

Foto: Pexels

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La poca información de la contratación pública causa que Colombia gaste más y ahorre menos. ¿Cómo lo podemos solucionar esta situación?

Luis Carlos Calixto Rodríguez*

Contratos sin información

Entre las entidades territoriales están las gobernaciones y alcaldías, y para estas últimas existe un grupo especifico de alcaldías de ciudades capitales. Estas reunieron, entre 2010 y 2020, un total de 122 mil contratos liquidados y, en promedio, presentaron una participación del 15 % sobre el total de los contratos liquidados por todas las alcaldías. Además, presentaron una tendencia decreciente en la participación, ya que para el 2010 esta fue del 46 % mientras que para el 2020 fue del 4 % (11 veces menos).

La gráfica 1 muestra el comportamiento histórico, entre 2010 y 2020, de las tres clasificaciones de las entidades territoriales descritas.

Se observa que, en la categoría de Alcaldías, de la cuales se excluyen las alcaldías capitales, se presenta una tendencia creciente leve, mientras que para gobernaciones y alcaldías capitales se muestra una caída que se acentúa en el 2020.

En el presente se están registrando contratos con el SECOP I, pero lo anterior revela que hay entidades, como gobernaciones y alcaldías capitales, que ya están migrando su información al SECOP II, mientras que las demás siguen reportando su información en la plataforma anterior.

Basta adicionar que las restantes entidades territoriales, como secretarias, hospitales, colegios, instituciones educativas, personerías, contralorías departamentales asambleas departamentales y empresas de servicios públicos, siguen reportando de manera sistemática en el SECOP I, con una participación en el 2010 del 22 % y para el 2020 del 49 %.

Hay muchos desafíos en el manejo del sistema de información de contratación pública en Colombia y uno de estos es homologar toda la información en un único sistema de información que guarde y permita hacer comparación entre uno y otro.

Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.
Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.
Con el análisis de toda la información, en promedio, las gobernaciones tienen un 86,19 % de contratos sin información o con valor de 0 en la variable de Valor Total con Adiciones, este mismo indicador promedio para las alcaldías es de 89,68% y para las alcaldías capitales es de 84,04%, donde se observa que, de manera sistemática, los contratos liquidados en las entidades territoriales se pierde información.

Con los promedios se estima que 8,6 de 10 contratos se pierden porque no tienen completa la información, lo que impide realizar un análisis del uso del presupuesto en gasto o ahorro en la contratación pública.

Sin información no hay ahorro

En la gráfica 2 se observa el comportamiento histórico de la participación de contratos que no tienen información o que presentan un valor de 0 en la variable del Valor Total con adiciones del Contrato, entre 2010 y 2020.

Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.
Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.
Con la información depurada y únicamente manteniendo aquellos contratos con la información completa, se estima que para las alcaldías capitales, en el 98,46 % de los contratos liquidados, se gasta más de lo que se presupuesta. Este indicador en las gobernaciones es de 97,28 % y en las alcaldías es de 98,84 %.

Por otro lado, las gobernaciones son las entidades territoriales que presentan un mayor ahorro, con una participación de 2,26 % del total de los contratos liquidados. Esto se traduce que en 97 de cada 100 contratos se gasta más de lo que se presupuesta y que en apenas 2 se ahorra, porque se gastó menos de lo que se presupuestó.

También es preocupante la situación en los entes territoriales principales. La gráfica 3 describe el comportamiento del gasto en las entidades territoriales de análisis, donde se observa que, para todos los periodos y para las tres clasificaciones, hay un alto gasto en la contratación pública que supera siempre el 90 % de las que gastan más de lo que presupuestan.

De manera específica, las gobernaciones gastan 2.66 veces más de lo que presupuestan, las alcaldías 2.82 veces más y las alcaldías capitales 2.66 veces más.

Le recomendamos: Las alcaldías y su papel en la contratación pública

Concentración en la contratación pública

Finalmente, con el cálculo del Coeficiente de Gini, se observa que, en promedio, las tres clasificaciones presentan Ginis altos, que superan el 0,8. En las gobernaciones este es de 0.839, en las alcaldías es de 0,832 y en las alcaldías capitales es de 0,848.

Esto indica que en las tres clasificaciones hay una alta concentración en la contratación pública y que, en esto se da más en las alcaldías capitales, que alcanzaron un máximo para 2013 con un Gini igual a 0.881.

Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.
Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.

La solución es unificar

Hay muchos desafíos en el manejo del sistema de información de contratación pública en Colombia y uno de estos es homologar toda la información en un único sistema de información que guarde y permita hacer comparación entre uno y otro.

Por ejemplo, una de las alertas que se dan con la comparación realizada es que SECOP I cuenta con más información que el SECOP II. Si es mandato legal migrar del primero al segundo, todas las entidades, en este caso territoriales, deberían cumplir dicha disposición y analizar los casos particulares con las razones justificadas donde esta migración no se ha podido realizar. Ejemplos de esto son las entidades territoriales alejadas que no tienen el software o el acceso a internet para registrar los procesos.

Aunque Colombia Compra Eficiente brinda un consolidado de SECOP I y SECOP II, este no permite realizar las estadísticas de uso del presupuesto que sí permite SECOP I, donde se estima si las entidades públicas ahorran o gastan más de la cuenta.

Este es el desafío que tiene Colombia en temas de sistemas de información, que, si se supera, se podría analizar de manera correcta la gestión de la contratación pública, sobre todo como evidencia de que las políticas van en buen camino.

Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.
Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.

Lea en Razón Pública: El SECOP y las entidades territoriales

* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

Foto: Alcaldía de Bogotá

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Más de la mitad de los contratos públicos liquidados son de las alcaldías. La mayoría presenta más gastos de los presupuestados

Luis Carlos Calixto Rodríguez*

Muchas alcaldías y contratos

Hace una semana se analizó el tema de los contratos realizados por las gobernaciones, de acuerdo con los datos registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). En esta columna es el turno de las alcaldías y sus contratos.

De manera específica, se revisará la coherencia y completitud de la información, medidas de ahorro y gasto en la contratación y concentración presupuestal según el Coeficiente de Gini.

Las alcaldías juegan un papel importante en la contratación pública por dos razones: existe un alto número de alcaldías en el país y representan un gran volumen de los contratos en la plataforma del SECOP I.

En Colombia hay 1124 municipios, según cifras oficiales del Portal de Datos Abiertos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Solo los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca cuentan con el 32,41 % del total de los municipios del país.

Por tal razón, describir el comportamiento que tienen estas 1124 alcaldías es importante en la comprensión de la contratación pública y, específicamente, en el gasto público territorial.

De un total de 2,23 millones de contratos liquidados por todas las entidades territoriales, las alcaldías cuentan con 1,13 millones de estos, como lo muestra la gráfica 1. Es decir que la participación de las alcaldías en la contratación pública es de un 54,1 %.

Al igual que las gobernaciones, las alcaldías presentan una tendencia decreciente en el comportamiento de los contratos liquidados. En 2010, la participación de las alcaldías sobre el total de contratos liquidados fue de 64,8 % y para el 2020 fue del 48,6 %.

Este fenómeno se puede explicar con la migración de los reportes de información que están haciendo las gobernaciones y alcaldías de la plataforma del SECOP I a la del SECOP II.

Se debe resaltar que en este análisis no se usa la información del SECOP II porque no permite estimar el ahorro o gasto en temas de contratación pública, ya que no cuenta con el mismo número de variables con las que cuenta el SECOP I.

Fuente: SECOP I, 28 de octubre de 2022 (cálculos propios).

Completitud y coherencia de la información

Para el estudio de la completitud y la coherencia de la información sobre los contratos de las alcaldías, se cuenta con las variables de Valor del Proceso y Valor del Contrato con un promedio del 0,15 % y el 0,16 %, respectivamente. Los contratos liquidados indican tener un valor de 0, que en términos de participación es bajo y no afectaría el análisis.

El problema viene cuando se analiza el comportamiento de la variable Valor Total con Adiciones. En esta, el porcentaje crece de manera muy significativa y perjudica los análisis, pues alcanza un promedio del 89,68 %. Implica que casi 9 de 10 contratos liquidados no se pueden analizar por problemas en la coherencia y completitud de la información.

En aproximadamente 99 contratos de 100 se gastó más de lo que en un principio se proyectó. En las gobernaciones estos mismos indicadores son iguales a 97,19 % y 97,28 %, respectivamente.

Este indicador es preocupante tanto para gobernaciones como para alcaldías. Para las gobernaciones se cuenta con un promedio de 86,2 %. Para las alcaldías, como se mencionó anteriormente, es de 89,68 %, que significa un 3,5 % de diferencia más para las alcaldías.

Motivo por el cual, se debe depurar la información. Así, se pasa de tener 1,13 millones a 119 942 contratos liquidados.

Más gastos de los presupuestados

Con estos contratos se observa que cuando se compara el Valor Total del Contrato con Adiciones con el Valor del Contrato (indicador 3 de ahorro y gasto), el 98,77 % de los contratos gastó más de lo que se presupuestó.  Aumenta la participación al 98,84 % cuando se compara el Valor Total con Adiciones con el Valor del Proceso.

Esto quiere decir que en aproximadamente 99 contratos de 100 se gastó más de lo que en un principio se proyectó. En las gobernaciones estos mismos indicadores son iguales a 97,19 % y 97,28 %, respectivamente.

La gráfica 2 describe el comportamiento histórico del uso del presupuesto. Es evidente que en la mayoría de los contratos se gasta más de lo que se presupuesta.

Fuente: SECOP I, 28 de octubre de 2022 (cálculos propios).
Además, es importante precisar que en la mayoría de los contratos se gasta 2,82 veces más de lo que se presupuesta en el periodo de estudio. De manera específica en 2010 fue de 3,25 y en 2020 fue de 2,86.

Alta concentración

Finalmente, con el indicador del Coeficiente de Gini se observa la concentración presupuestal. Las alcaldías presentan un Gini en la contratación igual a 0,832, mientras que el Gini de las gobernaciones es igual a 0,839.

Como lo muestra la gráfica 3, en algunos periodos el Gini de las alcaldías es más alto que el Gini de las gobernaciones, pero, de manera general, en ambos entes territoriales se presentan Gini altos. Esto indica una alta concentración en la contratación pública de estos dos tipos de entes territoriales.

Fuente: SECOP I, 28 de octubre de 2022 (cálculos propios).
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

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86,2 % de la información no se puede analizar. Esto pone en duda si las entidades públicas manejan bien su presupuesto—específicamente, las gobernaciones.

Luis Carlos Calixto Rodríguez*

Contratos de las gobernaciones en el SECOP

Las gobernaciones son órganos de la Rama Ejecutiva. Hacen parte de las entidades territoriales: como todas las entidades públicas, deberían reportar su contratación en el Sistema de Contratación Pública (SECOP).

Entre el 2010 y el 2020, hubo 2.235.150 contratos liquidados en el SECOP; específicamente, 163.121 fueron contratos de las gobernaciones. La gráfica 1 sigue los contratos año a año, junto con el porcentaje de contratos de las gobernaciones sobre el total de contratos de las entidades territoriales.

Fuente: SECOP Ⅰ, 28 de octubre de 2022 (cálculos propios)
Como lo muestra la gráfica 1, el porcentaje los contratos de las gobernaciones tiende a decrecer: para el 2010 representaba un 12,9 %, pero para el 2020 alcanzó el 2,1 %. Esto es una caída de 10,8 %.

La participación de los contratos de gobernaciones fue de 8,8 % sobre el total de contratos de entidades territoriales, durante el periodo de análisis.

El SECOP tiene información incompleta e incoherente

La completitud y coherencia son prioritarias en los sistemas de información. En este caso, hay que seguir la trayectoria de los contratos según sus variables presupuestales: si se ahorra o se gasta más de la cuenta en la contratación pública.

Con respecto al valor del proceso y el valor del contrato, pocos contratos tienen valor de 0:

  • para la variable de valor del proceso, en promedio, 0,8 % de los contratos tienen un valor de 0;
  • para la variable valor del contrato mantienen la misma proporción.

Con respecto a la variable valor total de contrato con adiciones, preocupa que este indicador aumente de manera drástica y exponencial: en promedio, esta participación es igual a 86,2 %. En otras palabras, no se puede hacer un seguimiento final al 86,2 % de los contratos, porque dicha información es igual a 0.

Los resultados de completitud, coherencia, razón de ahorro y gasto —junto con el Coeficiente de Gini— son alertas para la contratación pública.

Que el 86,2 % de la información no esté disponible para el análisis pone en duda si las entidades públicas —específicamente, las gobernaciones— manejan bien el presupuesto público.

Esta falta de información perjudica los indicadores de gasto y ahorro en la contratación pública.

Desproporción entre ahorro y gasto

En columnas anteriores se han analizado estos tres indicadores:

Si cualquiera de estos tres indicadores es mayor a 1, la entidad territorial responsable del contrato gastó más de lo presupuestado. Si es exactamente igual a 1, gastó exactamente lo que había presupuestado. Por último, si es menor a 1, ahorró, pues gastaron menos de lo presupuestado.
Fuente: SECOP Ⅰ, 28 de octubre de 2022 (cálculos propios)
El primer indicador no tiene en cuenta las adiciones al contrato. Por eso, podría ser engañoso; indica que 81,61 % de los procesos no producen un ahorro ni un gasto extra: gastaron lo presupuestado.

Pero, en realidad, son los otros dos indicadores los que revelan realmente el gasto y el ahorro en las entidades territoriales.

Según el indicador 2, se gasta más de la cuenta en 97,53 % de los casos; según el indicador 3, en 97,64 %. Esto significa que, en alrededor del 97 % de los contratos, se gasta más de lo que se presupuesta.

Ahora veamos la mediana del gasto adicional en los contratos que sobrepasan su presupuesto:

Indicador Mediana
Indicador 1 1,13
Indicador 2 2,95
Indicador 3 3,00

A su vez, el promedio de estas tres medianas es 2,36: los contratos que sobrepasan su presupuesto gastan 2,36 veces lo planeado.

La gráfica 2 muestra, periodo a periodo, el comportamiento de los contratos según el uso del presupuesto. Es significativo que la mayor región corresponda a los contratos en los que se gasta más de la cuenta.

Fuente: SECOP I, 28 de octubre del 2022 (cálculos propios)
Y, al igual que en anteriores columnas, la estimación del coeficiente de Gini da pistas sobre la concentración de ingresos en la contratación. Indica que se debe analizar con lupa por qué hay altos valores del coeficiente de Gini en las entidades públicas.

No es diferente el Gini de las gobernaciones: en promedio, durante el periodo de análisis toma un valor de 0,83 —que es muy similar al de las entidades nacionales (0,84)—.

Los resultados de completitud, coherencia, razón de ahorro y gasto —junto con el Coeficiente de Gini— son alertas para la contratación pública. Este es un comportamiento sistemático tanto en entidades nacionales como territoriales, y en este caso, con las gobernaciones.

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

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Tanto las entidades nacionales como regionales están gastando más de lo que presupuestan: ¿qué tan eficiente es la inversión?

Luis Carlos Calixto Rodríguez*

El comportamiento de las entidades públicas

En artículos anteriores, se ha analizado el comportamiento de las entidades públicas nacionales en la plataforma de SECOP administrada por la Agencia de Colombia Compra Eficiente

Se han visto los resultados en temas de coherencia y completitud de la información como también en medidas de ahorro y gasto en contratación y en la concentración presupuestal de los contratos medidos por el Coeficiente de Gini.

En este artículo, se analizará el comportamiento en temas de ahorro y gasto de las entidades territoriales públicas como gobernaciones, alcaldías, secretarías, hospitales, instituciones educativas y todas aquellas relacionadas con el funcionamiento de los entes territoriales.

Periodo 2015-2017

Primero que todo, se toman todos aquellos contratos con un estado liquidado y que se encuentren entre 2015 y 2017, con el propósito de tomar un conjunto representativo de información —sin que esto implique que no se pueda agregar más periodos al análisis—. En estos tres periodos se reúnen 820 996 contratos. De esos contratos, 226 162 contratos están distribuidos en 2015, 277 354 en 2016 y 317 480 en 2017.

El primer ejercicio es la completitud y coherencia de la información, en el que, en las variables presupuestales de Valor del proceso y Valor del contrato, la mayoría de los contratos posee información diferente de cero pero cambia de manera drástica cuando se analiza la variable del Valor total con adiciones del contrato.

Allí, el 89,12 % de los contratos tiene información de cero. Esto es algo grave porque no permite saber cómo acabó el valor de los contratos en las entidades territoriales.

Esto es aún más preocupante porque este mismo indicador era en promedio un 83,34 % con las entidades nacionales, que también es alto. Pero el de las entidades territoriales es aún mayor, por 5,78 %.

Fuente: SECOP I – 28 de octubre de 2022, cálculos propios

Lo que dicen los indicadores de ahorro y gasto

Lo anterior supone que, de los aproximadamente 820 mil contratos —y depurando los contratos con valores de cero—, el análisis se hace con exactamente 88 472 contratos. Esto preocupa porque se puede trabajar apenas con aproximadamente el 10 % del total de los contratos para el análisis de ahorro en la contratación pública de entidades territoriales.

Es importante recordar cómo son los indicadores de ahorro y gasto y que se muestran en las siguientes formulas:

Si cualquiera de estos tres indicadores toma el valor de 1, esto significa que la entidad territorial responsable del contrato gastó más de lo presupuestado. Si los indicadores son exactamente igual a 1, es que las entidades gastaron exactamente lo que había presupuestado. Por último, si los indicadores son menores a 1, eso significa que las entidades territoriales ahorraron, pues gastaron menos de lo presupuestado.

Como lo muestra el primer indicador de la gráfica 2, el 81,61 % de los procesos no producen un ahorro ni un gasto. Es decir, se gastó lo presupuestado. Pero, en los otros dos indicadores donde se revela realmente el gasto y el ahorro en las entidades territoriales, se ve que en el 97 % de los contratos se gasta más de lo que se presupuesta.

Este comportamiento es similar al de las entidades nacionales en el que esos dos indicadores también están para un valor de 97 %. Con más detalle, se ve que, con el indicador 1, los contratos que indican gastar más presentan una mediana igual a 1,13, el segundo indicador es igual a 2,95 y el tercer indicador es igual 3. Es decir, con los resultados del promedio del indicador 2 y 3, las entidades gastan tres veces más de lo presupuestado en sus contratos.

Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.
Finalmente, la gráfica 3 muestra la participación para el indicador 3 que analiza el uso del presupuesto. Allí se muestra que la mayoría de los contratos gasta más de lo que presupuesta sin importar el periodo.

Esto es un espejo de la situación de los contratos en las entidades nacionales. Es decir, tanto entidades nacionales como territoriales están gastando más de lo que se presupuesta.

Por esa razón, es cuestión de vigilancia saber si el presupuesto que se está invirtiendo mediante la contratación pública y el SECOP es eficiente y cumple con las exigencias dictadas en temas de uso adecuado del presupuesto público.

Fuente: SECOP I – 28 de octubre del 2022, cálculos propios.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

Foto: Alcaldía de Bogotá

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Algunas entidades no reportan en el SECOP. Si lo hicieran, se detectaría mejor la corrupción en los contratos públicos, que se concentran en unas pocas instituciones.

Luis Carlos Calixto Rodríguez*

El coeficiente de Gini y el SECOP

El coeficiente de Gini es una herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región, en un periodo de tiempo determinado.

El Sistema de Contratación Pública (SECOP) está a cargo de la Agencia de Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente.

Uno de los propósitos del SECOP es sincronizar la oferta y la demanda de este mercado. En el lado de la oferta están las empresas y personas que prestan sus conocimientos y experiencias para proveer bienes y servicios públicos. En el lado de la demanda, las entidades públicas nacionales y territoriales que necesitan un bien o servicio.

Por lo tanto, ministerios, superintendencias, alcaldías o gobernaciones deben contratar los bienes y servicios necesarios para cumplir el plan de gobierno. Las empresas, por su parte, deben cumplir las condiciones del contrat0: experiencia acreditada, conocimiento en el sector y presupuesto.

Transparencia y corrupción en contratos estatales

En textos anteriores analicé la información del SECOP sobre entidades nacionales entre 2008 y 2020. El propósito fue construir, mediante el coeficiente de Gini, indicadores que den señales y alertas acerca de transparencia, corrupción y concentración del presupuesto de la contratación.

En esta oportunidad, para analizar las entidades nacionales más detalladamente, se analiza el comportamiento del Gini según dos variables importantes de cada entidad nacional:

  • a cuál sector pertenece;
  • si es un órgano de control (Contraloría, Procuraduría, Defensoría o Fiscalía) o un órgano autónomo (Corporaciones Autónomas Regionales o el Banco de la República, entre otros).

Al SECOP le falta información

Al analizar la información del sector y estimar el Gini, se encuentra una primera lección para el SECOP: le falta información del sector y necesita incluirla.

Para eso no necesita ningún sistema informático avanzado; simplemente debe solicitar a Función Pública la lista de entidades nacionales con su respectivo sector, para luego cruzar la información y determinar el sector de cada entidad.

Dentro del SECOP, la tarea sería darles una identificación. Al cruzar esta información, una alerta consistiría en

  • que una entidad nacional figure en el SECOP pero no en Función Pública;
  • que una entidad figure en Función Pública pero no en el SECOP.

En la base de Función Pública hay 290 entidades del orden nacional; pero en la base del SECOP apenas hay 219 entidades: una diferencia de 71 entidades que, por lo tanto, no están reportando en el SECOP.

Sería muy importante saber por qué.

Las entidades tienen que identificarse claramente

Hablar el mismo lenguaje favorecería al SECOP y, además, a todos los sistemas de información en Colombia —por lo menos, hablar el mismo lenguaje para identificar a cada entidad—.

Por ejemplo, el NIT es la variable que permite cruzar las bases de datos del SECOP con las de Función Pública; pero hay entidades que, aunque sean las mismas, tienen NIT diferentes. Por lo tanto, no se puede usar el NIT para cruzar estas bases de datos.

Claramente, esto complica el análisis, porque toca comparar entidad por entidad para cruzar la información adicional de Función Pública que no esté en el SECOP.

Los principales resultados de estos controles serían la eficiencia en el gasto público, mejores políticas públicas y avances en las políticas sociales.

Esto es alarmante para el SECOP y para Función Pública; pero también para todas las entidades públicas que manejen información y necesiten cruzar bases de datos: no las pueden cruzar automáticamente, por estas fallas de interoperabilidad entre los sistemas de información.

A Función Pública también le falta información

Función Pública no tiene toda la información necesaria para cruzar datos y completar lo que le falta al SECOP. Esto da aún más razones para que las entidades tengan información básica en sus sistemas.

El Gini en la contratación de los sectores principales

A pesar de este problema, se contrastó la información y se estimó el Gini en los sectores principales, entre 2008 y 2020, considerando la variable de valor total con adiciones del contrato. Esto incluye el Gini de cinco sectores.

Cuadro 1. Contratos de sectores principales

Ambiente y Desarrollo Sostenible  30.285 contratos
Inclusión Social y Reconciliación  24.822 contratos
Defensa  23.550 contratos
Trabajo  9512 contratos
Hacienda y Crédito Público  7745 contratos

Estos sectores reúnen el 73,42 % de los contratos analizados.

La gráfica 1 recoge el comportamiento histórico del Gini para estos 5 sectores. Se puede observar lo siguiente:

  • los Gini de Defensa, Ambiente y Hacienda tienen un comportamiento similar y estable: rondan un promedio de 0,85;
  • el sector de Trabajo tiene un Gini promedio de 0,82;
  • el sector de Inclusión Social tiene un Gini promedio 0,767, sector que da indicios de una tendencia decreciente leve.

Las demás tendencias son estables. Esto preocupa, porque es claro que la estimación del Gini es alta, sin importar el sector.

Coeficiente de Gini 2022
Fuente: SECOP I, 6 de septiembre del 2022 (cálculos propios)

Gini en la contratación de órganos de control y órganos autónomos

Ahora hay que analizar el Gini de los órganos de control y los órganos autónomos. Aquí entran entidades como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Banco de la República y las “-ías” —Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría—.

La gráfica 2 muestra los resultados históricos: se estima un promedio para todo el periodo de 0,86 —0,03 puntos más que el promedio estimado para los cinco sectores de la gráfica 1—.

Se observan comportamientos similares entre ambos sectores, pero hay una leve diferencia: 0,011 puntos.

Cuadro 2. Promedio de coeficiente Gini en órganos de control

Órganos de control (las “-ías”) 0,856
Órganos autónomos (como las CAR) 0,867
Coeficiente de Gini 2022
Fuente: SECOP I, 6 de septiembre del 2022 (cálculos propios)

Conclusiones: necesitamos más transparencia y mejor gasto público

Estas y las anteriores columnas sobre el SECOP llevan a varias conclusiones:

  • Se debe revisar la información de las variables presupuestales: extrañamente, se pierde mucha normación por contratos que indican un valor de 0.
  • No todas las entidades nacionales están reportando al SECOP.
  • Se puede mejorar el sistema de información con cambios pequeños, que no exigen desarrollos informáticos avanzados.
  • Por más filtros que se hagan —ya sea por entidades, sector, tipo de régimen, tipo de contrato y clasificaciones orgánicas—, hay una alta distribución del Gini en la contratación pública. A las entidades les corresponde explicar esto.
  • Si se cruzara esta información, serviría como alerta sobre riesgos de corrupción y transparencia en la contratación pública.

Los principales resultados de estos controles serían la eficiencia en el gasto público, mejores políticas públicas y avances en las políticas sociales.

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

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Esto es lo que muestra el Coeficiente de Gini sobre la desigualdad en la contratación de las entidades nacionales entre el 2008 y el 2020

Luis Carlos Calixto Rodríguez*

Un país sin ahorro y sin información validada

En ediciones anteriores presenté un análisis de la información disponible en el secop.

Con ello se construyeron tres indicadores para determinar si ha habido ahorro o no en la contratación por parte de las entidades nacionales para concluir que:

  1. En general, no se presenta ahorro en la contratación pública y que
  2. La información debería ser validada y depurada, ya que se pierde por contratos que indican tener valores de cero en la variable de Valor Total del Contrato.

En esta columna se analizará el comportamiento del Gini en tres escenarios con las tres variables presupuestales que se han trabajado en otras columnas, las cuales son: el Valor del Proceso, el Valor del Contrato y el Valor Total del Contrato.

¿Qué es el Gini?

El Coeficiente de Gini es una de las principales medidas que se usan en economía para medir la desigualdad y la distribución de los bienes. Por ejemplo, mide cómo se distribuye el ingreso y qué tan desigual es, o qué tan fácil es el acceso a tierras y qué tan concentradas están estas en Colombia.

En términos numéricos, el Gini toma valores entre 0 y 1, donde 0 es una distribución totalmente igualitaria, mientras que 1 indica que hay una distribución totalmente desigual.

El analizar el Gini en procesos de contratación pública implica preguntarse por qué unos contratos salen con valores de baja cuantía frente a otros que salen con grandes cuantías, sin desconocer el tipo de contrato y su régimen de contratación, y crear alertas para saber el motivo por el que la contratación pública causa altas concentraciones en el valor de sus contratos.

Es de futuros análisis estudiar el Gini por entidades nacionales y entrar más a fondo en el comportamiento de este en más variables que permitan, de manera correcta, clasificar la mayoría de los contratos y estudiarlo correctamente.

Lo que muestra el Gini

En este análisis se toman tres escenarios, en el primero se estima el Gini sin importar que el valor del contrato sea 0. Sin importar la variable presupuestal del secop, el Gini entre 2008 y 2020 toma valores superiores a 0,8, lo que indica que se dio una distribución muy desigual.

La situación se agrava con la variable del Valor Total del Contrato, ya que mientras que con el Valor del Proceso y el Valor del Contrato el promedio del Gini, en el mismo periodo de tiempo, es igual, en ambos casos, a 0,84, con el Valor Total del Contrato este aumenta a 0,89, lo que es 0,05 puntos más que agravan la desigualdad en el valor del contrato.

Con el segundo escenario, donde se depuran todos aquellos contratos con valores iguales a 0, el Gini mejora un poco. El promedio de este en la variable del Valor del Proceso y del Valor del Contrato pasa a ser 0,83 que, en comparación a 0,84, mejora en 0,01 puntos. Mientras que con la variable del Valor Total del Contrato el Gini promedio disminuye a 0,85. Se presenta una leve mejora, ya que disminuye en 0,04 puntos.

Ya con el tercer escenario, en el cual únicamente se toman aquellos contratos que sean mayores de un millón de pesos, hay leves mejorías, ya que por lo menos hay periodos donde el Gini es menor de 0,8 y alcanza valores iguales a 0,75. El Gini promedio de la variable Valor del Proceso en este tercer escenario es igual a 0,83, para la variable de Valor del Contrato es igual a 0,82 y para la variable Valor Total del Contrato es igual a 0,84.

Es decir que con las variables de Valor del Proceso y Valor del Contrato presenta una leve mejoría, mientras que con la variable Valor Total del Contrato no presenta ningún cambio y el Gini deja de ser sensible a la depuración de contratos de este tercer escenario.

El comportamiento histórico

La gráfica 1 muestra el comportamiento histórico del Gini para las tres variables presupuestales, entre el 2008 y 2020, con el tercer escenario de análisis, donde el comportamiento es estable y oscila alrededor del 0,8.

desigualdad en la contratación del sector público
Fuente = SECOP I – 06 de septiembre del 2022, cálculos propios
Para solventar la estimación del Gini y no sobreestimarlo, se analizan dos variables adicionales, con las cuales se pretende clasificar los contratos y estimar otros Ginis adicionales.

Dichas variables son el Tipo de Régimen y el Tipo de Contrato. Las categorías con mayor frecuencia del Tipo de Régimen son Contratación Directa (Ley 1150 de 2007), Contratación Mínima Cuantía y Régimen Especial, mientras que las categorías con mayor frecuencia en Tipo de Contrato son Otro Tipo de Contrato y Prestación de Servicios. Con estas dos variables y las categorías con mayores participaciones se estimará el Gini, con la expectativa de que mejore esta estimación.

Con la variable de Régimen, se observa que los contratos de Mínima Cuantía son los que presentan el Gini promedio más bajo con un valor igual a 0,36, mientras que el Gini promedio de los contratos con Contratación Directa presenta un Gini promedio igual a 0,82 y el Gini de los contratos en Régimen Especial es de 0,69. El comportamiento histórico de estas tres categorías del Tipo de Régimen está en la Gráfica 2.

desigualdad en la contratación del sector público
Fuente = SECOP I – 06 de septiembre del 2022, cálculos propios
Ahora, con el Tipo de Contrato, se observa que el Gini promedio de los contratos de prestación de servicios es igual a 0,85. Con la categoría de Otros Tipos de Contratos el Gini promedio es igual a 0,74 y su comportamiento histórico se expone en la gráfica 3.
desigualdad en la contratación del sector público
Fuente = SECOP I – 06 de septiembre del 2022, cálculos propios
Se hace evidente que, aunque se controla por tipo de contrato y tipo de régimen con las participaciones más altas, los Ginis siguen siendo altos, exceptuando lo que ocurre en aquellos contratos de Mínima Cuantía.

Esto causa alertas que deben ser revisadas por las entidades de control como la Contraloría General y la Auditoria, para saber si es justificable la alta concentración en la contratación pública y tomar acción en caso de que sean así. Con ello, el control ejercido permitirá disminuir los posibles riesgos de corrupción en la contratación pública de las entidades nacionales.

* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Luis Carlos Calixto

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Luis Carlos Calixto

**Magister en Ciencias Económicas y Economista de la Universidad Externado de Colombia.

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