Juan Felipe Garcia Arboleda, autor en Razón Pública
Foto: Migración Colombia

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El regreso a Colombia del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, abre o debería abrir la discusión sobre las responsabilidades políticas y empresariales detrás de los horrores del paramilitarismo.

Juan Felipe García*

Mancuso en libertad 

Este 27 de febrero Salvatore Mancuso regresó a Colombia para saldar sus deudas con la justicia, las víctimas y la sociedad. El lunes 4 de marzo se presentó ante una jueza de ejecución de penas de la jurisdicción de “Justicia y Paz” desde la cárcel La Picota. 

En la audiencia se discutió si se habían cumplido los requisitos para otorgar la libertad a prueba derivados de las tres sentencias condenatorias que existen contra Mancuso. Después de la evaluación respectiva, la jueza concluyó que Mancuso los había cumplido y podía recibir ese beneficio penal —como lo habían hecho otros comandantes de los grupos paramilitares que se acogieron al sistema de “Justicia y Paz —.  La Fiscalía, el ministerio público y las víctimas no presentaron recursos frente a esta decisión. 

No obstante, la jueza advirtió que Mancuso debía continuar en La Picota pues, en otros procesos que se adelantan contra él en los Tribunales de “Justicia y Paz” de Barranquilla y Bogotá, están vigentes medidas de aseguramiento para la privación de su libertad. Frente a dichas medidas cabría esperar que los jueces competentes lleguen a la misma conclusión de esta primera audiencia y Mancuso salga de la cárcel bajo un régimen de libertad condicionada en el transcurso de las próximas semanas.

comprendieron que los grupos privados nacidos bajo el manto de la legalidad, estaban diseñados para usar las armas sin control alguno: podían matar a quien consideraran peligroso bajo la promesa de que no tendrían que rendir cuentas de ningún tipo. Hoy sabemos que estos modelos de seguridad desembocan en prácticas genocidas.

Pero “Justicia y Paz” no es la única jurisdicción en la que Mancuso rendirá cuentas. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a los integrantes de la ex-FARC y la fuerza pública, lo ha admitido como compareciente en el Macrocaso 8, que investiga y juzga los crímenes cometidos por los paramilitares en asociación con las Fuerzas Armadas de Colombia, arguyendo que Mancuso pudo jugar un papel de “militar de facto”. 

Le recomendamos: Mancuso y la JEP: ¿dónde quedan las víctimas?

El modelo especial de seguridad del campo colombiano

A finales de los años ochenta, Mancuso administraba haciendas ganaderas en las sabanas cordobesas y, como muchos otros hacendados, estaba siendo víctima de la extorsión por parte de guerrilleros que proliferaban en las áreas rurales.

A principios de los años noventa, algunos altos oficiales de la fuerza pública concibieron un modelo especial de seguridad para el campo colombiano: convocar a ciertos sectores productivos de las regiones para conformar y financiar unos cuerpos armados de seguridad privada, denominados legalmente “Convivir”, los cuales trabajaban en conjunto con la fuerza pública para proteger la vida, la libertad y los bienes de aquellas personas.

En distintos escenarios judiciales se ha constatado que quienes promovían este modelo de seguridad estaban influenciados por la idea de la lucha anticomunista, típica de la Guerra Fría. Por eso se propagaban estigmas sobre algunos grupos como organizaciones sindicales, asociaciones de campesinos, bancadas políticas de afiliación de izquierda y colectivos estudiantiles inspirados en estas ideas políticas. El estigma los convertía en sujetos peligrosos para la sociedad, pues allí se “incubaba la subversión”. Esto, a su vez, legitimaba las violencias ejercidas contra ellos para “defender” a la sociedad.

Como el mismo Mancuso ha relatado, después de inaugurar el modelo en Córdoba, comenzó un periplo de reuniones en los principales clubes sociales de Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar y Magdalena. El propósito de estas reuniones era concertar entre las autoridades locales, los comandantes de la fuerza pública y aquellas personas con un músculo financiero significativo la réplica de ese modelo de seguridad que se había configurado en Córdoba y que quería expandirse por todas las llanuras del caribe colombiano.

El desangre

A finales de los años noventa, el país fue testigo de los ríos de sangre que corrían por los valles de esas llanuras a la par que ese modelo de seguridad se ponía en marcha. Con alarma, algunas voces llamaron la atención de la sociedad colombiana para preguntar por qué eran asesinados los sindicalistas, miembros de partidos de izquierda o profesores universitarios o por qué los campos estaban quedando sin campesinos y llegaban a las ciudades capitales convirtiéndose en “desplazados”. 

Estas voces críticas, como la del humorista Jaime Garzón, asesinado por quienes promovían ese modelo de seguridad, comprendieron que los grupos privados nacidos bajo el manto de la legalidad, estaban diseñados para usar las armas sin control alguno: podían matar a quien consideraran peligroso bajo la promesa de que no tendrían que rendir cuentas de ningún tipo. Hoy sabemos que estos modelos de seguridad desembocan en prácticas genocidas.       

Lavando el rostro de los criminales

En contraste con estas voces, el terror fue banalizado en la esfera pública colombiana. 

En un informe de 1999 sobre la ola de violencia paramilitar, la revista Semana sobrepuso la fotografía de Mancuso sobre un grupo numeroso de hombres armados hasta los dientes. El titular decía: “El yuppie de los paras”. El pie de foto decía: “Salvatore Mancuso, miembro de una respetada familia de Montería, es la mano derecha de Carlos Castaño y está al frente de la ofensiva paramilitar en el Catatumbo”. 

En otro reportaje del mismo año, la revista publicó una imagen de un vendedor ambulante de sombreros volteados y en el pie de foto advertía: “los cordobeses dicen que se respira otro aire en el Departamento desde que las autodefensas pacificaron la zona. Se sienten felices solo con poder trabajar sin zozobra”.

La percepción de prosperidad y seguridad que se vivía al comienzo de este siglo era difundida entre los gremios económicos que celebraban la existencia de un clima propicio para hacer “buenos negocios”. 

Foto: JEP - Los saberes de Mancuso, producto de su trasegar criminal, serán aportados en el Macrocaso 8 de la JEP, que investiga los crímenes cometidos entre paramilitares y fuerzas armadas del Estado.

La JEP es un escenario judicial imaginado para inaugurar un tiempo de paz que juzgue esos crímenes y es una de las ventanas a través de las cuales Mancuso puede proyectar su transformación de vida a partir de lo que sabe.

Es el caso emblemático de la industria del carbón en la cuenca del río Cesar. Su llegada a la región coincide con el mayor número de masacres y desplazamientos en la zona, delitos perpetrados por los grupos paramilitares comandados por Mancuso. La relación de coexistencia espacio-temporal entre los dos fenómenos es innegable: a mayor extracción de carbón, mayor número de crímenes contra la población civil.

En este entorno de entusiasmo por los logros económicos del modelo de seguridad, en 2004, el Congreso de la República invitó a Mancuso al capitolio para que explicara ante el país el heroísmo de su gesta, que terminaba con la desmovilización y los acuerdos de paz con el gobierno Uribe. En una escena tristemente célebre, los representantes de la democracia ovacionaron al comandante paramilitar. 

Aprender del pasado

La Colombia de quienes diseñaron ese modelo de seguridad no será la del futuro. Años después de ese discurso encubridor ante el Congreso, Mancuso tuvo que estar en prisión en Estados Unidos pagando las consecuencias del modelo de seguridad que se financió con dineros del narcotráfico.

Sin duda alguna, en su trayectoria criminal Mancuso acumuló saberes para hacer la guerra. Él conoce a los integrantes de la fuerza pública, a las autoridades locales y a los agentes privados con mayor capacidad económica que, como máximos responsables, concertaron y se beneficiaron de esos crímenes contra la humanidad. La JEP es un escenario judicial imaginado para inaugurar un tiempo de paz que juzgue esos crímenes y es una de las ventanas a través de las cuales Mancuso puede proyectar su transformación de vida a partir de lo que sabe. 

Esos saberes serán recibidos en el Macrocaso 8 de la JEP para que la sociedad colombiana pueda conocer una dura realidad de su pasado. De ese modo, podrá tener más herramientas para su transformación, comprometiéndose a que ese modelo de seguridad no se repita en el futuro.

Lamentablemente, otros grupos que participaron en la guerra aprendieron que ese modelo de seguridad es eficaz para controlar un territorio, someter a la población civil y ensanchar actividades económicas, como es el caso del narcotráfico. Por ello, zonas altamente productivas de nuestra geografía siguen gobernadas por ese modelo, en un derramamiento permanente de sangre.

En este contexto, la reciente designación de gestor de paz de Mancuso es importante, pues él supo conquistar a sangre y fuego territorios estratégicos para la consolidación de economías legales e ilegales. Ese saber puede ser usado para persuadir a los grupos armados ilegales del agotamiento de ese modelo. 

Por último, en clave de construcción de paz, puede contribuir a la imaginación de fórmulas políticas, jurídicas y económicas que permitan transformar los territorios de la guerra en escenarios de convivencia democrática, porque es plausible pensar que quien sabe hacer la guerra también sabe hacer la paz. Esto aplicaría tanto para el futuro de Mancuso como para el de Colombia.

Vea en Razón Pública: Temores y dudas frente a las posibles confesiones de Mancuso

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Juan Felipe Garcia Arboleda

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Juan Felipe Garcia Arboleda

*Abogado de la Universidad Javeriana, magister de Urbanismo en la Universidad Nacional, doctor en Antropología de la Universidad de Los Andes, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana.

Foto: Colombia Ágil

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La ocupación de predios en el Cauca es un nuevo capítulo en la historia de conflictos por falta de claridad en la titulación de las tierras. ¿Será que Petro las resuelve, o será que la historia se repite?

Juan Felipe García Arboleda*

Problema complejo y grande

Según el primer diagnóstico de la situación actual realizado por el Defensor del Pueblo, se han producido 108 casos de ocupaciones de predios en los últimos meses, distribuidos entre 26 municipios, de los cuales el 36 % se han presentado en el departamento del Cauca. Este inventario temprano es clave para comprender el problema de los conflictos territoriales en Colombia.

Dichos conflictos, recorren hoy un espectro amplio, que va desde la vieja consigna de “la tierra para quien la trabaja” a temas de mayor calado como la participación democrática en la definición de los usos del suelo y demás recursos naturales. También abarca los terrenos del derecho constitucional y las autonomías de los pueblos plurinacionales y las competencias sobre el ordenamiento territorial.

Además, los conflictos han tomado caminos azarosos debido a la inserción del narcotráfico como agente acaparador de tierras para el lavado de activos y el testaferrato. La Sociedad de Activos Especiales tiene predios que ha recuperado, pero que no necesariamente se ponen a disposición de la reforma agraria.

Este problema es uno de los grandes retos del gobierno de Petro, que no es el primero en proponer una reforma agraria para resolverlo.

Historia que se repite

En 1972, el senador conservador del departamento del Magdalena, Hugo Escobar Sierra, escribía en su libro Las invasiones en Colombia:  “es que siempre hay un concierto de individuos en el campo y en la ciudad, que se reúnen y discuten las posibilidades de una invasión; localizan el sector que han de ocupar y bajo la dirección de personas interesadas, de un gran sentimiento «humanitario» motivadas por intereses políticos o subversivos en algunos casos, crean esta peligrosa situación de intranquilidad social”.

Como se deduce de esta cita, las llamadas “invasiones de tierra” no son nuevas. Tampoco son nuevos los escritos que suponen claridad absoluta sobre la propiedad privada en el campo y desconocen cualquier reclamo legítimo de quienes ocupan los predios, a quienes señalan como personas peligrosas para la seguridad de la ciudadanía.

Lo cierto es que todavía hoy muchas áreas rurales en Colombia carecen de una herramienta que brinde plena claridad acerca de los títulos de propiedad sobre la tierra.

Este problema se hizo evidente desde los años 1930, en el contexto de la bonanza cafetera. Campesinos sin títulos de propiedad colonizaban montañas para convertirse en pequeños productores cafeteros y sacar adelante sus familias. Inmediatamente apareció una oposición que manifestaba tener unos papeles registrados en oficinas de las ciudades capitales, que decía probar la propiedad sobre predios que nunca había visitado o puesto a producir.

Tantos años de postergar lo impostergable, de asegurar la igualdad de derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, han hecho que la vieja pretensión de acceso a la propiedad haya pasado a ser una demanda política más profunda.

La reforma constitucional de 1936 consagró la función social de la propiedad y el gobierno liberal de López Pumarejo diseñó una fórmula jurídica que, en teoría, daba garantías a las dos partes en conflicto, y a su vez, incentivaba la productividad agraria: se estableció una presunción de propiedad privada según la cual aquella persona que realice actos de explotación económica sobre un predio sería considerada propietaria para efectos legales.

En ausencia de catastros municipales con información que distinguiera fehacientemente la propiedad privada de la estatal, esta fórmula en la práctica estimuló una feroz lucha a machete y escopetazos para asentar las explotaciones económicas y defender la cerca que se levantaba en los nuevos emprendimientos.

Al final, propios y extraños, ricos y pobres, pensaban que se trataba de esperar el favor del gobierno de turno para que visitara el predio, formalizara la propiedad de la tierra y les entregara los títulos legítimos de la misma.

Desde entonces, la sociedad colombiana ha vivido en un círculo vicioso del que no ha podido salir. Cada vez que un gobierno liberal anuncia que va a poner en marcha la reforma agraria, ciudadanos con expectativas de acceder a la propiedad rural irrumpen intempestivamente sobre predios sin explotación económica o con problemas de titularidad.

A su vez, quienes se ven afectados por estas ocupaciones, acuden a la estigmatización de dichos ciudadanos. Esta situación desemboca en ocasiones en acciones de autodefensa para respetar lo que ellos consideran propio. Estas tensiones han desatado históricamente la violencia en el campo colombiano.

Así les sucedió a los gobiernos liberales de López Pumarejo, Carlos Lleras Restrepo y Virgilio Barco, sobre los cuales se volcaron resistencias que a su vez desembocaron en las olas de violencia de los años cincuenta, los años setenta y los años noventa, respectivamente.

círculo vicioso de los conflictos
Foto: Policía Nacional - Quienes se ven afectados por estas ocupaciones, acuden a la estigmatización de dichos ciudadanos.

Puede leer: La Corte Constitucional y la distribución de tierras en Colombia

Romper el ciclo de violencia

Cabe la posibilidad de que lo mismo le suceda a Gustavo Petro, quien tiene como prioridad de gobierno desarrollar el punto 1 del acuerdo de La Habana sobre reforma rural integral.  Por eso es urgente romper la cadena trágica, antes que se reproduzca un nuevo ciclo de violencia.

Ese es el gran reto del gobierno Petro: persuadir a la sociedad colombiana y al legislativo en el Plan Nacional de Desarrollo de la necesidad de abrigar con presupuestos robustos a las autoridades administrativas con competencia en el sector rural. Solo con músculo institucional podrán atenderse eficazmente los conflictos sociales en Colombia.

Es urgente hacer cumplir la función social y ecológica de la propiedad, extinguiendo el dominio de aquellos titulares de predios que no explotan sus bienes adecuadamente.

Por supuesto, sigue existiendo la vieja necesidad de clarificar la propiedad para identificar los predios baldíos de la Nación y pasar a adjudicarlos a ciudadanos que carecen de unidades agrícolas familiares.

Por su parte, los procesos de restitución sobre tierras despojadas durante el conflicto armado no avanzan al ritmo de las necesidades de las víctimas. En muchos casos, hay territorios en manos de grupos armados ilegales que no se han desmovilizado y han consolidado proyectos económicos con inversiones que tienen como pretensión legalizar capitales espurios.

Tantos años de postergar lo impostergable, de asegurar la igualdad de derechos de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, han hecho que la vieja pretensión de acceso a la propiedad haya pasado a ser una demanda política más profunda.

Estos pueblos hoy aspiran a la consagración de figuras jurídicas que reconozcan derechos territoriales sobre espacios que han habitado ancestralmente, en los que puedan desarrollar autónomamente sus proyectos de vida con visiones diversas sobre el significado del desarrollo.

Entre tanta diversidad de conflictos apresados una cosa es clara: las soluciones de fuerza han sido un rotundo fracaso y han dejado sembradas desesperanza y muerte en el campo colombiano.

Una nueva jurisdicción

Sin embargo, una administración robusta para la ruralidad tampoco es suficiente. Otra cara del problema es que el poder ejecutivo ha concentrado los mecanismos de resolución de los conflictos territoriales. En ese sentido, se ha privado a la sociedad de una jurisdicción expedita que garantice independencia del ejecutivo a la hora de definir con claridad los derechos de las partes en disputa.

La congestionada jurisdicción contencioso administrativa ha quedado rezagada frente a esta tarea histórica. Hoy se requiere una innovadora jurisdicción que tenga competencia sobre un amplio espectro de conflictos territoriales como los señalados anteriormente, incluyendo los agrarios de formalización de la propiedad y los de uso que surgen por afectaciones en materia ambiental.

Debe ser una jurisdicción con una acción y un proceso simple, de fácil comprensión para la población campesina, afrocolombiana e indígena, quienes han habitado históricamente en el campo y son sujetos de especial protección constitucional.

Los famélicos presupuestos de las autoridades encargadas de atender los procesos administrativos en la ruralidad y el bloqueo histórico a la ejecución de una férrea jurisdicción para dirimir los conflictos territoriales en Colombia han permitido que estos se tramiten bajo la ley del más fuerte. Así, se crea un caldo de cultivo adecuado para los grupos armados al margen de la ley.

El gobierno de Gustavo Petro tiene hoy una inigualable oportunidad de cambiar el curso de esta trágica historia. El éxito será medido en su capacidad de construir un consenso nacional sobre la transformación de las instituciones rurales, administrativas y judiciales, en el gran imán que atraiga a la civilidad los conflictos que hoy se resuelven con la implacable lógica de la fuerza.

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Juan Felipe Garcia Arboleda

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Juan Felipe Garcia Arboleda

*Abogado de la Universidad Javeriana, magister de Urbanismo en la Universidad Nacional, doctor en Antropología de la Universidad de Los Andes, director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana.

ISSN 2145-0439

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