Jacobo Campo - Juan Camilo Villar, autor en Razón Pública
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El Banco de la República celebra cien años de existencia y estos han sido sus cambios, pero hoy son necesarias nuevas soluciones para los retos actuales de Colombia.

Juan Camilo Villar Otálora* y Jacobo Campo Robledo**

Las misiones, las reformas y la estabilidad

El Banco de la República se fundó hace cien años gracias a la Misión Kemmerer que fue contratada por el presidente de la República, Pedro Nel Ospina, para evitar un pánico bancario, o lo que hoy se conoce como una crisis sistémica. Además, el banco se fundó para garantizar la confianza en la economía y en la moneda nacional, contribuir a la estabilidad macroeconómica y, en general, cumplir los mandatos que le fueron asignados.

Si el banco central no es independiente, puede estar sujeto a presiones políticas que lo obliguen a tomar decisiones de corto plazo en vez de pensar en el largo plazo, lo que puede llevar a una economía inestable. Con la independencia como garantía, se reduce la probabilidad de decisiones sesgadas o que se abuse de la política monetaria con fines políticos, como ocurrió en el pasado.

Sin embargo, la economía ha experimentado cambios importantes en el transcurso del tiempo, ya que ha sido necesario ejecutar una serie de reformas dirigidas a garantizar la estabilidad monetaria y macroprudencial. Las reformas a las que ha sido sometido el Banco se pueden encasillar en tres grandes bloques:

  • Las presiones gubernamentales. Debido a los efectos de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, entre 1930 y 1950 se organizaron la segunda Misión Kemmerer y la Misión Grove. Ambas misiones, financiadas por el gobierno nacional, establecieron controles de cambios para regular las operaciones con el resto del mundo y dotaron al Banco de la República de más instrumentos para regular la oferta monetaria y canalizar el crédito con el propósito de estimular el desarrollo económico.
  • Las presiones gremiales y de la Junta Monetaria. Con las reformas de 1951, de 1963 y de 1973 aumentó la injerencia del gobierno nacional en el funcionamiento del Banco de la República y, con ella, su participación en la financiación del gasto público.

Además, al otorgarle la función de promover sectores productivos a través del crédito de fomento, se debilitó el propósito de preservar el poder adquisitivo del dinero. Finalmente, se descubrió un sesgo inflacionario en las decisiones de la autoridad monetaria bajo la conformación de la Junta Monetaria con participación de ministros y otros altos funcionarios.

  • Las reformas constitucionales. Con una inflación anual del 32,4 % en 1990, la Constitución de 1991 estableció el control de la inflación como propósito primario del Banco de la República.

Del arreglo constitucional se destacan aspectos claves asociados con la estabilidad de precios como un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado; con la autonomía administrativa, patrimonial y técnica concedida al Emisor; y con la creación de la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) como única autoridad monetaria, cambiaria y crediticia.

Puede leer: El crecimiento económico del país está en riesgo

Foto: Alcaldía de Cartagena - La Constitución de 1991 estableció que el objetivo principal del Banco de la República sería controlar la inflación.

La independencia como garantía

La independencia del Banco de la República consiste en su capacidad para tomar decisiones de política monetaria sin la interferencia del gobierno nacional u otros sectores políticos. Esta facultad es necesaria porque permite que la autoridad monetaria tome decisiones basadas en criterios técnicos y económicos, en vez de considerar intereses políticos o electorales.

Si el banco central no es independiente, puede estar sujeto a presiones políticas que lo obliguen a tomar decisiones de corto plazo en vez de pensar en el largo plazo, lo que puede llevar a una economía inestable. Con la independencia como garantía, se reduce la probabilidad de decisiones sesgadas o que se abuse de la política monetaria con fines políticos, como ocurrió en el pasado.

El “trilema” de la política monetaria

La política monetaria aspira a cumplir tres metas deseables pero imposibles de lograr al mismo tiempo. El conocido trilema.

Las metas en cuestión son:  un determinado nivel de tipo de cambio, un nivel de tasa de interés definido y una libre movilidad de capitales. Dichas metas plantean posibilidades e imponen limitaciones al funcionamiento de la política monetaria.

Durante las décadas de 1950 y 1960 se estableció y reglamentó el control de capitales, con el propósito de solucionar las repetitivas crisis cambiarias. Después, a partir de 1970, en prácticamente todos los sectores económicos se prohibió la Inversión Extranjera Directa (IED), al igual que las nuevas inversiones. Además, aprobaron nuevas limitaciones al capital extranjero destinado al sector financiero.

Para la década de 1980, con la crisis de la deuda de América Latina, la autoridad monetaria adoptó como meta principal la reactivación económica mediante una política expansionista que concedía aumentos sostenidos del crédito para los bancos comerciales y, en mayor medida, al gobierno nacional. Dichas medidas ocasionaron el agotamiento de las reservas oficiales, llevando al país a una crisis cambiaria que fue solventada con un paquete de medidas de ajuste ortodoxo.

Finalmente, la década de 1990 marcó un hito en el manejo de la política monetaria. Por un parte se adoptó el sistema de bandas cambiarias, como consecuencia del desplazamiento hacia una posición antiinflacionaria por parte del Emisor que le permitía mantener el grado necesario de flexibilidad y reducir la posibilidad de especulación que caracterizó la década de 1980. En segundo lugar, se adoptó el “esquema de inflación objetivo” que detallamos a continuación.

El esquema de inflación objetivo

Desde 1991, y mediante la adopción de metas de inflación anuales, la Constitución a estableció el control de la inflación como propósito primario del Banco de la República.

Sumado a lo anterior, y con el abandono del sistema de bandas cambiarias y la adopción de un tipo de cambio flexible, el 1999 se adoptó de manera oficial el esquema de inflación objetivo.

La nueva meta de la política monetaria era mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del producto y del empleo. Las acciones están dirigidas a que la inflación futura se sitúe en la meta fijada del 3 %.

Garantizar el cumplimiento de la meta de inflación contribuye a que la economía crezca de forma sostenible y estable en el tiempo. Para eso, el Emisor usa tres herramientas, siendo la tasa de interés de intervención la más importante.

Si la inflación es alta, la autoridad monetaria aumenta la tasa de interés para reducir la demanda y controlar los precios, tal como ha ocurrido desde comienzos de 2022. Por el contrario, si la inflación es baja, reduce las tasas de interés para estimular la economía mediante el aumento del consumo y la inversión.

El esquema de inflación objetivo es transparente y ayuda a promover la confianza en la política monetaria. De ese modo, el Banco de la República informa regularmente sobre las decisiones de política sobre la base de los datos de inflación calculados y publicados mensualmente por el DANE. Esto ayuda a que los agentes  tomen decisiones con la información completa y en función de sus expectativas.

Retos de la política monetaria

Dada la coyuntura actual, la política monetaria en Colombia enfrenta la siguiente serie de retos:

  • Inflación. La principal función de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios. Para esto el Banco de la República ha establecido una meta de inflación de entre 2 y 4% anual. Sin embargo, alcanzar y mantener esta meta puede ser un reto, especialmente cuando hay factores internos y externos que afectan la economía colombiana.
  • Crecimiento económico. Si bien la política monetaria no es la única responsable del crecimiento económico, en el corto plazo juega un papel importante. Uno de los desafíos de la política monetaria es garantizar la armonía entre mantener la inflación bajo control y estimular el desarrollo económico.
  • Tasas de interés. Las decisiones de política monetaria afectan directamente las tasas de interés, lo que a su vez puede afectar el consumo y la inversión. Un reto de la política monetaria es mantener las tasas de interés en un nivel adecuado para controlar la inflación y estimular la economía, sin afectar negativamente el consumo y la inversión.
  • Volatilidad cambiaria. Colombia es una economía pequeña y abierta, dependiente de las exportaciones de materias primas. Esto hace que la volatilidad cambiaria sea un desafío para la política monetaria. El Banco de la República debe tomar decisiones adecuadas para mitigar estos efectos.
  • Política fiscal. La política fiscal es responsabilidad del gobierno nacional y puede afectar la economía de forma significativa. La coordinación entre la política monetaria y la política fiscal es necesaria para la estabilidad macroeconómica y financiera adecuada.

Pero ¿cómo se logra esto si los instrumentos de política monetaria convencionales usados por los bancos centrales ya no funcionan? El debate sobre el fracaso de los instrumentos y de cómo deberían combatir los bancos centrales los altos niveles de inflación está sobre la mesa.

Garantizar el cumplimiento de la meta de inflación contribuye a que la economía crezca de forma sostenible y estable en el tiempo. Para eso, el Emisor usa tres herramientas, siendo la tasa de interés de intervención la más importante.

Podría listarse una serie de soluciones, pero la mejor manera de combatir la inflación depende de las circunstancias específicas de cada país y de la situación económica en un momento dado. Ahora es importante más que nunca que los bancos centrales tengan la capacidad de adaptarse a los cambios económicos y ejecutar las medidas necesarias, de corto y largo plazo, para controlar la inflación de manera efectiva sin afectar a la economía en general.

Una alternativa que puede considerarse es la regulación de la oferta, es decir, el aumento de la oferta de bienes y servicios puede ayudar a reducir la inflación al aumentar la competencia económica y reducir los precios. El gobierno nacional puede fomentar la inversión en sectores específicos para aumentar la producción o reducir las barreras para la entrada de nuevos competidores en los mercados.

Le recomendamos: Mercados competitivos: herramienta para el crecimiento y la inflación

* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

* Docente Universidad Externado de Colombia. Magíster en Economía de la Universidad del Rosario. Economista y Negociador Internacional de la Universidad ICESI.
** Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia. Economista de la Universidad Militar Nueva Granada.

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Para reducir la inflación es necesario fomentar la competencia entre las empresas productoras. Y aunque en Colombia no falte la legislación, todavía hace falta trabajo del Estado para garantizar la libre competencia económica.

Juan Camilo Villar Otálora* y Jacobo Campo Robledo**

Cómo está regulada la competencia en Colombia

El buen funcionamiento de una economía de mercado implica que Estado sea garante de una serie de derechos fundamentales. Por ejemplo, los derechos de propiedad e iniciativa privadas, la libertad de empresa, la libertad para escoger profesión, oficio y asociarse, y de manera principal, la libre competencia económica.

Por eso el artículo 333 de la Constitución de 1991 (CP-91) establece que la libre competencia es un derecho de todos que conlleva responsabilidades, así que para garantizar su cumplimiento, el Estado dispone de un marco jurídico compuesto, principalmente, por la Ley 115 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 246 de 1996 y la Ley 1340 de 2009.

Así las cosas, la expedición de la Ley 1340 de 2009, además de actualizar la legislación y añadir una serie de disposiciones relacionadas con el régimen de protección de la competencia, establece los procedimientos en materia de integraciones empresariales, prácticas restrictivas de la competencia y régimen de sanciones.

En ese orden de ideas, la competencia entre empresas promueve la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios mediante la inversión en nuevas tecnologías y procesos de producción, porque cada empresa trata de mejorar su competitividad para mantenerse en el mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores.

En la misma dirección, esta Ley establece que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cumplirá sus funciones como Autoridad Nacional en materia de Protección de la Competencia.

Lea en Razón Pública: El Plan Nacional de Desarrollo y la estabilidad fiscal

La influencia sobre la inflación

Según el DANE , la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 13,28 %, entre febrero del año pasado y el mimo mes de  2023. Esta es la cifra más alta desde 1999.

Por eso, desde distintas orillas se ha analizado la influencia a largo plazo de la política de competencia sobre obre los procesos inflacionarios. Ya en 1971 el Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había recomendado dedicar esfuerzos a fortalecer el derecho y a las políticas de competencia con el propósito de reducir la inflación. También por eso, según May y Capobianco, desde la economía y el derecho existe pleno consenso en el sentido de que mercados competitivos ayudan a reducir la inflación.

Asimismo, y de acuerdo con Massimo Motta, aunque las prioridades de la política de competencia pueden variar según la legislación de cada país y las necesidades propias de cada coyuntura, los objetivos fundamentales siguen siendo el fomento de la libertad económica, el bienestar de los consumidores y la lucha contra la inflación.

En resumen:  en condiciones normales, la competencia entre empresas disminuye los precios al consumidor de los precios de los bienes y servicios, o sea que aumenta su poder adquisitivo y de esto modo les permite adquirir más bienes y servicios, lo que otra vez estimula el crecimiento de la economía.

Efectos sobre el crecimiento económico

Las proyecciones realizadas por organismos nacionales y entes multilaterales sitúan en un rango entre 0,2 % y 2,2 %, el crecimiento de la economía colombiana en 2023.

Como dijimos atrás, hay suficiente evidencia teórica y empírica sobre los efectos de la competencia sobre el crecimiento económico, tanto a corto como a largo plazo, aunque sus efectos inmediatos pueden ser de mayor complejidad.

Entre los efectos más comunes se destacan el estímulo a la innovación, la reducción de los precios, el aumento de la eficiencia empresarial y del comercio.

En ese orden de ideas, la competencia entre empresas promueve la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios mediante la inversión en nuevas tecnologías y procesos de producción, porque cada empresa trata de mejorar su competitividad para mantenerse en el mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores.

Entonces, las empresas que compiten en un contexto nacional tienen que desarrollar formas más eficientes de producir y de vender, lo que a su vez aumenta la eficiencia de la economía en general. Y cuando este fenómeno ocurre en el plano internacional, se estimula el comercio exterior en beneficio de todas las partes involucradas.

Pero importa recordar que la competencia puede tener algunos efectos negativos para el  mercado y para el crecimiento económico, especialmente a corto plazo. Por ejemplo, puede llevar a la quiebra de las empresas menos eficientes, aumentando con eso el nivel de desempleo.

Asimismo, y con el fin de eliminar la presión de competir, puede llevar a prácticas y acuerdos restrictivos que afectan negativamente a los consumidores y a la economía en general.

La Superintendencia de Industria y Comercio

Mediante el ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales, la SIC se encarga, entre otras cosas, de regular y vigilar el cumplimiento de las normas de protección de la competencia.

Foto: Alcaldía de Palmira - La competencia entre empresas puede beneficiar a los consumidores pues se reducen los precios de los bienes y servicios y se aumenta el poder adquisitivo.

Así las cosas, si bien es necesario que el gobierno nacional continúe estableciendo mecanismos para enfrentar las presiones inflacionarias y respalden la mejora en los indicadores que miden el crecimiento, también es fundamental garantizar la independencia de una de las superintendencias más importantes del país.

Su papel es esencial para la economía colombiana, ya que al proteger y promover la libre competencia, garantiza que los consumidores no sean sujeto de abusos por parte de empresas o comerciantes.

Para cumplir esa labor, la SIC tiene la autoridad de investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas y/o restrictivas de la competencia consistentes en actos y conductas abusivas de posición de dominio por parte de una empresa, acuerdos entre dos o más empresas que limiten o distorsionen la competencia y la respectiva determinación de precios.

Así las cosas, si bien es necesario que el gobierno nacional continúe estableciendo mecanismos para enfrentar las presiones inflacionarias y respalden la mejora en los indicadores que miden el crecimiento, también es fundamental garantizar la independencia de una de las superintendencias más importantes del país.

Una primera y obvia recomendación derivada del análisis anterior consiste en designar un, o una, superintendente en propiedad del cargo y de sus funciones. También y por supuesto hay que garantizar la continuidad, transparencia y eficiencia de las investigaciones que la entidad adelanta en el momento. No menos importante, habrá que mantener la tecnocracia en las diferentes áreas misionales.

Finalmente, y en función de los ya mencionados efectos sobre inflación y crecimiento económico, es vital que se haga cumplir lo dispuesto por la política de competencia.

Puede leer: El crecimiento económico del país está en riesgo

* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

* Docente Universidad Externado de Colombia. Magíster en Economía de la Universidad del Rosario. Economista y Negociador Internacional de la Universidad ICESI.
** Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia. Economista de la Universidad Militar Nueva Granada.

Foto: Facebook: Gustavo Petro

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El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro es ambicioso y exigirá gastos gigantescos. En qué consiste el Plan, cómo será financiado y cuáles son sus riesgos.

Juan Camilo Villar Otálora* y Jacobo Campo Robledo**

El Plan y sus cinco ejes

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026) “Colombia, potencia mundial de la vida” es la bandera del gobierno Petro para hacer realidad los principios constitucionales propios de nuestro “Estado Social de Derecho”. Por eso el 6 de febrero el gobierno radicó un documento compuesto por cinco ejes de transformación, para los cuales se destinarían 1.154,8 billones de pesos.

El Artículo 339 de la Constitución establece la naturaleza del PND y su marco legal fue definido por la Ley 152 de 1994 —Ley orgánica del Plan de Desarrollo—. Su elaboración y seguimiento son responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que ejerce como centro de pensamiento del gobierno nacional.

Históricamente, el PND ha sido la hoja de ruta del gobierno de turno, y este no es la excepción. La diferencia entre este documento y sus antecesores es el uso de un ingrediente novedoso y necesario: la participación ciudadana a través de los diálogos regionales vinculantes. Este mecanismo de cooperación y pluralidad permitió incorporar las necesidades, preocupaciones y opiniones de las diversas comunidades residentes en el país, teniendo como punto de partida el territorio y las personas.

Conviene aclarar que el proyecto del PND reconoce la existencia de una serie de limitaciones fiscales, de modo que en opinión del gobierno sus metas son realistas y no comprometen la estabilidad macroeconómica en el largo plazo. Estas metas se cumplirían de manera progresiva o utilizando una política fiscal discrecional.

Debido a una serie de factores económicos de índole interna y externa que aumentarán los ingresos percibidos por la Nación, a efectos de garantizar la estabilidad macroeconómica de largo plazo es crucial que el gobierno se comprometa a ejecutar una política fiscal discrecional responsable. Además, se debe respetar la independencia de la autoridad encargada de la materia quien, seguramente, volverá a aumentar la tasa de interés que actualmente se encuentra en 12,75 %.

Dentro de ese contexto, el PND 2022-2026 consta de cinco ejes temáticos:

  1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental;
  2. Seguridad humana y justicia social;
  3. Derecho humano a la alimentación;
  4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática, y
  5. Convergencia regional.
Foto: Gobernación de Caldas - La ejecución de una política fiscal discrecional responsable permitirá la reducción de la pobreza.

Lea en Razón Pública: 2023: incertidumbre y moderación

Las fuentes y la destinación de los recursos

Tal y como quedó establecido en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), el propósito consiste en armonizar el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGP) y los recursos propios de los municipios y departamentos.

Las fuentes de financiamiento para ejecutar el PND 2022-2026 se presentan en la siguiente gráfica:

Se deduce que el 50 % de los recursos tendrán como fuente el PGN, esto es 577,4 billones de pesos. El 23,2 % provienen del SGP, equivalente a 268,8 billones. El 12,6 % de entes territoriales, correspondientes a 145,8 billones. El 9,2 % de empresas públicas, equivalente a 106,4 billones. El 4,1 % del SGR, relativo a 47,4 billones, y el 0,9 % provienen de cooperación, que suman 9,1 billones.

Por su parte, el destino de los recursos para cada eje se presenta en la Gráfica 2.

De estos, el 64,4 % irían a la Seguridad Humana y Justicia Social, es decir 743,7 billones de pesos. El 11,8 % a Convergencia regional, 138,4 billones, el 9,9 % a Transformación productiva, internacionalización y acción climática, 114,4 billones. El 4,1 % a Derecho humano a la alimentación, 46,1 billones, el 2,5 % a Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, 28,8 billones. Finalmente, el 7,3 % será para el eje transversal de Estabilidad macroeconómica, 83,4 billones.

La estabilidad macroeconómica

En la estabilidad macroeconómica coexisten el crecimiento económico y una estabilidad de precios a lo largo del tiempo. En el PND 2022-2026, la estabilidad macroeconómica está concebida como un eje transversal que permitirá financiar las transformaciones.

El documento establece tres lineamientos mediante los cuales pretende garantizar esa estabilidad:

  • El primero consiste en las proyecciones de crecimiento desde la demanda y la oferta, donde la inversión pública, la política de reindustrialización y las transformaciones productivas de los sectores agropecuario, de construcción, servicios e industria manufacturera marcarán la pauta para mover la economía.
  • El segundo lineamiento consiste en mejorar la distribución del ingreso, acelerar el proceso de transición energética y aumentar el total de la inversión social.
  • El tercer lineamiento intenta aportar al bienestar económico, social y ambiental mediante la mejoría de la administración de recursos públicos, de tesorería y servicio de deuda, así como de la creación de la Unidad de Valor Básico (UVB), la adopción del Indicador Básico de Referencia (IBR) y la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El papel de la política fiscal

Técnicamente, la política fiscal es la herramienta que usa el Gobierno Nacional Central (GNC) para influir sobre la producción, el empleo y los precios mediante el gasto público y los impuestos.

Las ideas básicas propuestas por los economistas keynesianos desde la década de 1930 reviven en el PND 2022-2026, donde el uso de la política fiscal discrecional es la herramienta para conseguir las metas plasmadas en el documento.

En este sentido, las metas comprendidas en los cinco ejes temáticos cuentan con una serie de catalizadores que describen de manera puntual, aquellas transformaciones que se pretenden ejecutar y para las cuales es de suma importancia el gasto público enfocado en programas de infraestructura, empleo y transferencias monetarias y no monetarias.

Por otra parte, la reforma tributaria del año pasado (Ley 2277 de 2022) quiere  garantizar la progresividad fiscal mediante la disminución de exenciones inequitativas, reducir la probabilidad de evasión y elusión tributaria y lograr los recursos suficientes para financiar y mejorar el sistema de protección social.

Se deduce que el 50 % de los recursos tendrán como fuente el PGN, esto es 577,4 billones de pesos. El 23,2 % provienen del SGP, equivalente a 268,8 billones. El 12,6 % de entes territoriales, correspondientes a 145,8 billones. El 9,2 % de empresas públicas, equivalente a 106,4 billones. El 4,1 % del SGR, relativo a 47,4 billones, y el 0,9 % provienen de cooperación, que suman 9,1 billones.

Por todo lo anterior, la ejecución de una política fiscal discrecional responsable durante el mandato será fundamental para garantizar la reducción de la informalidad, la pobreza, la vulnerabilidad climática y las brechas sociales y de productividad, entre otros aspectos cruciales para la economía nacional.

Un punto adicional importante son las reformas sociales que el gobierno del presidente Petro ha estado impulsando y que se esperan durante el presente año, como son la reforma a la salud y la reforma pensional, que acompañarán y financiarán las metas del Gobierno del Cambio. Todas estas sumadas a la reforma laboral y a la nueva política de reindustrialización.

Un llamado a la prudencia

Una de las tantas particularidades del Gobierno del Cambio se refiere a la cantidad de recursos con la que contará, por lo menos, durante su primer año. Por ello y teniendo en cuenta las múltiples promesas que implican gastos públicos, es preciso formular un llamado a la prudencia.

Debido a una serie de factores económicos de índole interna y externa que aumentarán los ingresos percibidos por la Nación, a efectos de garantizar la estabilidad macroeconómica de largo plazo es crucial que el gobierno se comprometa a ejecutar una política fiscal discrecional responsable. Además, se debe respetar la independencia de la autoridad encargada de la materia quien, seguramente, volverá a aumentar la tasa de interés que actualmente se encuentra en 12,75 %.

Por eso importa recordar que el diseño y ejecución de una política fiscal responsable hace más efectiva la política monetaria. Sobre todo, cuando la meta consiste en reducir la inflación que, según el DANE, para enero de 2023 había llegado a 13,25 % por encima del mismo mes del año anterior.

También debe cumplirse en forma estricta y rigurosa con cada uno de los postulados de la regla fiscal para que, a lo largo del mandato, se logre reducir el déficit del 5,5 % al 3,8 % del PIB y se pueda restablecer el grado de inversión del país, que actualmente es de BB+.

Asimismo, desde la perspectiva del crecimiento económico, en el corto plazo es fundamental poner en marcha estrategias óptimas y eficientes de focalización del gasto público. Paralelamente, es indispensable vincular de manera activa y participativa a sectores y gremios empresariales quienes, por su naturaleza, crean y fomentan el empleo.

Puede leer: Qué esperar de la reforma laboral

* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

* Docente Universidad Externado de Colombia. Magíster en Economía de la Universidad del Rosario. Economista y Negociador Internacional de la Universidad ICESI.
** Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia. Economista de la Universidad Militar Nueva Granada.

Foto: Flickr

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Este es el panorama económico, financiero y laboral para el año que comienza. Un año de incertidumbre y de dilemas delicados para los hogares, los empresarios y en especial para el gobierno nacional.

Juan Camilo Villar Otálora* y Jacobo Alberto Campo Robledo**

La inflación no da tregua

El panorama económico internacional para 2023 es poco alentador. Esto se debe a la desaceleración en Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE), los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y las decisiones de los bancos centrales para frenar la creciente inflación.

En Colombia el 2023 será un año de bajo crecimiento, debido más que todo a la moderación del consumo privado. Las proyecciones oscilan en el rango de 0,8 % a 1,5 % de aumento en el PIB, bien por debajo del 10,7 % del 2021 y del 7,2 % u 8,1 % estimados para 2022.

Desde marzo de 1999, cuando la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 13,51 %, Colombia no había tenido una inflación tan elevada como la del último año: un aumento de los precios de 13,2% acumulado hasta diciembre pasado.

Esto implica un reto extraordinario para el gobierno que proyecta una inflación de entre el 7,2 % y el 7,5 % al acabar el año. Por eso importa preguntarse por el costo que los agentes económicos tendrían que asumir para lograr esa reducción de por lo menos 5,6% en la inflación. ¿Cuáles son las estrategias que el gobierno tendría que adoptar para bajar la inflación sin agravar la desaceleración de economía?

Sector financiero: entre la iliquidez y el riesgo crediticio

Este año empieza con niveles históricos de endeudamiento de los hogares, con grandes reducciones en el ahorro bruto, una tasa de usura de 43,26 % y una tasa de intervención de política monetaria de 12 %.

Adicionalmente, los riesgos de crédito y liquidez aumentaron en 2022, lo cual a su vez aumentará la carga financiera de los hogares durante el año en curso. Por lo tanto, se espera un menor crecimiento del crédito de consumo durante el primer semestre de 2023.

El panorama para los hogares colombianos es complicado. Además del menor acceso y el mayor costo del crédito de consumo, tendrán que hacerle frente al aumento de los precios de bienes y servicios impulsados por el ajuste del salario mínimo.

Por eso importa que los hogares manejen sus ingresos con cuidado y cumplan sus obligaciones financieras, manteniendo un estricto control sobre el endeudamiento para evitar pagos desmesurados de intereses.

Lea en Razón Pública: Inflación o recesión: el dilema de Colombia

Dada la gran importancia de mantener la solvencia del sector financiero, la incógnita consiste en hasta dónde y cómo el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República concertarán sus acciones durante estos meses

Mercado cambiario

El año pasado fue muy volátil para el peso colombiano (COP) y la situación no parece estar cambiando, pues en los dos días finales de la primera semana de 2023, el dólar estadounidense (USD) volvió a romper la barrera de los 5.000 COP, principalmente como respuesta a la publicación del dato de inflación de 2022 por el DANE.

Recordemos que durante 2022 el USD llegó a máximos históricos de 5.061,21 COP, haciendo del peso colombiano la tercera moneda más devaluada (20,9%) de los países emergentes. Según proyecciones, durante este año el dólar fluctuaría en el rango entre 4.523 y 5.000 COP.

Peor todavía, el panorama parece aún más incierto que del año pasado, no solo por la reforma tributaria que entrará a operar, sino por la inestabilidad económica internacional causada por las crecientes tensiones geopolíticas una posible recesión en Estados Unidos, China y varios países miembros de la UE. ¿Qué hará entonces el Banco de la República en relación con el mercado cambiario, para aliviar, además, la presión inflacionaria?

Mercado laboral: aumento previsible del desempleo

La tasa de desempleo disminuyó durante el año pasado, hasta el 9,5 % al final de noviembre, lo cual era un reflejo natural de la recuperación de pospandemia. Pero si se descuenta el efecto estacional de corto plazo, la recuperación parece estar llegando a su fin: la tasa desestacionalizada no habría sido 9,5% sino 10,8 %, muy similar a las de noviembre de 2018 y 2019.

Además, hay factores internos como la reducción de la jornada laboral —Ley 2101 de 2021—, y los nuevos lineamientos en cuanto a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Estos factores se suman a la reforma tributaria, el ajuste del salario mínimo, la volatilidad cambiaria y el fin de los subsidios a las empresas en tiempos de la pandemia. Y se suman además a la probabilidad creciente de una recesión mundial.

De todo lo anterior resultaría un nuevo aumento en el nivel de desempleo, que se ha estimado en el rango entre 11,5 % y 12,3 % para este año.

Ante este panorama desalentador, el gobierno debería ser muy cuidadoso en sus propuestas de reforma laboral.

Protección del empleo público

En cuanto al cambio de los lineamientos sobre contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, conviene analizar la Circular Conjunta No. 100-005 -2022 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), así como la Circular Conjunta No. 01 de 2023 difundida por Colombia Compra Eficiente (CCE) y el DAFP.

Estos documentos se proponen sentar las bases del Plan Nacional para la Formalización del Empleo Público en Equidad – lo cual es una prioridad para el nuevo gobierno- pero corren el riesgo de producir el efecto contrario:

  • La creación de plantas temporales supone un gasto adicional para las entidades estatales;
  • No hay garantía de que sean los actuales contratistas quienes ocupen las mencionadas plantas;
  • Es imposible que las entidades realicen los estudios necesarios de cargas y modificaciones normativas en los cuatro meses que faltan para las elecciones regionales.
  • Ni el DAFP ni el CCE, pueden imponer condiciones contractuales no contempladas por la ley a los ordenadores del gasto-

Aunque las buenas intenciones son loables, la aplicación de este tipo de medidas pondría en riesgo el funcionamiento de la administración pública al afectar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión que realizan miles de contratistas.

En efecto: esas medidas serían costosas para las entidades estatales, irían en contra de los principios de eficiencia y de igualdad al obligar la suscripción de contratos por apenas cuatro meses, y causarían inseguridad económica para los servidores públicos empleados bajo esta modalidad, toda vez que no tienen prelación para ser renganchados.

Qué hacer y qué no hacer

Sin duda alguna, 2023 es un año de retos económicos y políticos donde la resiliencia y la moderación se muestran como la mejor alternativa para el gobierno y los agentes económicos.

Foto: Banco de la República - El futuro económico del país dependerá de la articulación de las políticas adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República y el comportamiento de las entidades que conforman el sistema financiero.

Por un lado, el gobierno nacional debe apoyar las medidas que adopte el Banco de la República como autoridad monetaria y cambiaria. Asimismo, debe adoptar políticas orientadas a la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo, conjugando la búsqueda de crecimiento sostenido y el aumento del empleo con la del equilibrio en el mercado cambiario, en la balanza de pagos y en las finanzas públicas.

Por otro lado, hay cosas que el gobierno no debería hacer – aunque a veces parece quererlo o en algunos casos ya lo ha hecho-: imponer controles de precios o de la tasa de cambio, establecer nuevos aranceles y subsidios, aumentar la burocracia y expedir normas que, sin el debido sustento técnico, atentan contra el empleo, la estabilidad y las funciones del sector público y del privado.

Finalmente, y no menos importante, se debe evitar caer en cualquier tipo de sesgos, prevenir la improvisación y descoordinación entre las instituciones, así como la refutación y/o crítica a las decisiones de política económica sin criterio técnico alguno.

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* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

* Docente Universidad Externado de Colombia. Magíster en Economía de la Universidad del Rosario. Economista y Negociador Internacional de la Universidad ICESI.
** Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia. Economista de la Universidad Militar Nueva Granada.

Foto: Alcaldía de Bogotá

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El reajuste tiene que compensar el alza de los precios de este año, pero un alza excesiva agravaría la inflación para el año que comienza. Sugerencias sobre una decisión que esta vez será más delicada.

Jacobo Campo Robledo* y Juan Camilo Villar Otálora**

La espiral inflacionaria

La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios de los bienes y servicios más representativos, y se mide como el cambio porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el DANE.

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Históricamente ha sido muy estrecha la relación entre la tasa de inflación y el aumento del salario mínimo. En este caso, el aumento mundial de los precios del petróleo y los alimentos, más los problemas en las cadenas de suministro, hicieron que la tasa de inflación se acelerara en lo corrido de este año; por eso viene un reajuste sustantivo en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que a su vez implicaría un nuevo aumento en el nivel general de precios en 2023.

el aumento del salario mínimo para 2023
Fuente: elaboración propia, estadísticas del Banco de la República

La desindexación

Por eso el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo anunció que los precios de los productos y servicios no se ajustan automáticamente al aumento del salario mínimo para el próximo año.

Esta medida tiene como antecedente el Plan de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019), cuyo artículo 49 dispuso desindexar todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, denominados y establecidos sobre la base e (SMMLV).

Es verdad que el aumento en el SMMLV acelera la inflación, pero también es cierto que una inflación elevada deteriora a capacidad adquisitiva de ese salario mínimo.

Actualmente, el Gobierno Nacional Central (GNC) ha identificado 204 productos y servicios que se encuentran indexados al aumento del SMMLV, como decir el SOAT, las cuotas moderadoras y copagos y las pólizas de seguros.  Otro grupo de productos y servicios, tales como los avalúos catastrales, las matrículas de los colegios y universidades, las tarifas bancarias y los peajes, entre otros, se aumentan cada año según el resultado de la inflación del año inmediatamente anterior.

Defender el ingreso de los pobres

Es verdad que el aumento en el SMMLV acelera la inflación, pero también es cierto que una inflación elevada deteriora a capacidad adquisitiva de ese salario mínimo.

Esto puede explicarse de una forma sencilla: el aumento del SMMLV para 2022 fue de 10,07 % y la variación del IPC en 2021 fue de 5,62 %; en términos reales, el reajuste del salario mínimo fue de apenas 4,45 %. Al aplicar este razonamiento a los hogares catalogados por el DANE como vulnerables y pobres, el ajuste fue de 3,22 %.

Entonces puede inferirse que la desindexación del SMMLV tendría un efecto positivo sobre el poder adquisitivo de todos los agentes, especialmente sobre los vulnerables y pobres, dado que las alzas en los precios de productos y servicios, como los topes del valor de la vivienda tipo VIS y VIP, los cobros de multas de tránsito y las tarifas de los servicios del ICA, entre otros, no dependerán directamente del aumento del SMMLV.

Esta premisa se refuerza si recordamos que a finales del 2021 aproximadamente 12,9 millones de personas devengaron un SMMLV o menos.

Salario mínimo e inflación esperada

La más reciente Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (EME) del Banco de la República muestra que el 62,9 % de los participantes estiman que la inflación de este año cerrará en un rango entre el 12,0 % y 12,5 %, mientras que las propuestas que podrían llegar a la Mesa de Concertación del SMMLV de 2023 rondarían cifras entre el 13,0 % y 20,0%.

Así las cosas, y bajo este escenario, la decisión del gobierno en cabeza del ministro Ocampo, es acertada y va en la vía de las apuestas presentadas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

Pero ¿qué pasará si, digamos, en octubre de 2023, la inflación ya hubiera sido superior al reajuste del SMMLV que está por acordarse?, ¿debería el ministro de Hacienda anunciar otra desindexación de los productos y servicios que aumentan en función de la inflación?

Salario mínimo y empleo

El aumento del SMMLV para 2023 será mínimo del 13,0 %; cualquier punto porcentual adicional podría causar efectos negativos en el mercado laboral.

Lo anterior, dado que un grupo de investigadores del Banco de la República determinó que un aumento del 1,0 % en el SMMLV produce una pérdida de entre 46.000 y 72.000 empleos al año, siendo más perjudicadas las empresas de menos de 20 trabajadores, y las más nuevas.

el aumento del salario mínimo para 2023
Foto: Alcaldía de Bogotá - La desindexación del salario mínimo es una acción positiva, entre otras cosas porque permite mantener el poder adquisitivo, especialmente de las personas más pobres y vulnerables.

Aun cuando el Banco de la República dispone de una serie de instrumentos para reducir la inflación, la política fiscal debe centrarse en un sistema tributario y de transferencias equitativo para eliminar la presión sobre la deuda pública, la demanda agregada y, por ende, contribuya a disminuir la inflación.

Recomendaciones

El deterioro de las finanzas públicas como resultado de la pandemia, el aumento de la inflación por causas internas y externas, y la devaluación del peso (causada por la volatilidad internacional y el endeudamiento externo) son los problemas más urgentes para un país que enfrenta altas tasas de desempleo, inequidad salarial e informalidad en el mercado laboral.

Dado lo anterior, una primera recomendación consiste en reforzar el trabajo coordinado entre las autoridades, más todavía cuando el nuevo gobierno se propone mejorar de manera sustantiva la calidad de vida de los sectores populares.

Aun cuando el Banco de la República dispone de una serie de instrumentos para reducir la inflación, la política fiscal debe centrarse en un sistema tributario y de transferencias equitativo para eliminar la presión sobre la deuda pública, la demanda agregada y, por ende, contribuya a disminuir la inflación.

Teniendo en cuenta que el 24 de octubre se instaló la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, una segunda recomendación seria regionalizar el SMMLV —propuesta que ha sido debatida durante más de 10 años— toda vez que el costo de vida varía entre regiones, d modo que el SMMLV real es mayor en aquellas donde el costo vida es menor.

Dada la heterogeneidad observada en los niveles de productividad y en las características propias de cada región, la diferenciación podría ayudar a resolver los problemas del mercado laboral descritos con anterioridad.

Una tercera recomendación sería que el reajuste del SMMLV no se convierta en un asunto de inclinaciones políticas, sino que se decida a partir de la realidad coyuntural y de las bases técnicas, teóricas y empíricas del caso.

Lea en Razón Pública: La negociación del salario mínimo para 2023: un mal momento

Tener claros los propósitos es fundamental. Un aumento elevado en este momento podría ser tan costoso en términos económicos y sociales que el gobierno nacional podría desviarse de los resultados esperados, plasmados en campaña, en el plan de gobierno y en el PND 2022-2026.

* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

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Jacobo Campo - Juan Camilo Villar

* Docente Universidad Externado de Colombia. Magíster en Economía de la Universidad del Rosario. Economista y Negociador Internacional de la Universidad ICESI.
** Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia. Economista de la Universidad Militar Nueva Granada.

ISSN 2145-0439

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