Hugo Acero, autor en Razón Pública - Página 2 de 8
Foto: Cultura, recreación y deporte

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Frente a los pocos avances en seguridad y justicia con perspectiva de género en Colombia, Bogotá se presenta como un ejemplo a seguir.

Hugo Acero Velásquez*

Género, seguridad ciudadana y justicia

En Colombia la violencia contra las mujeres, niños y niñas no es abordada como un problema de seguridad y justicia. Por ello, apenas las instituciones de bienestar social se han encargado de este tema.

Para complementar estos avances, en 2014, el gobierno de Gustavo Petro creó la primera Secretaría de la Mujer del país.

Si bien algunas instituciones de los sectores de seguridad y justicia han creado oficinas y comisiones para atender el tema, no han logrado incidir en la formulación de leyes, políticas, y prácticas operacionales y administrativas con perspectiva de género. Así lo vemos en el Análisis Regional de Seguridad Ciudadana y Género realizado en mayo de 2022.

En general, los avances en seguridad y justicia con perspectiva de género son incipientes, pues:

  • Las políticas de seguridad y justicia se centran en lo público, y dejan de lado lo privado.
  • La violencia contra mujeres, niños y niñas en el ámbito privado siguen atendiéndose, predominantemente, desde las instituciones de bienestar social, y no desde las instituciones de seguridad y justicia.
  • Si bien en la Constitución existe el reconocimiento a las diversidades, en lo operativo —la práctica de la seguridad y la justicia— ese reconocimiento está por desarrollarse.
  • Los indicadores de violencia de género son muy vagos, y, en el caso de la violencia hacia poblaciones Trans, LGTBI, y ciudadanos y ciudadanas en actividades sexuales pagas, no hay indicadores.
  • Hasta hace poco —menos de 10 años— se hablaba de feminicidio. Antes, se juzgaba como un asesinato por pasión, sin mayor investigación ni condena.
  • El enfoque de género es casi nulo en la trata de personas, el conflicto interno, las guerras, las migraciones, etc.
  • Colombia tiene instituciones débiles.  A nivel nacional y local, el manejo sigue siendo de la “primera dama”, una consejería, y, en muy pocos casos, la secretaría de la mujer.
  • La legislación no tiene claridad sobre los tipos de violencia en contra de las mujeres y de género.

La perspectiva de género en los sectores de seguridad y justicia, frente a otras instituciones del Estado, apenas está siendo abordada. Por ello, todavía no se refleja en la práctica ni en la operatividad de las instituciones que las componen.

Basta con tener en cuenta el carácter patriarcal de las instituciones de seguridad y justicia, las cuales: garantizan el uso legítimo de la fuerza, atienden los fenómenos de violencia y delincuencia, y administran la tenencia y uso de armas letales. Es decir, asuntos administrativos y operativos hasta ahora considerados “para machos”.

Los avances de Bogotá 

Si bien este tema apenas comienza nacionalmente, existen experiencias locales con más desarrollo, y que marcan el camino para avanzar en la perspectiva de género en las instituciones de seguridad y justicia. Este es el caso de Bogotá. El cual lleva más de 20 años en este trabajo.

En el año 1995, el entonces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, dio lugar a la violencia intrafamiliar y maltrato infantil en su política de seguridad. Sostuvo que, más que la pobreza, uno de los orígenes más importantes de la violencia en Colombia es la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes al interior de los hogares.

Es necesario avanzar nacional y localmente en la inclusión de la perspectiva de género en los sectores de seguridad y justicia.

Así quedó planteado en su plan de seguridad y justicia: “la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil son la causa más importante de la violencia en todos sus órdenes, en la medida en que en los procesos de socialización que se llevan a cabo en el interior de los hogares y en los espacios privados, el valor de la no violencia se quebranta con prácticas violentas y se establece por norma que la violencia es un mecanismo de interrelación entre las personas, que se ejerce sobre los más débiles”.

Con esta postura, la violencia intrafamiliar hizo parte de la política pública de seguridad y justicia. Desde ese momento, la violencia en los hogares dejo de ser un tema del bienestar familiar, y pasó a ser un tema para la garantía de seguridad de las mujeres, niños, niñas y adultos mayores en el ámbito privado.

Así, aumentaron las comisarías de familia —pasaron de cinco en 1995 a veinte en 2003, y hoy son 36 comisarías—, y atienden a más de 30 mil casos al año y realizan más de 45 mil conciliaciones generales. Este número no alcanza a reflejar la dimensión de violencia que, en los registros oficiales, sigue teniendo un alto porcentaje de no denuncia.

Violencia de género 2022
Foto: Alcaldía de Bogotá - A nivel nacional y local se debe avanzar en la inclusión y práctica de la perspectiva de género en los sectores de seguridad y justicia.

Puede leer: La nueva Ley de Seguridad Ciudadana crea más inseguridad

La Secretaría de la Mujer

Para complementar estos avances, en 2014, el gobierno de Gustavo Petro creó la primera Secretaría de la Mujer del país.

La secretaría contó con una estructura administrativa profesional compuesta por servidoras públicas. Allí, comenzó a definirse la política pública integral de mujer y género, la cual se ha fortalecido en los últimos tres gobiernos.

Por ejemplo, la asignación de recursos ha aumentado: de cerca a 19 millones de dólares en el gobierno de Petro, a 35 millones en el de Enrique Peñalosa. Actualmente, en el gobierno de la alcaldesa Claudia López, el presupuesto para la Secretaría de la Mujer es de 104 millones de dólares.

En materia de seguridad y justicia, la Secretaría ha avanzado en los siguientes puntos:

  • La creación y fortalecimiento de la “Línea Púrpura” para la atención directa de las denuncias de violencia en contra de la mujer y de género.
  • La vinculación permanente de la Secretaría de la Mujer en el Consejo Distrital de Seguridad y en el Sistema Integrado de Atención de Emergencia y Seguridad 123. De esta manera, hay una recepción, atención y respuesta interinstitucional de las violencias en contra de la mujer y de género
  • La creación del “grupo de trabajo para la Atención de la Violencia Contra las Mujeres y Riesgo de Feminicidio” para la investigación, juzgamiento y condena de los responsables de estos casos. De este grupo hacen parte la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal y la Secretaría de Seguridad. Este grupo no solo atiende los casos de feminicidio ejecutados, sino que trabaja con las mujeres que están en riesgo. En 2020 y 2021 fueron atendidos más de 1 200 casos de alto riesgo de feminicidio.
  • Presencia de la Secretaría de la Mujer en las salas de urgencias de nueve hospitales públicos y uno privado, para detectar y atender casos de violencia en contra de la mujer.
  • Para los hombres se creó la “Línea Calma” orientada a la prevención de casos de violencia de género, y la resolución de situaciones de conflicto emocional en hombres mayores de 18 años.
  • La creación del Sistema Distrital de Cuidado en Territorio, a través de las Manzanas del Cuidado. Espacios donde se ofrece el servicio de cuidado a niños y niñas (jardines infantiles); adultos mayores, y personas en condición de discapacidad. Con esto se pretende redistribuir y reducir las cargas del cuidado que tienen las mujeres en Colombia (hoy están activas 10 manzanas del cuidado).

¿Qué debemos hacer?

Es necesario avanzar nacional y localmente en la inclusión de la perspectiva de género en los sectores de seguridad y justicia. Para esto:

  • La política y gestión de la seguridad y la justicia, con perspectiva de género, debe ser liderada por el presidente, y por los mandatarios y mandatarias locales.
  • Incluir la perspectiva de género en la elaboración, asignación de recursos, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas en los sectores de seguridad y justicia.
  • Crear institucionalidad nacional y local para liderar y gestionar este tema, a través de secretarías y un ministerio de la mujer.
  • En todas las instancias de gestión de seguridad y justicia —los consejos de seguridad y política criminal, los comités de orden público, los planes de seguridad, los fondos de recursos, etc.— deben participar las mujeres. Así mismo, las mujeres deben estar en el diseño, asignación de recursos, ejecución y evaluación de las políticas.

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Hugo Acero

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Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Hay milicias en Bogotá.

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Sin exagerar su capacidad de acción, ni desconocer su existencia, hay que enfrentarlas con inteligencia, investigación criminal y participación ciudadana.

Hugo Acero*

¿Qué buscan las milicias urbanas?

Por su ubicación estratégica e importancia económica, política y social, varias ciudades colombianas son atractivas para las economías ilegales que producen rentas criminales como es el caso del narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el comercio de armas ilegales, los secuestros, las extorsiones y el hurto de carros, motos y celulares.

Las ciudades más importantes de Colombia son Bogotá, Medellín y Cali, pues son epicentros regionales que cobijan gran parte del territorio nacional: Bogotá cubre el centro y oriente del país, Medellín el noroccidente y Cali el suroccidente.

Las milicias de grupos armados al margen de la ley que tienen presencia en estas ciudades por su ubicación estratégica, además de beneficiarse de algunas de las rentas criminales, responde a la necesidad de urbanizar el conflicto, fortalecerse y lograr con sus acciones reconocimiento político. Las ciudades se constituyen en territorios importantes para realizar acciones de inteligencia, atentados terroristas, paso y abastecimiento de drogas, armas, material de intendencia, medicinas, alimentos, además de participar en las distintas movilizaciones sociales. sociales.

El caso bogotano

En Bogotá, la presencia de estos grupos no es algo nuevo. Desde su creación, el ELN y el M-19 tenían presencia en la capital que se fortaleció durante el proceso de paz de Belisario Betancourt en la década de los ochenta. Las acciones del M-19 persistieron hasta su desmovilización en 1990 y el ELN continuo con su accionar a través de atentados pequeños –que incluían petardos y bombas incendiarias– entre la década de los ochenta y los noventa. En las zonas rurales, hubo atentados contra la infraestructura eléctrica de la ciudad que lograron poner en jaque el suministro de energía.

Por su parte, las FARC en 1991, tras el fracaso del Proceso de Paz, durante el gobierno de Cesar Gaviria, decidieron llevar la confrontación a las ciudades, especialmente a Bogotá, donde conformaron el Frente Antonio Nariño bajo el mando de Carlos Antonio Lozada, hoy Senador de la República Julián Gallo Cubillos, quien en 1996 sobrevivió después del asesinato de 6 milicianos de este grupo,  lo cual lo obligó a replegarse en las montañas del oriente del país desde donde intentó reorganizar su frente entre 1996 y 2000, pero un ataque a sus hombres apostados en la localidad de Sumapaz  y en Gutiérrez en el año 2000, donde murieron 15 guerrilleros y siete más fueron capturados, le dio la estocada final a ese frente.

En 1999, Alonso Salazar realizó una investigación sobre los jóvenes vinculados a agrupaciones delictivas para la Subsecretaría de Seguridad de Bogotá en la que encontró que, de 467 grupos delincuenciales identificados en la ciudad, 17 eran de milicias que operaban en distintas localidades.

Los cambios del siglo XXI

Basándose en las experiencias que tuvieron estos grupos en las últimas décadas del siglo XX, las guerrillas realizaron cambios importantes a comienzos del siglo XXI.

Como explica Rodolfo Escobedo después de las capturas masivas de sus miembros en los ochentas y noventas, el ELN aprendió a no crear asentamientos en las ciudades. “En las ciudades no hay hombres en armas, no hay campamentos. Hay células, compartimentadas” o pequeñas milicias que desempeñan labores de apoyo, inteligencia, acciones políticas y adoctrinamiento político en universidades públicas y barrios populares.

En 2006, esta organización propuso la conformación del Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo que finalmente se consolidó a finales de 2014. En los años subsiguientes, ejecutaron varios atentados, entre los que se destacan el de la Central Eléctrica de Torca en 2016, el de la Macarena en 2017 y el de la Escuela General Santander.

Por otra parte, en medio de los diálogos con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, las FARC crearon el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB) y el Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) para tener una mayor presencia en las ciudades. Tras el fracaso de los diálogos en 2002, con el apoyo de estas organizaciones llevaron a cabo atentados terroristas en las ciudades, especialmente en Bogotá.

las Milicias en Bogotá 2022
Foto: Twitter - Las milicias esta ahí, operan y no se les pueden sobredimensionar, pero tampoco desconocer.

Las milicias que operan en zonas urbanas son pequeñas estructuras compartimentadas que no se conocen entre ellas ni controlan territorios.

En 2002 y 2003 se registraron más de 150 atentados en la ciudad que acabaron con la vida de varios civiles y policías. Vale la pena recordar la “bicicleta bomba” en el barrio Fátima ocurrido en enero de 2002, los dos atentados a Chingaza que tuvieron lugar en febrero, el del puente peatonal de la 53 que ocurrió en mayo, los morteros el día de la posesión de Uribe, el atentado en un parqueadero cerca a la Estación de la Policía Metropolitana, el atentado en el Nogal y los numerosos atentados en contra de Transmilenio que tuvieron lugar en 2003.

Es importante señalar que la instalación del Batallón de Alta Montaña en Sumapaz en 2002, las acciones del Ejército en esa zona y los golpes contundentes contra las FARC redujeron la actividad de las milicias urbanas. Sin embargo, esta guerrilla realizó varios atentados terroristas en los siguientes años. Los más recordados son el de la Estación de Meissen en enero de 2008 y el del exministro de justicia Luis Fernando Londoño en mayo de 2012.

Aún no es claro se los milicianos del Movimiento Bolivariano que operaba en Bogotá se desmovilizaron durante el Proceso de Paz impulsado por Juan Manuel Santos, pues en una entrevista realizada por Verdad Abierta en 2016, algunos miembros de esta organización afirmaron que hicieron parte de lo que se pactó en la Habana, pero en 2018, otros miembros publicaron un comunicado en el que aseguraban que no se habían desmovilizado y que continuaban realizado actividades clandestinas en la ciudad.

Además de la presencia y accionar de estos grupos en la ciudad, en febrero de 2020, la Policía capturó seis milicianos de las disidencias de las FARC que fueron entrenados en el campamento de alias Cadete y que actuaban en Bogotá bajo el mando de Gentil Duarte.

El papel de las autoridades

Las milicias que operan en zonas urbanas son pequeñas estructuras compartimentadas que no se conocen entre ellas ni controlan territorios. Su funcionamiento es diferente al de las guerrillas que desarrollan sus operaciones en zonas rurales.

El ELN tiene presencia en Bogotá desde hace años. En cambio, no está claro si las Milicias Bolivarianas de las FARC se desmovilizaron o siguen actuando de forma clandestina en la ciudad, especialmente en algunas universidades públicas. Tampoco está claro si actualmente forman parte de las disidencias de Gentil Duarte o de Iván Márquez, como sugieren los detenidos en febrero de 2020 y el atentado en Ciudad Bolívar atribuido al Frente 33.

Lo que sí está claro es que las milicias urbanas, que tienen presencia en Bogotá, no deben ser desconocidas, pero tampoco sobredimensionadas. No se cuenta con suficiente evidencia para afirmar que los hechos vandálicos y violentos que ocurrieron durante las protestas sociales fueron producto de un plan estratégico de las guerrillas, pero tampoco se tienen pruebas contundentes que permitan descartar esta hipótesis y afirmar que fueron hechos espontáneos y aislados producto de la ira social.

Por otra parte, es importante señalar que las milicias urbanas no son las responsables de todos los atentados que ocurren en la ciudad, pues muchos grupos delincuenciales se valen de los atentados para presionar, extorsionar, cobrar deudas y ejecutar venganzas.

En definitiva, las milicias esta ahí, operan y no se les pueden sobredimensionar, pero tampoco desconocer. Las autoridades nacionales y locales deben enfrentarlas con inteligencia, investigación criminal y participación ciudadana y seguramente, en algún momento, habrá que negociar con ellas en el marco de un proceso de paz.

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Hugo Acero

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Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

Foto: Radio Macondo - Para nadie es un secreto que uno de los problemas que más afecta el sistema carcelario y penitenciario colombiano es la corrupción.

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Presos con influencias que se pasean por las calles y candidatos que insisten en construir más cárceles con la administración corrupta que existe. Pero nadie nota que cada preso nos cuesta más de dos millones mensuales y que dentro de una cárcel todo cuesta dinero.

Hugo Acero Velásquez*

El caso Mattos

El escándalo por los beneficios carcelarios irregulares al empresario Carlos Mattos, quien estaba recluido en la cárcel La Picota, se suma a una larga lista de eventos similares.

Tras la destitución del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y del director de la cárcel La Picota, se ha abierto nuevamente el debate sobre la corrupción en las cárceles.

Mientras algunos candidatos venían hablando de construir más cárceles, de aumentar las penas o de privatizar esas instituciones, otros ahora proponen eliminar el INPEC, sin considerar la corrupción en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (USPEC). Pero ¿Qué dicen las cifras sobre los costos y las consecuencias de cada “carcelazo” para la sociedad y para las personas recluidas?

Costos legales e ilegales

Puede afirmarse que las cárceles en Colombia cargan con dos tipos de costos. Por un lado, los costos legales, lo que vale construir una cárcel, ponerla en funcionamiento y cumplir los requerimientos de sanción y respeto de los derechos humanos de los privados de la libertad.

Por otro lado, están los costos ilegales y de corrupción que tienen que pagar los detenidos en su diario vivir en las cárceles. Esta corrupción se facilita en el contexto de una mala administración que reduce las posibilidades de solución del hacinamiento, resocialización, bienestar y cumplimiento de la pena en condiciones dignas de los internos e internas. Los organismos de control, en especial la Contraloría, han hecho evidente esta corrupción administrativa en muchas ocasiones.

Los costos legales

A finales del siglo pasado comenzó en Bogotá el proceso de reconstrucción de la Cárcel Distrital. Desde el concurso de méritos de los diseños, hasta la adjudicación y terminación de la obra en el año 2002, primaron la trasparencia y el profesionalismo. El costo total de esta cárcel, con especificaciones de construcción de mediana y alta seguridad, para 1082 internos, fue de 17 mil millones de pesos.

Pero no basta con levantar muros, la construcción de una cárcel implica diseñar con cuidado las garantías de seguridad interna y externa, el control y disciplina de los reclusos, el modelo de resocialización, el capital humano de administración y guardia y los protocolos de funcionamiento.

En esos mismos años, el gobierno nacional construyó La Tramacúa, una cárcel de mediana y alta seguridad en Valledupar con capacidad para 1.600 internos, por un valor de 25 mil millones de pesos.

Hoy, veinte años después, la Cárcel Distrital sigue siendo la mejor del país, certificada por la Asociación Americana de Correccionales, mientras que La Tramacúa por problemas sanitarios y de infraestructura, antes de cumplir diez años, ya se estaba considerando su cierre. Dos ejemplos que deben servir para tomar decisiones en la construcción y funcionamiento de nuevas cárceles.

A partir de la experiencia de construcción de la Cárcel Distrital se ha estimado que un nuevo establecimiento para 2000 internos puede costar cerca de 250 mil millones de pesos. Sin embargo, según la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) podría costar más de 400 mil millones de pesos.

Pero no basta con levantar muros, la construcción de una cárcel implica diseñar con cuidado las garantías de seguridad interna y externa, el control y disciplina de los reclusos, el modelo de resocialización, el capital humano de administración y guardia y los protocolos de funcionamiento.

Los costos operativos y de funcionamiento, para un establecimiento de 2000 internos, superan los 45 mil millones de pesos anuales, como se puede ver en el siguiente cuadro:

COSTOS GENERALES CÁRCEL PARA 2000 INTERNOS
PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO COSTOS ANUALES
PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA $26.485.000.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO $3.620.000.000
PERSONAL DE RESOCIALIZACIÓN $2.265.316.000
COSTOS FUNCIONAMIENTO $12.656.800.000
TOTAL $45.027.116.000
PROMEDIO INTERNO ANUAL $22.513.558
PROMEDIO INTERNO MENSUAL $1.876.130

De acuerdo con estas cifras, sin tener en cuenta los de construcción de la cárcel, un interno tiene un costo mensual de cerca de dos millones de pesos.

Esto debe ser tenido en cuenta por parte de la Nación, los municipios y departamentos que quieran construir nuevos establecimientos carcelarios, que deben cumplir con los estándares mínimos de garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, así como garantizar la seguridad de los ciudadanos en general.

Le recomendamos: La cárcel: ¿un modelo para armar o desarmar?

Los costos ilegales

Para nadie es un secreto que la corrupción es uno de los problemas más serios del sistema carcelario y penitenciario colombiano. En la mayoría de las cárceles “por todo se cobra”, y si se quiere vivir con cierta dignidad hay que contar con buenos recursos.

En 2019,  El Tiempo publicó un especial que recoge testimonios de guardianes e internos sobre la corrupción en las cárceles La Picota, La Modelo, Bellavista y El Bosque de Barranquilla. Como confirma Elkin Cárdenas, quien lleva más de veinte años como guardia del INPEC, “en los centros carcelarios existe corrupción entre presos y funcionarios”.

Según un ciudadano que estuvo preso en La Modelo en 2010: “Lo que valía más eran las celdas, eso lo ofrecían con el tiempo. Si te querías ubicar en una plancha media o alta, es decir el sitio donde duermes, que es como un camarote, o en una celda un poquito mejor, tenías que pagar. Había planchas de entre 400.000 y 700.000, todo dependía de si estaban pintadas, tenían luz, y así. Si ya querías una celda completa entre un millón y hasta tres millones de pesos. Esto era en el patio 5, en el que estuve, pero por ejemplo en el patio 3, que era de los extranjeros era mucho mejor, la plancha podía valer desde 4 millones, inclusive trasladar a una persona de un patio a otro también tenía un costo, eso era con los guardias y por pasarte de patio cobraban entre 3 y 5 millones de pesos, dependiendo de cómo te veían, si tenías comodidades”.

En otro reporte de El Heraldo de Barranquilla en 2021, se cuenta lo siguiente sobre la Cárcel Tramacúa de Valledupar: “En 2020 algunos guardias concretaron comprar un dron con el que comenzaron a ingresar comidas rápidas por las que cobraban una tarifa; por ejemplo, para entrar una hamburguesa cobraban $250.000 y por una caja de arroz chino entre $400.000 y $500.000, por un litro de licor un $1.000.000, por una libra de marihuana $1.500.000 y por un paquete de sim card $2.000.000”.

La corrupción no tiene límites. Hasta facilitar una fuga puede constar entre 100 y 3000 millones de pesos. Los costos de la corrupción se han ajustado con los años.

La corrupción no se limita al INPEC, que tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento y control de las cárceles, sino que se extiende a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (USPEC).

Sobre la base de los testimonios recogidos por la prensa y otras fuentes y entrevistas, podría decirse que para vivir más a menos cómodamente en algunas cárceles se necesitan cerca de diez millones de pesos mensuales, como se puede ver en el siguiente cuadro:
las Cárceles en Colombia en este 2022

Las entidades comprometidas en la corrupción

La corrupción no se limita al INPEC, que tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento y control de las cárceles, sino que se extiende a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario (USPEC), creada en 2011 para el suministro de bienes y prestación de servicios, la infraestructura y el apoyo logístico y administrativo para los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC.

En 2016, la Contraloría hizo tres auditorías a la USPEC, que sumaron en total 138 hallazgos, por lo que la calificación al organismo fue “desfavorable”. Ese mismo año, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, advirtió a la Fiscalía General de la Nación de posibles malos manejos de contratación en la Unidad, tras conocer una serie de correos electrónicos que probarían el pago de sobornos a cambio de adjudicaciones.

En 2017, la Contraloría estableció que la USPEC pagó $2.152 millones por brazaletes electrónicos que no fueron utilizados. A finales de ese año, la directora María Cristina Palau fue declara insubsistente y en 2019 fue capturada por corrupción. En 2021, el actual ministro de justicia, Wilson Ruíz, entregó a la Procuraduría y la Fiscalía denuncias en contra de la USPEC sobre posible cobro de coimas o sobornos a los contratistas e irregularidades en obras como la cárcel de Roldanillo, Valle, la cual no se concluyó.

Los problemas de corrupción de esta entidad incluyen, entre otros, los contratos de los brazaletes, los inhibidores de señal de celular para evitar las llamadas extorsivas desde la carcel, los contratos de alimentos, la celebración de contratos de construcción sin diseños definitivos, la entrega de anticipos sin respaldos, y los pagos totales de obras inconclusas con millonarios sobrecostos.

las Cárceles en Colombia en este 2022
Foto: Wikimedia Commons - Ojalá el nuevo gobierno tenga la voluntad para iniciar un proceso de transformación del sistema carcelario.

Puede leer: Cárceles privatizadas: ¿una buena solución?

No hay remedios a la vista

Este entramado de corrupción se expresa en las pesimas condiciones que tienen que vivir los privados de la libertad en la mayoría de las cárceles, las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que se convierten en espacios de reproducción intensa de violencia y delincuencia.

En el corto plazo no se vislumbran soluciones de fondo para afrontar estos problemas que afectan de manera grave la seguridad de los ciudadanos y los recursos del Estado. Ojalá el próximo gobierno tenga la voluntad para iniciar un proceso de transformación del sistema carcelario y penitenciario. Un proceso que seguro se extenderá a los gobiernos subsiguientes.

Lejos de cumplir sus objetivos, el sistema carcelario que tenemos aumenta la corrupción, la violencia y la delincuencia en las calles y en los propios establecimeintos carcelarios.

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Hugo Acero

Escrito por:

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

Foto: Facebook: Ministerio de Defensa - La desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad es un tema al que nadie le presta atención.

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Aunque la seguridad es un problema urgente, los candidatos no han dicho nada serio sobre cómo ejercerían el liderazgo que es la tarea central de un presidente en este campo.

Hugo Acero Velásquez*

Los vacíos en el discurso

Cuando los candidatos presidenciales abordan la seguridad ciudadana hacen tres cosas iguales y sucesivas: mencionan los riesgos que la amenazan; identifican territorios más afectados por la criminalidad, y proponen alternativas para reducir su incidencia.

Pero los candidatos hasta ahora no han hablado de los factores que dependen del presidente y que son imprescindibles para la seguridad colombiana: la gestión y la confianza. Si bien ofrecen diagnósticos y remedios, no ahondan en la manera como ejercerían el liderazgo que exige la prestación eficaz de este servicio; este liderazgo implica nada menos que

  • Coordinar el trabajo de las más de quince instituciones que tienen responsabilidades en materia de seguridad y justicia.
  • Asegurar que las instituciones recuperaren la confianza ciudadana en su trabajo, pues hoy presentan los índices más bajos favorabilidad de los últimos veinte años.

La ausencia de estos temas en las campañas y en las agendas presidenciales puede afectar gravemente la seguridad y la justicia en Colombia. Por esta razón, el liderazgo, la gestión y la confianza ciudadana en las instituciones deberán ser abordados desde el mismo momento en que salga elegido el nuevo presidente.

Descoordinación institucional

Para nadie es un secreto que hoy existen graves problemas de violencia y delincuencia en distintos territorios y ciudades del país. Tampoco es novedad que han la mayoría de los delitos, en particular los homicidios y los hurtos.

A los últimos gobiernos les ha faltado, por un lado, el liderazgo del presidente, y por el otro, la participación activa de los alcaldes y gobernadores. Los consejos de seguridad nacional y locales dejaron de realizarse de manera periódica, y dejaron de ser escenarios de prevención, planeación y coordinación de las instituciones de seguridad y justicia. Generalmente se reunen después de sucedidos los hechos.

Esto es un gran problema, pues el trabajo con los gobernadores y alcaldes es imprescindible para mejorar la seguridad. Aunque este gobierno cuenta con una política integral de seguridad ciudadana y convivencia, la ejecución y el seguimiento de este plan no se está haciendo como debería.

Además, las redes sociales son la vía de comunicación entre algunos alcaldes y gobernadores con el gobierno nacional, y, en la mayoría de los casos, no se da con el ánimo de coordinar acciones para reducir los hechos de violencia y delincuencia. Por el contrario, las redes se están convirtiendo en un modo riesgoso de gobernar, ya que este tema requiere prudencia y reserva. Hoy, con cada tuit —más emotivo que racional—, se hace más difícil la gestión y el trabajo en equipo.

La coordinación de las instituciones de seguridad y justicia es limitada, cuando no inexistente. Por lo pronto, estas son las instituciones que intervienen en la seguridad ciudadana, las cuales pueden y deben ser coordinadas desde la presidencia:

  • El Ministerio de Defensa, que coordina  todas las fuerzas armadas y en particular la Policía Nacional trabaja los temas de seguridad y convivencia ciudadana.
  • El Ministerio del Interior, con la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, trabaja con los alcaldes y gobernadores y les asigna recursos a través de FONSECON. Además, tienen la Unidad Nacional de Protección UNP.
  • La Consejería Presidencial de Seguridad apoya en la seguridad nacional y ciudadana a la Presidencia, la Vicepresidencia, y a la Dirección de Política Integral Para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas.
  • El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG), promueve la formulación y seguimiento de las políticas, planes y programas de justicia, defensa y seguridad nacional. Además, orienta la elaboración de políticas sobre seguridad y convivencia ciudadana.
  • Los alcaldes y gobernadores tienen la obligación constitucional y legal de velar por la seguridad y convivencia ciudadana.
  • La Fiscalía General de la Nación.
  • El ICBF gestiona el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (SRPA).
  • El Ministerio de Justicia, a través del sistema penitenciario y carcelario (INPEC y USPEC), administra la justicia ciudadana y la justicia punitiva, en coordinación con las instituciones de la Rama Judicial.
  • Migración Colombia en la Cancillería.
  • Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en el Ministerio de Hacienda.

La mala articulación entre esta lista de instituciones la observamos, por ejemplo, cuando alcaldes y gobernadores requieren del apoyo del Gobierno Nacional para solucionar problemas de inseguridad en sus territorios, tienen que recurrir a cada una de ellas, por separado, y ninguna da respuesta a sus requerimientos.

Así, la desconfianza hacia las instituciones de seguridad en Colombia produce graves problemas como: la justicia por mano propia.

Los candidatos 2022 en colombia
Foto: Facebook: Ministerio de Defensa - En materia de seguridad y justicia, hoy las instituciones responsables de estos temas tienen los niveles más bajos de opinión favorable de los últimos 20 años.
Así tenga escritos los mejores planes de seguridad ciudadana y defensa nacional, el próximo gobierno no logrará controlar la inseguridad en aumento sin: el liderazgo del presidente; la coordinación de todas las instituciones, y la participación conjunta de todos los alcaldes, gobernadores, y distintas organizaciones de la sociedad civil.

La confianza ciudadana hay que ganársela

El reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo “Confianza, La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe” pone el dedo en la llaga cuando habla de uno de los problemas que más afecta la gobernabilidad en América Latina y el Caribe: la confianza.

La confianza ciudadana hacia las instituciones estatales en la región es el más bajo del mundo, apenas tres de cada diez personas creen que se puede confiar en el gobierno. Como bien lo plantea el estudio “la confianza favorece la colaboración en tareas complejas dentro de los organismos públicos. Los funcionarios deben trabajar junto con sus colegas, los ciudadanos y los funcionarios públicos de otros organismos, para implementar los programas de gobierno”.

Aunque parece simple, es muy complejo en el caso colombiano, pues muchas instituciones y funcionarios confunden: reuniones con coordinación o cooperación, y participación de la comunidad con el número de ciudadanos que asisten a reuniones. Además, en Colombia la veeduría ciudadana es vista con desconfianza, la información de las instituciones de seguridad y justicia no es tan pública como establecen algunas leyes, y prevalecen los positivos institucionales antes que el trabajo en equipo.

Hoy las instituciones responsables de la seguridad y la justicia tienen los niveles más bajos de opinión favorable de los últimos 20 años. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Invamer Poll, entre el año 2000 y finales del año pasado:

  • Las Fuerzas Militares, que en todas encuestas siempre tuvieron los niveles más altos de confianza entre los ciudadanos, pasó de 81 % de los ciudadanos que tenían una opinión favorable en 2010 a 53 % el año pasado.
  • La Policía Nacional cayó de  79 % en 2010 a  41 %.
  • La Fiscalía pasó del 65 % en 2000 a  28 %.
  • El Sistema Judicial Colombiano de 46 % en 2005 a 19 %.
  • La Corte Constitucional pasó de 61% en 2005 a 27 % el año pasado.
  • La Corte Suprema de Justicia de  56 % en 2010 a  25 % y
  • Los organismos de control presentan casi el mismo comportamiento; mientras la Procuraduría pasó de  61 % en 2010 a un 30 % en año pasado, la Contraloría en 2010 registró la opinión favorable más alta , 61 %, y cerró el año con 30 %, como se puede ver en el siguiente cuadro:

 

Opinión favorable de instituciones de seguridad y justicia, y organismos de control 2000-agosto de 2021
2000 2005 2010 2015 2020 2021
Fuerzas Militares 72% 76% 81% 72% 58% 53%
Policía Nacional 65% 66% 79% 51% 45% 41%
Corte Constitucional 47% 61% 57% 42% 34% 27%
Corte Suprema de Justicia 56% 37% 29% 25%
Sistema Judicial 46% 34% 22% 24% 19%
Fiscalía General de la Nación 65% 62% 59% 39% 37% 28%
Procuraduría General de la Nación 47% 61% 64% 51% 37% 30%
Contraloría General 47% 58% 61% 55% 37% 31%

Fuente: Encuesta Invamer Gallup Pool 2000, agosto de 2021

Como bien lo plantea el estudio del BID: “Cuando la confianza está ausente de estas interacciones, la sociedad y todos sus miembros sufren; la política es inestable, la calidad de las políticas públicas se deteriora, el avance económico se desacelera, y la equidad social y el bienestar individual disminuyen”.

Así, la desconfianza hacia las instituciones de seguridad en Colombia produce graves problemas como: la justicia por mano propia; la seguridad paraestatal; el no pago de las contribuciones e impuestos para mejorar los servicios de seguridad y justicia, y la corrupción como una forma de relación de los ciudadanos con las instituciones.

Liderazgo, gestión, coordinación y confianza. Estos son los elementos clave que el próximo presidente debe asumir si quiere solucionar los graves problemas de violencia y delincuencia que atraviesa el país.

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Hugo Acero

Escrito por:

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Según la información del INPEC, a finales de 2021 Colombia registró 176.050 personas con medidas privativas de la libertad.

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Las cárceles están en malas condiciones, hay hacinamiento y el sistema necesita de grandes inversiones. Muchos proponen la privatización como remedio, pero este no es en realidad un remedio.

Hugo Acero Velásquez*

¿Cuál es el problema?

A raíz de mi artículo en El Tiempo, “Sin cárceles no habrá seguridad, recibí un comentario según el cual “el problema de hacinamiento se soluciona con la construcción de nuevas cárceles con inversión del sector privado puesto que es más eficiente, efectiva y económica”. Para evaluar esta afirmación hay que poner en contexto el problema.

Según la información del INPEC, a finales de 2021 Colombia registró 176.050 personas con medidas privativas de la libertad. Hay 92.270 privados de la libertad en establecimientos de reclusión, 70.484 con detención domiciliaria y 4.938 con dispositivo de vigilancia electrónica. En cárceles municipales tenemos otras 2.919 personas y en establecimientos de la Fuerza Pública 439, como se puede ver en el cuadro siguiente:

Población con medida de aseguramiento en Colombia

Las Cárceles privatizadas en este 2022
Hoy, el sistema registra un hacinamiento del 19 % en los más de 130 establecimientos carcelarios y penitenciarios. Por otra parte, en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía, donde se encuentran más de 20.000 privados de libertad, se registra un hacinamiento de más del 160%, con casos extremos que superan el 400%. A todas luces, es una violación de todos los derechos humanos, sin que hasta el momento se vislumbre una solución para este grave problema.

El panorama se oscurece al comprobar que la mayoría de los establecimientos carcelarios y penitenciarios son viejos, obsoletos y no tienen las condiciones para sancionar o para resocializar a los hombres y mujeres privados de la libertad.

Durante los últimos años se ha visto en aumento la población recluida, pero los cupos del sistema no tuvieron mayor variación. Si se mira el comportamiento por quinquenios, el último transcurrido fue el de más bajo crecimiento:
Las Cárceles privatizadas en el 2022
Entre 1995 y 2015 la tasa de crecimiento estuvo por encima del 25 %, pero en los últimos seis años el crecimiento fue de apenas 4,8 %. Esto demuestra el poco interés de los últimos gobiernos en atender este problema, que al decir de la Corte constituye un “estado de cosas inconstitucional” (sentencias T- 153 de 1998 y T- 388 de 2013).

El panorama se oscurece al comprobar que la mayoría de los establecimientos carcelarios y penitenciarios son viejos, obsoletos y no tienen las condiciones para sancionar o para resocializar a los hombres y mujeres privados de la libertad.

Cabe resaltar 118 establecimientos fueron construidos entre 1611 y principios de la década del noventa; 5 entre finales de los noventa y comienzos del siglo XXI y 10, a finales en la primera década de este siglo y dados al servicio entre los años 2010 y 2011.

A lo anterior se suma que el aumento de cupos carcelarios no ha sido acompañado de mejor formación de los guardias y administradores de las cárceles, ni de un proceso pedagógico que acentué la resocialización e integración social de los internos e internas.

No menos preocupante es la falta de control por parte del Estado de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, desde donde los delincuentes siguen manejando sus negocios criminales.

En pocas palabras: estamos ante un sistema viejo y con graves problemas, donde habrá que invertir una buena cantidad de recursos. Por eso importa precisar si la inversión privada es la solución y si el Estado está en capacidad para asumirla o pueden existir otras alternativas.

El debate en Colombia

Desde el siglo pasado, Colombia ha venido estudiando y promoviendo la vinculación del sector privado a la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las cárceles y penitenciarías.

James Jordán, activista y coordinador de la Alianza para la Justicia Global, había señalado en 2014 que “Estados Unidos está exportando su modelo de encarcelamiento en masa (…) a por lo menos 25 países” y advirtió que, en Colombia, la aplicación de dicho modelo proviene del “Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano firmado en marzo 2000 por la Embajada de EE. UU. y el Ministerio de Justicia. Dicho programa coincidió con el rápido aumento de la población carcelaria de Colombia”.

De acuerdo con Jordán, “las razones citadas para justificar el programa de reestructuración penitenciario de Colombia fueron el tratar de aliviar el hacinamiento y mejorar las condiciones en las prisiones. Sin embargo, el propio acuerdo vincula al proyecto más explícitamente a la guerra contra las drogas”.

Como bien lo planteó el primer fiscal General de la Nación, Gustavo de Greiff, en 2013: “las cárceles privadas son establecimientos construidos y operados por inversionistas particulares que, como retribución por su trabajo e inversión, reciben una suma periódica, cuyo monto se calcula en razón de cada detenido o condenado que ingresa y permanece en la respectiva cárcel”.

“Para el Estado” continúa el exfiscal, “la ventaja del sistema resulta de evitarse la inversión que tendría que hacer en la construcción de una cárcel y la labor de administrarla, valores o costos que, en todo caso, tendría que asumir, pero diluyéndolos en el tiempo, mediante el pago de las sumas periódicas que se negocian con el inversionista en cada caso”.

Cárceles privatizadas para Colombia
Foto: Defensoría del Pueblo - Aunque los sistemas carcelarios no son comparables, en 2020, según el INPEC, un interno tenía un costo mensual de un millón ochocientos mil pesos.

Puede leer: Las cárceles: el eterno problema de la justicia colombiana

Incentivos perversos

Sin embargo, como dice De Greiff, este negocio es “atractivo para los particulares que lo asuman siempre y cuando se “produzcan presos”, lo que lleva a que los inversionistas promuevan esa producción”.

El último informe de The Public Interest (ITPI) estudió 62 contratos de empresas de prisiones privadas con gobiernos locales de Estados Unidos; el 65 % de estos contratos incluyen cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 al 100 % de las camas, aunque la tasa de criminalidad disminuya.

El informe anual a sus accionistas de Corrections Corporation of America —la mayor empresa de encarcelación del mundo— confirma esta situación: “Históricamente hemos sido exitosos en llenar el inventario de camas disponibles que hemos construido. Llenar estas camas disponibles implica un incremento sustancial en los ingresos, el flujo de caja y las utilidades por acción…”.  “Creemos que hemos sido exitosos en aumentar el número de residentes bajo nuestro cuidado y continuamos en la búsqueda de iniciativas que intenten aumentar la ocupación de nuestras camas y las utilidades. “Cualquier cambio con respecto a las drogas y las sustancias controladas o la inmigración ilegal puede afectar el número de personas arrestadas, acusadas y condenadas, con la consecuencia de reducir la demanda de cárceles donde se las aloje”. Inversión privada que se sustenta en el aumento de las medidas privativas de la libertad.

Costos elevados y ejemplos dispersos

En 2017, el costo mensual en California de un preso en el sistema privado era de 6.300 dólares al mes y el de New York era de 5.750.

Aunque los sistemas carcelarios no son comparables —dadas las muchas fallas del sistema colombiano—, en 2020, según el INPEC, un interno tenía un costo mensual de un millón ochocientos mil pesos y en la Cárcel Distrital era de dos millones doscientos mil, que incluyen costos de funcionamiento, personal, dotación y mantenimiento, sin tener en cuenta la construcción.

En Colombia no se ha concretado de momento un negocio importante para la inversión privada en cárceles. En algunos países se ha avanzado en dicha inversión y en América Latina Brasil y Chile apenas comenzaron a incursionar en este campo (ver “Privatización carcelaria, una alternativa para varios gobiernos en el mundo”). Pero a juzgar por la evidencia dispersa para Estados Unidos, la privatización podría aumentar en vez de disminuir los costos para el Estado colombiano. En Medellín se elaboró un proyecto para la construcción de una carcel por Alianza Publico, Privada -APP-, pero se quedo ahí, en un proyecto.

Ni el gobierno central ni los territoriales serían capaces de asumir los costos que tendría la inversión privada en construcción, funcionamiento y mantenimiento de cárceles de buena calidad en Colombia.

Quizás por eso la ineficiencia y corrupción del Instituto Nacional penitenciario ((INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) seguirán como ahora y en tanto no se emprenda una reforma a fondo e integral de estas instituciones y el sistema en general. Una decisión ética que comienza con buena información.

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Hugo Acero

Escrito por:

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Durante este año los homicidios no han dejado de crecer en el país.

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Hugo Acero Velásquez

El fin del 2021 se acerca y las tasas de homicidio en el país y las ciudades más importantes son preocupantes. ¿Qué está pasando y qué se puede hacer?

Hugo Acero Velásquez*

Aumento de homicidios en 2021

En el transcurso de este año fueron registrados 11.509 homicidios en Colombia hasta el mes de octubre.

Según los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, la cifra de homicidios aumentó un 17 % respecto del 2020 –con 9.814 casos registrados– y un 11,5 % respecto del 2019 –con 10 327 casos registrados–.

Si el país sigue esta tendencia, puede cerrar el año con aproximadamente 14 000 asesinatos. Es decir, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año superaría la tasa de homicidio de los años anteriores –2020 con 23,9 y 2019 con 25,6–.

Este aumento de homicidios puede observarse en las principales ciudades del país, salvo la ciudad de Cúcuta que disminuyó su tasa respecto de 2020 y Medellín respecto de 2019.

El siguiente cuadro muestra en detalle la variación porcentual de homicidios de los últimos tres años:

Comportamiento de los homicidios en ciudades colombianas. Enero – octubre de 2019, 2020 y 2021.
Ciudades 2019 2020 2021 Variación % 2021, 2020 Variación % 2021, 2019
Cali 911 891 1052 18,1 15,5
Bogotá 823 843 940 11,5 14,2
Medellín 509 311 326 4,8 -36,0
Barranquilla 231 249 302 21,3 30,7
Cúcuta 160 217 197 -9,2 23,1
Cartagena 147 165 178 7,9 21,1
Bucaramanga 99 91 107 17,6 8,1
Pereira 102 82 102 24,4 0,0
Villavicencio 79 77 95 23,4 20,3
Ibagué 62 50 71 42,0 14,5
Manizales 42 39 45 15,4 7,1
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO).

Ibagué es la ciudad que registra mayor aumento de homicidios y le sigue en ese orden Barranquilla, Villavicencio, Cali, Cartagena, Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Cúcuta y Medellín.

Aunque este aumento se ha desacelerado un poco en los últimos meses —debido a la reducción de marchas y protestas, pues la policía se dedica a las labores de seguridad ciudadana—, es evidente que los homicidios aumentaron este año en el País y en las principales ciudades.

¿Por qué hay más homicidios?

La primera razón del aumento de la violencia homicida en Colombia está en la creciente actividad del crimen organizado; organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, el microtráfico, la trata de personas, fleteos, extorsiones, hurtos de vehículos, motos, celulares, residencias, préstamos “gota a gota”, entre otras rentas criminales.

La segunda razón, es que estos grupos no solo continuaron su actividad, sino que se fortalecieron y entraron en disputas por las distintas rentas criminales. Ni las cuarentenas, ni los aislamientos selectivos para controlar la pandemia de la COVID-19 lograron incidir en la reducción de este delito. Aun cuando estas medidas sí redujeron la mayoría de los hurtos.

Cuando se analizan las cifras de homicidios en el país desde 2019 hasta octubre de este año, se observa que este delito apenas disminuyó en el primer mes de la cuarentena. En los meses siguientes se mantuvo igual y en algunas ciudades aumentó. Estos homicidios fueron cometidos por organizaciones criminales o en medio de un delito menor como el hurto –que ahora se realiza con mayor violencia–.

Además, la alta impunidad frente a este delito favorece el aumento de estas cifras. Aunque la Fiscalía y la Policía realizan importantes esfuerzos y avances para el esclarecimiento de los homicidios, en algunos casos no hay detenidos.

Puede leer: Los problemas para medir los homicidios

¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer?

Es necesario seguir con los esfuerzos de investigación criminal. Se deben incluir nuevos policías judiciales e investigadores de la Fiscalía para un mejor esclarecimiento de los hechos y los implicados en los homicidios.

Ante la alta impunidad y los casos de homicidio represados hay que poner todos los esfuerzos en los casos recientes: dar con los culpables, detenerlos, juzgarlos y condenarlos. Esta medida puede reducir los homicidios, pues muchas de estas muertes violentas pueden provocar otras por venganza o retaliación.

Aproximadamente 60% de los homicidios son cometidos por delincuentes. Para reducir realmente los casos de homicidio en Colombia, no se puede seguir con más del 30 % de casos por determinar.

No es posible que, en algunos casos, cadáveres encontrados con algunas evidencias de premeditación delincuencial acaban clasificados como “por determinar”. Las hipótesis deben servir para orientar la investigación y no para sumar la lista de casos indeterminados que tienen los servidores públicos de investigación criminal de la Policía y la Fiscalía.

En esta misma línea, es preciso seguir identificando las organizaciones criminales y sus estructuras completas para poder desarticularlas. Así como atacar la cadena de cada una de las rentas criminales, como el hurto de celulares.

En este caso, no es suficiente detener a quienes hurtan los celulares en las calles o en transporte público, es necesario: judicializar a los dueños de los establecimientos donde los venden, expropiar esos negocios, e identificar a quienes los revenden. Incluso, identificar a quienes exportan celulares robados como nuevos, pues este es un negocio ilegal donde pueden estar involucrados algunos servidores públicos corruptos.

Atacar la raíz del problema

Por otro lado, la pandemia agravó las condiciones sociales y económicas que ya estaba sufriendo el país: aumento del desempleo, pobreza, deserción escolar, consumo de drogas y alcohol, y problemas de salud mental. Es claro que bajo estas condiciones la inseguridad y la violencia puede aumentar.

Por ello, estos problemas sociales deben ser abordados y solucionados por los Gobiernos nacionales y locales, con la participación y diálogo del sector privado y las comunidades.

De no hacerse se corre el riesgo de que muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes sin oportunidades, acaben engrosando los diversos grupos criminales que hoy actúan en Colombia. Y, por tanto, aumenten las acciones de violencia y delincuencia, como lo expuse en el artículo El punto ciego de la seguridad en Colombia.

¿Cómo va a finalizar el año?

Al finalizar el 2021, tanto en el país como en las ciudades más importantes, los índices de violencia homicida serán superiores a los registrados en años anteriores.

El país cerrará el año con un aumento en los homicidios del 5,9 % respecto del 2019, y del 13,4 % comparado con 2020, como se ve en el siguiente cuadro:

Homicidios. Tasa por 100 000 habitantes de Colombia y principales ciudades del país. 2019 – 2021
Colombia y ciudades Tasa X 100.000 Hab 2019 Tasa X 100.000 Hab 2020 Tasa X 100.000 Hab 2021
Colombia 25,6 23,9 27,1
Cali 49,7 47,6 55,7
Bogotá 13,9 13,2 14,4
Medellín 23,5 14,3 15,2
Barranquilla 22,2 23,2 27,9
Cúcuta 26,7 33,1 30,0
Cartagena 17,9 20,4 20,5
Bucaramanga 20,0 17,5 20,9
Pereira 26,2 22,2 25,5
Villavicencio 17,3 17,8 20,7
Ibagué 13,6 11,6 15,7
Manizales 12,5 10,5 12,0
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) y las Proyecciones de Población Nacional del DANE (2018-2070).

En 2021 las ciudades más importantes registrarán cifras de violencia homicida superiores a las ocurridas en 2020 –excepto en Cúcuta– y en 2019 –excepto en Medellín, Pereira y Manizales–.

Seguramente, estos indicadores van a aumentar, pues diciembre es el mes más violento del año.

Frente a este panorama el Gobierno Nacional y los Gobiernos locales deben orientar sus esfuerzos hacia el mejoramiento de las instituciones de seguridad y justicia, así como mejorar el trabajo de inteligencia e investigación criminal de sus funcionarios.

Además, se deben atender a las poblaciones vulnerables fueron afectadas por la pandemia, el aumento de la pobreza, el desempleo, la deserción escolar y el consumo de drogas. Los jóvenes deben ser atendidos por el Estado para que no acaben involucrados en hechos de violencia y delincuencia.

O se les tiende la mano ahora o afectarán la seguridad y convivencia ciudadana, como ya está sucediendo.

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Hugo Acero

Escrito por:

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

Foto: Flickr - Policía Nacional

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Hugo Acero Velásquez

Mientras el Gobierno se empecina en solucionar los problemas de seguridad con más policías, militares y reformas penales, el deterioro de las condiciones sociales ocasionado por la pandemia puede agravar aún más la inseguridad.

Hugo Acero Velásquez*

¿Cuál es el origen de la inseguridad?

Los indicadores de seguridad muestran que durante este año se agravó la inseguridad en la mayoría de las ciudades y regiones de Colombia.

Las razones: el aumento de las actividades de la delincuencia común, los Grupos Armados Organizados (GAO), los Grupos Delictivos Organizados (GDO), los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), y el deterioro de la convivencia ciudadana en general.

Ante este panorama, se plantean las siguientes medidas:

  • aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional;
  • asistencia militar;
  • reformas legales para aumentar las penas y agilizar los procedimientos;
  • fortalecimiento humano, técnico y profesional de las instituciones de seguridad y justicia, y
  • reforma de la Policía Nacional.

No obstante, estos esfuerzos son insuficientes si el Gobierno Nacional y los gobiernos locales no atienden el deterioro de las condiciones sociales y económicas del país —agravadas por la pandemia—, situación que ha incrementado también las protestas sociales.

Los jóvenes son los más afectados y quienes pueden ser cooptados por organizaciones criminales. Actualmente, hay cinco alertas tempranas de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes.

Al final, el desempleo, la pobreza, la deserción escolar, el aumento del consumo de drogas y alcohol y los problemas de salud mental son factores que van a contribuir a que se siga manteniendo el incremento de la inseguridad y la violencia.

Además, los jóvenes son los más afectados y quienes pueden ser cooptados por organizaciones criminales. Actualmente, hay cinco alertas tempranas de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes en Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada. Así lo demostraron los recientes informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y la Fundación Pares.

Puede leer: La inseguridad, las protestas y la pandemia

Pobreza, desempleo y deserción escolar

Respecto de la pobreza, el desempleo y la deserción escolar, estas son las cifras más importantes:

  • El DANE reportó a comienzos de este año que la pobreza había pasado del 35,7 % en 2019 al 42,5 % en 2020.
  • Según Camilo Carreño, de Global Opportunity Youth Network, “en 2019 el promedio nacional de desempleo era 9,10 % y el de los jóvenes era del 18,7 %. En el 2020, el nivel llegó a 27,5 %. Pero la peor parte la llevan las mujeres jóvenes, con un desempleo del 31,7 %».
  • En 2020, 3.628.013 personas dejaron de estar ocupadas. De estas, 902.903 eran jóvenes, es decir, el 31 %.
  • La Encuesta Virtual Mi Voz Mi Ciudad estableció que en Bogotá el 52% de los jóvenes perdieron su empleo.
  • Según el Índice de Pobreza Multidimensional publicado por el DANE, la inasistencia escolar pasó de 2,7 % en 2019 a 16,4 % en 2020. Especialmente en las zonas rurales donde pasó del 4,8 % al 30,1 %.
  • A finales del año pasado la ministra de educación, María Victoria Angulo, señaló que “en 2020 un total de 243.801 estudiantes de colegios, tanto públicos como privados, habían desertado del sistema educativo como consecuencia de la pandemia”. Este panorama puede ser peor cuando se retome la presencialidad casi total el año entrante.

Aumento del consumo de drogas y alcohol

El confinamiento, el distanciamiento social, la pérdida del empleo, la disminución de los ingresos y el fallecimiento de familiares por COVID aumentaron la soledad, la depresión, la incertidumbre, la ansiedad y, por tanto, el consumo de drogas y alcohol.

La Corporación Acción Técnica Social (ATS) adelantó una encuesta a 1.239 personas sobre el consumo de sustancias lícitas e ilícita entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2020. La encuesta concluyó que las sustancias de mayor consumo durante los periodos de cuarentena son: marihuana (25 %), alcohol (19 %), café (14 %), cigarrillo (11 %) y té (8 %).

Estos resultados tienen relación con el aumento del microtráfico que se adaptó rápidamente a las medidas restrictivas de la pandemia. Incluso, la venta de drogas a domicilio, la búsqueda y enganche de nuevos consumidores, afectó especialmente a jóvenes, y algunos niños y niñas.

Deterioro de la salud mental

La pandemia —el aislamiento y los fallecidos— empeoró la salud mental de muchas personas. Según la Encuesta de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social:

  • Alrededor del 52,2 % de los jóvenes presentaba entre uno y dos síntomas de ansiedad.
  • Las mujeres jefas de hogar presentaron un aumento en el sentimiento de preocupación o nerviosismo del 49, 5%.
  • La población de 10 a 24 años es la más afectada por la COVID-19, pues un 41,2% —el mayor porcentaje— ha sentido preocupación o nerviosismo.
  • Han aumentado los intentos de suicidio y suicidios consumado. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hubo un aumento de 157 fallecidos entre los meses de enero y agostode este año —en comparación con el mismo periodo de 2020—.
  • Los problemas de convivencia aumentaron y se hizo más evidente la violencia intrafamiliar.
Foto: Corte Suprema de Justicia - O el Gobierno les tiende la mano a los jóvenes, o acabarán en grupos armados y/o delincuenciales.

Le recomendamos: Pobreza y abandono de niños y adolescente durante la pandemia: una tragedia callada

Inconformismo y protestas sociales

Durante los dos últimos años se transformaron y multiplicaron las protestas por demandas sociales.

En el 2019 y parte de 2020, antes de la pandemia, existía un comité de paro que aglutinó sindicatos, estudiantes, indígenas, distintas ONG y poblaciones diversas. En ese momento existía dirección y organización, un interlocutor reconocido y por todos y por el Estado para dialogar.

Con la llegada de la pandemia aparecieron manifestaciones espontáneas ligadas a las necesidades básicas, al empleo y a la violación de los derechos humanos por parte de algunos miembros de la Policía. Estas manifestaciones no tuvieron un interlocutor único y reconocido por todos, en especial por quienes protestaban.

Las protestas ocurrieron lejos de los sitios tradicionales de concentración y marchas. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, ya no se marcha hacia la Plaza de Bolívar. Las marchas se dividen en rutas y destinos diferentes, y después estas se vuelven a dividir. Esta modalidad de protesta se conoce como “marchas silenciosas”.

Esta nueva situación hace más difícil que las autoridades garanticen la seguridad de las marchas y el control del orden público, pues las marchas también son utilizadas por grupos violentos y delincuenciales que atentan contra la protesta legítima y pacífica.

En este contexto, se fortalecieron las “Primeras Líneas” que no son una organización de alcance nacional o municipal. En algunos casos, las Primeras Líneas son utilizadas por grupos delincuenciales y armados para sus propósitos.

¿Qué se puede hacer?

Adicional al incremento de la violencia y la delincuencia provocado por estructuras criminales organizadas y al deterioro de la convivencia, se esta ante problemas sociales —pobreza, desempleo, deserción escolar, aumento del consumo de drogas y alcohol, y salud mental— que pueden agravar aun más esta situación.

Se corre el riesgo de que muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, engrosen los grupos criminales.

Estos problemas sociales deben ser abordados con políticas que provengan del gobierno nacional y los gobiernos locales y deben contar con la participación y diálogo con las comunidades y el sector privado.

De no hacerlo se corre el riesgo de que muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, engrosen los grupos criminales; ejerzan acciones de violencia y delincuencia de manera individual, o consuman drogas.

Sobre la protesta social pacífica: es necesario defender y proteger los derechos ciudadanos; reconocer que la mayoría de las demandas que se hacen son justas, y que los gobiernos -Nacional y locales- deben solucionarlas a través del diálogo.

Como ahora no hay un único interlocutor, es preciso crear las mesas de diálogo que sean necesarias. Es necesario dialogar con los jóvenes sin cámaras, porque no quieren sentirse instrumentalizados a favor de intereses políticos. Reconocer que la gran mayoría de manifestantes son jóvenes y que algunos de ellos no tienen nada que perder: no tienen empleo, no tienen educación y no son atendidos por las instituciones de desarrollo social.

En este punto: o los gobiernos -Nacional y locales- les tienden la mano a los jóvenes, o acabarán en grupos armados y/o delincuenciales. Hay que dar respuesta, positiva o negativa, a lo que hoy están pidiendo los ciudadanos, pero primero hay que oírlos.

Finalmente, tanto en temas de seguridad y convivencia, como en los demás temas de desarrollo social y económico —educación, salud, recreación, deporte, cultura, movilidad, medio ambiente, infraestructura…— es necesario estimular e incentivar la participación de los ciudadanos y de las comunidades.

Una sociedad con amplia participación social y con buenas organizaciones sociales, es menos susceptible de sufrir hechos de violencia y delincuencia. Hay que fortalecer y crear más capital social para alcanzar un mayor desarrollo social y democrático.

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Hugo Acero

Escrito por:

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

Foto: Wikimedia Commons - Durante los últimos años, la intervención de la policía en las protestas y movilizaciones sociales en Colombia ha dado pie a debates repetidos sobre el uso legítimo de la fuerza.

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Hugo Acero Velásquez

Un estudio reciente da claves para reformar la Policía y asegurar que su intervención sea legítima.

Hugo Acero Velásquez*

El estudio

Durante los últimos años, la intervención de la policía en las protestas y movilizaciones sociales en Colombia ha dado pie a debates repetidos sobre el uso legítimo de la fuerza.

Con ocasión de este debate, el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF) publicó un estudio titulado “Uso de la fuerza policial: un marco para garantizar una buena gobernanza sobre el uso de la fuerza”. El documento expone tres dimensiones que deben tenerse en cuenta para garantizar el uso legítimo de la fuerza: el estado de derecho, los recursos humanos y la rendición de cuentas.

¿Cómo garantizar el estado de derecho?

La primera dimensión, el estado de derecho, hace referencia al marco institucional y legal que sustenta el uso de la fuerza por parte de la policía.

Según el estudio, las instituciones policiales deben “tener una conducta distintivamente civil y estar sujeta a las autoridades de supervisión civil, como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, en lugar de a las autoridades militares”. En el caso de Colombia existen cuatro alternativas sobre este punto:

  • Que la policía pertenezca al Ministerio de Defensa, como sucede actualmente. Podría hacerse una pequeña reforma para crear una instancia que maneje los temas de seguridad ciudadana y cambiarse el nombre de la cartera por Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa.
  • Trasladar la policía al Ministerio del interior, con un alto riesgo de politización.
  • Pasarla al Ministerio de Justicia, donde habría unidad de materia en términos de política criminal.
  • Crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Esta fue la propuesta del primer gobierno Santos, pero no prosperó.

Al menos por ahora, lo más probable es que la policía permanezca en el Ministerio de Defensa con unos pocos cambios.

Formación y trabajo comunitario

La segunda dimensión tiene que ver con los recursos humanos y, específicamente con la selección, preparación, equipamientos adecuados y bienestar de quienes usarán la fuerza.

El estudio sostiene que “el personal policial debe ser diverso e inclusivo, y debe reflejar la perspectiva de género, así como las comunidades a las que sirve”. Además de la perspectiva género, deben incluirse enfoques diferenciales para reconocer las poblaciones con características particulares debidas a su edad, orientación sexual o condición de discapacidad. Pero no basta con educar al personal en estos enfoques diferenciales; también es necesario que la institución sea diversa en su composición.

El estudio plantea que la capacitación debe extenderse a todo el personal: “tiene que ir más allá de las lecciones sobre cómo ejercer la fuerza y el principio de progresión, debe enfatizar (sic) las alternativas a la fuerza, como la resolución no violenta de conflictos, técnicas de desescalada, habilidades de comunicación e incluir el desarrollo de habilidades críticas y de manejo de emociones y estrés”. Para lograr este fin, la policía debe ser más mediadora y menos sancionadora, más orientada al diálogo y más cercana a los ciudadanos.

Foto: Pixabay - Se deben diseñar y ejecutar protocolos claros de intervención donde prevalezcan el diálogo, la mediación, el control, y el uso ponderado de la fuerza legítima.

Puede leer: Las autoridades civiles y el abuso de la fuerza policial

Control y supervisión

La tercera y última dimensión es la rendición de cuentas. Esto no solo involucra a la policía, sino a otras instituciones estatales, a los órganos de control y a la sociedad civil.

Como dice el estudio, “los mecanismos internos son fundamentales para investigar y sancionar los usos indebidos del uso de la fuerza, así como para la capacitación y el entrenamiento, la planificación y las decisiones tácticas”. Pero también hay que contar con un organismo externo e independiente capaz de investigar o supervisar las denuncias contra la policía.

Para ser eficaces, estos controles deben contar con los recursos y el poder necesarios y tener la independencia para asegurar el cumplimiento de las normas y la reducción de la impunidad. Como lo plantea el estudio, “un sistema sólido de control y balance interno y externo disuade la conducta indebida y proporciona la base para una cultura que defiende los valores democráticos, incluido el respeto por la vida humana, la protección de los derechos humanos, la integridad y la legitimidad”.

El papel de los gobiernos locales

En estas tres dimensiones, los gobiernos locales pueden contribuir a mejorar la policía para que haga un uso adecuado de la fuerza. Hay que trabajar de manera permanente con las instituciones de justicia, los organismos de control y los ciudadanos, para el seguimiento y el control administrativo y social de la policía.

Los policías necesitan además calificación en derechos humanos y conocer las comunidades o las poblaciones para las cuales trabajan. Un antecedente relevante es la estrategia “Formador de Formadores” de Bogotá, que además de formar en derechos humanos, utilizó el trabajo participativo con distintos enfoques diferenciales.

También hay que contar con más gestores de convivencia: hombres y mujeres diversos que trabajan con las comunidades y median para evitar o resolver problemas y conflictos de manera pacífica. Esto disminuye las tensiones, las posibilidades de confrontación con la policía, y les enseña a los uniformados a usar más la mediación que la sanción y la fuerza.

No menos importante es aumentar la participación de las comunidades y crear capital social. Cuantas más organizaciones sociales y comunidades organizadas existan, tenderemos más seguridad y más control sobre la policía.

Además, se deben diseñar y ejecutar protocolos claros de intervención donde prevalezcan el diálogo, la mediación, el control, y el uso ponderado de la fuerza legítima. Estos protocolos deben ser discutidos y conocidos por todos los ciudadanos. Por último, las órdenes administrativas que impartan los alcaldes y gobernadores deben ser claras, para que el comandante de la policía disponga de las unidades operativas para cumplirla.

En suma, como concluye el estudio, “los marcos legales deben asegurar el cumplimiento de las normas reconocidas internacionalmente, especialmente que la fuerza solo puede usarse para lograr el objetivo legítimo de aplicación de la ley, y que los principios clave de precaución, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas estén claramente definidos en los estatutos”.

Seguramente este estudio y las acciones que desarrollen los gobiernos locales van a enriquecer la discusión sobre los distintos proyectos de reforma de la policía que cursan en el Congreso.

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Hugo Acero

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Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

Foto: Consejo de Cali - Uno de los primeros resultados que nos muestra la encuesta es que los ciudadanos piensan que la inseguridad está creciendo.

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Encuesta de seguridad: análisis de la caída de la favorabilidad ciudadana con relación a las instituciones de seguridad y justicia.

Hugo Acero Velásquez*

Los resultados de las encuestas son una fotografía del momento, de manera que al leerlos tendemos a olvidar que la opinión pública suele cambiar con el paso del tiempo.

Además, las personas o las instituciones a las cuales se refieren las preguntas aceptan los resultados si éstos les son favorables: por eso en estos casos dicen que las encuestas son de buena calidad y muestran la realidad. Pero otras cosas dicen cuando los resultados no les son favorables.

Desde hace más de veinte años, la empresa Invamer Gallup publica una encuesta cada dos o tres meses. Los resultados muestran la opinión de los ciudadanos o acerca del gobierno y los gobernantes nacionales y locales, sobre algunas instituciones del Estado, los personajes de la vida pública y algunos problemas del país.

Cuando salen los resultados de esta encuesta, los medios y la ciudadanía en general, centran la mirada en la opinión favorable o desfavorable que los ciudadanos tienen de los gobernantes y de algunos personajes de la vida pública, sobre todo si se está en medio de una campaña electoral. Sin embargo, muchas veces no se realiza un análisis de la opinión que los ciudadanos tienen sobre las instituciones, lo que es importante porque los resultados permiten conocer la confianza que la ciudadanía tiene en éstas.

En los últimos años la opinión favorable de los ciudadanos respecto de las instituciones de seguridad

(Fuerzas Militares y Policía), de Justicia (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la Nación) y los organismos de Control (Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República)

disminuyó de manera importante.

Al analizar los resultados de la encuesta de agosto de este año, se puede asegurar que la Policía no es la única institución que debe ser intervenida y que necesita mejorar o reformarse, ya que hay otras instituciones que también tienen una opinión desfavorable por parte de la ciudadanía, como se verá a continuación.

Seguridad: baja la opinión favorable de las FF MM y la Policía

Uno de los primeros resultados que nos muestra la encuesta es que los ciudadanos piensan que la inseguridad está creciendo. Este indicador muestra cómo, pese a los buenos resultados del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe en materia de seguridad (2002, 2005), a partir de la mitad de su segundo periodo gran parte de los ciudadanos comenzaron a pensar que la inseguridad estaba empeorando, ya que el porcentaje pasó de 41% en octubre de 2008 a 62% al final de su gobierno.

Además, este indicador creció y al final de los dos periodos del presidente Juan Manuel Santos, llegó a 79%. En agosto de este año el indicador se sitúa en el 96%, como se puede ver en la siguiente gráfica:

La creencia en que la seguridad disminuyó impacta la opinión que las personas tienen sobre las instituciones de seguridad pública. Primero, respecto a las Fuerzas Militares, la opinión favorable de los ciudadanos sobrepasó el 80% en los dos gobiernos de Uribe, estuvo entre el 70% y 60% en los dos periodos de Santos y en parte de la presidencia de Iván Duque, mientras que, de un tiempo para acá, cayó por debajo del 50% y en agosto de este año se situó en el 53%.

Segundo, la opinión favorable de la Policía comenzó a caer en los últimos seis años. Durante los dos periodos de Uribe estuvo por encima del 70%, mientras que desde el primer gobierno de Santos comenzó a situarse por debajo del 50% —a partir de 2016— y hoy se sitúa en el 38%, como se puede ver en la siguiente gráfica.

Puede leer: Encuesta Invamer Poll: algunas luces sobre su pesimismo

La justicia también va en caída libre

Las instituciones de seguridad perdieron su favorabilidad, pero esto también le ocurrió a algunas instituciones que componen la Rama Judicial.

De acuerdo con la encuesta, la Corte Constitucional desde finales del siglo pasado hasta comienzos de 2015 gozó de una opinión favorable por encima del 60%. Sin embargo, esta opinión se vio afectada por el caso de corrupción del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt en el 2015, quien buscaba favorecer en un fallo de tutela a la compañía Fidupetrol. Finalmente, el exmagistrado fue hallado culpable y condenado en el 2020 a 78 meses de prisión. A partir de ese momento la favorabilidad de la Corte no supera el 40% y en agosto apenas llegó al 31%.

La Corte Suprema de Justicia tuvo un comportamiento similar a la Corte Constitucional hasta comienzos de 2012, año en el que la opinión favorable comenzó a caer hasta llegar al 31% en abril de 2015. Esta situación se agravó con los hechos de corrupción del famoso “Cartel de la Toga”, el cual involucró a varios magistrados. Como consecuencia, en la actualidad la favorabilidad de esta corporación apenas llega al 21%, como se puede ver en la siguiente gráfica:

En el caso de la Fiscalía General de la Nación, la opinión favorable se mantuvo por encima del 50% hasta el último mes del primer gobierno del presidente Santos. Después, en agosto de 2014 cayó al 41% y hoy se sitúa en apenas el 22%.

Pese a lo anterior, es el Sistema Judicial Colombiano el que tiene la opinión favorable más baja. Desde mediados del periodo presidencial de Uribe, cuando llegó a tener una opinión favorable del 58%, empezó a bajar y hoy apenas tiene un 10% de favorabilidad.

Foto: Policía Nacional - Los resultados de la encuesta reflejan la imagen que tienen los ciudadanos de las instituciones de seguridad, de justicia y de control y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta dentro de los planes de mejoramiento institucional.

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Los organismos de control no se salvan

Pasemos ahora a analizar a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Ambas instituciones tienen el mismo comportamiento en términos de favorabilidad. Entre el 2000 y 2010 se mantuvieron por encima del 60%, pero a partir del 2014 su favorabilidad comenzó a caer. En la actualidad, la Procuraduría tiene una favorabilidad del 30% y la Contraloría del 28%, según la siguiente gráfica:

La necesidad de varias reformas

Todas las instituciones de seguridad, de justicia y de control, de las que hemos hablado, han perdido credibilidad ciudadana con el transcurso de los años. Además,

suele suceder que la única institución que pone la cara frente a los resultados de las encuestas es la Policía, mientras que las otras prefieren guardar silencio.

Mientras la Policía Nacional, que hoy tiene una opinión favorable del 38%, está formulando procesos de reforma y ajuste, la Corte Constitucional que tiene un 31%, la Procuraduría un 30%, la Contraloría un 28% la Fiscalía un 22%, la Corte Suprema de Justicia un 21% y el sistema judicial un 10%, no se han pronunciado sobre cómo van a recuperar la confianza y la opinión favorable de los ciudadanos en relación con el trabajo que desarrollan en materia de seguridad y justicia. Esta situación no debería ser así.

Todas las instituciones deberían preocuparse por estos resultados, los cuales ponen en entredicho sus acciones y la confianza y credibilidad que les tienen los ciudadanos.

Esta situación está generando una desconexión entre la sociedad y las instituciones públicas de seguridad y justicia. Lo que pone en riesgo la cohesión social y debilita el contrato social. Frente a estos hechos, cada una de las instituciones de las que hablamos, debería proponer acciones que promuevan la confianza entre los ciudadanos y cumplir sus funciones teniendo presentes las necesidades de las comunidades.

Los resultados de la encuesta reflejan la imagen que tienen los ciudadanos de las instituciones de seguridad, de justicia y de control y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta dentro de los planes de mejoramiento institucional. Planes que deben ser conocidos por todos los servidores públicos que trabajan en estas instituciones, pero, en especial, deben ser conocidos y monitoreados por las comunidades a través de veedurías activas.

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Hugo Acero

Escrito por:

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

foto: Alcaldía de Bogotá Con la pandemia por COVID, desde el 19 de marzo de 2020 los retos en seguridad se multiplicaron.

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hugo acero

Como un aporte al debate sobre la inseguridad en Bogotá y el País, este recuento de los retos novedosos y difíciles que se han tenido que afrontar y las acciones de la administración de Bogotá durante el último año y medio.

Hugo Acero Velásquez*

La Policía en tiempos de pandemia

La pandemia y las protestas sociales afectaron la seguridad y la convivencia en Colombia de distintas maneras. Los retos se multiplicaron a partir de marzo de 2020.

Las autoridades de seguridad se encargaron de hacer cumplir las medidas de cuarentena y los aislamiento sectorizados. La Policía impedía salir a la calle, imponía comparendos y controlaba las manifestaciones que se intensificaron durante el segundo semestre de 2020 por la escasez de alimentos y la pérdida de empleos.

Esto contribuyo a afectar aún más la imagen de la Policía y afectó la seguridad, puesto que la institución estuvo a cargo de más tareas y en ocasiones contaba con menos personal.

Además de atender los problemas de inseguridad tradicionales y de hacer cumplir las medidas de control de la pandemia, en Bogotá se elaboraron y ejecutaron planes para atender los distintos riesgos de seguridad, que surgieron como consecuencia del aislamiento obligatorio, así:

  1. Garantizar la seguridad interna y externa de las cárceles y sitios de privación de la libertad. Las visitas a los presos se limitaron para evitar la propagación del coronavirus. Esto produjo, descontento entre los internos y miedo ante los riesgos de contagiarse de COVID en el encierro y hacinamiento, lo que incitó protestas y motines, como fue el caso de la cárcel Modelo donde murieron 23 internos y un guardián.
  2. Seguridad del sistema de transporte público. Se mejoró la seguridad del sistema para garantizar las medidas de bioseguridad y los aforos permitidos, que no debían superar el 30 % de la capacidad del transporte público.
  3. Garantizar el abastecimiento de alimentos a las centrales de abastos y a los ciudadanos en general. Con ayuda de las centrales de abastos, los productores, los transportadores y las distintas autoridades que garantizaban el abastecimiento de alimentos, se diseñó un plan para mermar los efectos de las medidas de bioseguridad que alteraron los procesos de producción, transporte, comercialización y suministro de alimentos.

Por otro lado, se organizaron jornadas de entregas de alimentos a la ciudadanía que no contaba con los medios económicos necesarios. En las jornadas participaron la Policía, el Ejército y demás instituciones de socorro.

  1. Riesgos de agresión al personal de la salud por el miedo al contagio y dar seguridad a las instalaciones de salud. Durante los primeros meses de la pandemia los ciudadanos temían contagiarse del virus e identificaban al personal de la salud, de manera errónea, como su principal portador y difusor. Muchos cambiaron de residencia, ante las amenazas y agresiones de algunos ciudadanos. Por eso se diseñó un plan para proteger al personal de salud y a los entornos de hospitales y centros de atención.
  2. Atención directa a los problemas de violencia en los hogares y en los barrios. La violencia intrafamiliar y los problemas entre vecinos aumentaron durante la cuarentena y aislamientos. Ante la imposibilidad ciudadana de movilizarse e interponer denuncias en las instituciones responsables (Secretaría de Mujer, Comisarias de Familia y Policía), los servidores públicos recurrieron a la atención directa en hogares, calles y barrios donde se presentaron estos problemas.
  3. Atención a poblaciones vulnerables. Se diseñaron y ejecutaron planes especiales para garantizar la seguridad y atención de migrantes, habitantes de calle y poblaciones dedicadas a las actividades sexuales pagas.
  4. Control de saqueos y asonadas. En conjunto con los comerciantes, las comunidades y la Policía, se diseñaron planes locales para garantizar la seguridad de los establecimientos comerciales.
  5. Levantamiento de cadáveres. En conjunto con la Fiscalía, la SIJIN de la Policía y el Grupo Quincy de la Secretaría de Salud, se ejecutó un plan para realizar el levantamiento de los fallecidos por COVID-19 de los domicilios y las calles de la ciudad y evitar su exposición, como ocurrió en Nueva York o Guayaquil.
  6. Seguimiento y control. Desde marzo de 2020 opera las 24 horas del día el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para hacer seguimiento a las medidas, planes especiales y situación de la ciudad en materia de seguridad y convivencia. Además se realizan consejos de seguridad semanales y reportes diarios sobre la situación de seguridad y convivencia.

El Centro de Operaciones cuenta con la participación de las instituciones de seguridad (Policía, Ejército), movilidad (Secretaría de Movilidad y Transmilenio), socorro y emergencias (Salud, Idiger, Bomberos), Migración Colombia y los organismos de control (Personería y Procuraduría).

Conviene anotar que en los primeros seis meses de la pandemia se contó con 3.400 policías menos cada catorce días, una reducción del 20 %, para evitar el contagio.

Esto significa que los riesgos de seguridad y atención creados por la pandemia se afrontaron con menos policías. Un panorama complicado donde la Policía, la XIII Brigada, la Fiscalía y las distintas instituciones locales y nacionales tuvieron que trabajar las 24 horas del día.

Foto: Alcaldía de Bogotá - En medio de la atención de los retos de seguridad y convivencia que han impuesto la pandemia y las protestas, ha habido cambios importantes que también afectan la seguridad y la convivencia.

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Las protestas se transformaron y multiplicaron

Desde 2019 las protestas sociales aumentaron y se hicieron mas violentas a raíz de la muerte de Dylan Cruz y las denuncias de violación de derechos humanos por parte de algunos miembros de la Policía. Pero esta primera ola de movilizaciones fue interrumpida por la temporada de navidad de 2019, por la pandemia, la cuarentena y los distintos aislamientos en 2020.

Antes de la pandemia el Comité de Paro aglutinaba a los sindicatos, los estudiantes, los indígenas, las ONG y otros grupos organizados: allí existía un interlocutor reconocido socialmente por todos, incluido el Estado. Pero las manifestaciones espontáneas ligadas a la necesidad de comida, empleo y la violación de los derechos humanos durante la pandemia, cambiaron la situación: no existía un interlocutor único con quien dialogar.

Esto hizo que las protestas se produjeran en diversos sitios de Bogotá y de otras ciudades, alejados de los lugares tradicionales de concentración, situación que en algunos casos han sido utilizadas por diversos grupos violentos y delincuenciales, que con sus acciones atentan contra la protesta legítima y pacífica.

A finales de 2020, esta situación se agravó con la muerte de Javier Ordoñez en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en Villa Luz y los hechos subsiguientes de violencia del 9 y 10 de septiembre.

A partir del 28 de abril de este año se registró un promedio diario de entre 10 y 20 marchas o plantones en Bogotá, y esto multiplicó el trabajo de las autoridades de seguridad y justicia, en especial de la Policía, para garantizar la protesta pacífica y atender la violencia ocasional.

Este recargo de trabajo a su vez implicó menor capacidad para atender los otros frentes de seguridad ciudadana, en especial por parte de la Policía, que dedicó la mayoría de sus hombres y mujeres a atender las protestas.

Y a lo anterior se sumó la circunstancia de que la pandemia propició formas nuevas o crecientes de las delincuencias, como decir el cibercrimen, el comercio y uso de armas de fuego y de fogueo, la venta y distribución de drogas a domicilio, el aumento del homicidio ligado a estructuras criminales, la trata de personas y la extorsión.

Sobre estos dos hechos extraordinarios, que afectaron la seguridad y convivencia de los ciudadanos y que están en el orden del día de la ciudad y del país, quedan todavía muchos interrogantes sobre cómo se seguirán comportando y si los efectos serán temporales o permanentes. Lo único previsible es que esta pandemia, que todavía no se sabe cuando se controlará, no será la ultima y las protestas van a persistir y en algunos casos van a aumentar, lo que demanda una mayor preparación de los ciudadanos y de las autoridades que tienen que ver con estos temas.

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Hugo Acero

Escrito por:

Hugo Acero

*Sociólogo de la Universidad Nacional, asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional 1993-1995, Exsubsecretario de seguridad de Bogotá 1995, 2003 y Secretario de Seguridad de Bogotá 2021-2022, experto en temas de seguridad, justicia y manejo de crisis.

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