Felipe Ortega, Farid Rondón y Lina Faciolince, autor en Razón Pública
Foto: Radio Nacional - ¿Por qué no hay más condenados?

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Las investigaciones no culminan y los responsables no aparecen. Hay que volver a pensar en la organización y en el funcionamiento de las instituciones de seguridad y defensa del país.

Farid Rondón* Lina Faciolince** Andrés Felipe Ortega***

Un estallido distinto

El 8 de septiembre se cumplió un año del asesinato de Javier Ordoñez. Este incidente desembocó en un estallido social que ni las autoridades distritales ni la Policía Nacional supieron controlar.

El estallido social fue consecuencia de varios hechos inesperados. Durante el 2020, la Policía tuvo que controlar los toques de queda, imponer las restricciones a la movilidad y mediar los conflictos sociales, debido al repliegue a la virtualidad de las instituciones civiles. Por esa época los miembros de la institución y sus capacidades estaban agotadas.

Pero a la sociedad le ocurría algo similar. La pandemia atenuó muchas fuerzas sociales emergentes que venían condensándose y acabaron explotando con el caso de Ordoñez. Además, la protesta social adoptó nuevas formas: el propósito ya no era conglomerarse en las calles principales, sino desplazarse hacia el interior de los barrios y ocupar los espacios cotidianos.

Por si fuera poco, la comunidad internacional impulsaba una lucha contra los abusos policiales, debido a la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis, una ciudad de Estados Unidos.

La Policía no esperaba este escenario y su disposición no era la mejor; hizo acopio de sus capacidades no especializadas en el manejo de las manifestaciones y respondió de manera inadecuada. Lo mismo sucedió con los manifestantes, algunos de los cuales emprendieron acciones violentas contra el personal y los bienes de la institución.

Las malas circunstancias anteriores confluyeron en las noches del miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre de 2020. Según la ONG Temblores, en estas fechas se reportaron 13 homicidios con arma de fuego (10 en Bogotá y 3 en Soacha), 177 hechos de violencia policial y 271 víctimas; 139 de ellos de violencia física por parte de la Policía y 30 heridas con armas de fuego.

Puede leer: Más allá del 9s: el abuso de poder policial en Colombia

Problemas en las investigaciones

Las investigaciones avanzan con lentitud y en medio de problemas:

  • De las 68 indagaciones en curso, apenas cuatro tienen un fallo sancionatorio.
  • Únicamente se imputaron tres policías por homicidio simple, que después siguieron en sus cargos.
  • La fiscalía tiene posesión de apenas 37 armas de los 87 investigados por usar municiones.
  • Preocupa además que de los uniformados investigados 44 tengan procesos disciplinares adicionales.

El primer problema destacado es la falta de actas del Puesto de Mando Unificado frente a las órdenes impartidas a los policías en las protestas sociales, así como la dificultad de recolectar pruebas por la orden de la administración distrital de limpiar los puntos de conflicto. El material probatorio está incompleto y hubo dificultades durante su recolección.

El segundo problema atañe a las instituciones disciplinarias de la Policía: la entidad encargada de estos casos es la Inspección General, una institución que funciona bajo las normas de la Policía Nacional y por eso no goza de real independencia. Existe un alto nivel de impunidad en cuanto a los abusos de la autoridad por parte de los policías.

Asimismo, el debate entre el fuero penal militar (del cual goza la Policía) y las instituciones civiles dificulta aún más los casos de violación de derechos humanos. Esto, sumado a la falta de credibilidad de la Fiscalía y la Procuraduría, conduce a pensar que las investigaciones no llegaran a buen término.

Finalmente, estos crímenes suelen pasar a segundo plano. Las instituciones oficiales no les dan prioridad y al final no hay responsables. Parece que la situación no cambiará desde el interior de la institución.

Propuesta

Pero es fundamental que la Policía cumpla con sus deberes constitucionales. Esta etapa está ligada a la provisión de seguridad ciudadana y este es un tema que le compete a la Policía Nacional.

Repensar la Policía implica considerar el diseño de las instituciones del sector seguridad y defensa en Colombia. Se necesitan cambios organizacionales y funcionales en dichas instituciones para que puedan cumplir las tareas que les dio la Constitución de 1991.

La Policía Nacional debe tener en cuenta:

  • El servicio policial comunitario,
  • La adaptación y cobertura institucional,
  • El trabajo en áreas como la resolución de conflictos, provisión de información, orientación en torno a procesos comunitarios, diagnóstico de necesidades comunitarias, instrucción pedagógica sobre las reglas de convivencia con miras a recuperar la confianza de las personas en la institución y sus miembros,
  • Desmilitarizar la seguridad, y
  • Recordar su papel constitucional: un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Su fin primordial es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Foto: Alcaldía de Bogotá - López pidió, un año después, celeridad en las investigaciones.

Lea en Razón Pública: El liderazgo civil y democrático es indispensable para transformar la Policía

En síntesis, la Policía debe construir una identidad como cuerpo policial y refundarse sobre la base de recursos humanos capacitados académica y moralmente, respetuosos de los derechos y capaces de cumplir los propósitos de modernización, profesionalización y definición de un cuerpo de policía de carácter y bajo el control civil.

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Felipe Ortega, Farid Rondón y Lina Faciolince

Escrito por:

Felipe Ortega, Farid Rondón y Lina Faciolince

*Politólogo, magíster en Ciencia Política, especialista en Evaluación l de Proyectos y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional (GISDE).
**Politólogo, estudiante de maestría en Estudios Políticos y miembro del GISDE.
***Magíster en estudios de paz y resolución de conflictos, especialista en resolución de conflictos, miembro del GISDE y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

Foto: Radio Nacional de Colombia - Las cifras de asesinatos perpetrados por la Policía Nacional en el marco del Paro Nacional en Colombia son inciertas y varían dependiendo de la entidad u organización que las haga pública.

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Las cifras no son claras, pero la confianza en las instituciones está en bancarrota. Urge esclarecer los hechos y adelantar los debidos procesos.

Andrés Felipe Ortega Gómez*
Farid Camilo Rondón Raigoza**
Lina Paola Faciolince Betancourt***

Cifras contradictorias

El número de asesinatos perpetrados por la Fuerza Pública durante el paro nacional varía dependiendo de la fuente u organización que los reporte. A continuación, resumimos los informes emitidos por cuatro instituciones en las últimas semanas:

– El 16 de junio, el Ministerio de Defensa señaló 21 muertes relacionadas con las movilizaciones, entre las cuales se cuentan la de dos policías y un funcionario de la Fiscalía. Así mismo mencionó un total de 11 asesinatos en proceso de verificación y añadió que en estos días se habían producido otras 19 muertes violentas pero no relacionas con el paro. Estas cifras se basan en el informe elaborado conjuntamente por la Fiscalía General y la Policía Nacional.

-Pero el 9 de junio, la ONG Human Rights Watch había anunciado un total de 68 muertes asociadas con el paro, 34 de las cuales fueron producto de las movilizaciones: 31 civiles, 2 policías y un integrante del CTI. Según esta ONG, existe evidencia de que la Policía es responsable de por lo menos 16 asesinatos.

-El 15 de junio, Indepaz reportó que 70 personas habían sido víctimas homicidio durante las manifestaciones, 38 a manos de la policía dentro de los cuales 20 fueron a manos del ESMAD.

-Un día antes, la inspección General de la Policía reportó un total de 204 uniformados que están siendo investigados por presuntos abusos de autoridad, incluyendo 14 homicidios. La Fiscalía dice en cambio que hay cuatro investigaciones en curso relacionadas con homicidios: dos están siendo procesados dentro de la institución y dos ante la justicia penal militar (pese a que existe un conflicto de competencias entre las dos entidades).

Al comparar las cifras de Indepaz y las de la Fiscalía, encontramos que de los 21 casos reportados por la institución gubernamental, cuatro están ausentes del registro de Indepaz: los dos miembros de la Policía, el del CTI y un civil. Son 17 casos en los que coindicen Indepaz y la Fiscalía, 16 de los cuales Indepaz registra como presuntos victimarios a agentes de la Policía en sus diferentes formas: regular y unidades especiales como el ESMAD.

Es importante señalar que ambos informes coinciden en que la mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en el área metropolitana de Cali. Podemos pues afirmar que Cali ha sido el epicentro de las protestas y de la violencia ejercida por la Policía y por los civiles.

Le recomendamos: Las raíces del descontento social en Cali

Los organismos de control interno

Los organismos de control de la Policía vigilan –o deberían vigilar– el comportamiento de sus miembros.

La Inspección General es la encargada de supervisar internamente las actuaciones de los policías. Pero la investigación de los homicidios debe ser excluida de su jurisdicción por el simple hecho de ser parte de la misma entidad y por lo tanto compartir su cultura inatitucional. Además de lo cual, esta Inspección tiene serias deficiencias y está en mora de ser reestructurada.

Human Rights Watch había anunciado un total de 68 muertes asociadas con el paro, 34 de las cuales fueron producto de las movilizaciones

También se necesita un mecanismo de control disciplinario que vaya más allá de la Policía Nacional, para que no uniformados ejerciten un control adicional sobre los uniformados.

Por otra parte y según la Constitución, la Policía está amparada por el fuero penal militar, que se aplica a los actos de servicio relacionados con la confrontación de un enemigo, pero no es extensible a los ataques contra los manifestantes. Para tener un mínimo de credibilidad, hay por eso que excluir de la justicia penal militar el juzgamiento de todos los hechos referentes al paro.

Los cambios anteriores son difíciles para la Policía, pero también son la oportunidad de oro para establecer una nueva relación con la ciudadanía que se base en la confianza y el respeto.

Foto: Radio Nacional de Colombia - se deben hacer importantes aclaraciones por parte de las instituciones estatales para que las investigaciones lleguen a un término en el que las víctimas tengan tranquilidad respecto a la justicia dada por el Estado,

Puede leer: La Policía y el desgobierno de Duque

El papel de la Fiscalía

La Fiscalía tiene la obligación de adelantar el ejercicio de la acción penal e investigar los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento (artículo 250 de la Constitución).

Por eso mismo la Fiscalía tiene todas las facultades para investigar los presuntos delitos asociados con el Paro Nacional y en consecuencia debería esclarecer los hechos cuanto antes. Pero la Fiscalía se ha limitado a emitir opiniones sesgadas sobre las manifestaciones. Y esto pone en entredicho la imparcialidad de sus investigaciones, como también justifica la desconfianza de una gran parte de la población. Por eso urge

  1. Esclarecer las cifras,
  2. Adelantar o acelerar los debidos procesos.
  3. Atender las peticiones y denuncias que ciudadanos y organizaciones sociales han interpuesto ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Fiscalía tiene opiniones sesgadas sobre las manifestaciones. Y esto pone en entredicho la imparcialidad de sus investigaciones

Se trata de una oportunidad única para que la Fiscalía cumpla su labor y recupere la confianza de los ciudadanos que ha perdido en los últimos meses.

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Felipe Ortega, Farid Rondón y Lina Faciolince

Escrito por:

Felipe Ortega, Farid Rondón y Lina Faciolince

*Politólogo, magíster en Ciencia Política, especialista en Evaluación l de Proyectos y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional (GISDE).
**Politólogo, estudiante de maestría en Estudios Políticos y miembro del GISDE.
***Magíster en estudios de paz y resolución de conflictos, especialista en resolución de conflictos, miembro del GISDE y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

Facebook Policía Nacional ESMAD

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Aunque hubo aciertos, los miembros del ESMAD incumplieron su deber y desacataron las normas que regulan sus acciones durante el paro nacional. ¿Qué soluciones existen?

Andrés Felipe Ortega*
Farid Camilo Rondón**
Lina Paola Faciolince***

Las irregularidades

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es la especialidad de la Policía encargada de controlar los disturbios, las multitudes, los bloqueos y los desalojos.

Esta agrupación debe respetar los derechos humanos y para eso tiene protocolos muy precisos. Pero las acciones recientes de sus miembros mostraron una brecha inmensa entre las normas y los hechos.

Verdad que en muchos casos se cumplieron los protocolos y se manejaron las protestas bajo los marcos legales. Pero sus actuaciones son distintas en regiones o en momentos, y ha sido obvia su crudeza en hechos focalizados en el Valle del Cauca, Cauca y Bogotá.

Al revisar el Manual para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes, la resolución 02903 de 2017 y el decreto 03 de 2021, se concluye que durante el paro nacional el ESMAD incumplió con las normas establecidas para su funcionamiento.

  1. El ESMAD debe ser el último recurso para manejar las manifestaciones sociales. Primero debe darse un proceso de mediación con presencia de las autoridades civiles. Esto no sucedió durante el paro; hay registros que muestran el despliegue de este grupo desde un primer momento en las protestas.
  2. El ESMAD y la Policía Nacional hicieron muestra de un sentimiento o un prejuicio marcado contra quienes se manifiestan públicamente. Esto sucede por creer que los manifestantes son vándalos, por la presunta infiltración de los grupos armados organizados que aún no se comprueba en todos los casos, y por las mismas ideas de la institución.
  3. Según los protocolos, el uso de la fuerza debe ser justificado, necesario y proporcional. No obstante, suelen presentarse actos indiscriminados donde estas condiciones no se cumplen.El dispositivo Venom es un buen ejemplo del uso innecesario de un instrumento del ESMAD. Esta arma se utilizó muchas veces sin antes agotar las alternativas que pueden lograr los mismos resultados, pero con costos menores.
  4. Una vez dispersadas las manifestaciones, el ESMAD persigue a los manifestantes, usando instrumentos menos letales en zonas no permitidas. Ciertos agentes químicos fueron lanzados en sitios con bajas corrientes de aire, cercanos a escuelas, hospitales, iglesias y en zonas residenciales en claro incumplimiento de las normas establecidas.
  5. También hay evidencia de que los instrumentos menos letales se usan de manera indebida: por ejemplo, irrespetando los ángulos de disparo y las distancias.Los disparos deberían hacerse de forma parabólica, rasante o rastrera, dependiendo de la distancia de los manifestantes. Pero hubo disparos horizontales que provocaron lesiones y pérdida de vidas en las protestas. El respeto de la distancia tampoco fue el adecuado, aumentando las afectaciones y la letalidad de las intervenciones.
  6. No siempre se hace una demostración de la fuerza como primer paso para disuadir, sino que hay manifestaciones que el ESMAD llega a romper sin ningún señalamiento previo.
  7. Aunque el derecho a la protesta es fundamental, en Colombia no suele ser una prioridad, e incluso se afirma que prima el derecho a la libre circulación sobre el derecho de la manifestación, sin importar los señalamientos internacionales respecto de lo segundo.

El ESMAD debe ser el último recurso para manejar las manifestaciones sociales. Primero debe darse un proceso de mediación con presencia de las autoridades civiles

A los puntos anteriores se suman las afirmaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2020 sobre la necesidad de revisar la formación, los protocolos y el armamento del ESMAD; en particular la relación entre los derechos humanos y los valores de la institución.

Desde distintas perspectivas pueden identificarse varias alternativas para el cumplimiento de los protocolos, evitando los excesos de la fuerza y deteniendo las violaciones de los derechos humanos por parte del ESMAD.

Foto: Facebook Policía Nacional Es necesario evaluar por qué no se están cumpliendo los protocolos en el control de las protestas

Le recomendamos: El ESMAD y los estándares internacionales para el uso de la fuerza

Propuestas de la ciudadanía y de la academia

La ciudadanía insiste en pedir una reforma de la Policía Nacional y el desmonte del ESMAD. En múltiples escenarios los colombianos mostraron temor y furia porque ese cuerpo policial viola los derechos humanos, es precursor de crímenes de Estado, autor de violencia de género y hostigador del movimiento social, justamente por no cumplir los protocolos.

En los foros de participación ciudadana del 2013 al 2015, varios voceros presentaron propuestas sobre reformas y ajustes a las instituciones que consideraban necesarios para la construcción de la paz. Dichas propuestas se orientaban hacia

  • la desmilitarización de la Policía,
  • la evaluación del papel del ESMAD y su desmantelamiento,
  • la mejoría del proceso de selección y formación de sus miembros,
  • el no a las políticas de represión de la protesta,
  • la protección de los derechos fundamentales y
  • la separación del cuerpo policial del Ministerio de Defensa.

Recientemente fueron claras las quejas de la ciudadanía bajo los hashtag #ESMAD y #PARONACIONAL. Pero también fue evidente que algunos ciudadanos apoyaban la labor del ESMAD y resaltaban la importancia de controlar los disturbios, las multitudes y los bloqueos, puesto que algunos de estos sucesos afectaron la vida de los policías.

Pero aunque el terrorismo y la delincuencia deben evitarse, esto tiene que hacerse dentro de los límites de la legalidad, siguiendo los protocolos y protegiendo la vida de los manifestantes.

Ante esta situación, la comunidad que protesta contra el gobierno y sus políticas solicita garantías para ejercer su derecho a la protesta y el cese inmediato de la violencia. Por eso apoyan la idea de desmantelar el ESMAD y reformar la Policía.

La academia se solidarizó con los manifestantes, presentó su apoyo a la protesta pacífica y repudió todos los actos violentos. Preocupadas por la situación, las universidades crearon espacios para diseñar propuestas que contribuyan al diálogo nacional; el tema central: “Estado de Derecho, protesta social y fuerza pública”.

Algunas propuestas de la academia a corto plazo son: la reforma interna de la policía para instar al respeto de los derechos humanos y la protesta pacífica, la articulación de la Policía y los gestores de convivencia en las alcaldías, el cambio en los procesos de formación de los policías y el fortalecimiento de las relaciones cívico-policiales.

A mediano plazo se propone revisar y transformar el ESMAD, basándose en mejoras a los procesos formativos. Igualmente habría que desarrollar un “estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, y adelantar estudios sobre la ejecución de los protocolos del ESMAD.

Qué opinan los políticos

Es razonable que quienes hacen parte del partido de gobierno defiendan al Ministerio de Defensa y a la Policía, denuncien los hechos violentos contra la fuerza y manifiesten su apoyo a esa institución.

Quienes están en el “centro” repudian las muertes y heridos que dejan los enfrentamientos, pero también manifiestan su solidaridad y llaman a mejorar y a cumplir con los protocolos del cuerpo, ya que reconocen su papel fundamental para mantener la seguridad ciudadana y la convivencia.

En la política los silencios son tan importantes como las acciones. En este caso la respuesta del gobierno nacional legitima las acciones represivas de la fuerza policial

Finalmente, la oposición promueve la organización de las protestas, denuncia las violaciones de los derechos humanos por parte del ESMAD y presiona al gobierno para que en el marco de la negociación con la mesa del paro reconozca y se responsabilice por estos sucesos.

Ahora bien, hay que reconocer que el Congreso es un escenario importante. Allí ocurren los debates de control político al gobierno, especialmente al Ministerio de Defensa, por el uso desbordado de la fuerza y el incumplimiento de protocolos del ESMAD. Igualmente se discuten proyectos de ley y se proponen alternativas como

  • desmontar el ESMAD,
  • exhortar al diálogo y la conciliación como mecanismo preventivo antes de usar las armas para controlar los disturbios,
  • acelerar la investigación disciplinaria, los fallos condenatorios y las sanciones contundentes a los miembros del ESMAD responsables de las violaciones a los derechos humanos,
  • mejorar la capacitación y formación del ESMAD en derechos humanos,
  • eliminar el Fuero Penal Militar para la policía.

El gobierno nacional y los gobiernos locales

El gobierno nacional respalda las acciones de la fuerza pública, particularmente del ESMAD. Hasta la fecha no se conoce un pronunciamiento por parte del presidente, ni de su ministro de defensa, donde rechace las acciones de esta fuerza que han sido documentadas por la prensa (incluida la internacional).

En la política los silencios son tan importantes como las acciones. En este caso la respuesta del gobierno nacional legitima las acciones represivas de la fuerza policial durante el paro contra la sociedad civil y la prensa en clara violación de sus protocolos.

Estos hechos contravienen el protocolo aprobado para la protesta en enero de 2021, según el cual debe darse prioridad a una respuesta dialógica y avisar que se usará la fuerza.

Por otra parte, desde las movilizaciones de 2019 es claro que los gobiernos locales no saben qué hacer. Como señala la Fundación Ideas para la Paz, hay un problema de “bicefalia institucional”.

Aunque los alcaldes son la primera autoridad de la Policía en las ciudades, por línea de mando la institución se identifica más con el gobierno nacional. Esto se hizo evidente en el caso de Dylan Cruz y durante el mes de paro nacional. El margen de maniobra de los alcaldes es limitado y ellos, sorprendentemente, no se manifiestan de forma clara sobre los límites de sus actuaciones.

Puede leer: Repensar el sector de seguridad, más allá de las reformas institucionales

Los órganos de control

La Procuraduría y la Defensoría deberían tener un papel activo en las investigaciones y el seguimiento de los protocolos que usa el ESMAD. Pero la cooptación política de los funcionarios que dirigen esas entidades no les permite avanzar en el control disciplinario ni en la defensa de los derechos humanos. Se limitan a velar por el cumplimiento de las normas en el plano local.

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Felipe Ortega, Farid Rondón y Lina Faciolince

Escrito por:

Felipe Ortega, Farid Rondón y Lina Faciolince

*Politólogo, magíster en Ciencia Política, especialista en Evaluación l de Proyectos y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional (GISDE).
**Politólogo, estudiante de maestría en Estudios Políticos y miembro del GISDE.
***Magíster en estudios de paz y resolución de conflictos, especialista en resolución de conflictos, miembro del GISDE y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

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