Erika Parrado Pardo, autor en Razón Pública
Foto: Alcaldía de Santa Marta

Compartir:

El Congreso rechazó el artículo del Plan de Desarrollo que adoptaba las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Estos han sido los avances y retrocesos en la ejecución y apropiación de su legado.

Erika Parrado Pardo*

El legado

El 28 de junio del 2022 la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición presentó su informe final titulado Hay Futuro si hay verdad, compuesto por diez tomos. Uno de los tomos está desglosado en un compendio de 14 informes agrupados bajo el nombre de Colombia adentro, y una declaración política titulada Convocatoria a la Paz Grande.

En el evento de presentación del informe, participó el presidente electo Gustavo Petro y en su discurso afirmó que “las recomendaciones de la Comisión se volverán eficaces en la historia de Colombia”.

A un año de presentado el informe debemos preguntarnos sobre el alcance de las recomendaciones de la comisión de la verdad colombiana.  A partir de experiencias internacionales es posible identificar por lo menos tres posibilidades:

  1. Las recomendaciones quedan exclusivamente condensadas en un informe como lo es para el caso colombiano el tomo de Hallazgos y Recomendaciones.
  2. Las recomendaciones son adoptadas formalmente por los gobiernos de turno.
  3. Las recomendaciones se traducen en política pública y se asumen como una práctica política cotidiana.

Puede leer: Leyes para la Paz Total: ¿sometimiento, desmantelamiento o negociación?

La decisión del Senado y sus implicaciones

Hace dos semanas el Senado de la República hundió el artículo 8 del proyecto del Plan de Desarrollo que acogía las 67 recomendaciones de la Comisión.  Estas recomendaciones conciernen a los siguientes nueve ejes temáticos: avanzar en construcción de paz como un proyecto nacional; garantizar reparación integral, construcción de memoria, rehabilitación y reconocimiento de las víctimas; consolidar democrática amplia y deliberativa; enfrentar impactos del narcotráfico y la política de drogas; superar la impunidad; nueva visión de seguridad para la paz; contribuir a la paz territorial; lograr una cultura para vivir en paz y transformaciones culturales; profundizar el legado.

Aunque varias recomendaciones ya estaban en el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno nacional y las Farc, el artículo 8 del Plan de Desarrollo garantizaba la legitimidad ético-política de las recomendaciones dentro del programa de gobierno.

Foto: Alto Comisionado para la Paz - Las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad apuestan a la construcción de una Paz Grande, por tanto, pueden ser fundamentales para la Paz Total.
La no adopción oficial de las recomendaciones en realidad no cambia el contenido o alcance del Plan de Desarrollo: sencillamente puso en evidencia las tensiones entre los sectores aliados al gobierno y los de oposición en el Congreso.

Debo recordar que, además del mandato legal a la Comisión para formular recomendaciones (Decreto 588 de 2017), éstas fueron construidas a partir de más de diez mil propuestas, producto de ejercicios de diálogo social, públicos y privados, así como de informes y casos entregados por organizaciones sociales y colectivos de víctimas.

Aunque varias recomendaciones ya estaban en el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno nacional y las Farc, el artículo 8 del Plan de Desarrollo garantizaba la legitimidad ético-política de las recomendaciones dentro del programa de gobierno.

Esto reforzaba “el clamor moral público contra lo intolerable” expresado por Francisco de Roux, quien encabezó la Comisión.

La responsabilidad compartida del Estado y la sociedad

Aun cuando las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no tienen un carácter legal vinculante, reconocerlas y apropiarlas como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida sí era un deber histórico por parte del Estado colombiano, en cabeza del Congreso en está ocasión.

Dicho reconocimiento haría visibles las voces de las víctimas, y haría un llamado contundente a la responsabilidad que compartimos como sociedad frente a la no repetición de lo sucedido en el conflicto.

El Plan Nacional de Desarrollo ya fue aprobado, pero el gobierno nacional tiene el deber ético-político y la responsabilidad histórica de viabilizar las recomendaciones como parte de un ejercicio de legitimidad de la voz de las víctimas.

Más allá de la no incorporación del artículo 8 en el Plan Nacional de Desarrollo, desde hace un tiempo se han venido promoviendo espacios de apropiación social del legado de la Comisión, pues si algo se hizo visible con este trabajo fue el papel activo de organizaciones y procesos sociales, ONGs y la cooperación internacional, quienes reafirmaron su apoyo a la necesidad de acoger las recomendaciones desde la sociedad civil.

Son varias las preguntas que se derivan de estas reflexiones: ¿es solamente responsabilidad de la sociedad civil, de sus organizaciones y procesos, propiciar y hacer un llamado al cumplimiento de las recomendaciones?, o ¿esto exige un puente entre el gobierno nacional y la sociedad civil?

Desde mi punto de vista, el reconocimiento y acogimiento de las recomendaciones requiere no solo de movilización por parte de la sociedad civil, sino de voluntad política real por parte de los entes de gobierno (Cámara de Representantes, Congreso de la República y Ejecutivo Nacional entre otros).

Un recorderis sobre la importancia de la verdad

Hoy más que nunca vale la pena retomar varios aspectos para entender la importancia de la verdad.

Lo primero es reconocer que las tareas de la Comisión de la Verdad de Colombia no se limitaron a la producción de un informe, aunque este fue un aporte altamente relevante para la comprensión del conflicto armado en Colombia.

Dicho reconocimiento haría visibles las voces de las víctimas, y haría un llamado contundente a la responsabilidad que compartimos como sociedad frente a la no repetición de lo sucedido en el conflicto.

La Comisión de la verdad hizo aportes sustantivos y novedosos en materia de reconocimiento, convivencia y no repetición y estos necesitan ser apropiados y dialogados en diversos espacios y escenarios del país. Actualmente los ejercicios pedagógicos con diversos actores como los maestros, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones sociales deben seguirse promoviendo para apropiar radicalmente ese legado.

Lo segundo tiene que ver con la Paz Total: el gran proyecto de negociación con diversos grupos armados ilegales. En este contexto, una de las fortalezas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es su apuesta por la construcción de una “Paz Grande” que se alinea con algunos objetivos de la Paz Total.

Lo tercero es que la Comisión abrió espacios que aún tienen repercusiones, como la contribución a la verdad y el reconocimiento de responsabilidades que hizo Salvatore Mancuso hace pocos días en su Audiencia Única de Aporte a la Verdad ante la JEP.

Estos tres elementos permiten entender la importancia de la verdad. Una verdad que no puede quedar incrustada en los anaqueles solamente, sino que debe ser detonadora de espacios de reconocimiento, de convivencia y de no repetición de lo sucedido en el conflicto armado.

Lea en Razón Pública: La paz con el Clan del Golfo: ¿para dónde va el proceso?

0 comentarios

Erika Parrado Pardo

Escrito por:

Erika Parrado Pardo

* Candidata a Doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora asistente del departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana.

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.