Equipo editorial de Razón Pública Para la alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia*, autor en Razón Pública
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Aunque muchas instituciones vigilan y controlan al Ejército y la Policía, cada vez son más los escándalos y abusos de su parte. ¿Cuáles son las reformas necesarias para cambiar esto?

Equipo Editorial de Razón Pública Para la Alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia*

¿Quién controla a la fuerza pública?

En agosto de 2020, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL) convocaron a un grupo de expertos para discutir sobre la crisis y necesidad de reforma de la fuerza pública en Colombia.

El debate partió de la preocupación por los escándalos de corrupción en la institución, exacerbados por los abusos en el manejo de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020. También se identificaron otros episodios muy graves de violaciones de derechos humanos, como la violación de una niña de la comunidad embera por parte de siete soldados.

En ese contexto, era necesario entender el funcionamiento y las fallas de los mecanismos de supervisión de la fuerza pública. En Colombia existen diversas instituciones con la responsabilidad de vigilar y controlar a las instituciones encargadas de la seguridad, entre ellos los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia; la Procuraduría General de la Nación; y los jueces penales ordinarios y militares. Si existen estas instituciones y mecanismos, ¿por qué los escándalos y los abusos por parte de la fuerza pública no paran?

Once expertos convocados por la FIP y FESCOL, que han investigado durante años las políticas de seguridad ciudadana y reforma a la fuerza pública, respondieron a esta pregunta y formularon siete recomendaciones que se resumen en este texto.

Seis tendencias negativas

En general, existen seis tendencias o patrones que dificultan el ejercicio de la supervisión y control civil sobre la fuerza pública:

  1. La excesiva capacidad de influencia de los militares

La facultad de la fuerza pública para mantener el orden le ha otorgado una enorme capacidad de influencia sobre las autoridades civiles responsables de la seguridad. Esta influencia es producto de su capacidad para usar la fuerza de forma legítima y de llevar a cabo labores de inteligencia.

  1. La falta de independencia de las entidades de control

Las entidades que deben dirigir y controlar a la fuerza pública suelen actuar con extrema cautela para no desestabilizarlas ni poner en riesgo su función de proveer seguridad. Por eso, en lugar de ejercer una supervisión decidida, optan por darles libertad y apoyo, lo que les puede restar independencia.

  1. El aumento de la autonomía de la fuerza pública

Debido a lo anterior, la fuerza pública ha ganado una excesiva autonomía en los últimos años, lo que ha dificultado reformarla. Adicionalmente, muchos sectores ciudadanos y políticos ven en la fuerza pública una solución efectiva a muchos retos del Estado, por lo que consideran que las ramas del poder público no deben interferir con su labor.

  1. La falta de controles democráticos

Por las lógicas del conflicto armado, la fuerza pública ha carecido de controles democráticos fuertes y de un liderazgo civil que ponga en el centro al ciudadano. A su vez, esto les ha impedido a las ramas del poder publico y los organismos de control ejercer una supervisión efectiva sobre la fuerza pública y fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la justicia.

  1. La desconfianza entre la sociedad y la fuerza pública

La ciudadanía desconfía cada vez más de la fuerza pública y viceversa: los civiles temen que militares y policías abusen de su poder, y la fuerza pública le teme a la violencia ciudadana, pues sabe que no cuenta con su respaldo. Ese temor llega incluso a quienes ejercen los controles disciplinarios y quieren evitar afectar la reputación y legitimidad de las instituciones de seguridad.

  1. La resistencia a los cuestionamientos

Muchos miembros de la fuerza pública creen que la supervisión, el control civil y la crítica son una amenaza. Como consecuencia, ha surgido una “cultural del secretismo”, que consiste en ocultar y manipular información relevante que podría dejar mal parada a la institución, en vez de hacerla visible y someterla al debido proceso.

la fuerza pública en colombia
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Siete recomendaciones

Estos seis patrones muestran la necesidad de impulsar una reforma que permita reorientar el liderazgo y control civil sobre la fuerza pública. Las primeras tres se dirigen a las fuerzas militares y a la Policía, y las últimas cuatro se dirigen solo a esta última:

  1. Liderazgo civil competente e independiente

Para recuperar la confianza de la ciudadanía y otorgar legitimidad a las reformas, es indispensable que los civiles asuman un papel activo en la supervisión de la fuerza pública. Esto implica transformar el liderazgo que se ejerce desde el ejecutivo, el Congreso, la justicia y los organismos de control para que se antepongan los intereses de la ciudadanía sobre los intereses políticos y económicos, con recursos y capacitaciones que cualifiquen la labor de control.

  1. Persecución penal efectiva de los delitos cometidos por la fuerza pública

Es necesario impulsar una reforma constitucional para que las cortes militares solo se encarguen de las conductas estrictamente militares y la justicia ordinaria pueda sancionar los delitos de violencia o corrupción cometidos por miembros de la fuerza pública.

Además, se debe reformar la Ley 1765 de 2015 para que la Justicia Penal Militar sea independiente de la fuerza pública y esté en manos de expertos. Por último, se debe aumentar la capacidad estratégica y analítica de la Fiscalía, y crear y fortalecer unidades de derechos humanos en regiones donde el Ejército y la Policía desarrollan operaciones intensivas.

  1. Control político objetivo y fortalecido

Con el fin de fortalecer el control político que ejerce el Congreso sobre la fuerza pública, se deben capacitar a los congresistas sobre el funcionamiento del sector seguridad y los derechos humanos. Adicionalmente, se deben modificar los patrones de relacionamiento entre el legislativo y el sector defensa para promover la transparencia y la independencia de ambas instituciones. También se deben diseñar e implementar protocolos para la clasificación de la información y sus categorías de confidencialidad.

  1. Una reforma policial que proteja los derechos de la ciudadanía y promueva la transparencia

El objetivo de la reforma a la fuerza pública debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos. Para lograrlo, es necesario mejorar el acceso libre y transparente a la información, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y aumentar los controles para prevenir la corrupción y el abuso. Además, toda reforma debe basarse en criterios técnicos respaldados por evidencia.

  1. Mayor control por parte de los alcaldes

Aunque normativamente los alcaldes son la primera autoridad de policía en sus territorios, en la práctica esta autoridad tiene muchos vacíos y zonas grises. Para aclarar los papeles y concertar prioridades, los alcaldes deberían asumir el liderazgo de la política de seguridad en su jurisdicción. En ese sentido, deberían tener la posibilidad de concertar la selección del comandante de policía en su territorio y también propiciar su retiro cuando sea necesario.

  1. Un cambio en el modelo de policía

Para regular el comportamiento ciudadano, la policía hace uso de la fuerza y la coerción e impone sanciones a las y los ciudadanos. Este modelo, que mina la confianza de la ciudadanía en la institución, debería cambiarse por uno que permita fortalecer la prevención, priorizar la garantía de la convivencia y robustecer la capacidad de agencia y la participación de las comunidades.

  1. Incentivos y condiciones para evitar los abusos

Las normas y los protocolos no aseguran que la policía deje de abusar de la fuerza. Por eso, el modelo de mando y control que se basa en la vigilancia y el control disciplinario debe ser reemplazado por un modelo autoregulatorio, que motive a los policías a seguir las reglas porque creen en ellas y no porque quieran evitar un castigo.

Para cambiar la actitud de los miembros de la policía, es necesario que se creen las condiciones para que se sientan satisfechos y comprometidos. Un policía contento está más dispuesto a prestar un mejor servicio a la comunidad de manera autónoma y responsable.

* Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL) y se basa en el documento titulado “Siete recomendaciones para desbloquear el direccionamiento, supervisión y control civil de la fuerza pública” del grupo de expertos de la FIP y FESCOL. El documento original puede consultarse en este enlace.

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Foto: Px. Here - La pandemia por COVID-19 obligó a muchos sectores de la economía a cerrar temporal o definitivamente.

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Razón-Pública

Las violaciones a los derechos laborales aumentaron con la pandemia y no fueron debidamente atendidas por los jueces ni el Ministerio de Trabajo.

Equipo editorial de Razón Pública
Para la alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia*

La pandemia y el mundo laboral
Fescol | ¡PACIFISTA!

La pandemia por COVID-19 obligó a muchos sectores de la economía a cerrar temporal o definitivamente. Esto causó la pérdida de empleos formales e informales y una mayor desocupación de mujeres. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE):

  • Entre el segundo trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 se perdieron 4.848.895 empleos de un total de 22.226.108.
  • A inicios de 2021, se perdieron 987.000 empleos en empresas de menos de diez trabajadores. La mayoría de las personas que perdieron estos empleos fueron mujeres.

Pero en muchos casos, la pandemia también fue una excusa que usaron las empresas para desmontar los derechos laborales de sus trabajadores, aunque no hubieran tenido afectaciones serias o incluso hubieran crecido más que el año anterior.

Muchos empleadores disminuyeron salarios y descansos, autorizaron la imposición de vacaciones colectivas o suspendieron contratos sin pagos. Además, como si fuera poco, el gobierno nacional y los gobiernos locales expidieron decretos que limitaron o anularon el derecho de asociación y huelga.

Para saber cómo respondieron los jueces y el Ministerio de Trabajo a estas violaciones de derechos laborales, un reciente informe de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), con el apoyo de la Red de Asistencia Legal para Trabajadores (ILAW), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), la Escuela Nacional Sindical (ENS), el Centro de Solidaridad y la organización Defens, revisó y analizó 142 acciones de tutela y 4 querellas administrativas. Según este informe, todo indica que el gobierno y los jueces también “pusieron en cuarentena” los derechos laborales.

La pandemia también fue una excusa que usaron las empresas para desmontar los derechos laborales de sus trabajadores

La importancia de los jueces

En un Estado Social de Derecho, los jueces tienen un papel central en la defensa y la protección de los derechos de las personas. Con sus decisiones, los jueces garantizan que las autoridades y los particulares apliquen efectivamente los principios y las normas contenidas en la Constitución Política.

En el derecho laboral, este papel es especialmente importante, porque el Código Sustantivo del Trabajo fue expedido en 1950, cuando existía una visión muy distinta de las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. En 1991, la Constitución cambió esta visión, amplió la protección de los derechos laborales y le ordenó al Congreso expedir un “estatuto del trabajo” que incluyera, entre otras, una remuneración mínima vital y garantías de seguridad social.

Pero como el Congreso no ha expedido ese estatuto del trabajo, los jueces –en especial las altas cortes– han tenido que adaptar e interpretar las leyes vigentes a las normas constitucionales y dar órdenes para garantizar la protección de los derechos fundamentales.

Durante la pandemia, la Corte Constitucional ha expedido una gran cantidad de fallos relacionados con la protección del derecho a la salud de poblaciones vulnerables, como habitantes de calle o migrantes en situación irregular. También ha revisado los decretos expedidos por el gobierno para asegurar que se ajusten a la Constitución Política.

Sin embargo, ni la Corte Constitucional ni las demás altas cortes han llegado a pronunciarse a profundidad sobre la protección de los derechos laborales vulnerados con ocasión de la pandemia. Solo en una sentencia expedida en 2021 la Corte Constitucional protegió el derecho al trabajo de una modelo webcam y se ordenaron indemnizaciones y pago de salarios. Pero la Corte no se refirió a los impactos especiales que la pandemia impuso sobre los trabajadores.

Foto: Flickr - Los jueces no les exigieron a los empleadores que probaran que la pandemia los había afectado económicamente para tomar las medidas que adoptaron.

Le recomendamos: El día internacional de los trabajadores y la pandemia

La tutela y la protección de los trabajadores

De las 142 sentencias de tutela analizadas en el informe de la CUT y la CTC, 112 fueron interpuestas por trabajadores, 21 por trabajadoras y 5 por organizaciones sindicales. En las acciones, se les pidió a los jueces tomar una o varias de las siguientes medidas:

  • En el 71,2 % de los casos se pidió el pago o el reajuste de salarios o el pago de prestaciones sociales.
  • En el 42,4 % se solicitaron reintegros, ya fuera porque el trabajador había sido despedido o porque se había suspendido su contrato.
  • En el 24,6 %, se pidió que se protegiera el derecho a la seguridad social.
  • En el 4,7 %, se solicitó que se declarara ilegal la suspensión o terminación de un contrato de trabajo.

Del total de las sentencias analizadas, 53 negaron la protección de los derechos, 51 declararon que la tutela era improcedente, solo 27 fueron favorables en primera instancia y 7 fueron favorables en segunda instancia –3 reiteraron la decisión favorable de la primera instancia–. Como se ve, la mayoría de los jueces no protegieron a los trabajadores.

En la mayoría de los casos en los que se declaró que la tutela era improcedente, los jueces afirmaron que los trabajadores tenían otro mecanismo de defensa judicial. Es decir, adoptaron un enfoque procedimental para excusarse de fallar sobre el fondo del asunto y afirmaron que los trabajadores tenían que haber interpuesto una demanda laboral ordinaria. Pero, en promedio, los juicios laborales ordinarios se resuelven en un año. ¿Cómo puede sobrevivir durante un año un trabajador que depende de su salario?

Ni la Corte Constitucional ni las demás altas cortes han llegado a pronunciarse a profundidad sobre la protección de los derechos laborales vulnerados con ocasión de la pandemia

En otros casos, los jueces argumentaron que los trabajadores podían solventar sus necesidades básicas usando sus cesantías, los beneficios económicos al cesante de las cajas de compensación o accediendo a préstamos. Es decir, le impusieron al trabajador la carga de la crisis económica y social.

En cambio, los jueces no les exigieron a los empleadores que probaran que la pandemia los había afectado económicamente para tomar las medidas que adoptaron. Tampoco revisaron si las medidas tomadas por los empleadores estaban justificadas por “fuerza mayor”, es decir, por la imposibilidad real de cumplir sus obligaciones. Simplemente afirmaron que eso debía estudiarse en un proceso ordinario o ante inspectores de trabajo.

¿Y el Ministerio de Trabajo qué?

En los casos en los que fue vinculado a acciones de tutela, el Ministerio de Trabajo se limitó a solicitar su exclusión por considerar no haber sido quien vulneró los derechos fundamentales. En ningún caso, el ministerio se pronunció a favor de la protección del trabajador.

El informe de la CUT y la CTC también analizó cuatro querellas que los trabajadores presentaron ante el ministerio por vulneración de sus derechos. Las cuatro fueron presentadas entre abril y mayo de 2020 y, a la fecha de publicación del informe, aún no habían sido resueltas.

Esto es llamativo porque en marzo de 2020 el ministerio había afirmado que asumiría una “fiscalización laboral rigurosa”. Pero, en la práctica, esto no ha significado ningún trámite preferencial o diferenciado en la protección de derechos laborales.

Los datos públicos del Ministerio de Trabajo confirman que estos cuatro casos analizados no son aislados, sino que muestran una tendencia. Hasta el 31 de diciembre de 2020, el ministerio había recibido 5.434 querellas, que representaban a más de 160.000 trabajadoras y trabajadores. El 65 % de esas denuncias fueron presentadas por pérdida de empleos o salarios. Para esa misma fecha, el ministerio solo había resuelto el 20,3 % del total de denuncias presentadas.

Pero el ministerio no ofrece información sobre cuántos de los casos resueltos terminaron en sanción o conciliación y cuántos en archivo, preclusión o desistimiento. Esto quiere decir que el porcentaje de casos en los que efectivamente se protegió a los trabajadores podría ser todavía más bajo.

En suma, aunque es altamente probable que los empleadores hayan usado la pandemia como excusa para desconocer los derechos de los trabajadores, ni el Ministerio de Trabajo ni los jueces han asumido el papel garantista que les corresponde en un Estado Social de Derecho.

*Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). El texto “Acceso a la justicia por violación a derechos laborales durante la pandemia” puede consultarse en este enlace.

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Equipo editorial de Razón Pública Para la alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia*

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Foto: Pixabay - Durante la pandemia, las labores de cuidado –remuneradas y no remuneradas–cobraron aún más importancia.

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La última encuesta realizada por CiSoe y Fescol confirma que la carga de cuidado no remunerado ha absorbido casi todo el tiempo de las mujeres durante el confinamiento. Asistimos a una profunda crisis del hogar.

Equipo editorial de Razón Pública
Para la alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia*

La importancia del cuidado

El cuidado de los integrantes del hogar, el trabajo doméstico y el suministro de alimentos son actividades indispensables para la reproducción del orden social, el funcionamiento de la economía y el bienestar humano.

Durante la pandemia, las labores de cuidado –remuneradas y no remuneradas– cobraron aún más importancia, pues de no ser por las médicas, enfermeras, empleadas domésticas, madres y abuelas que se han hecho cargo del cuidado de los enfermos, el mantenimiento del hogar y la educación de los niños, la economía y la sociedad se habrían paralizado por completo.

Pese a que es fundamental para el bienestar y el desarrollo humano y ha servido para aliviar la carga del sistema de salud y del sistema educativo durante la pandemia, el cuidado aún no recibe la atención ni el reconocimiento económico y social que merece. Esto es especialmente cierto al hablar de las labores de cuidado no remuneradas, es decir, las tareas del hogar realizadas por alguno de sus miembros –generalmente mujeres– que no reciben ninguna remuneración y que podrían ser ejecutadas por terceros a cambio de un pago.

Con el objetivo de reconocer la importancia del cuidado no remunerado e identificar los efectos que la pandemia ha tenido en el uso del tiempo de las mujeres, el Centro de Investigación Social y Económica (CiSoe) y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung para Colombia (Fescol) llevaron a cabo una encuesta telefónica en la que participaron 460 mujeres bogotanas mayores de 18 años de distintos estratos socio-económicos, niveles educativos, edades y estado civil escogidas de forma aleatoria.

El cuidado aún no recibe la atención ni el reconocimiento económico y social que merece

Los resultados permiten observar el impacto que los confinamientos han tenido en los hogares bogotanos y lo que ha significado para el tiempo de las mujeres las diferencias que trajo consigo la pandemia en las actividades remuneradas y no remuneradas. Asimismo, permite comprobar que el sector del cuidado puede impulsar el crecimiento económico del mundo.

Las mujeres y la composición del hogar

El 38% de las encuestadas tiene entre 18 y 34 años y está en plena etapa reproductiva, que coincide con su entrada al mercado laboral. El 43% tiene entre 35 y 59 años, puede tener hijos menores de 18 años y el 19% tiene 60 o más años y representan tanto una oferta como una demanda de cuidado no remunerado.

La gran mayoría de estas mujeres tiene un alto grado de educación: el 87,4% tiene bachillerato o más estudios y el 55,9% tiene educación superior. Sin embargo, también hay un pequeño porcentaje de 0,7% sin educación.

Antes del confinamiento el 60% de las mujeres trabajaba y el 68,3% recibía ingresos. Durante el confinamiento el 70,5% de las encuestadas han permanecido en sus casas entre seis y ocho meses y para el 33,7% disminuyeron los ingresos.

El 74% de las encuestadas que tenían empleo antes del confinamiento lo mantuvieron, pero el desempleo las golpeó dependiendo del estrato socioeconómico en el que viven: mientras el 48,8% de las mujeres de estrato bajo perdió su empleo solo el 23,8% de las de estrato alto lo hicieron. En estas cifras influye el hecho de poder o no llevar a cabo el trabajo remotamente.

Al mirar la composición de sus hogares, la encuesta encontró que el 55% de las encuestadas viven con miembros de su familia extendida, el 32,7% son jefes de hogar y el 4,3% viven solas. En el 91% de los hogares las mujeres están a cargo de las tareas domésticas así reciban ayuda.

Con respecto a las edades de los miembros de la familia, el 28,2% de las personas tienen 18 años o menos, el 29,3% tienen de 19 a 39 años y el 29,3% de 40 a 64 años. Los de 65 y más años son el 13,6% de las personas.

La encuesta encontró que las familias de estratos bajos (1 y 2) sufrieron más cambios que las de estratos medios (3 y 4) y altos (5 y 6) porque las personas vulnerables (por edad, discapacidad, desempleo o informalidad) que pertenecen a estos estratos recurren a su familia extendida para sobrevivir. Esto se debe a que no tienen ahorros ni ingresos suficientes para sostenerse a sí mismos en tiempos de crisis. Es importante señalar que la principal carga de cuidado proviene de los menores de 10 años y de los mayores de 65 años.

Pese a que son ellas quienes están al frente de las tareas del hogar, el 36% considera que comparte este papel con la pareja o con otros miembros del hogar. Asimismo, solo el 20,4% considera que su hogar es pobre pese a que el 46,8% vive en estratos bajos.

Esto sugiere que las mujeres han logrado adaptarse a las condiciones precarias y a la falta de apoyo del Estado. La mayoría parece haber desarrollado estrategias para optimizar el uso de los recursos con los que cuentan.

Foto: Noticias Udec - Antes del confinamiento el 49,3% de las encuestadas le dedicaba entre una y cuatro horas, ahora el 69,2% dedica cinco o más horas y entre ellas el 53,6% dedica diez o más horas.

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Efectos diferenciados en el trabajo y el cuidado

Al igual que otras encuestas similares realizadas en países de ingresos altos como Australia, Reino Unido, España y Estados Unidos, la encuesta realizada por CiSoe y Fescol encontró que, tras la llegada del virus, las mujeres han asumido más cargas de trabajo no remunerado y se han visto más afectadas por el desempleo y la inactividad que los hombres.

Sin embargo, también encontró que no todas las mujeres se han visto afectadas por igual, con respecto al trabajo remunerado:

  • Durante el confinamiento para el 49,1% de las mujeres aumentó la carga laboral en dos horas y 42 minutos diarios en promedio;
  • Para el 23,1% de las mujeres disminuyeron las horas de trabajo remunerado: el promedio fue de cuatro horas y treinta minutos diarios;
  • Antes del confinamiento el 71,9% de las mujeres dedicaban de seis a nueve horas al trabajo, hoy el 49,7% de dedican más de nueve horas;
  • Las que sufrieron la mayor reducción de horas laborales fueron las de menores ingresos, el 57,4% de ellas trabajan menos horas, lo que podría agravar la pobreza;
  • Para el 70,1% de las encuestadas que ganan más de un salario mínimo aumentó el tiempo que dedican al trabajo;
  • El desempleo es más perjudicial para las madres cabeza de hogar justamente porque ellas no cuentan con ningún apoyo económico adicional;

Con respecto al cuidado no remunerado, la encuesta halló que:

  • Para las mujeres que trabajan se duplicó el esfuerzo en estas tareas, mientras para las que no trabajan fue un tercio mayor.
  • Antes del confinamiento el 49,3% de las encuestadas le dedicaba entre una y cuatro horas, ahora el 69,2% dedica cinco o más horas y entre ellas el 53,6% dedica diez o más horas. Solo el 1,6% puede dedicarle menos de una hora diaria.
  • El 55,2% de las mujeres no recibe ninguna ayuda en estas labores
  • La tarea que demanda más horas es la del cuidado de los niños y niñas y su educación en casa, que compite con los horarios de las mujeres que trabajan.
  • El 98,3% de las mujeres dedican tiempo a labores de cuidado del hogar como cocinar, limpiar, etc. Las horas dedicadas casi se duplicaron durante el confinamiento.
  • Las mujeres que tienen pareja –casadas y en unión libre– y las separadas cuentan con más respaldo económico y también más apoyo en el cuidado que las mujeres solteras y viudas.
  • Los hombres empezaron a participar más activamente en actividades del hogar, especialmente en el cuidado de los niños, lo que hace evidente que sí se los puede involucrar cada vez más en estas tareas.
  • Si bien más del 80% de las encuestadas manifestaron sentir una gran preocupación por las consecuencias de la pandemia, existen diferencias importantes por estrato: mientras que el 18,3% de las mujeres de estratos bajos asegura haber llevado mal el confinamiento, ninguna de mujer de estrato alto lo hace.
  • También hay diferencias importantes por edad: las mujeres entre 35 y 59 años manifestaron haber llevado peor el confinamiento que las demás;

Estas diferencias muestran que, aunque las mujeres han asumido en mayor medida el cuidado de los niños y del hogar, los efectos que el confinamiento ha tenido en sus vidas varían dependiendo de características demográficas como la edad, el estado civil y el estrato socio-económico. Por consiguiente, el gobierno debería diseñar y ejecutar políticas que reconozcan estas diferencias y se concentren en las mujeres que se han visto más golpeadas por la pandemia.

Durante el confinamiento para el 49,1% de las mujeres aumentó la carga laboral en dos horas y 42 minutos diarios en promedio

En los casos extremos, las mujeres que trabajan ocuparían 24 horas de su tiempo entre las labores remuneradas y no remuneradas, y las que no trabajan 22. Humanamente no es posible dedicar tantas horas, lo que hace evidente que el tiempo de descanso y ocio se ha visto severamente afectado y que consecuencias en la salud física y mental son esperables.

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Un nuevo sector económico

Con el fin de corregir las enormes desigualdades que existen en las labores de cuidado, economistas como Cecilia López proponen que el Estado y el mercado asuman un papel más activo en este sector. Esto implica que se saque el cuidado no remunerado del hogar y que se pague por estas actividades. De esta forma el sector del cuidado podría convertirse en el revitalizador de la de la economía post-pandemia.

Podría pensarse, por ejemplo, en que el Estado contrate cuidadores y cuidadoras remunerados que alivien las cargas de las mujeres en situación de pobreza para que ellas tengan más tiempo para estudiar, trabajar y descansar.

Así mismo, el mercado podría aumentar la oferta de servicios de cuidado para los hogares de clase media y alta que puedan asumir los costos. De esta forma, las cargas de cuidado estarían mejor distribuidas e impulsarían el crecimiento económico del país.

*Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). La presentación oficial de la encuesta puede ser consultada en este enlace.

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