Enrique Prieto-Ríos* y Juan Pablo Coy Jaramillo**, autor en Razón Pública
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La Corte Penal Internacional ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Netanyahu, y el ministro de Defensa, Galant, por posibles crímenes de guerra en el conflicto en Gaza. ¿Qué significa?

Enrique Prieto-Ríos* y Juan Pablo Coy Jaramillo**

La orden de arresto

El 20 de mayo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I para que se emitan las órdenes de arresto de Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. De igual forma, explicó que presentará otra orden de arresto contra Yahya Sinwar, líder de Hamás, y Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri e Ismail Haniyeh, altos comandantes de la organización. 

Específicamente, la oficina de la Fiscalía acusa a Netanyahu y a Gallant de cometer crímenes de guerra, incluidos hacer morir de hambre a civiles; causar intencionalmente daño a la salud de los civiles; promover el trato cruel como crimen de guerra; dirigir ataques deliberados contra la población, entre otros.

De acuerdo con el fiscal, estas solicitudes son el resultado de crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra) cometidos en el conflicto entre Israel y Palestina e Israel y Hamás, desde el 7 de octubre de 2023. 

Específicamente, la oficina de la Fiscalía acusa a Netanyahu y a Gallant de cometer crímenes de guerra, incluidos hacer morir de hambre a civiles; causar intencionalmente daño a la salud de los civiles; promover el trato cruel como crimen de guerra; dirigir ataques deliberados contra la población, entre otros. 

Es importante destacar que, si bien Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, el fiscal Khan pudo presentar la solicitud porque en el 2021 la Corte dictaminó que tenía jurisdicción sobre los atroces crímenes cometidos en Palestina. 

El artículo 58 del Estatuto de la CPI establece el procedimiento a seguir si se desea emitir una orden de arresto. Si el fiscal la solicita, una Sala de Cuestiones Preliminares deberá analizar si existen motivos razonables para creer que se ha cometido un crimen que le competa a la Corte, y, que la detención de los implicados asegurará el cumplimiento de uno o varios objetivos.  Por ejemplo, que realmente haya un juicio o que se impida que los implicados sigan cometiendo el crimen en cuestión. 

Sin embargo, hacer efectiva una orden de arresto no es propiamente un paseo en bicicleta. Al no tener un cuerpo policial, la CPI depende de la colaboración de los Estados Miembros y de la comunidad internacional. Por este motivo, el Estatuto de la CPI, en el artículo 89.1, obliga a que los integrantes cumplan con las solicitudes de detención que se emitan. 

Sin lugar a duda, la efectividad del proceso depende de la disposición y la capacidad de los Estados Miembros. Por esta razón, si la solicitud es aprobada por la Sala de Cuestiones Preliminares I, la CPI se enfrentará con un enorme desafío. 

Una dificultad adicional es el hecho de que Israel, al no haber ratificado el Estatuto de Roma, no tiene la obligación vinculante de hacer efectiva la orden de arresto en contra de Netanyahu y Yoav Gallant. Del mismo modo, se espera que países aliados de Israel (Alemania y Reino Unido), que sí han ratificado el Estatuto, se abstengan de arrestar al primer ministro por la inmunidad que gozan los jefes de estado, de acuerdo con el derecho internacional. 

Es evidente que este argumento es débil porque ignora lo señalado en el artículo 27 del Estatuto de Roma: las inmunidades no deberían restringir la capacidad de hacer efectiva las medidas adoptadas en contra de jefes de estado y jefes de gobierno.

Es importante señalar que no es la primera vez que la CPI enfrenta este problema. Desde hace varios años, se ha cuestionado la efectividad de las acciones de la Corte debido a su falta de eficacia. Países con un importante poder económico y militar como Estados Unidos, Rusia y China no aceptan su jurisdicción. Por este motivo, bajo el panorama internacional actual, probablemente, nada cambiará. 

Foto: Wikimedia Commons - Israel, al no haber ratificado el estatuto de Roma, no tiene una obligación vinculante de hacer efectiva la orden de arresto en contra de Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant,

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¿Por qué es importante?

Al respetar el principio de complementariedad, la Corte demuestra que está dispuesta a investigar a cualquier líder que cometa alguno de los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma, sin importar su posición geopolítica a nivel internacional.

Desde que entró en funcionamiento, en el año 2002, la CPI ha investigado 31 casos de los cuales solo 4 han resultado en sentencias condenatorias en contra de los acusados. Teniendo en cuenta que buena parte de los investigados son ciudadanos de países africanos, la CPI ha sido percibida como un tribunal neocolonial que sólo impone justicia en los países en vía de desarrollo. 

En este contexto, las solicitudes de orden de arresto en contra de Vladimir Putin, Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant y los cabecillas de Hamás envían un importante mensaje de reposicionamiento. Al respetar el principio de complementariedad, la Corte demuestra que está dispuesta a investigar a cualquier líder que cometa alguno de los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma, sin importar su posición geopolítica a nivel internacional. 

Es necesario señalar que el proceso iniciado en la oficina del fiscal busca determinar la responsabilidad individual de Netanyahu y Yoav Gallant. Paralelamente, Sudáfrica inició un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para decidir si el estado de Israel es responsable de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

La CIJ, a diferencia de la CPI, no analiza las responsabilidades individuales, sino la actuación de un estado en específico. El 24 de mayo, emitió una medida provisional que le ordena a Israel detener todas las actividades militares en Rafah y permitir el ingreso de provisiones y asistencia humanitaria. 

La anterior medida se complementa otra emitida el 26 de enero. De ser condenado Israel, es probable que la CIJ ordene el cese definitivo de las actuaciones militares en Palestina y que el estado de Israel deba indemnizar a Palestina y a las víctimas civiles de este conflicto. 

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Enrique Prieto-Ríos* y Juan Pablo Coy Jaramillo**

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Enrique Prieto-Ríos* y Juan Pablo Coy Jaramillo**

*Director del grupo de investigación en Derecho Internacional y director de investigación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de Birkbeck, University of London, máster en Derecho Internacional y abogado de la Universidad del Rosario.
**Abogado con profundización en Derecho Penal y Política Criminal de la
Universidad del Rosario.

Foto: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Adopción de niños en Colombia

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El gobierno holandés publicó un informe sobre adopciones ilegales de niños colombianos por parte de ciudadanos holandeses. ¿Qué están haciendo los gobiernos en materia de adopción?

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Juan Pablo Jaramillo**

El informe holandés

El 8 de febrero el gobierno holandés publicó un informe sobre las irregularidades en la adopción de niños nacidos en Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia y Sri Lanka por parte de familias holandesas.

El 18 de abril de 2019 ese mismo gobierno creó un comité autónomo para investigar los presuntos abusos en los procesos de adopción internacional ente 1967 y 1998. Este comité hizo un estudio detallado que resultó en el informe mencionado más arriba.

El informe señala las malas prácticas de los procesos de adopción en los países mencionados: el rapto de menores, la destrucción y falsificación de sus documentos de origen, la colusión con las autoridades locales para saltarse los procedimientos internos, la presión psicológica y económica ejercida sobre las madres adoptantes, y el uso de una misma madre para muchos niños en proceso de adopción.

De acuerdo con el informe, el gobierno holandés atribuyó las fallas en los procesos de adopción a las legislaciones de los países de los menores. En resumidas cuentas se hizo el de la vista gorda. Pero el informe revela la existencia de algunas redes de corrupción de los oficiales del país europeo.

Según la fundación Mijn Roots, entre 1981 y 1992 algunas familias holandesas adoptaron a 2,132 menores colombianos.

El sistema de adopciones era visto como un asunto privado que les concernía a los intermediarios en los 23 países que solían tener conexiones políticas que favorecían las irregularidades, como la ausencia de los controles internos en Holanda.

El comité estimó que un gran número de padres supusieron que no había irregularidades y adoptaron a los niños o niñas de conformidad con las leyes holandesas. Sin embargo, esto creó un mercado de adopciones; algunos padres ingenuos vieron la oportunidad de comercializar a sus hijos. En muchos casos, las y los menores ingresaron al territorio holandés como huérfanos; algunos tenían padres, pero fueron apartados de ellos.

Por esto se recomendó crear una entidad que facilite el acceso a las rutas de adopción. Esto podría ser una oportunidad para que las personas accedan a sus expedientes de adopción, conozcan a sus padres biológicos y obtengan asistencia psicológica y jurídica.

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Derecho internacional y adopciones

La adopción internacional se popularizó durante la segunda mitad del siglo XX. Los problemas socioeconómicos heredados del saqueo y colonización del Tercer Mundo dieron pie a procesos masivos de adopción de niños y niñas de estos países.

Pero la adopción internacional es el último recurso; su razón de ser es el interés superior de las y los menores. Antes de eso deben agotarse las opciones de cuidado dentro del país de nacimiento.

En el sistema internacional, la adopción está cubierta por la sombrilla del derecho internacional de los derechos humanos. Como partícipe de la Convención Americana de Derechos Humanos, Colombia debe asegurar derechos como el de no ser sometido a injerencias arbitrarias en la vida familiar, proteger a la familia, los derechos del niño, la prohibición de la trata de personas o el derecho a la identidad y el nombre.

Hay precedentes en casos de irregularidades en los procesos de adopción. Por ejemplo, en el caso de Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conceptuó que la falta de protección efectiva de los derechos antes mencionados por parte de los Estados puede resultar en un hecho internacionalmente ilícito que crea la responsabilidad internacional estatal.

La Corte hizo también breves menciones a este tema en la opinión consultiva de 2014 solicitada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sobre la protección de las niñas y los niños, en particular de los migrantes.

En el caso de Guatemala, la Corte IDH estimó que ese país no había verificado la situación jurídica de los menores para determinar si eran sujetos de adopción. Tampoco evaluó si la adopción internacional era una medida adecuada en consideración al interés superior del menor. Finalmente, Guatemala no tuvo en cuenta el carácter subsidiario de la adopción internacional respecto de otras medidas internas de protección de los menores, ni revisó si el proceso de adopción dejaba beneficios económicos.

Foto: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Hay muchas irregularidades en las adopciones que ponen en riesgo a los niños

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Adopciones en Colombia

Según la fundación Mijn Roots, entre 1981 y 1992 algunas familias holandesas adoptaron a 2,132 menores colombianos.

Hasta antes de 1975 era muy fácil adoptar en Colombia; no se necesitaban intermediarios ni permisos gubernamentales, y el sistema de registro de adopciones era precario. Pero el gobierno impuso desde ese año un requisito para adoptar: una decisión judicial por abandono, la ignorancia sobre quiénes eran los padres biológicos, o el consentimiento expreso de esos padres.

El Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF) declaró  que en Colombia “cada proceso de adopción se realiza en el marco del interés superior del menor y de la garantía plena de sus derechos conforme a la ley”.

Pero el informe muestra que los procesos de adopción no fueron rigurosos. Un gran número de menores colombianos fueron adoptados debido a la corrupción de los funcionarios y a las redes de crimen organizado y de trata de menores.

Es cierto que algunas adopciones fueron el escenario de abusos, secuestros, corrupción y trata de personas.

Ahora bien, las malas prácticas que señala el informe holandés llegan hasta el año 1998; el mismo informe señala la posibilidad de que dichas prácticas persistan. Esto debe encender las alarmas del gobierno colombiano, quien debe considerar tres puntos importantes:

  • Adelantar de inmediato una investigación sobre las malas prácticas en los procesos de adopción, posiblemente una investigación espejo de la del gobierno holandés. Identificar las malas practicas es una oportunidad de aprendizaje y mejora del sistema de adopción internacional en Colombia.
  • Reconocer su incapacidad para garantizar los derechos de estos menores. Una vez agotados los recursos de trazabilidad e investigación sobre los procesos de adopción, los padres colombianos podrían acudir al sistema interamericano de Derechos Humanos para ser reparados, siempre que se demuestra la existencia de un hecho internacionalmente ilícito cometido por el Estado colombiano.
  • Finalmente, el gobierno nacional, liderado por el ICBF, y el gobierno holandés deben coordinar procesos de búsqueda y reencuentro de familias biológicas, protegiendo el derecho a la privacidad y a la libre elección de los menores adoptados de conocer o no a sus familias biológicas.

Hay que recalcar que muchas familias adoptivas dieron el mejor trato a las personas adoptadas y no puede inferirse que, de no haber sido adoptadas, su vida hubiera sido mejor o peor. En todo caso es cierto que estos procedimientos fueron el escenario de abusos, secuestros, corrupción y trata de personas.

El propósito final es ayudar a las familias y a los jóvenes adoptados a acceder a la verdad y a reencontrarse con sus familias biológicas.

La pregunta sobre la responsabilidad queda abierta. ¿Es el Estado colombiano el único responsable de las adopciones, los abusos, la corrupción y las arbitrariedades? o ¿debe compartir esa responsabilidad con el Estado holandés?

Hasta el momento los tribunales internacionales no adelantan ningún proceso que pueda incluirse en uno de los casos de este reporte. No obstante, es probable que sí existan procesos en las jurisdicciones internas y en los sistemas de derechos humanos. Amanecerá y veremos…

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Enrique Prieto-Ríos* y Juan Pablo Coy Jaramillo**

*Director del grupo de investigación en Derecho Internacional y director de investigación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de Birkbeck, University of London, máster en Derecho Internacional y abogado de la Universidad del Rosario.
**Abogado con profundización en Derecho Penal y Política Criminal de la
Universidad del Rosario.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Protesta social en Bogotá.

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La Policía Nacional contraviene los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y las guías para la actividad policial. Esto es lo que debe hacerse.

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La protesta y el derecho internacional

La protesta social es un elemento esencial de las sociedades democráticas. Por esto existen instrumentos y protocolos internacionales que la protegen y regulan la actividad policial.

A pesar de esto, en países como Estados Unidos, Chile, Bolivia o Colombia, el Estado respondió con la fuerza letal y el abuso de la autoridad ante las exigencias de la población.

El derecho internacional es un sistema fragmentado. Esto significa que tiene sistemas subsidiarios, de modo que la protección del derecho a la protesta puede tocar el régimen del derecho internacional de derechos humanos o el derecho penal internacional, entre otros, y puede incluir instrumentos vinculantes tanto como no vinculantes.

Algunos instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DD.HH.), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, contienen derechos que deben ser respetados y protegidos por los Estados en los escenarios de protesta social.

Por ejemplo, el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en el artículo 21 el derecho de reunión pacífica y establece que podrá limitarse para proteger la salud, moral, derechos y libertades de otros en interés de la seguridad nacional y el orden público.

Este derecho guarda, además, una relación estrecha con el derecho a la libre expresión. En los últimos años, los relatores de Naciones Unidas incluyeron en sus informes las manifestaciones y huelgas dentro del ejercicio de los derechos de asamblea y reunión pacífica.

Por otra parte, existen documentos que señalan las reglas que deben seguir las autoridades durante las protestas:

• El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1998);
• El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley (1979);
• Los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley (1990).

Foto: Presidencia de la República -No solo hay normas nacionales que protegen el derecho a la protesta.

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Deberes de la Policía

Como representante del Estado, la Policía debe observar y resguardar las obligaciones de aquel en materia de derechos humanos. Pero también debe mantener el orden público. Para esto se le confieren ciertas facultades como el uso de la fuerza y las armas de fuego, la posibilidad de detener y privar provisionalmente de la libertad, y se le permite buscar e incautar ciertos elementos.

Con todo, la Policía debe actuar bajo ciertos principios para evitar la transgresión de los derechos humanos. Estos principios pueden agruparse de la siguiente forma:

• Legalidad: toda acción debe estar basada en normas de derecho.
• Necesidad: ninguna acción debe afectar o reducir los DD.HH. más de lo necesario.
• Proporcionalidad: las acciones no deben afectar los DD.HH. de una manera desproporcional respecto del objetivo.
• Responsabilidad: quienes actúen deben ser responsables ante todos los organismos.

Hay que tener claro que en ningún escenario puede justificarse el uso ilegítimo de la fuerza; siempre debe ejercerse dentro de los limites lícitos, con moderación y reduciendo al mínimo los daños y las lesiones. Para esto se dispone de herramientas especializadas y policías entrenados.

Adicionalmente, durante la protesta, los subordinados que usen la fuerza deben notificar a sus superiores para que estos tomen las medidas adecuadas. Así, los superiores son responsables de cualquier violación de leyes o tratados internacionales vinculantes, siempre y cuando estén enterados de que los funcionarios a su mando abusaron de la fuerza y aun así no tomaron las medidas necesarias.

Hay que decir también que los funcionarios que se nieguen a obedecer una orden ilícita no deben pasar por procesos disciplinarios y penales, mientras que aquel que cometa un hecho ilícito no podrá alegar el acatamiento de órdenes superiores para eludir su responsabilidad.

Foto: Flickr Ronal Dueñas - El abuso policial y del ESMAD es una constante y no cumplen con estándares nacionales ni internacionales para proteger a los manifestantes.

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Protesta social y abuso policial

En Colombia, durante el 9, 10 y 11 de septiembre la población manifestó su descontento por la violencia sistemática de la Policía, incluyendo el asesinato de Javier Ordóñez. El descontento de la ciudadanía se concretó también en actos de violencia y desobediencia en contra de los Centros de Atención Inmediata (CAI) en todo el país.

En Bogotá, la respuesta de la Policía fue el uso desmedido e injustificado de la fuerza, incluido el uso de armas de fuego contra civiles desarmados. En total, once jóvenes fueron asesinados en esta ciudad.

El gabinete del presidente Duque y en especial su ministro de defensa, defendió inicialmente la respuesta policial, y señaló que “algunas manzanas podridas” originaron el problema, cuando en los videos y reportajes se ve claramente el carácter sistemático de la acción policial.

Por esto, es claro que el Estado incumplió varias de sus obligaciones internacionales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que deben ser atendidas por las autoridades judiciales nacionales pronta y eficientemente, pero que acabarán en manos de la Comisión Interamericana y después en las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Allí, los familiares de las víctimas buscarán que Colombia sea declarado responsable de cometer actos delictivos y que se garantice una debida reparación.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA) nos encontramos lejos de un consenso regional para la protección a las manifestaciones y a las protestas. La región enfrenta constantemente la represión, dispersión y limitación del ejercicio de estos derechos en el espacio público.

Esto es el resultado de relacionar la movilización ciudadana con la alteración del orden público o con la amenaza de las instituciones democráticas, ideas arraigadas profundamente. Por eso los funcionarios públicos, específicamente el cuerpo policial, constantemente incumplen con la legislación nacional y los estándares internacionales.

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Retos para proteger la protesta pacífica

Las autoridades civiles deben evitar que esto se repita. Ya en otros espacios se han señalado algunas medidas: fortalecer la supervisión, mejorar el entrenamiento en el uso de armas, endurecer los mecanismos de control internos y externos, robustecer el papel de las veedurías ciudadanas, desmilitarizar los rangos y el entrenamiento, fortalecer los requisitos de ingreso y mejorar los salarios.

A esto hay que sumarle el cambio inmediato que necesita la cúpula de la Policía para restablecer la confianza ciudadana en la institución. Es difícil esperar que la policía cumpla los lineamientos legales, constitucionales e internacionales, cuando su propio director no tiene la autoridad para pedirle a sus subalternos disciplina y respeto, porque él mismo desobedece e irrespeta a la autoridad civil.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia señaló que debe garantizarse el derecho a la protesta pacífica y evitarse la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública.

Hay que acabar con la ‘estigmatización’ de aquellos que salen a las calles a criticar al gobierno sin violencia, así como con el uso desproporcionado de la fuerza, las armas letales, los químicos, las detenciones ilegales, los tratos inhumanos y los ataques contra la libertad de expresión.

El alto Tribunal ordenó al ministro de defensa disculparse públicamente dentro de las 48 horas siguientes por lo sucedido el 21 de noviembre de 2019 y ordenó al presidente expedir un acto administrativo en el cual: “ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional, en el cual se incluya la obligación permanente de garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa, aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) estado de emergencia”.

De igual forma, ordenó al presidente conformar una mesa de trabajo para rediseñar las directrices sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones pacíficas y adoptar protocolos para promover acciones preventivas, concomitantes y posteriores a las protestas.

Uno de los llamados hitos de este fallo fue la prohibición al ESMAD y cualquier institución policial de usar escopetas calibre 12, hasta que se verifique que pueden usarse responsable y mesuradamente.

Además de las medidas anteriores, uno de los principales retos para el gabinete del presidente Duque es apropiarse de las obligaciones que tienen los Estados frente al respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos:

• El Estado debe abstenerse de violar cualquiera de los derechos humanos relacionados con la protesta y que están reconocidos por tratados internacionales.
• El Estado debe promover y proteger el derecho a la protesta y todos los derechos asociados. También implica que cuando el derecho se vea violado por un tercero, aquel sea debidamente restablecido.
• El Estado tiene la obligación de asegurar las condiciones necesarias para proteger este derecho.

Es esencial capacitar a todos los integrantes de la institución en derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional y en responsabilidad internacional de los Estados.

Es importante que cada uno de los hombres y mujeres que integran esa institución sean conscientes de que sus acciones individuales responsabilizan al Estado frente a la comunidad internacional. El fin nunca justifica los medios.

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*Director del grupo de investigación en Derecho Internacional y director de investigación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de Birkbeck, University of London, máster en Derecho Internacional y abogado de la Universidad del Rosario.
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*Director del grupo de investigación en Derecho Internacional y director de investigación en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de Birkbeck, University of London, máster en Derecho Internacional y abogado de la Universidad del Rosario.
**Abogado con profundización en Derecho Penal y Política Criminal de la
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