Diego Grueso, autor en Razón Pública
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Así quedó organizado el Ministerio de la Igualdad. Cuáles son sus funciones, cuáles sus potestades y cuáles sus desafíos.

Diego Grueso*

Promesa cumplida

Este 30 de junio, como parte de las acciones que el gobierno desplegó en La Guajira, el presidente  Petro invistió a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez como ministra de la Igualdad y la Equidad.

De este modo se acaba de cumplir una promesa de campaña que comenzó a realizarse en febrero, con la promulgación de la ley que creó el Ministerio, y se concreta con la toma de posesión de la ministra. Estos dos hechos se formalizaron en dos de los departamentos con mayores niveles de pobreza y más desigualdad en la distribución del ingreso (Chocó y La Guajira).

El nombramiento de la ministra fue acompañado por otros tres decretos de la Presidencia:

  • El que integra el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad.
  • El que adopta la estructura del Ministerio de la Igualdad y la Equidad,
  • El que establece la planta de personal para este Ministerio.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo había establecido el fondo para la igualdad, que podrá ser una buena herramienta para financiar los proyectos de manera más ágil y expedita en favor de los sujetos de los que se ocupará el nuevo ministerio.

Puede leer: El Ministerio de la Igualdad: un horizonte de cambio

El sector de la igualdad

Según el decreto 1074 de este año, el sector administrativo de igualdad y equidad estará integrado por el recién creado Ministerio, que será su cabeza; por el ICBF y por los Institutos Nacionales para sordos y ciegos. De esta manera se mantendría la independencia del sector inclusión, cuya cabeza es el Departamento de Prosperidad Social (DPS), sobre el cual se especulaba que quedaría integrado al de igualdad.

El ICBF será una de las instituciones adscritas, la más grande. Por tanto, representa gran parte del despliegue territorial y presupuestal de funcionamiento del Ministerio de la Igualdad.

Pero era difícil organizar el ministerio porque cada viceministerio se ocupará de poblaciones particulares, diversas, numerosas y con necesidades específicas distintas.

Foto: Alcaldía de Medellín - El Sistema Nacional del Cuidado estará a cargo del Ministerio de la Igualdad y tendrá como objetivo mejorar la protección y reconocimiento a las labores de cuidado.
También, el ICBF podría tener un papel importante en el diseño, funcionamiento y articulación del Sistema Nacional de Cuidado, que estará a cargo de MinIgualdad, y tendrá como fin mejorar y concertar los mecanismos y espacios estatales de protección y reconocimiento a las labores de cuidado.

Organización del ministerio

Lo que más ha llamado la atención de la estructura del nuevo Ministerio, ha sido el estar formado por cinco viceministerios, dos más de los que tiene defensa que, junto con comercio, son los que más tenían. La discusión sobre si son muchos es más bien irrelevante, porque no es una cuestión apenas de aritmética. Se sabe que hubo objeciones y debates sobre cuales quedarían como viceministerios y cuales como direcciones técnicas.

Pero era difícil organizar el ministerio porque cada viceministerio se ocupará de poblaciones particulares, diversas, numerosas y con necesidades específicas distintas.  Además, varias de esas poblaciones habían formulado propuestas de ministerios específicos con la idea de que el rango más alto en la administración pública aumentaría su visibilidad y la posibilidad de atención efectiva.

De esta manera, el decreto de organización creó los siguientes viceministerios:

  1. El viceministerio de la mujer, encargado de contribuir a cerrar las brechas de inequidad entre hombres y mujeres. Estará conformado por cinco direcciones técnicas, entre las que resulta innovador y decididamente progresista la de mujeres en actividades sexuales pagas, población sobre la que el prejuicio social, la estigmatización y la criminalidad organizada de trata de personas, han impedido una intervención estatal, en términos de servicios sociales, más sistemática y constante.

Este viceministerio absorberá las funciones de la Consejería presidencial para la equidad de género y recoge las expectativas y luchas por un Ministerio de la Mujer.

  1. El viceministerio de juventud, que se enfrenta al desafío de responder a una población golpeada por el desempleo y la falta de oportunidades, así como por la guerra y la violencia del crimen organizado. Contará con tres direcciones técnicas y absorberá las funciones que hasta ahora venía ejerciendo la Consejería Presidencial de Jóvenes.
  2. El viceministerio para las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza, que tendrá la difícil labor de contribuir a la superación de la pobreza, particularmente en los territorios donde es más marcada y en poblaciones de migrantes y de adultos mayores, que tendrán acá direcciones técnicas específicas.

Entre las seis que va a tener, resalta una sobre acceso igualitario al agua, uno de los problemas más sensibles en el contexto de pobreza de poblaciones y territorios enteros; también se destaca al de habitantes de calle, la población más pobre entre los pobres sobre los que el Estado no ha desarrollado mayores políticas y acciones.

  1. El viceministerio de las diversidades, que asumirá el reto de trabajar por los derechos, diseñar y mejorar políticas para personas LGBTIQ+ y personas en situación de discapacidad, con dos direcciones técnicas que se dedicarán a cada una de estas poblaciones.
  2. El viceministerio de pueblos étnicos y campesinos, que con cuatro direcciones intentará darles a estos pueblos y comunidades el lugar que se les prometió hace más de treinta años en la Constitución.

Críticas desacertadas

Visto panorámicamente, cobra sentido ese número aparentemente elevado de viceministerios. Si hubieran bajado un escalón en el rango jerárquico de la administración pública, para ser direcciones, y las direcciones subdirecciones, no se habría ahorrado dinero y en cambio habría bajado el perfil político y técnico de asuntos que están en la médula de las propuestas de cambio del actual gobierno.

En todo caso, es muy conocido el argumento de algunos contra los costos de la burocracia, casi siempre en detrimento de los más desfavorecido y como expresión de un populismo anti-Estado que se hace para ganar simpatías electorales, pero sin ningún sentido ni sustento. De hecho, es claro que el costo de funcionamiento del estado colombiano está por debajo del promedio de los países de OCDE.

En esta misma línea está la crítica de que lo malo no es aumentar el gasto sino que se destine a funcionarios en vez de a inversiones directas, olvidando que para superar las desigualdades se necesita mucho más que alguien girando recursos a la manera de los subsidios que la politiquería instaló para mantener electores cautivos pero no para resolver el problema.

Para eso, hacen falta instituciones y funcionarios que diseñen y ejecuten políticas que sean soluciones duraderas de esos problemas.

Finalmente, según anunció la propia ministra, el presupuesto de funcionamiento de la nueva entidad rondará los 85 mil millones de pesos anuales, muy por debajo de cifras como las de otros ministerios y entidades del Estado.

Los retos de la ministra

Los desafíos son tres principales.

Primero está el desafío de coordinar el conjunto de entidades del Estado encargadas de tareas relacionadas con el cierre de las cerrar brechas de desigualdad.

Sería mejor que el Ministerio no se enfrasque en el intento de una articulación completa, concatenada y efectiva, porque podría quedarse en la lógica de lo que no ha funcionado bien. Mejor sería dedicarse a focalizar y agilizar acciones y proyectos en regiones concretas, que resulten en alivios para acortar las brechas de inequidad y disminuir la pobreza.

es muy conocido el argumento de algunos contra los costos de la burocracia, casi siempre en detrimento de los más desfavorecido y como expresión de un populismo anti-Estado

En segundo lugar, está el reto de avanzar en la puesta en marcha del Ministerio, de su planta, su plan de acción y todos los procesos administrativos, presupuestales y misionales que se necesitan para que entre en pleno funcionamiento. Cuestiones que son engorrosas, lentas y necesitan de ajustes y negociaciones con Hacienda, función pública y planeación, que suelen consumir muchas horas y paciencia.

Y por último, se avizora un reto para la nueva ministra, y desde hace once meses vicepresidenta, para distribuir su atención, tiempo y energías entre ambas misiones que, de mantenerse como están las actuales, va a exigirle coordinar y hacer coincidir sus agendas y apuestas estratégicas en ambos ámbitos institucionales, para no acabar chocando y atendiendo a dentelladas y desordenadamente los asuntos de uno y otro despacho.

La vicepresidenta ha demostrado solvencia en los asuntos que ahora regenta, pero la agenda que implica el decreto de funciones del nuevo ministerio es sumamente exigente. Esperemos que lo logre.

Lea en Razón Pública: Francia Márquez en África: balance de una gira

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Diego Grueso

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Diego Grueso

*Abogado en Derechos Humanos experto en Estudios críticos raciales. Aspirante a magistrado de la JEP.

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El Ministerio de la Igualdad promete cambios importantes para abordar el problema de la desigualdad, pero también hay muchas dudas e incertidumbres alrededor de esta nueva institución.

Diego Arturo Grueso*

Un proyecto de ley sin precedentes

Uno de los proyectos de ley que el gobierno escogió llevar al Congreso llegó a buen término el 4 de enero cuando el presidente Petro sancionó la Ley 222 de 2022 por medio de la cual se crea el Ministerio de la Igualdad, el cual será encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, como se prometió en campaña.

El acto de sanción de la ley constituye un hito en las transformaciones en las instituciones que el gobierno actual supone como expresión concreta del cambio prometido.

Pero el camino que resta es arduo y los retos son múltiples, empezando por el de desarrollar un papel claro y distinguible en la administración central, sin duplicar funciones naturalmente asignadas a otras carteras y sin causar confusión o elevar en exceso las expectativas de la ciudadanía y de las poblaciones objeto de su ejercicio.

Qué es el Ministerio de la Igualdad

Según lo afirmado en los discursos tanto por el presidente, como por la futura ministra, el Ministerio de la Igualdad puede ser la primera instancia administrativa del orden nacional en ocuparse de la superación de las brechas de inequidad y de la aplicación material del mandato constitucional de igualdad.

Pero tal vez su papel más importante sea el de funcionar como ente articulador de los diferentes sectores para que llegue de mejor manera a los lugares y personas que más lo necesitan.

Este material establece una obligación doble al Estado: la de garantizar que nadie sea discriminado bajo ningún criterio como raza, sexo origen nacional o credo y la de establecer medidas concretas y diferenciadas para garantizar la igualdad efectiva en favor de grupos marginados.

Sin embargo, esto no debe entenderse como una innovación arriesgada, sino como la respuesta estatal obligada al deber de actuar frente a la evidencia de que Colombia es uno de los países con mayores índices de desigualdad del mundo. Este fenómeno se relaciona con la mortalidad infantil, el desempleo, el lento desarrollo de la industria o la violencia armada, cuya solución total es otra de las apuestas centrales del actual gobierno.

Con el Ministerio, se creará un nuevo sector dentro de la administración pública, el de la igualdad, a la vez que un nuevo sistema, el nacional de cuidado, los cuales deberán dirigir y orientar planes y proyectos que tengan la potencialidad de superar las desigualdades que sufren los diferentes grupos, personas y territorios marginalizados.

Pero tal vez su papel más importante sea el de funcionar como ente articulador de los diferentes sectores para que llegue  de mejor manera a los lugares y personas que más lo necesitan. Este reto no es menor, pues la administración pública no ha logrado buenos niveles de articulación y coordinación para que la ciudadanía acceda efectivamente a derechos y condiciones mínimas de vida. Aunque se cuenta con sistemas, herramientas y mecanismos para tal fin, estas no funcionan o lo hacen muy deficientemente.

A quién se dirige el nuevo ministerio

La aparición de la propuesta de la nueva institución tomó el espacio de otras que estaban dispuestas para atender una población en particular, como las que proponían un ministerio de la mujer, que ya tenía un proyecto de ley escrito que seguía el modelo de otros países.

También recogió una demanda creciente por instancias jerárquicamente más importante dentro de la administración central, para los asuntos de comunidades étnicas, de juventudes o personas con discapacidad.

En suma, el Ministerio de la Igualdad pretende recoger varias instancias dispersas por toda la administración que se ocupan de la política pública de protección y promoción de los derechos de varios sujetos de especial protección constitucional como lo pone de presente la exposición de motivos de la ley.

Esta institución, de la mayor jerarquía en el orden administrativo nacional como cabeza de un sector, intenta organizar los esfuerzos estatales hacia la realización material del derecho a la igualdad de mujeres, población LGBTIQ, pueblos étnicos, campesinos, niñez, infancia y adolescencia, personas con discapacidad y habitantes de calle, con particular énfasis en los territorios más excluidos.

El territorio como escenario de desigualdad

La localidad escogida por el gobierno para suscribir la ley de creación del Ministerio de la Igualdad fue el municipio de Itzmina en el departamento del Chocó, departamento con una enorme brecha en el acceso a los mínimos vitales para su población y preso de una inercia de exclusión histórica que este gobierno pretende revertir.

Hasta allí se trasladaron el presidente y la vicepresidenta, con numerosos miembros del gabinete, lo cual simbólicamente es importante pues pone de presente que es en territorios marginalizados y empobrecidos donde debe desplegarse primordialmente la labor del nuevo ministerio.

Debe ser el territorio una de las variables fundamentales del modelo de intervención, gestión y articulación para procurar una focalización de esfuerzos interinstitucionales para lograr el cometido de llegar a mejores niveles de igualdad en el acceso a los derechos básicos de poblaciones marginalizadas.

Foto: Radio Nacional - El Ministerio de la Igualdad pretende la protección de los derechos de mujeres, niños, población LGTB, pueblos étnicos, personas con discapacidad, entre otras poblaciones.

Lea en Razón Pública: La situación en Chocó: un conflicto sin fin

Expectativas, dudas y realidades

Naturalmente, la puesta en marcha del Ministerio de la Igualdad crea mucha expectativa entre los grupos que urgen de respuestas estatales a sus difíciles circunstancias de segregación, poblaciones cuya participación en las urnas hizo posible el acenso del nuevo gobierno al poder, por lo que respaldan esas expectativas en un mandato popular de cambio hacia una sociedad mas equitativa y justa.

Esas expectativas las refuerzan los discursos esperanzadores, que con esta apuesta quieren ratificar el compromiso y las promesas hecha durante la brega electoral. Sin embargo, los mismos protagonistas, tanto el presidente como la vicepresidenta, manifestaron que este es el comienzo de un proceso que necesita de tiempo y mucho esfuerzo. Aunque es un paso importante, la ley es apenas el primero de muchos.

Queda la duda y el reto sobre la dirección que debe tomar la nueva institución frente a un ámbito de acción tan amplio, mucho más amplio que el de otros países que se ocupan de uno o máximo tres grupos en vez de nueve. Esto no significa que vaya a haber nueve viceministerios, sino que hay que encontrar otro tipo de arreglo en el sistema del nuevo ministerio.

Debe ser el territorio una de las variables fundamentales del modelo de intervención, gestión y articulación para procurar una focalización de esfuerzos interinstitucionales para lograr el cometido de llegar a mejores niveles de igualdad en el acceso a los derechos básicos de poblaciones marginalizadas.

Otro tema que creó debates durante la aprobación del proyecto de ley, y que aparece como una pregunta de rigor en el horizonte de su puesta en marcha, es el tema de los recursos con los que contaría el ministerio para el desarrollo de sus tareas.  Preliminarmente, se supone que varias dependencias de diferentes ministerios y departamentos con sus plantas de funcionarios y presupuestos de inversión se desplazarían hacia el nuevo ministerio.

Sin embargo, esto es apenas un comienzo porque instancias como consejerías presidenciales y direcciones de poblaciones que ya piensan integrar la cartera de la igualdad son pequeñas y tienen un escaso músculo presupuestal, como lo han reiterado ellas mismas. No parece muy lógico trasladar las limitaciones señaladas en otras instituciones al Ministerio de la Igualdad.

Otra duda tiene que ver con las herramientas y mecanismos que tendría el ministerio para realizar su tarea de instancia coordinadora de programas y políticas sobre las poblaciones incluidas en su ámbito de competencia y que se encuentran dispersas en diferentes instituciones de diferentes órdenes y en las que intervienen y tienen responsabilidades directas también los entes territoriales.

La experiencia demuestra que esa tarea articuladora alrededor de la política social necesita no sólo de compromiso de las instituciones, sino de modelos de alta complejidad en el diseño, pero con la necesidad de ser ágiles y simples en su ejecución en territorios marginados, alejados, a veces de difícil acceso y con conflictos vigentes.

La desigualdad es muy grave, además de la escasez de recursos. Esta realidad obligará seguramente a poner en marcha mecanismos de focalización, priorización y selección de territorios y subgrupos dentro de las poblaciones objeto de la acción del nuevo ministerio, como forma específica y pragmática de avanzar.

Pero esto puede causar tensiones en las localidades y poblaciones que entiendan que se les está aplazando en la atención, como sucede en focalizaciones territorializadas como los PDET. Ojalá la nueva institución funcione para gracia y satisfacción de quienes más lo necesitan y para que Colombia empiece a zanjar las brechas de desigualdad e injusticia que han marcado su historia.

Le recomendamos: Los Diálogos Regionales, el Plan de Desarrollo y el drama de la desigualdad entre los territorios

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Diego Grueso

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Diego Grueso

*Abogado en Derechos Humanos experto en Estudios críticos raciales. Aspirante a magistrado de la JEP.

Foto: Vicepresidencia

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Aunque falta precisar muchos asuntos, el nuevo ministerio de la Igualdad a cargo de Francia Márquez, es una de las apuestas sociales más importantes en la historia reciente de Colombia.

Diego Grueso*

Vicepresidenta y ministra

Despues de las consultas internas y de las alianzas electorales de este año se anunciaron las fórmulas vicepresidenciales de los principales aspirantes a la Presidencia.

El Pacto Histórico resolvió que Francia Márquez Mina acompañaría a Gustavo Petro en el tarjetón. Su candidatura había tenido un ascenso inusitado y había ganado apoyo de sectores que finalmente la ubicaron en el segundo lugar la consulta del 13 de marzo.

Esta escogencia ocasionó discusiones internas, porque algunos dirigentes del Pacto preferían un nombre que atrajera a lo votantes de centro y permitiera alianzas interpartidistas, pues entendían que los votantes de Márquez serían los mismo de Petro.

Sin embargo, la copiosa votación de Márquez y su proyección como personalidad política emergente hicieron imposible subvalorar su peso para que el Pacto Histórico se convirtiera eventualmente en el movimiento de izquierda democrática de mayor éxito electoral en Colombia.

Desde que Petro anunció a Francia como su fórmula vicepresidencial, se aclaró que ella se encargaría además de un nuevo ministerio de la Igualdad.

El ministerio durante la campaña

En principio, no se dieron mayores detalles sobre el propósito y funciones de la entidad. Únicamente se aclaraba en el programa de gobierno Colombia potencia mundial de la vida que “la administración central se encargará de garantizar condiciones de igualdad para grupos históricamente discriminados o sujetos de especial protección constitucional”.

Las prioridades de este programa son eliminar las brechas económicas, políticas y sociales. Se trata de superar las formas de violencias contra las mujeres, la población LGBTIQ+, la infancia, la juventud y la adolescencia mediante un nuevo Sistema Nacional de Cuidado.

En sus varias entrevistas y debates, la entonces candidata Márquez insistió en la necesidad de eliminar las brechas de desigualdad que afectan a los grupos y los territorios golpeados por el conflicto y  desfavorecidos por el modelo económico.

En sintonía con ese enfoque, la actual vicepresidenta se esmeró por mencionar de manera recurrente a las poblaciones que entendía que debían ser atendidas, casi como un mantra o un estribillo en sus intervenciones públicas.

Sin embargo, poco se dijo de los pormenores para hacer realidad el nuevo ministerio. Incluso, parecía haber cierto desinterés por parte de periodistas y coordinadores de debate, lo cual a su manera implicaría una tácita subvaloración de la nueva entidad.

Tal vez incluso entre los seguidores de Francia y en su círculo cercano había la idea de que su líder estaba para encargos más importantes, como los de Vargas Lleras o la saliente Martha Lucia Ramirez.

El camino jurídico

El hecho es que las campañas se cerraron y las urnas marcaron el comienzo de la era Petro- Márquez y, con ella, emergió el deber de una concreción en las rutas jurídicas y técnicas para la apuesta ministerial por la igualdad.

El camino jurídico era más bien fácil de adivinar: una ley ordinaria que estableciera  la nueva entidad. Aunque se consideró el camino del Ministerio de Ciencias, decretado por el presidente en uso de facultades extraordinarias, la Corte Constitucional invalidó esa posibilidad porque no se corresponde con la unidad de materia en las leyes.

También un artículo de la Silla Vacía aseguró que crear el ministerio necesitaba de un acto legislativo o una reforma constitucional, lo cual por supuesto es incorrecto.

¿Qué va  a hacer el ministerio?  

Aclarada  la ruta de una ley ordinaria —iniciativa de alta prioridad en la agenda legislativa del gobierno y su bancada parlamentaria—, queda en la mesa la pregunta por la ruta técnica, de cual sector o entidades de la administración pública estarán  bajo el naciente ministerio.

Allí tal vez radicaba el general desinterés sobre la iniciativa, pues algunos imaginaban que el ministerio en cuestión sería una entidad menor o secundaria en el conjunto del gobierno nacional.

Pero las declaraciones de varios miembros del gobierno y de otras figuras del Pacto Histórico, lo mismo que un análisis de la actual estructura central del gobierno, hacen pensar que el Ministerio de la Igualdad seguramente reemplazará al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en la cabeza del sector de inclusión social. Así lo han dicho el presidente Petro, la vicepresidenta, el nuevo director del DAPRE e incluso se ha anunciado en la página oficial de la entidad.

Además, el hecho de que la otra parte del sector, esto es, el de reconciliación, igualmente encabezado por el DPS, al que se adscriben la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria y el ICBF, pasaría a ser regentado por el Ministerio de Paz y Reconciliación, refuerza esta posibilidad.

el Ministerio de la Igualdad
Foto: Alcaldía de Cali - El MinIgualdad que reemplazaría al DPS, sería el eje coordinador de la apuesta institucional por cerrar brechas entre poblaciones.

Gran apuesta social

Hay otras dos circuntsnacias que aconsejan convertir el DPS en el ministerio de  Iguladad:

Primero, la reforma que en todo caso requeriría esa entidad según los planes del gobierno Petro, con su anuncio de nuevos subsidios y la simplificación y depuración de otros existentes —la mayoría de los cuales se pagan por intermedio del mismo DPS-.

Segundo, el gobierno propone una entidad con importania jerárquica y robustez suficiente para corregir la dispersión de unidades institucionales hoy encargadas de atender a poblaciones extensas con grandes necesidades de atención  prioritaria.

Tal es el caso de la alta consejería de juventud, de mujeres o de discapacidad, las direcciones y dependencias para grupos étnicos entre otros, que mejor sería que estuvieran concentrados en una entidad de orden ministerial o cuya misionalidad al menos estuviera del todo coordinada por ésta.

De estas manera una propuesta que no había despertado mayor atención podría convertirse en la apuesta de política social más importante de este siglo.

Un ministerio ejemplar

El MinIgualdad que reemplazaría al DPS, sería el coordinador de la apuesta por  cerrar brechas entre poblaciones, atender las necesidades prioritarias de territorios segregados, superar la pobreza y, en suma, hacer posibles el  goce del derecho a la igualdad consignado en el artículo 13 de la Constitución.

El Ministerio pretendería ir más más de la simple e incompleta igualdad ante la ley para imponer a la administración el deber de actuar en favor de los grupos  en desventaja. El Ministerio de la Igualdad tendría un mandato más amplio que el de  sus homólogos en otras latitudes, como el de España o Argentina, pues estos son básicamente un ministerio para la mujer o de equidad de genero en sus países.

El camino que le espera a la iniciativa del nuevo ministerio es más bien largo y deberá recorrerlo con celeridad y acierto si quiere producir los efectos esperados. No  faltaran obstáculos, aristas y pendientes en su tramitación ante el Congreso  y ello se sumará un trabajo enorme para en marcha la nueva institución.

Ese proceso se debe coordinar con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y  la ley de presupuesto para este y los años siguintes. Mucho esfuerzo institucional le queda por delante al gobierno para responder a las expectativas de la gente que más necesita los cambios que propuso.

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Diego Grueso

*Abogado en Derechos Humanos experto en Estudios críticos raciales. Aspirante a magistrado de la JEP.

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