Daniel Rubio, autor en Razón Pública
Foto: Flickr: Policía Nacional de Colombia - Las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza y presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones pusieron en evidencia que es hora de llevar a cabo los cambios sustanciales.

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Las dificultades para reformar a la Policía no son técnicas sino políticas. Para tener una Fuerza Pública moderna se necesita un liderazgo claro, civil y democrático.

Daniel Rubio*
Para la alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia**

La postergada reforma a la Policía

La modernización de la Policía impulsada por la reforma de 1993 permitió que esta institución enfrentara con éxito los carteles de la droga, pero no preparó a sus miembros para afrontar fenómenos como las movilizaciones sociales. Por eso, uno de los reclamos más sonados durante las protestas que han tenido lugar durante el gobierno de Duque ha sido la necesidad de una reforma a la Policía.

Las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza y presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones pusieron en evidencia que es hora de llevar a cabo los cambios sustanciales en la organización y la formación de la Fuerza Pública que han sido postergados por varios años.

Hasta ahora, las reformas han nacido dentro de la misma institución y no han contado con la participación de otras entidades relacionadas con la seguridad, pero mientras la Policía establezca los términos y límites de las reformas, los problemas de fondo seguirán siendo aplazados.

Para entender por qué no se han logrado transformaciones de fondo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL) formaron un grupo de trabajo que ha venido analizando la situación del sector de la seguridad en Colombia desde mediados del año pasado.

La semana pasada fue publicado el primer avance de esta investigación que ha encontrado patrones, factores y comportamientos que explican por qué no ha sido posible superar los principales retos que menoscaban la legitimidad de la Fuerza Pública dentro y fuera del país. A continuación, expongo las principales conclusiones.

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Dirección institucional dispersa

La falta de articulación y coordinación interinstitucional es uno de los principales obstáculos para resolver los problemas de fondo de la Fuerza Pública y la seguridad en Colombia.

Hay muchas entidades encargadas de supervisar el comportamiento de la Policía —Ministerio de Defensa, del Interior, de Justicia, Consejerías Presidenciales, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), alcaldías y gobernaciones—, lo que produce enorme confusión sobre las responsabilidades de cada institución. Los Ministerios y las Consejerías tienen visiones muy diferentes sobre las políticas que rigen a la Policía y, con frecuencia, los alcaldes no conocen las estrategias propuestas por el gobierno nacional sino hasta cuando ya se ponen en marcha.

Otras veces, las autoridades nacionales y locales evaden sus responsabilidades y le ceden la planeación de las estrategias de seguridad a la Fuerza Pública con el pretexto de que “ellos son los que saben.” Cuando esto sucede y la Policía asume por completo el diseño de las políticas de seguridad en una ciudad hay buenos resultados inmediatos, pero no se dejan de lado asuntos políticos, económicos y sociales a largo plazo.

En Bogotá, por ejemplo, los Centros de Traslado por Protección (CTP) son manejados por la Policía, aunque el Código Nacional de Convivencia establece que la Alcaldía es la que debería administrar estas instalaciones y garantizar los derechos de los ciudadanos que sean enviados allí. Aunque esto parezca un tecnicismo sin mayor importancia, la desatención de la Alcaldía tuvo gravísimas consecuencias durante las manifestaciones del paro nacional.

Según el informe de la CIDH la Policía abusó de la figura del “traslado por protección” cuando realizó 9.125 detenciones sin parámetros objetivos, retuvo a las personas por más tiempo del permitido y presuntamente usó los CTP  para torturar y amedrentar manifestantes que fueron reportados como desaparecidos.

Foto: Flickr: Policía Nacional de Colombia - Todos los sectores del Estado deberían comprometerse con el propósito de construir una Policía en la que todos los ciudadanos puedan confiar.

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Además, las autoridades se han acostumbrado a delegar en la Fuerza Pública todo tipo de labores que deberían estar a cargo de otras instituciones. Como los policías no tienen el entrenamiento necesario para cumplir estas funciones tienden a cometer errores e incurrir en actos de corrupción.

Mientras persista la falta de claridad institucional, el país seguirá optando por enfrentar retos complejos como las economías ilegales, el consumo de drogas o la insatisfacción ciudadana con “fuerza bruta”, una estrategia que, en vez de resolverlos, los problemas aún más.

Liderazgo civil y democrático

La agenda de seguridad nacional siempre ha estado sometida a la orientación política de los funcionarios de turno. En este sentido es posible identificar dos corrientes ideológicas que se contraponen:

  • Una que defiende el statu quo y les da primacía a los favores, las órdenes y los resultados operativos, intentando bajarle el tono a los escándalos en los que la Fuerza Pública está involucrada y tratando de resolver los problemas “de puertas para adentro.”
  • Otra que les da más importancia a las expectativas ciudadanas y se basa en la planeación, la evidencia empírica, los indicadores y las evaluaciones periódicas. Pretende resolver los problemas de forma pública y transparente tendiendo puentes con la ciudadanía.

Si bien Colombia ha avanzado en la segunda dirección, el progreso ha estado truncado por políticos y funcionarios que se oponen. Por eso la política de seguridad todavía está muy influenciada por la primera corriente.

Por esta razón, la respuesta más común del gobierno colombiano frente a los escándalos de corrupción y las violaciones de derechos humanos que involucran a la Fuerza Pública sigue siendo el endurecimiento de los procesos disciplinarios, y la formación en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza. Estas estrategias han demostrado ser insuficientes para combatir la raíz de los problemas porque no buscan transformar la cultura organizacional de la Policía.

En lugar del enfoque “disciplinar”, según el cual las órdenes deben ser cumplidas para evitar el castigo, debemos promover una cultura de valores democráticos y modificar los procesos de selección, ingreso, instrucción, desempeño y ascenso de la institución para garantizar que se adhieran a estos valores.

Esta cultura democrática comienza en el trato que reciben y los principios que se deben inculcar a los integrantes de la Fuerza Pública: de respeto, justicia y coherencia.  Es fundamental enseñarles que adherirse a estos valores es lo correcto desde un punto de vista ético, no por evitar un castigo.

Muchos estudios sobre “justicia procedimental” han encontrado que apelar a valores democráticos es la mejor estrategia para formar agentes autónomos, serenos responsables y sensatos. Debemos, entonces, construir una institución donde sus miembros dejen de tener relaciones tan jerárquicas y autoritarias y empiecen a ser más equitativos, respetuosos y abiertos al diálogo.

Una Policía moderna

La conclusión fundamental del informe es, probablemente, que el reto de reformar a la Policía es político, no técnico. Las reformas presentadas por el gobierno son insuficientes para superar la crisis de legitimidad y no tienen en cuenta temas de fondo como el diseño institucional, la sobrecarga de funciones, la ausencia de supervisión y la falta de incentivos para promover la transparencia e integridad en el interior de la institución.

El Estado en su conjunto debe participar en el reto de reformar la Policía y las autoridades nacionales, el Congreso y los partidos deben dejar a un lado sus intereses particulares para impulsar cambios de fondo en la Fuerza Pública que beneficien a la ciudadanía.

La iniciativa de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa —una propuesta que ha sonado mucho en los últimos meses de paro nacional— debe basarse en una estrategia con distintas fases:

  • Llevar a cabo transformaciones técnicas y operativas que permitan a la Policía desempeñar sus labores de forma más efectiva.
  • Hacer ajustes importantes en otras instituciones del Estado relacionadas con el sector de seguridad como el Ministerio de Defensa, de Justicia y del Interior, las alcaldías y las gobernaciones.
  • Mejorar los organismos de control para que supervisen el comportamiento de la Fuerza Pública de forma eficiente.

Este último punto es crucial para que los abusos policiales sean investigados y sancionados de forma oportuna y eficaz. Sin embargo, lo principal es adoptar una perspectiva de prevención para evitar dichos abusos y recuperar la confianza ciudadana.

Para garantizar una dirección apropiada de la institución es necesario que consolidar un equipo civil, técnico, sólido y estable que lidere las transformaciones. Más aún, los cargos de dirección del sector de la seguridad deberían ser ocupados por funcionarios civiles experimentados en la materia que promuevan los valores democráticos y los derechos humanos.

Así, independientemente de las posturas particulares de cada mandatario, las diferentes instituciones locales y nacionales tendrían una visión estratégica, unificada y coordinada de la seguridad que guíe las decisiones en materia política y a largo plazo. Todos los sectores del Estado deberían comprometerse con el propósito de construir una Policía en la que todos los ciudadanos puedan confiar. Una institución que se rige por instrucciones y no por órdenes: una Policía democrática y moderna.

**Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). Les invitamos a consultar el informe “Liderazgo civil y transformación de la Policía” en el siguiente enlace.

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Daniel Rubio

Escrito por:

Daniel Rubio

*Investigador en Estudios Literarios e Historia. MSc de la Universidad de Edimburgo. Equipo editorial de Razón Pública.

Foto: Archivo de Bogotá - Policía en el Bogotazo.

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El abuso policial no es nuevo en Colombia: en los últimos cien años ha dejado centenas de muertos y heridos.

Daniel Rubio*

Una y otra vez

Desde hace años la policía colombiana ha protagonizado varios episodios de abuso de autoridad que han desembocado en la muerte de civiles inocentes:

Se cumplirán cinco años del caso de Carlos Torres y diez años del de Diego Becerra. También durante las manifestaciones sociales ha habido numerosos casos letales como el de Dilan Cruz o el de Nicolás Neira, que murieron a manos del ESMAD hace uno y quince años, respectivamente. Pero, a pesar de los casos particulares, un ‘homicidio colectivo’ como respuesta ante la protesta ciudadana era algo que parecía impensable hasta hace poco.

Gracias a Gabriel García Márquez y a Álvaro Cepeda Samudio, la Masacre de las Bananeras se volvió la imagen arquetípica de la violencia estatal contra la protesta social en Colombia. Sin embargo, esta masacre no es la única instancia donde la Fuerza Pública ha buscado neutralizar la manifestación con consecuencias tan letales. El 9 de septiembre de 2020 dejó imágenes que ya se habían visto antes en la capital durante el último siglo.

Vale la pena hacer un recuento histórico de estos y otros acontecimientos que asemejan lo sucedido el ‘9S’ en Bogotá y Soacha, evaluando las similitudes con las que se repite nuestra trágica historia nacional.

La masacre de los sastres

El 16 de marzo de 1919, en medio de la crisis económica provocada por la gripa española, los sastres y otros artesanos bogotanos decidieron salir a protestar para evitar que el gobierno conservador de Marco Fidel Suárez fabricara en Estados Unidos los 8,000 uniformes nuevos que usaría el Ejército en la conmemoración del primer centenario de la Batalla de Boyacá.

El historiador Renán Vega señala que los manifestantes insistieron en el carácter pacífico de la protesta, pero el gobierno la desautorizó asegurando que era organizada y financiada por los bolcheviques; una estrategia que aún resulta familiar. Cerca de 4.000 manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar cargando pancartas y gritando arengas, reiterando que era una protesta pacífica e incluso vitoreando al Ejército y la Policía.

El presidente Suárez salió entonces al balcón del Palacio de la Carrera (hoy Palacio de Nariño) para anunciar que la compra de los uniformes había sido detenida por razones fiscales. Pero, debido a la lluvia y la deficiente oratoria del presidente, la multitud no lograba escuchar lo que decía y le pedia a gritos que hablara más fuerte.

Frustrado, el presidente decidió abandonar el balcón. Mientras el tiempo corría los manifestantes se iban impacientando al ver que Suárez no volvía a salir, hasta que algunos de ellos terminaron tirando piedras y rompiendo ventanales para llamar la atención. La Guardia Presidencial respondió accionando un cañón emplazado a la entrada del Palacio que mató a varias personas y dejó heridas a muchas otras. La gente huyó despavorida mientras la tropa disparaba. Un vocero de los artesanos se acercó al comandante a cargo para pedirle que detuviera su ataque, pero el oficial, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa y lo mató.

Según la versión oficial, la Guardia disparó al aire para dispersar a los “amotinados”. Políticos de ambos partidos condenaron la actuación de los uniformados, pero la prensa conservadora defendió a la Fuerza Pública y culpó al “populacho” subversivo. En contraste, las paredes de la ciudad se comenzaron a llenar de mensajes pintados: “El pueblo tiene hambre”, “Suárez es un bruto”, “Piedra al palacio y a Suárez”. La masacre dejó al menos 10 muertos y 15 heridos.

Una década después, tras la masacre de Las Bananeras, se llevaron a cabo marchas contra el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez quien, en vez de buscar responsables por lo sucedido en Ciénaga, nombró como jefe de la Policía a Cortés Vargas, el general que ordenó la matanza. En medio de las manifestaciones en Bogotá, la Fuerza Pública asesinó al estudiante Gonzalo Bravo Pérez, hijo de un amigo del presidente. La muerte de este joven de la élite bogotana (y no la masacre de peones ‘costeños’) le costó el puesto al Ministro de Guerra y al General Cortés Vargas.

Puede leer: Más allá del caso Ordóñez y del 9S: el abuso del poder policial en Colombia

Foto: Cortesía de @LeoOrtizD: Masacre de los Estudiantes. Julio Flórez Ángel, Color Digital. - Masacre estudiantil a manos del Batallón Colombia.

El Bogotazo

A veces se olvida que la reacción de la Fuerza Pública fue lo que contribuyó a escalar la violencia el 9 de abril de 1948 . Jaime Quijano Caballero, testigo presencial de los sucesos, cuenta que después de que una multitud enardecida arrastrara por la carrera séptima el cuerpo de Juan Roa Sierra —autor material del homicidio de Jorge Eliecer Gaitán— y lo dejara frente a la puerta del palacio presidencial, varias personas se congregaron allí para manifestar su dolor y exigir explicaciones al presidente conservador Mariano Ospina Pérez.

Media hora después llegaron los 80 soldados del Batallón Guardia Presidencial y obligaron a la gente a dirigirse a la Plaza de Bolívar. Entonces se oyó un disparó al que la gente respondió diciendo: “¡No! Así no… ¡No es con ustedes! ¡Viva el Ejército de Colombia! ¡Vivaaa!”

Minutos más tarde, los manifestantes volvieron a marchar hacia el Palacio, cuando el teniente Silvio Carvajal ordenó abrir fuego. Entre muertos y heridos, cerca de 30 personas cayeron acribilladas. Este sería el punto de inflexión que precipitó los acontecimientos violentos de los siguientes días.

Como algunos uniformados se sublevaron durante el Bogotazo, el Gobierno despidió a todo el cuerpo policial y entregó sus funciones al Ejército. Según investigadores de la Policía Nacional, la institución sufrió entonces una “militarización radical” que abrió el camino hacia un “enfoque castrense de la Policía”, lo que no demoró en producir “graves episodios en relación con el uso de la fuerza y otros problemas relacionados con el trato a la comunidad.”

En 1953, con la llegada de Gustavo Rojas al poder, la Policía se convirtió en la cuarta fuerza armada de Colombia y fue integrada al Ministerio de Guerra (hoy Ministerio de Defensa) donde permanece hasta el día de hoy.

Los muertos bajo Rojas Pinilla

Después de 1930, se volvió costumbre realizar peregrinaciones universitarias a la tumba del estudiante asesinado, Gonzalo Bravo, cada 8 de junio. Además de la marcha había escenarios de debate y crítica estudiantil, como programas radiales conmemorativos donde, en 1951, también participó el estudiante Carlos Holmes Trujillo (padre). En 1954, la marcha se realizó en medio de tensiones con la Fuerza Pública que, después del evento, intentó desalojar la Ciudad Universitaria donde jugaban fútbol quienes ya habían regresado de la peregrinación.

Entre chiflidos y piedras, los uniformados terminaron retirándose, pero volvieron al poco tiempo con refuerzos que dispararon desaforadamente, matando al estudiante Uriel Gutiérrez.

Para rechazar el asesinato se convocó al día siguiente una gran manifestación que, al cruzar la calle 13 con carrera séptima, se encontró de frente con el Batallón Colombia.

El Ministro de Gobierno sabía lo que se venía, admitiendo después que estos soldados, recién llegados de la Guerra de Corea, “estaban acostumbrados a echar bala.” Trece estudiantes murieron entre el 8 y 9 de junio a manos de la Fuerza Pública y por lo menos 50 fueron heridos. El gobierno del General Rojas Pinilla dijo entonces que el Batallón había respondido a supuestos disparos enemigos, y que la tragedia había sido organizada por comunistas y laureanistas que dirigían a los estudiantes y buscaban derrocarlo. La misma estrategia usada desde 1919 para justificar la masacre.

El Paro de 1977

El 14 de septiembre de 1977, las centrales obreras convocaron un paro cívico contra el alza de tarifas y la inflación derivada de la apertura económica impulsada por el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen. El descontento era generalizado y federaciones, estudiantes, docentes y habitantes de barrios marginados de Bogotá decidieron adherirse a la manifestación.

Ese día hubo bloqueos, saqueos y serias confrontaciones. El profesor Frank Molano señala que, además de la propia policía, los blancos principales fueron el transporte, los grandes almacenes y los bancos, es decir, los sectores con los que había mayor descontento ciudadano. En dos días de paro, los enfrentamientos dejaron más de 500 heridos de fusil en Bogotá y 25 muertos. Casi todos los muertos eran residentes de barrios obreros como Atahualpa (Fontibón), entre ellos un niño de 10 años.

Esta movilización suscitó interpretaciones contradictorias. El oficialismo la tildó de subversiva e incluso insinuó que se había tratado de un levantamiento popular de inspiración marxista o de una escaramuza del clero y la oposición Ospino-Pastranista.

El año siguiente, con la llegada del liberal Julio César Turbay a la presidencia, se expidió el Estatuto de Seguridad como instrumento de persecución de opositores de izquierda. Durante los siguientes 30 años se produjeron por lo menos 61 masacres en las que estuvo involucrada la Fuerza Pública.

Foto: Collage Elaboración Propia Fotografías y videos de varios ciudadanos dejaron ver el uso de armas de fuego por parte de la policía.

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El 9S

El 9 de septiembre de 2020, una ciudadanía golpeada económicamente por la pandemia y harta de la antipatía del gobierno (como en 1919), salió a manifestar su indignación por la muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía (como en 1954).

Los ciudadanos arremetieron contra varios CAI de Bogotá, incluyendo el sitio donde Ordóñez fue asesinado a golpes. La Fuerza Pública no tardó en disparar las mismas balas que recibieron los manifestantes capitalinos del último siglo y que los pasados 9 y 10 de septiembre cobraron la vida de al menos 13 personas.

Llevamos más de cien años esperando que el gobierno tome medidas que impidan el asesinato de manifestantes a manos de la policía. ¿Cuántas masacres más son necesarias para darle fin a nuestra espera?

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Daniel Rubio

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Daniel Rubio

*Investigador en Estudios Literarios e Historia. MSc de la Universidad de Edimburgo. Equipo editorial de Razón Pública.

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