Claudia Vaca y Carolina Gomez, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Alcaldía de Medellín - La evidencia no demuestra que el sistema de propiedad intelectual ofrezca más beneficios que perjuicios.

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Levantar las patentes es la única manera de lograr que los países pobres accedan de verdad a las vacunas.

Claudia Vaca y Carolina Gómez*

La fe en las patentes

En la pasada edición de esta revista, mostramos que el sistema de patentes ha limitado drásticamente la distribución de las vacunas contra COVID-19 y ha creado un “apartheid” entre países ricos y países pobres.

Aunque las muertes, la pobreza, el hambre y la desigualdad aumentan con el pasar del tiempo, varios gobiernos ricos y el colombiano se oponen a levantar las patentes de las vacunas: ¿por qué toman esta posición que parece contraria a sus intereses? Mientras tanto, más de cien países apoyan la suspensión de las patentes que se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Como explica Mark Lemley, la evidencia no demuestra que el sistema de propiedad intelectual ofrezca más beneficios que perjuicios. Sin embargo, “más y más académicos han empezado a adherirse a lo que yo llamo propiedad intelectual basada en la fe, y han justificado la propiedad intelectual como un fin moral en sí mismo y no sobre la base de cómo afecta al mundo”. Una suerte de fundamentalismo de la propiedad intelectual, dado que su defensa no suele ser racional. Ni siquiera una pandemia es capaz de cambiar los cálculos tradicionales.

Ante una situación tan urgente y excepcional como la actual, no es posible responder con las herramientas de siempre. Como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, “bien sea mediante la transferencia tecnológica, el licenciamiento voluntario (…) o la suspensión de los derechos de propiedad intelectual, necesitamos unir todos los esfuerzos”. ¿Si no es ahora, cuándo?

La capacidad de producir vacunas

Para oponerse a la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual durante la pandemia, las farmacéuticas y los gobiernos usan tres argumentos principales:

  1. El problema de escasez de vacunas no está relacionado con la propiedad intelectual, sino con la insuficiente capacidad de producción. Por eso, a países como Colombia, que no producen vacunas, no les sirve de nada de la medida.
  2. Es preferible persuadir a los dueños de las patentes de que las compartan voluntariamente.
  3. El régimen de propiedad intelectual ya contiene algunas excepciones, por lo que no es necesario tomar medidas adicionales o modificar el sistema de patentes.

Estos argumentos son insuficientes y, en algunos casos, falsos. La capacidad instalada de producción global de vacunas no se está usando al máximo. Prueba de ello son los múltiples contratos de licencia que han celebrado productores locales de varios países con los dueños de las “recetas para hacer vacunas”.

La evidencia no demuestra que el sistema de propiedad intelectual ofrezca más beneficios que perjuicios.

Aunque grandes productores de medicamentos biotecnológicos genéricos, como Corea del Sur, ya tienen la infraestructura necesaria para producir vacunas, hoy no están usando todo su potencial. Otros países, como Brasil, México o Argentina tienen capacidad para producir vacunas, pero también están sujetos a los acuerdos de licencia con los dueños de las patentes y de las tecnologías que se están aplicando en el mundo. Las negociaciones de los contratos de licencia y transferencia de tecnología avanzan a pasos de tortuga.

Así que el problema de fondo no es la capacidad de producción de vacunas, sino el sistema de propiedad intelectual. Cada empresa interesada en producir localmente tiene que pedirle permiso al productor original de las vacunas y negociar los términos en los que podría hacerlo. Un proceso muy lento.

Además, las empresas dueñas de las patentes no pueden atender simultáneamente todas las solicitudes. Si la propiedad intelectual se libera y la información requerida para hacer las vacunas se vuelve pública, este cuello de botella se supera. Los interesados pueden empezar a producir sin barreras transaccionales y sin miedo a ser demandados.

Foto: Facebook: Alcaldía de Medellín - Mientras la pandemia avanza, las grandes empresas que producen cuatro de las vacunas que se están usando en el mundo están haciendo alianzas con otras multinacionales para ampliar su capacidad de producción

Puede leer: Patentes y medicamentos, la increíble y triste historia de los bautistas y los bootleggers

Las vacunas en Colombia

Colombia renunció a la capacidad de producir vacunas en la década de los noventa y, por eso, tuvo que comprar las vacunas contra COVID-19 a precios altos y aceptó el discurso de que es imposible volver a producirlas en el corto o mediano plazo. Pero el análisis no fue riguroso, pues ignoró:

  • la infraestructura tecnológica de producción de vacunas veterinarias que existe en el país;
  • la capacidad de producción de envases de vidrio para medicamentos inyectables; y
  • las aptitudes investigativas de la comunidad farmacéutica y biotecnológica colombiana que se ha formado en las últimas décadas.

De manera completamente acrítica, Colombia aceptó que solo los países ricos pueden hacer vacunas y que involucrarse en el proceso necesita inversiones astronómicas.

Hoy, algunos congresistas, gobernantes locales y hasta el Ministerio de Salud reconocen la necesidad de empezar de nuevo y romper el círculo de dependencia que hemos sufrido en la pandemia. Es posible que, en el mediano plazo, Colombia logre entrar en algún eslabón de la cadena productiva de vacunas: esto requerirá una cuantiosa inversión y, sobre todo, voluntad y compromiso público y privado.

Sin embargo, si esto se logra, aún quedará un problema: ¿cómo acceder al conocimiento y a las tecnologías de las vacunas que se están produciendo en otros lugares para no empezar de cero? Y la respuesta vuelve a ser: el acceso libre a las patentes y a los secretos industriales, para que los esfuerzos y recursos del sector público y privado se concentren en el aprendizaje y absorción de la tecnología.

El licenciamiento voluntario es inocuo en esta emergencia

En cuanto al segundo argumento, es obvio que las medidas voluntarias siempre son preferibles.

En el caso de las vacunas, el sistema de licenciamiento voluntario ya existe, pero es evidente que no es suficiente. Actualmente, hay al menos dos iniciativas de licenciamiento voluntario:

  • El ACT-Accelerator (en inglés, The Access to COVID-19 Tools), donde la propiedad intelectual se maneja de forma tradicional y no hay liberación o suspensión de patentes. Las empresas licencian de forma voluntaria sus patentes a través de los mecanismos tradicionales (confidencialidad, exclusividad y regalías). Este es el modelo dominante que nos tiene en el problema de la distribución discriminatoria y la escasez artificial de dosis -y que promueve la Fundación Gates-, incluso en el marco del consorcio de distribución solidaria de vacunas COVAX;
  • La tercera vía de licenciamiento voluntario propuesta en febrero de este año por la directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no implica levantar las patentes de las vacunas y, por lo tanto, es más de lo mismo.

Esta propuesta ignora que existe una alternativa: el C-TAP (en inglés, COVID-19 Technology Access Pool), una iniciativa de la OMS que promueve la transparencia, la transferencia de tecnología y la ampliación de producción de vacunas. Quienes voluntariamente hagan parte del C-TAP deben hacer pública la información sobre las vacunas para que cualquiera pueda producirlas.

El 9 de marzo, Colombia, Australia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Noruega y Turquía emitieron una comunicación en apoyo de la tercera vía propuesta por la OMC. No sorprende que Colombia apoye la ineficiente tercera vía y no el C-TAP. Tampoco sorprende que desde la semana pasada Colombia asumiera la vicepresidencia del consorcio COVAX, dado su rol en la defensa del status quo y por su alineación no solo con la postura de la Fundación Gates, sino también con el nacionalismo para acceder de forma prioritaria a las dosis de COVAX.

Le recomendamos: Colombia prefiere no votar por una vacuna libre: ¿un tiro al pie?

Las flexibilidades del sistema de patentes para responder a problemas de salud pública no funcionan

Según el tercer argumento, no se necesita suspender la propiedad intelectual para acelerar la producción de vacunas, pues ya existen otras opciones, conocidas como flexibilidades al sistema de propiedad intelectual y que son menos drásticas. Pero esta postura ignora las enormes dificultades para aplicar las flexibilidades.

La más común se llama “licencia obligatoria” e implica que el gobierno autoriza a terceros a producir la tecnología, aunque el dueño de la patente se oponga. En Colombia, se ha intentado otorgar licencias obligatorias para la producción de:

  1. Un medicamento para el VIH, del laboratorio norteamericano Abbott;
  2. Un medicamento para la leucemia, del laboratorio suizo Novartis; y
  3. Los antivirales de acción directa para curar la hepatitis C, que está todavía en curso.

Todos estos procesos han demorado más de tres años. En el último caso, el proceso lleva ya cinco en su primera fase, que se adelanta ante el Ministerio de Salud. Si el Ministerio aprueba la licencia, se deberá surtir una segunda fase ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que en los últimos años ha sido liderada por funcionarios que defienden el fundamentalismo de las patentes como único incentivo a la innovación biomédica.

Hay además otra complicación: habría que identificar cuáles son las patentes que cubren las vacunas. El sentido común nos dice que debería haber una patente para cada vacuna, pero no es así. La industria utiliza una estrategia de opacidad en la que fracciona el invento en diferentes partes y trata de obtener el mayor número de patentes posibles.

Puede que los acuerdos entre farmacéuticas mejoren el panorama de suministro en algunos países, pero no resolverán la dependencia tecnológica y la vulnerabilidad de los países de bajo y medio ingreso en esta y las próximas pandemias.

Ni siquiera las oficinas que conceden las patentes tienen claro cuáles son las necesarias para producir un solo medicamento. En Colombia, por ejemplo, en el proceso de licencia obligatorias para los medicamentos para la hepatitis C, el Ministerio de Salud le pidió a la SIC (quien concede las patentes en Colombia) que le dijera la lista de patentes para esos medicamentos y ésta le respondió que no estaba en capacidad de proporcionarle esa información.

En Estados Unidos, la organización Public Citizen encontró que la vacuna de Moderna tiene doce patentes y la de Pfizer trece. Por eso, si se usaran licencias obligatorias para liberalizar y acelerar la producción de vacunas, tendría que hacerse un trámite para cada patente en cada país. Es evidente que no es una solución viable.

La suspensión temporal de patentes es una solución equitativa para superar la pandemia

Mientras la pandemia avanza, las grandes empresas que producen cuatro de las vacunas que se están usando en el mundo están haciendo alianzas con otras multinacionales para ampliar su capacidad de producción. Según estas empresas, la escasez global de vacunas la resolverán ellas mismas para el segundo semestre del 2021, pero sin cambiar los precios, ni establecer compromisos ciertos de distribución.

Puede que estos acuerdos mejoren el panorama en algunos países, pero no resolverán la dependencia tecnológica y la vulnerabilidad de los países de bajo y medio ingreso en esta y las próximas pandemias.

Por eso, si se quiere resolver la inequidad en la distribución de las vacunas, es indispensable aumentar la disponibilidad de las dosis mediante un aumento en la capacidad de producción, que no dependa de las grandes farmacéuticas. Solo así, los países pobres podrán tener un papel activo en la solución de sus problemas y en la forma en que se distribuyen los bienes esenciales

Ya existe una iniciativa firmada por más de 170 personalidades mundiales, entre las que están científicos, premios nobel y expresidentes dirigida al presidente Joe Biden para que se suspendan temporalmente las patentes y así poder aumentar el suministro de vacunas para los países pobres.

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Claudia Vaca y Carolina Gomez

Escrito por:

Claudia Vaca y Carolina Gomez

*Investigadoras del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia.
medicinas_fcbog@unal.edu.co

Foto: Imagen de torstensimon en Pixabay - Vacunas

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Aunque las farmacéuticas insisten en mantener las patentes, la emergencia mundial es de tal magnitud que deberían levantarse.

Claudia Vaca y Carolina Gómez*

Patentes, ¿sí o no?

A pocos días del comienzo de la pandemia en Colombia, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, publicó en su cuenta de Twitter que “las patentes salvan vidas” y que la patente de la vacuna contra COVID-19 podría mitigar el impacto de la emergencia.

Un año después de la llegada del virus a Colombia, es evidente que existe un grave problema de disponibilidad y distribución de las vacunas. Por eso, más de cien países, sobre todo de bajos y de medios ingresos, le pidieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspender las patentes y otros derechos de propiedad intelectual durante la pandemia.

¿Por qué la propiedad intelectual podría ser la principal barrera para superar la emergencia sanitaria?

El apartheid de las vacunas

La distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo ha sido tan desigual que algunos analistas la han descrito como “el apartheid del siglo XXI”.

Los países ricos compraron de forma anticipada más del 50 % de la producción de las empresas. Para comienzos de abril, Europa occidental y América del Norte habían aplicado más de 288 millones de dosis, mientras que en América Latina se habían aplicado apenas cerca de 48 millones de dosis y en Colombia no se había llegado aún a los 3 millones.

Ante ese escenario surge una pregunta: ¿esta desigual distribución se debe a las particularidades de la emergencia sanitaria o más bien al modelo imperante de investigación y promoción de la innovación médica?

La distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo ha sido tan desigual que algunos analistas la han descrito como “el apartheid del siglo XXI”.

Parte de la respuesta es que la pandemia desnudó las fallas del modelo de innovación de medicamentos y vacunas. Este modelo, impulsado por la OMC, se concentra en fomentar las patentes y los secretos industriales, a través de premios de exclusividad y monopolios. Estos mecanismos hacen que el acceso y la distribución equitativa de las vacunas sean extremadamente limitados.

Si el sistema de patentes funcionara adecuadamente, no solo habría más vacunas, sino que existiría un equilibrio entre los recursos que invierten las entidades públicas para la investigación básica y los precios a los que se venden los productos finales.

Un buen funcionamiento del sistema de patentes también promovería una amplia y detallada divulgación de la información sobre la invención, para facilitar la producción en cualquier lugar del planeta. Además, los costos de producción y los precios serían transparentes, con el fin de que los gobiernos diseñaran mecanismos de coordinación para ampliar la cobertura de la vacunación. Pero ninguna de estas cosas sucede actualmente.

Foto: Imagen de Ali Raza en Pixabay - Liberar las patentes en este momento podría significar salvar miles de vidas porque aumentaría la disposición de vacunas.

Le recomendamos: Lo bueno, lo malo y lo incierto sobre la compra de vacunas

El secreto de los precios

La producción de las vacunas contra la COVID-19 se concentra en Norteamérica, Europa y Asia. En África y América Latina, la capacidad de producción es casi nula.

En la mayoría de los casos, los precios de las vacunas no están publicados debido a los acuerdos de confidencialidad que exigieron las farmacéuticas. Pero se sabe que los precios son tan altos que no son accesibles para la mayoría de los países. Por ejemplo, el precio de una dosis de la vacuna de BioNTech/Pfizer oscilaría entre 18 y 37 dólares.

Además, hay diferencias inexplicables en los precios que obtuvieron los distintos países. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la iniciativa DIME, la Unión Europea habría comprado cada dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca por 1,78 dólares, mientras que a Colombia o Uganda les habría costado cerca de 8 dólares.

Según la Universidad de Oxford, una condición para colaborar con AstraZeneca fue no establecer precios por encima de los costos de producción durante la pandemia y a perpetuidad para países de bajos y medios ingresos. Esto permitiría garantizar el acceso a la vacuna, en especial en el marco del mecanismo de colaboración global de acceso a la vacunación denominado COVAX. Pero todo indica que, en la práctica, algunos países pobres tuvieron que pagar precios más altos que los países ricos.

Los problemas de la privatización

Además de lo anterior, el aumento en la producción de vacunas ha dependido en gran parte de la cuantiosa inversión de los países.

En total se han invertido más de 10 billones de dólares de fondos públicos y de entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de las vacunas. Cinco empresas multinacionales de países ricos han recibido cada una entre 957 millones y 2 billones de dólares, principalmente del gobierno de Estados Unidos y de la Coalición para la Innovación y la Preparación para las Epidemias (CEPI). Los gobiernos de China y Rusia también han invertido grandes sumas en similares investigaciones desarrolladas por empresas privadas o estatales.

La hiperconcentración de recursos públicos, el secretismo y el monopolio de las patentes disminuyen radicalmente la oferta de vacunas. Por eso, países como Francia, España, Alemania, Holanda y Portugal han tenido retrasos en las entregas de las dosis prometidas por Oxford/AstraZeneca y BioNTech/Pfizer.

En la práctica, algunos países pobres tuvieron que pagar precios más altos que los países ricos.

En varios momentos, estos países han tenido que detener la vacunación por esta razón y han amenazado con controlar las exportaciones de las dosis. La empresa India Serum, el principal productor de vacunas en el mundo, también ha tenido retrasos y ha establecido toda clase de restricciones.

Lamentablemente el modelo de desarrollo y distribución de las vacunas dio prioridad a la privatización del conocimiento y al nacionalismo: un enfoque con el cual todos perdemos.

Puede leer: Los problema y limitaciones de COVAX

¿Qué hacer?

La industria farmacéutica ha vendido la idea de que esto no es un problema de patentes y secretos industriales, sino de capacidades de producción en un momento de crisis. Por eso las farmacéuticas han insistido en que levantar las patentes podría poner en riesgo la innovación médica necesaria para atender la pandemia.

Por ahora, hay un consenso en que la solución para salir de la escasez de vacunas es aumentar la capacidad de producción. Sin embargo, la producción está monopolizada en las normas y en la práctica. Un grupo muy pequeño de empresas se convirtieron en las propietarias de las “recetas” para hacer vacunas y usan todo su poder para proteger esa propiedad, es decir, presionan para que se cumplan a rajatabla las normas de protección de la propiedad intelectual que ellas mismas impulsaron ante la OMC.

A pesar de lo anterior, algunos países, como India y Sudáfrica, le han propuesto a la OMC levantar las patentes para que cualquiera pueda copiar y producir las vacunas, sin miedo a ser perseguido y demandado por los dueños de la propiedad intelectual. La propuesta se está discutiendo desde octubre de 2020 y cuenta con el apoyo de la mayoría de los países del mundo, excepto por un puñado de países desarrollados y de renta media que sienten que debe ser leales a sus “socios comerciales” ricos.

Aunque Colombia está viviendo en carne propia la escasez de vacunas, con dosis que llegan a cuentagotas y empresas que incumplen los plazos de entrega, el gobierno no se atreve a contrariar a los países ricos y no apoya la propuesta.

El debate podría tomar un nuevo rumbo si Estados Unidos cambia de postura, pues todo indica que, en un acto sin precedentes, la administración de Joe Biden está considerando seriamente no ponerse del lado de la propiedad intelectual. Esperamos que el gobierno colombiano tome en serio la propuesta y considere replantear su posición.

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Claudia Vaca y Carolina Gomez

Escrito por:

Claudia Vaca y Carolina Gomez

*Investigadoras del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia.
medicinas_fcbog@unal.edu.co

ISSN 2145-0439

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