Andrés Parra, autor en Razón Pública
Flickr Carlos Caicedo Jóvenes en paro

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Andrés Felipe Parra

Una reflexión filosófica sobre el paro nacional y sobre quién tiene la razón en esta encrucijada.

Andrés Parra*

Condiciones de una democracia

El paro nacional es y siempre ha sido un conjunto de estallidos y protestas heterogéneas. No hay un líder o un partido —ni siquiera un grupo definido— con quien puedan identificarse las protestas.

Hay, sin embargo, un elemento común al que responden las protestas en todos los países: los límites de la concepción liberal de democracia.

En Facticidad y Validez, Jürgen Habermas intenta responder a la pregunta por el sentido y el significado de la democracia. ¿Por qué estamos obligados, racionalmente, a aceptar los resultados de un procedimiento democrático? El procedimiento democrático —las elecciones y la discusión parlamentaria que produce las leyes— es para el filósofo alemán un proceso de intercambio de opiniones y argumentos, en el que la competencia y la disputa discursiva tendrán como resultado una decisión presumiblemente justa. Así, la razón para aceptar el procedimiento democrático radica en que es el método más fiable para llegar a decisiones justas y acertadas para todos y todas.

Sin embargo, dice Habermas, deben cumplirse cuatro condiciones para decir que el procedimiento democrático conduce, en efecto, a dichas decisiones justas y acertadas:

  1. Quienes participan deben tener un espíritu argumentativo: ir a convencer y dejarse convencer por las mejores razones.
  2. Debe incluirse en el debate a todas las personas que van a ser afectadas por la decisión.
  3. No debe haber coacciones externas, como inequidades o prácticas de explotación en la sociedad, pues estas crean desigualdades discursivas a la hora de debatir.
  4. No debe haber coacciones internas: quienes discuten no pueden tener una pistola en la cabeza ni amenazas cuando hablan.

Si no se cumplen estas cuatro condiciones, los resultados del procedimiento democrático pueden estar viciados; no podríamos confiar en que éstos nos conducirán, realmente, a las decisiones más justas.

Los círculos viciosos de la democracia y el desprecio

De estas cuatro condiciones establecidas por Habermas me interesa detenerme en la tercera: si hay desigualdades sociales o prácticas de explotación, hay una coacción externa que vicia el procedimiento democrático. Podría decirse, perfectamente, que este es el caso de Colombia. Nuestra democracia no cumple con la tercera condición (por no decir que no cumple con ninguna).

Pero hay algo más grave: la teoría de Habermas cae en un círculo vicioso insalvable cuando se la analiza a la luz de un país como Colombia. Si no se cumplen las condiciones para que el debate produzca decisiones justas, ¿cómo esperamos que dicha deliberación viciada produzca acuerdos que garanticen las condiciones necesarias para una deliberación no viciada? Este es el círculo vicioso de la democracia liberal-deliberativa. Es el fundamento de los estallidos múltiples y heterogéneos.

La razón para aceptar el procedimiento democrático radica en que es el método más fiable para llegar a decisiones justas y acertadas para todos y todas.

En este sentido, las protestas pueden entenderse como una vía de hecho. El círculo vicioso de la democracia liberal explica por qué los y las manifestantes sienten desconfianza de tramitar sus demandas e inconformidades por las vías institucionales ordinarias. Antes que la desinformación, la irracionalidad o las pasiones candentes, es este el trasfondo de las protestas.

La protesta, que por su carácter disruptivo implica una interrupción de la normalidad, debe ser tomada como un mensaje, cuya forma y contenido son inseparables: con las vías de hecho y los bloqueos, quienes se manifiestan nos están diciendo que, para ellos, la normalidad se volvió insoportable.

Exigirles a los manifestantes — como lo hace el gobierno — que cesen sus actuaciones e irrupciones en el espacio público, sin negociar con ellos y sin tomar medidas de emergencia que mejoren —así sea levemente— su situación, es un acto de desprecio. Es lo mismo que decirles que nos tiene sin cuidado su sufrimiento.

Este desprecio amplifica el sufrimiento: el ser despreciado es, en este contexto, un sufrimiento de segundo orden, provocado por la indiferencia del otro frente al propio sufrimiento. Como explica Axel Honneth, ser despreciado es uno de los combustibles de la lucha y los conflictos sociales. El agravio sufrido con el desprecio no concierne apena a la privación de ciertos bienes o expectativas para conseguirlos, sino que, cuando somos despreciados, nuestro estatus como seres humanos se ve vilipendiado. El desprecio es la forma primigenia de la deshumanización. De esta forma, podemos decir que el desprecio es uno de los detonantes de la espiral de violencia que estamos viviendo.

Esto nos lleva a un segundo círculo vicioso: el desprecio aumenta las motivaciones de la lucha, y con la intensidad de la lucha el gobierno se siente justificado para tomar medidas represivas contra los manifestantes y reforzar así su actitud de desprecio. ¿Cómo analizar esta espiral y cómo salir de ella?

Foto: Flickr Oxi App Los manifestantes deben ser interlocutores legítimos

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Ante el conflicto y la violencia

Una posición o actitud equidistante frente al conflicto no nos ayuda. No podemos pensar que estamos ante una lucha entre dos grupos ideológicos, pasionales e intransigentes, incapaces de dialogar debido a sus convicciones políticas extremistas; esta opinión ignora el círculo vicioso de la democracia deliberativa y el desprecio ante el sufrimiento que subyacen a los conflictos sociales. No podemos ser equidistantes, porque es el gobierno quien tiene una actitud de desprecio que alimenta el conflicto.

Pero apartarse de una posición equidistante no significa dejar de criticar o de condenar ciertas acciones de los manifestantes (o de delincuentes oportunistas que aprovechan la situación). Es sencillamente inaceptable el abuso sexual a una agente de policía, quemar un CAI con policías dentro o linchar a un agente del CTI que, aunque disparó directamente contra manifestantes y mató a dos jóvenes, ya estaba desarmado y no representaba un peligro. Lo es incluso cuando el gobierno ha respondido con una violencia desproporcionada e infame que deja muertos, heridos y desaparecidos.

Con las vías de hecho y los bloqueos, quienes se manifiestan nos están diciendo que, para ellos, la normalidad se volvió insoportable.

Es cierto que las desigualdades sociales extremas y la vida precaria constituyen una violencia sistémica. Esta violencia se fundamenta, como lo advirtió Marx en su juventud, en que el mundo de las cosas se valoriza a costa del valor de la vida humana. Si esto es así, la única reacción legítima frente a esa violencia sistémica es la interrupción del curso normal del mundo de las cosas. La huelga pone de manifiesto que el combustible de ese mundo es el sufrimiento humano. Sin embargo, la disposición de la vida o de la integridad de otros no interrumpe el mundo de las cosas. La prueba de ello estriba en que estos actos repugnantes pueden ser cometidos sin interrumpir, en lo más mínimo, dicho mundo.

Con todo esto en mente, podemos concluir que el principal responsable de la espiral de violencia es el gobierno Duque. Se podrá objetar que dentro de las protestas hay grupos criminales que pretenden hacer su agosto y pescar en río revuelto. Aunque esto sea cierto en algunos casos, es aun más cierto que estos grupos delincuenciales no podrían hacer nada si no existiera una protesta masiva que se gesta y se mueve con total independencia de ellos.

Por eso, el problema sólo puede tener solución si el gobierno abandona su actitud de desprecio. Eso pasa por tomar a los manifestantes que incurren en vías de hecho como interlocutores legítimos, reconociendo así las limitaciones de las vías de derecho (el círculo vicioso de la democracia liberal) y tomar medidas de emergencia que intenten mitigar los efectos desastrosos de la insolidaria gestión de la pandemia.

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Que cese el desprecio

Sin embargo, es difícil esperar esto del gobierno. Las declaraciones del presidente y de miembros de su partido, sumadas a la anarquía interior del gabinete —debido a la presidencia de facto de Álvaro Uribe—, dificultan un avance en esa dirección. Que el ministro del Interior haya desautorizado, a través de un medio radial, la negociación que hizo su viceministro con algunos habitantes de Buenaventura, para intentar recuperar la operación del puerto, es una muestra de ello.

Por esta razón nuestras energías no deben concentrarse en un llamado equidistante a que ambas partes bajen sus ánimos, sino a exigir que el gobierno cese su actitud de desprecio.

Las personas que, en principio, creen favorecerse de esa actitud del gobierno (léase: algunos sectores pudientes y adinerados de la sociedad), deben entender que el único fundamento estable de la propiedad privada y de la riqueza es, como lo demostró Hegel en su Filosofía del Derecho, el reconocimiento. Yo reconozco la propiedad del otro como legítima cuando obtengo un bien, servicio o beneficio que resulta de ella. En principio, el acto del intercambio cumple con esta labor; cuando yo compro algo que el otro vende estoy reconociendo (mediante el pago) que lo vendido pertenecía al él en primera instancia.

Sin embargo, para Hegel, las desigualdades sociales extremas y las situaciones precarias de pobreza rompen con esta lógica del reconocimiento. Si la gente no puede acceder al beneficio que resulta de la propiedad del otro, se pierde, entonces, el reconocimiento. Con la desigualdad social los ricos se arriesgan a que su propiedad y riqueza sea vista y percibida como ilegítima. Por este motivo, sólo una política redistributiva da un fundamento estable a la legitimidad de la propiedad privada, no la violencia o el mero título jurídico, que, en última instancia, sigue siendo violencia.

Créditos portada: Flickr Carlos Caicedo

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Andrés Parra

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Andrés Parra

* Profesor asistente de la Universidad de los Andes.

ICBF El congreso aprobó la prohibición de cualquier tipo de castigo físico contra menores de edad.

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Andrés Felipe Parra

El Congreso prohibió el castigo físico de los menores, pero aun así el Estado no ve la crianza como tarea de toda la sociedad: la delega en las mujeres.

Andrés Parra*

La prohibición y las reacciones negativas

Esta semana el Congreso aprobó la prohibición de cualquier tipo de castigo físico de los menores de edad.

Casi todos los sectores políticos apoyaron el proyecto, que reformaba el artículo 256 del Código Civil. Sólo el partido cristiano Colombia Justa Libres se opuso con el argumento de que con esa reforma el Estado se entromete indebidamente en la libertad de los padres para criar a sus hijos.

Pero, más allá del mundo parlamentario, un sector considerable de la sociedad colombiana reaccionó contra el proyecto, expresando sus opiniones en las redes sociales.

Según ellos, casi todos los problemas de nuestra sociedad se explican porque los jóvenes actuales son unos malcriados que no recibieron mano dura durante su crianza. La falta de mano dura, argumentan, produce especímenes excesivamente delicados, quejumbrosos e incapaces de afrontar los retos y dificultades de la vida.

Y la estocada final de su argumento es que ellos mismos son el ejemplo de las bondades de la mano dura: fueron educados a palo y rejo, y andan por la vida divinamente.

Las falacias de los críticos

Pero el argumento anterior presenta varias fallas.

La primera es bastante obvia: quienes se enorgullecen de haber sido educados con castigos físicos son los mismos que educaron a las generaciones actuales, supuestamente llenas de quejumbrosos y malcriados. Si fuese cierto que los problemas actuales de la sociedad son achacables a la flaqueza de las generaciones actuales, la responsabilidad es compartida.

Un sector considerable de la sociedad colombiana casi todos los problemas de nuestra sociedad se explican porque los jóvenes actuales son unos malcriados que no recibieron mano dura

La segunda falla se descubre con un análisis conceptual. En el fondo de la “apología del rejo” hay un malentendido acerca de lo que significan la autoridad y el respeto. Es cierto que el proceso de crianza implica relaciones de autoridad y obediencia. Toda sociedad se basa, al menos en parte, en convenciones arbitrarias que solo pueden enseñarse por medio de la imposición, que es igualmente arbitraria.

Una de esas convenciones es la lengua, que solo puede enseñarse y aprenderse mediante relaciones de autoridad y obediencia. Tenemos que aceptar que las cosas deben nombrarse de una forma específica y que no hay razón ulterior, independiente de la propia lengua, para que esto sea así. Por lo tanto, un proceso de crianza plenamente racional, desprovisto de arbitrariedad, es imposible.

Pero una sociedad con vocación democrática y emancipatoria descubre un sentido de la crianza que va más allá de la simple reproducción de las convenciones sociales arbitrarias. El objetivo de la educación y de la crianza es convertir al menor en un sujeto autónomo.

Un sujeto autónomo es capaz de pensar por sí mismo; además, puede reconocer las convenciones y reglas de su propia sociedad como una construcción arbitraria y, por lo tanto, enfrentarse colectivamente a la pregunta de si la sociedad en su conjunto merece conservarse o ser transformada.

Un sujeto educado es quien puede apropiarse de forma creativa del legado de sus padres y de la generación anterior para reinventarlo o, si es el caso, dejarlo totalmente de lado. La muestra más fehaciente de aprendizaje y de una auténtica buena educación es la capacidad de desaprender.
Así pues, la autoridad y la obediencia pueden ser autodestructivas, especialmente durante la crianza.

Foto: Concejo de Cali El castigo físico es un síntoma de problemas y relaciones sociales más profundas.

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El respeto: nadie vive aislado

La educación “a palo y rejo” desconoce el posible carácter autodestructivo de la autoridad en la crianza y en todo proceso educativo. Pero también malentiende el significado del respeto. Se supone que el disciplinamiento físico y violento tiene como objetivo infundir respeto.

La frase “le doy para que aprenda a respetar” da cuenta plena de esa creencia. Aquí se presupone que el respeto designa la capacidad de aceptar una jerarquía, de ser sumiso frente a alguien. Esta es una acepción errada del respeto, al igual que la equiparación del respeto con la tolerancia, implícita en la frase “respeto tu punto, pero no lo comparto”. El respeto no es sumisión ni es tampoco tolerancia.

En su sentido democrático, el respeto tiene que ver más con la reciprocidad y con una forma horizontal de relacionarnos. Yo respeto al otro porque entiendo que él o ella es una condición —y no un obstáculo— de mi existencia humana. Así, el respeto no está relacionado con la sacralidad o la trascendencia, sino con la finitud inmanente de la propia condición humana, que necesita de los otros para subsistir biológicamente y, aún más, para desarrollar una vida humana y libre.

Lo mismo podría decirse del respeto a la naturaleza: no se trata de una veneración mítica, sino del reconocimiento de que no somos completos (como individuos o como especie) y de que la necesitamos como condición y fundamento de nuestra propia libertad. El respeto implica un descentramiento del individuo: dejar de considerarlo (y de considerarse) un átomo y asumirse a uno mismo como una relación con los demás y la naturaleza.

Solo somos libres si respetamos y reconocemos la libertad ajena

Esta idea democrática del respeto presupone la autonomía y la libertad del otro. No puedo exigir que el otro me respete y me considere una persona autosuficiente sin hacerlo yo primero.

La razón de lo anterior fue explicada por Hegel: si yo considero que los otros no son lo suficientemente personas como para merecer mi reconocimiento, no habría nadie en el mundo que me considere a mí como una persona, pues solo las personas son capaces de reconocer a otras como tales. Si el ser humano solo llega a serlo entre los demás; entonces tiene que ver la humanidad en los otros si quiere que los demás la vean en él.

Un sujeto educado es quien puede apropiarse de forma creativa del legado de sus padres y de la generación anterior para reinventarlo o, si es el caso, dejarlo totalmente de lado

La educación a palo y rejo ignora el sentido democrático del respeto, al confundirlo con la sumisión, la veneración o la tolerancia. Claro está que este sentido no democrático del respeto atraviesa nuestro lenguaje: la idea del respeto por lo sagrado, las tradiciones o la ley indican formas asimétricas o verticales de supuesto reconocimiento que, como tales, no involucran reconocimiento, pues todo reconocimiento solamente puede ser recíproco.

La silenciosa opresión de mujeres y niños

Ahora bien, la condena unánime del castigo físico como método de crianza y las fallas argumentativas de quienes lo defienden no deben llevarnos a olvidar otra cara del debate, curiosamente ignorada por los medios y los sectores políticos del Congreso.

La recurrencia del castigo físico en las familias no se debe solamente una mentalidad arcaica o conservadora, aunque haya mucho de eso. Existen problemas estructurales en la distribución del reconocimiento (en el respeto) frente a las tareas del cuidado y la crianza, como lo ha señalado incansablemente el feminismo.

Y más allá de sus intenciones loables, el proyecto de ley aprobado puede ser un mecanismo para agravar estos problemas. En efecto, el proyecto podría reforzar la actitud que ha tenido el Estado (no solo el colombiano, sino en general) frente a los procesos de crianza en las sociedades contemporáneas. El Estado determina unos criterios de la crianza correcta —que podemos más o menos compartir— y exige a las mujeres cumplir con ellos, descargando en ellas la mayoría de las responsabilidades.

La educación a palo y rejo ignora el sentido democrático del respeto, al confundirlo con la sumisión, la veneración o la tolerancia

El Estado exige, quita hijos y —en el mejor de los casos— hace pedagogía (tal y como pretende el proyecto aprobado); pero no asume las tareas del cuidado como una tarea social del género humano y de la sociedad en su conjunto, sino que pone toda la carga en las mujeres.

En este sentido, hay que entender que el castigo físico es un síntoma de problemas y relaciones sociales más profundas. El castigo físico también puede ser la expresión de la frustración y del desespero de algunas mujeres desbordadas por las tareas del cuidado, que no se comparten. Sin duda, una pataleta es mucho menos tolerable para una madre si hay condiciones materiales paupérrimas y si el marido está esperando a que le lleven la comida. Ahí es probable que llegue la famosa chancla.

A medida que se compartan y se socialicen las tareas, mejorarán la tolerancia y la paciencia frente a ciertos comportamientos infantiles. Exigir simplemente paciencia y “amor” a las madres no soluciona el problema, sino que lo reproduce.

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Una tarea de toda la sociedad

¿Por qué cuando vemos a un niño con un comportamiento desagradable o socialmente inaceptable culpamos de forma inmediata a la madre y no a la familia o a las circunstancias sociales y materiales?

No podemos asumir el debate del castigo físico si no entendemos que el disciplinamiento físico y violento que algunas mujeres ejercen sobre sus hijos responde al disciplinamiento que la sociedad ejerce en primer lugar contra ellas.

No se trata de exculpar a las madres, sino de entender que, si queremos superar el castigo físico como paradigma de la crianza, debemos acompañar la prohibición del disciplinamiento violento con medidas que tiendan a la equidad de la distribución de tareas de crianza entre los géneros y a la socialización de dichas tareas.

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Andrés Parra

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Andrés Parra

* Profesor asistente de la Universidad de los Andes.

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Dicen algunos dirigentes que la medida de confinamiento es paternalista y que limita su libertad. Pero el problema no es ese: es casi todo lo contrario.

Andrés Felipe Parra* Continue reading «El falso dilema entre confinamiento y libertad»

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Andrés Parra

* Profesor asistente de la Universidad de los Andes.

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