Allam Echeverri, autor en Razón Pública
Foto: Elaboración propia - En los planes de gobierno de las candidaturas mejor posicionadas, se propone revisar y renegociar los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Colombia.

Compartir:

Estas son, en resumen, las coincidencias y diferencias entre los candidatos en materia de comercio exterior, desarrollo rural y crecimiento económico. ¿Pero será que sus promesas son factibles?

Allam Echeverri*

Publicidad y política

En Colombia y en el mundo, las campañas electorales funcionan como la promoción de un producto en el mercado.

Todos los candidatos se presentan como una alternativa única y quieren diferenciarse de los demás, estimulando la fantasía de los votantes. Esto a menudo se logra con promesas nebulosas o ambiguas, como aquellas de “ser el cambio”, “acabar la corrupción”, “no hacer simple populismo” y otras similares.

Aunque ese tipo de discursos publicitarios son normales en la política, los votantes debemos hacer un esfuerzo para identificar y analizar las propuestas específicas que subyacen a cada campaña. En este corto escrito sintetizo las propuestas de los candidatos en materia de desarrollo económico y enuncio algunas recomendaciones para los futuros planes de gobierno.

Renegociación de los TLC

En los planes de gobierno de las candidaturas mejor posicionadas se propone revisar y renegociar los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Colombia. A pesar de esta similitud, las campañas tienen matices en materia de inversión extranjera directa, políticas de investigación y desarrollo y composición de las reformas tributarias.

Antes de poner en práctica las principales propuestas de los candidatos, habría que aumentar los niveles de productividad y rentabilidad de las formas asociativas de la ciudad o el campo.

Federico Gutiérrez ha recibido el apoyo de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) y otros gremios, porque sus propuestas reflejan los intereses de esos sectores. En materia de comercio exterior, Gutiérrez propone una “transición ordenada” hacia la desgravación arancelaria del arroz, la leche, el café, el trigo y el maíz.

En la misma vía, Rodolfo Hernández ha hablado de la elevar los aranceles de productos cuya oferta interna resulte suficiente para atender el consumo social y productivo. Tanto Gutiérrez como Hernández sugieren transformar la exportación de materias primas “para que no se comercialicen a precios bajos y se hagan más rentables después de procesos industriales simples”.

Los programas de Sergio Fajardo y Gustavo Petro también proponen revisar y renegociar los TLC:

  • Petro propone una revisión para “proteger la producción nacional” y garantizar “la promoción de exportaciones agropecuarias”.
  • Fajardo anuncia que elevaría los aranceles sobre aquellas mercancías producidas por países que no hayan suscrito un TLC con Colombia.

A pesar de las diferencias de fondo entre Petro y Fajardo, la cercanía de este último con la Asociación Colombiana de Pequeñas, Medianas y Pequeñas Empresas (ACOPI) y las cámaras de comercio, y los recientes acercamientos de Petro con el Consejo Nacional Gremial podrían significar que el próximo gobierno tenga marcados visos proteccionistas.

Formalización y producción rural

Los programas de gobierno también tienen similitudes en sus planes de formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Casi todas las campañas hablan de la formalización como un método adecuado para aumentar la productividad y permitir el acceso al crédito por parte de las empresas pequeñas de la ciudad y el campo.

  • Gutiérrez y Hernández conciben la formalización como un requisito previo para la bancarización, la titulación de tierras y la trazabilidad de la producción.
  • Petro propone formalizar el acceso al crédito y la propiedad de la tierra para grupos organizados de mujeres y, al mismo tiempo, proteger el turismo local, la producción de energías renovables y la “minería ancestral”.
  • Finalmente, Fajardo promete formalizar un millón de Mipymes, mediante líneas de crédito asociativo y capacitación.

En cuanto a las economías campesinas, las campañas coinciden en la promesa de fomentar las formas de asociatividad productiva y la ampliación la frontera agrícola como estrategia de seguridad alimentaria.

  • Hernández proyecta incorporar 33 millones de hectáreas improductivas para la exportación de plantaciones forestales, palma de aceite, cebolla bulbo y cacao.
  • Fajardo aspira a transferir rubros de investigación y desarrollo en instituciones como la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma), el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con énfasis en los renglones más dinámicos de los cultivos permanentes: palma de aceite y caña de azúcar.
  • De manera similar, Petro proyecta capitalizar la agroindustria mediante estímulos a las asociaciones de productores, centros de acopio y aumentos del crédito rural.
campañas sobre desarrollo económico
Foto: Agronet - Las propuestas de ampliar la frontera agrícola y estimular las formas asociativas no garantizan un aumento de la productividad laboral si no son acompañadas por inyecciones de capital o mejoras tecnológicas.

Le recomendamos: Las propuestas económicas de los candidatos presidenciales

Las recomendaciones

La formalización puede ampliar el acceso al crédito y las oportunidades en las licitaciones públicas, pero implica unos costos que no pueden desdeñarse.

En principio, estos costos podrían ser asumidos por las empresas agrícolas, mineras e industriales con mayor capacidad económica. Estas empresas son las receptoras principales de las ventajas o subsidios explícitos o implícitos en los actuales sistemas o políticas de fondos de estabilización de productos exportables, tasas preferenciales de cambio y control de precios de importación de insumos. Las Mypimes en cambio absorben una tasa de ganancia igual o inferior a las tasas de interés de la banca comercial.

Las campañas coinciden en la promesa de fomentar las formas de asociatividad productiva y la ampliación la frontera agrícola como estrategia de seguridad alimentaria.

Por eso antes de poner en práctica las principales propuestas de los candidatos, habría que aumentar los niveles de productividad y rentabilidad de las formas asociativas de la ciudad o el campo. Sólo así podrían acceder a los programas de fomento de cultivos permanentes con vocación exportadora o aprovechar, por ejemplo, los “aranceles inteligentes” sobre las importaciones de alimentos, en razón a las ventajas que prefiguran las economías de escala sobre la producción.

Como se ve puede ver en la gráfica siguiente, desde hace veinte años el rendimiento por hectárea de los cultivos transitorios se ha mantenido estancado alrededor de  5 toneladas por hectárea (ton/ha) y el de los cultivos permanentes alrededor de 7 ton/ha.:

Rendimiento de los cultivos transitorios y permanentes en Colombia en Ton/Ha (1987 – 2016)

campañas sobre desarrollo económico
Este estancamiento en niveles de baja productividad, muy por debajo del promedio de América Latina, explica por qué la cuota de importación de alimentos –y con ella, la inflación– ha venido aumentando en los últimos años.

Asimismo, las propuestas de ampliar la frontera agrícola y estimular las formas asociativas no garantizan un aumento de la productividad laboral si no son acompañadas por inyecciones de capital o mejoras tecnológicas. Así lo demuestran las reformas agrarias en Bolivia o en Perú, donde se ofrecieron títulos de tierra como un objetivo “político” en sí mismo, sin capitalización paralela.

* Este texto forma parte de la Alianza Poder y Territorio para discutir asuntos territoriales en el contexto de las elecciones de 2022. Se estableció entre la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol); el concejal Diego Cancino, y un grupo de académicos formado por Carmenza Saldías, Andrés Hernández, Mario Noriega, Alex Araque, José Salazar y Angélica Camargo.

0 comentarios

Allam Echeverri

Escrito por:

Allam Echeverri

*Economista (2008) de la Universidad Central, MSc. en Historia de la Universidad de Los Andes (2015), y estudiante del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo del CIDER-Uniandes. Actualmente se desempeña como docente de medio tiempo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad Central, sede Bogotá y docente de cátedra del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libertadores, sede Bogotá.

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.