Absalón Machado, autor en Razón Pública
Foto: Pixinio Es indudable la importancia de la asignación de los baldíos de la nación en la formación de la propiedad rural en el país.

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Absalon Machado

Empeorar lo malo en lugar de corregirlo: el reparto de baldíos entre los campesinos se ha hecho bastante mal, y dos proyectos del gobierno entregarían más tierras a los grandes empresarios.

Absalón Machado*

Los proyectos

En las últimas semanas han prendido las alarmas dos proyectos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que permitirían la entrega de baldíos a grandes empresas:

  • el primer proyecto reglamenta las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE), que existen desde la Ley 160 de 1994; el gobierno permitiría que las empresas exploten baldíos de la Nación y que puedan quedarse con esas tierras.
  • el segundo proyecto permitiría que el gobierno les entregue a las empresas más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir, que pueda adjudicarles grandes extensiones de tierra.

Los proyectos son controversiales, entre otras cosas, porque van en contravía del Acuerdo de La Habana y de lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre la entrega de baldíos:

  • El Acuerdo creó un Fondo para repartir gratuitamente tierras a las comunidades campesinas que carezca de ellas y a otras poblaciones vulnerables, como los desplazados por la violencia. La principal fuente de este Fondo de Tierras son los baldíos de la Nación y, desde luego, se trata de un recurso escaso.
  • Durante años, la Corte Constitucional ha afirmado que el Estado debe evitar el acaparamiento de tierras y garantizar que la población campesina acceda progresivamente a la propiedad rural.

En ese contexto surgen varias preguntas: ¿por qué está interesado el Gobierno en entregar grandes extensiones de tierra a los empresarios? ¿Se trata de un cálculo político para atacar el Acuerdo de La Habana? ¿Qué debería hacer el gobierno para solucionar los problemas del campo, reactivar la economía y fomentar el acceso a la tierra?

Foto: La Cruz Nariño Las tierras baldías que quedan aún en manos del Estado constituyen un valioso patrimonio natural para las futuras generaciones.

Puede leer: Acumulación de tierras y desigualdad: ¿qué hacer con los baldíos?

Una estrategia fallida

En el pasado reciente, la entrega de baldíos de la Nación no ha sido un mecanismo para democratizar el acceso a la tierra. Más bien ha sido tan desorganizada y desaprovechada que ha propiciado la desigualdad, la pobreza, la violencia y la devastación ecológica.

Según un estudio de la Universidad de los Andes, de las 24.842.40 hectáreas de baldíos otorgados entre 1901 y 2012, apenas el 7 % (1.761.240 hectáreas) se distribuyó a través de programas de reforma agraria. Esto demuestra que la reforma agraria ha tenido muy poca cobertura y alcance.

Además, los baldíos entregados no han permitido que los campesinos salgan de la pobreza:

  • De acuerdo con la Ley 160 de 1994, el Estado no puede entregar más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) de tierras baldías a un particular. La UAF es la cantidad de tierra necesaria para que una familia remunere su trabajo y empiece a formar un patrimonio. Como advierte el Departamento Nacional de Planeación, “un predio inferior a la UAF sería, por definición ineficiente”, porque no garantizaría ni siquiera la producción mínima para una familia.
  • Sin embargo, el estudio anteriormente citado encontró que, entre 1995 y 2015, el 83,9% de las adjudicaciones de baldíos a particulares fueron inferiores a una UAF. Por lo tanto, en lugar de fomentar la superación de la pobreza, estas adjuciaciones ineficientes y desorganizadas han promovido la desigualdad.

Como si fuera poco, la política de adjudicación de baldíos en Colombia ha partido de un profundo desconocimiento del país.

Los baldíos se han adjudicado en sitios aislados donde no llega el Estado, donde no hay mercados y donde los actores armados ilegales ejercen un poder inmenso. Sin predios eficientes y a la merced de estos grupos, muchos campesinos no han tenido más opción que incorporarse a la cadena del narcotráfico, para llevarse una minúscula parte del negocio y resignarse a la pobreza y la marginación.

Esto, a su vez, ha causado un desastre ecológico: en este tipo de zonas, la deforestación y la devastación de los recursos naturales son la regla.

Para corregir el rumbo

Los proyectos de la ANT no resuelven ninguno de los problemas anteriores y, en cambio agravan la desigualdad, la pobreza, la violencia y el daño al medio ambiente.

Los baldíos de propiedad de la Nación deben destinarse a fomentar el acceso a la tierra de los campesinos y las comunidades vulnerables. Sobre eso no puede haber discusión.

Como lo han mostrado los expertos de la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorrios Rurales (Prodeter), los proyectos de la ANT hacen más difícil la adjudicación de tierras a las personas que más lo necesitan y, por lo tanto, violarían la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En vez de optar por ese camino inconveniente e inconstitucional, el Gobierno debería seguir repartiendo baldíos con el criterio de otorgar una UAF por familia y debería corregir los problemas que ha tenido la política de tierras. Además, podría seguir usando las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES) para reactivar la economía rural, mediante asociaciones entre las familias campesinas y los empresarios.

En 2014, la Corte Constitucional le había ordenado al Estado hacer un inventario y un “proceso nacional de clarificación” de todos los bienes baldíos de la Nación. Ese proceso, que hasta la fecha no existe, puede complementarse con estudios que incluyan aspectos económicos, sociales, ambientales, institucionales y jurídicos. Para ello puede crearse una Comisión Científica Nacional e Internacional que realice un diagnóstico completo y fije unas pautas para determinar cómo administrar los bienes baldíos en el futuro.

Además, el Gobierno debe contener la expansión de la frontera agrícola para evitar un desastre ecológico peor. Una manera de hacerlo es congelar la concesión de baldíos, cualquiera que sea su modalidad, hasta tanto no exista dicho inventario cuantitativo y cualitativo de las tierras disponibles y hasta revisar las normas para ponerlas a tono con el futuro que queremos en cincuenta o cien años.

Mientras tanto, están pendientes las denuncias sobre robo de baldíos con ocasión del “conflicto armado” y sobre apropiaciones indebidas de miles de hectáreas bajo diversos mecanismos aparentemente “legales”.

Foto: Instituto Geográfico Agustín Codazzi La alternativa a la cual debemos asomarnos ya se ha planteado claramente: el cierre de la frontera agropecuaria.

Le recomendamos: La reforma del régimen de baldíos: se necesita una política integral de tierras

Más allá de la tierra

Aunque la discusión jurídica sobre la entrega de baldíos es importante, también se necesitan decisiones políticas y soluciones prácticas para lograr la igualdad después de la adjudicación de la tierra.

En las actuales circunstancias, la entrega de baldíos por sí misma no es un mecanismo efectivo para avanzar hacia la equidad y el progreso. Por eso, el debate no puede quedarse en establecer para quiénes son estas tierras: antes debemos definir cómo y para qué queremos usar esos bienes, y cómo solucionar los problemas de fondo que enfrentan las personas a quienes se adjudica un terreno de este tipo.

En ese sentido, el Gobierno debería emprender una política de redistribución de la población en el territorio, y de redistribución de los recursos entre esa población. La discusión sobre a quién entregar los baldíos solo tiene sentido si existe un plan para el progreso y la equidad después de entregada la tierra.

Todas estas discusiones son urgentes, si queremos una ruralidad justa, armónica con la naturaleza, moderna y en paz. Lamentablemente, el Gobierno está mirando hacia otro lado.

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Absalón Machado

* Consultor en desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia

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Absalon MachadoLas propuestas de los candidatosEs un tema esencial para Colombia y hay diferencias de fondo entre los candidatos. ¿Será que al fin vienen los cambios de los que tanto se ha hablado en estos años?

Absalón Machado C.*

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* Consultor en desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia

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Manifestación de campesinos durante el Paro Agrario

Absalon MachadoEl posconflicto estará marcado por las protestas tanto en el campo como en las  ciudades. ¿Estarán preparados los movimientos sociales para afirmar sus derechos en un juego democrático? ¿Y estará abierto al diálogo el gobierno?

Absalón Machado Cartagena*

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* Consultor en desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia

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Absalón MachadoRecuento de los grandes resultados del censo agropecuario, de lo que significan acerca del estado –y de los cambios- en los usos del suelo, la tenencia de la tierra, la tecnología y el nivel de vida de la población rural. Información crucial para el posconflicto.     

Absalón Machado C.*

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* Consultor en desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia

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Absalón MachadoSantos II muestra sus cartas en materia de tierras. ¿En qué se diferencia de Santos I? ¿Cuáles son sus prioridades y cómo se lograrían? ¿Contradicen o no contradicen los acuerdos de La Habana? 

                                                                       Absalón Machado C*

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* Consultor en desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia

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El ministro de Hacienda

Absalón Machado

El aplazamiento del Censo Agropecuario es injustificado e inconveniente. Sin información confiable las políticas agrarias se seguirán basando en mitos o en intereses mezquinos que impiden aprovechar ese inmenso potencial de desarrollo.

Absalón Machado C.*

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Absalon-MachadoSe abren grandes posibilidades para una reforma rural integral: el despegue de una economía agrícola familiar con el compromiso firme del Estado permitirá que se cierre la brecha entre el mundo rural  y el urbano en Colombia. 

Absalón Machado *

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* Consultor en desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia

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Absalon-MachadoEl debate del PDA al ministro de Agricultura se quedó en la forma y favorece a quienes se oponen a la restitución de tierras. Pero el fondo no ha sido discutido: volver al desarrollo rural y reordenar la propiedad sobre la tierra. Son los dos temas que habrá de abordar la Ley de Desarrollo Rural anunciada para el próximo 20 de julio.

Absalón Machado*

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* Consultor en desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia

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Absalon MachadoEste país es distinto del que las elites se imaginan. Colombia sigue anclada en la ruralidad, y mientras no resuelva la crisis del campo no será posible la modernidad. Un informe lleno de revelaciones y propuestas sensatas, que urgen a que haya más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado.

Absalón Machado *

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* Consultor en desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia

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