Estados Unidos argumentó que su ataque a territorio afgano fue un acto de “legítima defensa”. ¿Por qué esto es tan controversial, qué cambió para el derecho internacional —y por qué este cambio también afecta a Colombia—?
Lina M. Céspedes Báez* Enrique Prieto-Ríos**y René Urueña***
La “herencia afgana”
La invasión estadounidense de Afganistán dejará una huella decisiva en el derecho internacional, que seguirá marcando la organización geopolítica global mucho después de que el último marine salga de Kabul: la controversial legalización de la “legitima defensa en contra de actores no estatales”.
¿Qué significa esta expresión? Quiere decir que, bajo el derecho internacional, se considera válido atacar el territorio de otro país (como Afganistán) cuando un grupo terrorista actúa desde allí, incluso si el gobierno de ese país no controla al grupo terrorista (como fue el caso de Al-Qaeda).
Esta “herencia afgana” cambió o cambiará, para siempre, la forma como todos los países del mundo deciden sobre la guerra y la paz.
¿Cuándo es lícito usar la fuerza?
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de la ONU declaró ilícito el uso de la fuerza armada por parte de un Estado en contra de otro, excepto en dos casos:
- cuando el Consejo de Seguridad de la ONU lo autoriza (artículo 42.),
- cuando un Estado se defiende legítimamente ante el ataque de otro (artículo 51).
Este fue un marco jurídico pensado para conflictos entre Estados, y no desarrolló el problema de los actos cometidos por actores no estatales que pudieran afectar la paz y convivencia mundial o amenazar la integridad y seguridad de un país.
Posteriormente, la comunidad internacional unió esfuerzos para responder a hechos violentos llevados a cabo por actores no estatales y que incluían acciones como el secuestro o la destrucción de aviones, la toma de embajadas o la voladura de infraestructura estratégica de un país. Los siguientes tratados principales tuvieron ese propósito:
- el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves de 1963;
- el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de 1970;
- la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos de 1973;
- la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979;
- el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima de 1988;
- el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas de 1997, y
- el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999.
La legítima defensa y los actores no estatales
A pesar de estos esfuerzos, el derecho internacional no reguló explícitamente la legítima defensa como respuesta a ataques de actores no estatales. Sin embargo, desde que se adoptó la Carta de la ONU en 1945, algunos Estados justificaron el uso de la fuerza de esta forma: el caso típico era el ataque de un Estado a otro, cuyo territorio era usado por rebeldes que estaban bajo la protección del gobierno.
Por ejemplo, en los años setenta, Portugal incursionó en territorio de Guinea, Senegal y Zambia, porque los guerrilleros angoleños se estaban reaprovisionando en el territorio de esos Estados en su lucha independentista contra los colonizadores portugueses. Los sudafricanos usaron el mismo argumento cuando incursionaron en Angola, Mozambique, Zambia, Lesotho, y Botswana. Israel también lo usó cuando incursionó en Jordania y en el Líbano en los años ochenta.
En todos esos casos, el argumento consistía en que el Estado atacado estaba protegiendo terroristas y que era lícito para el Estado víctima atacar su territorio, incluso si la amenaza no venía del Estado mismo. Algunos comentaristas argumentaban que, aunque la legítima defensa contra actores no estatales no estaba regulada por la Carta de la ONU, esto no implicaba que estuviese prohibida. Sin embargo, la opinión más común y robusta era que esos actos estaban prohibidos.
El cambio geopolítico
En todo caso, el tablero geopolítico cambió la tarde del 11 de septiembre de 2001. Después del ataque de Al-Qaeda, el gobierno de George W. Bush invadió Afganistán con varios objetivos, entre ellos, desarticular el grupo terrorista y capturar a Osama bin Laden.
Estados Unidos justificó su ataque contra Afganistán como un acto de legítima defensa en los términos de la Carta de la ONU. El Consejo de Seguridad respaldó esta tesis mediante la adopción unánime de las resoluciones 1368 y 1373 de 2001. Estas resoluciones condenaron los ataques, sentaron una base jurídica para justificar la invasión armada de Afganistán y conminaron a todos los Estados a colaborar para detener a los grupos terroristas. Esta misma línea fue adoptada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las resoluciones del Consejo de Seguridad transformaron para siempre la justificación de la acción armada internacional. Desde entonces, Estados Unidos ha sostenido que es lícito atacar el territorio de otro Estado, cuando éste es incapaz o no tiene la voluntad de luchar contra grupos terroristas en su territorio.
Bajo esa “herencia afgana” se han justificado los ataques con drones estadounidense en contra de Al-Queda, en Pakistán y Yemen, así como de al-Shabaab en Somalia. Israel también ha justificado así sus acciones en contra de Hezbollah, en el Líbano.
Esa misma doctrina dio el marco general para que Estados Unidos se abstuviera de criticar la Operación Fénix, cuando Colombia ocupó territorio ecuatoriano en marzo de 2008 para dar de baja a Raúl Reyes. Colombia no planteó la Operación Fénix como un acto de legítima defensa, sino que la justificó como una aplicación extraterritorial de persecución a delincuentes nacionales. Sin embargo, la Operación Fénix es comúnmente invocada como un ejemplo de legítima defensa en contra de actores no estatales.
Los costos de invadir Afganistán
La ocupación de Estados Unidos y sus aliados en Afganistán logró la caída el gobierno Talibán y la reducción de las células y los militantes de Al-Qaeda. Pero también estuvo marcada por un uso excesivo de la fuerza, la violación sistemática de los derechos humanos y la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En noviembre de 2017 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación por la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Afganistán. Como respuesta a estas investigaciones, el gobierno del presidente Trump impuso una serie de sanciones contra funcionarios de la CPI, como la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos.
Además, la invasión de Afganistán dejó un alto número de muertes:
- 448 soldados y 3.846 contratistas estadounidenses;
- 144 soldados de la OTAN;
- 000 miembros de la policía y el ejército afganos;
- 245 civiles;
- 191 miembros del Talibán y otras fuerzas insurgentes;
- 444 trabajadores de organizaciones no gubernamentales, y
- 72 periodistas.
El gobierno estadounidense invirtió aproximadamente 83 billones de dólares en la formación y fortalecimiento del Ejército afgano. A pesar de las fallas técnicas y tácticas, la presencia militar norteamericana en Afganistán se mantuvo durante veinte años.
Lo que sigue
Sin embargo, la falta de una victoria clara llevó a que, en 2020, el presidente Trump acordara con los talibanes el retiro paulatino de las fuerzas estadounidenses del territorio afgano. El acuerdo fue cumplido por el presidente Joe Biden.
El gobierno Talibán no se comprometió a combatir y capturar a integrantes de Al-Qaeda. Solo se comprometió a impedir que usen el territorio afgano para llevar a cabo actos terroristas. Esto implica la alta probabilidad de una relación no formal entre el gobierno afgano y Al-Qaeda para garantizar su continuidad y fortalecer su capacidad militar.
También es altamente probable que el gobierno Talibán entre en una confrontación directa con el Estado Islámico (ISIS), grupo que intentará tomar el control del país para poder relanzar su campaña militar contra occidente.
En definitiva, la retirada de Estados Unidos y el regreso al poder de los talibanes crea serias inquietudes sobre lo que ocurrirá en los próximos meses en el país y en la región. Los dos ataques terroristas en el aeropuerto de Kabul atribuidos a ISIS permiten intuir que el futuro cercano no será pacífico y que Afganistán vivirá un nuevo capítulo de conflicto interno, envuelto en la lucha de intereses de países como Pakistán, Rusia, China y Estados Unidos.
