Así es la explotación sexual de menores en Medellín
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Así es la explotación sexual de menores en Medellín

Escrito por Monica Godoy

La explotación sexual de menores vuelve a apoderarse de los noticieros y del debate en redes sociales. Frente a esto se han tomado medidas populistas y poco eficientes para tranquilizar a la población.

Mónica Godoy*

Ocultamiento y negligencia

Hace unos días se divulgó un posible caso de explotación sexual de menores de edad, en la ciudad de Medellín, que cobró relevancia por tres razones:

  • Una, el ocultamiento en las primeras notas de prensa de la identidad del extranjero señalado por el presunto abuso sexual y del nombre del lujoso hotel donde se alojaba,
  • Segundo, la inacción de la Policía que, a pesar de haberlo encontrado en un jacuzzi en compañía de dos niñas de 12 y 13 años y teniendo pruebas materiales como drogas y condones utilizados, no lo capturaron, y
  • Tercero, aunque lo retuvieron por 12 horas, de manera inexplicable lo liberaron y le permitieron huir del país, según informó la Policía, porque no lo encontraron en flagrancia.

En redes sociales se difundió la noticia como pólvora y, producto de la indignación colectiva, a las pocas horas el nombre del hotel salió a la luz, el Gotham; la identidad del representante legal, Bradley Hinkelman; y, en los días siguientes, la foto y el nombre del extranjero involucrado en el posible crimen: Timothy Alan Livingston.

Es decir, la gente de forma espontánea hizo el trabajo de investigación que ni las autoridades colombianas ni la prensa quisieron hacer en un principio.  ¿Por qué razón se dieron ese ocultamiento de la prensa y esa negligencia por parte de la Policía?

Lo que se sabe

Lo que hasta ahora se conoce en el debate público es que el involucrado se alojaba en un hotel que hace parte de un grupo económico que presuntamente hizo una generosa donación a la campaña electoral del hoy alcalde, Federico Gutiérrez, quien a su vez tardó 62 horas en pronunciarse sobre el caso.

Si estos precedentes están o no relacionados con la omisión de la captura del ahora indiciado y la protección inicial de la información sobre su identidad y nombre del hotel, tendrá que ser parte de la investigación penal en curso.

¿De quién es Medellín?

Ahora bien, este caso puso de nuevo en el debate público la preocupación por los efectos del turismo de hombres solitarios, la intensa gentrificación de Medellín, las prácticas de explotación sexual, que afectan también a la infancia y adolescencia, y la falta seguridad y derechos de los habitantes de esta ciudad. Vale preguntarse, ¿para quién es Medellín ahora?

Por lo pronto, el alcalde Federico Gutiérrez dio una respuesta con la expedición del decreto que suspende por seis meses la prostitución en algunos lugares de la ciudad. Esto, a pesar de que en Colombia no es una actividad delictiva si se ejerce por mayores de edad sin coacción alguna y a beneficio propio.

la gente de forma espontánea hizo el trabajo de investigación que ni las autoridades colombianas ni la prensa quisieron hacer en un principio. ¿Por qué razón se dieron ese ocultamiento de la prensa y esa negligencia por parte de la Policía?

Foto: Alcaldía de Medellín - La alcaldía local de Medellín suspendió la prostitución durante seis meses para combatir la explotación sexual. Sin embargo, esta medida puede causar segregación socioespacial y conlleva a que la explotación sexual se traslade a otros lugares en donde es más difícil prevenirla.

Ante la indignación por la explotación sexual de menores de 18 años, por parte de hombres extranjeros, la administración local impuso una medida de segregación socioespacial por actividad económica que afecta de forma indiscriminada a todas las personas cuya sobrevivencia depende de la prostitución y/o del trabajo sexual. La ciudad, según el alcalde, no es para ellos y ellas.

Esta decisión del gobierno local parece basarse en criterios sospechosos de discriminación y que, antes de disminuir los diferentes tipos de explotación sexual, la envía a espacios clandestinos, lo cual perjudica aún más su prevención, atención y sanción.

Aunque este tipo de decisiones son un abuso de autoridad, suelen ser muy populares porque prometen “limpiar la ciudad de indeseables”. Sin embargo, tienen un alto riesgo de incrementar la violencia contra gente en condiciones de marginalidad sociolaboral.

Eso sí, deja intactas las estructuras criminales de proxenetas y de tratantes de personas con fines de explotación sexual. Ambas conductas tipificadas como delitos en el código penal.

Estas redes de explotación sexual simplemente desplazan su operación a otras zonas de la ciudad y siguen ganando cantidades exorbitantes por esto. La ciudad, según el alcalde, sí es para quienes manejan y se lucran de este negocio ilegal.

También parece ser que Medellín y otras ciudades de Colombia son para aquellos hombres solitarios provenientes de países del llamado Primer Mundo, atraídos por los sistemas de representación de la industria cultural de las narconovelas, los estereotipos sexistas del país de la belleza y el precio accesible de otras mercancías que se ofrecen en nuestras calles, quienes organizan planes de viajes que pueden incluir actividades sexuales, incluso con niños y niñas. La ciudad, al parecer, es primordialmente para su diversión, satisfacción y servicio.

Oferta y demanda

Sabemos que no hay casos de explotación sexual aislados, sino que existe una muy poderosa industria del sexo que funciona bajo las leyes de oferta y demanda. Si un turista o un local con suficiente capacidad adquisitiva pide menores de edad para abusarles, los tratantes y proxenetas responden de manera positiva a su solicitud. Los escrúpulos sobre la ilegalidad de este tipo de violencias no parece ser una preocupación para ninguna de las partes participantes en este rentable negocio.

¿Quiénes son los industriales del sexo en Medellín involucrados en estos delitos?, ¿quiénes ofrecen planes de “todo incluido y sin consecuencias” en Colombia a pederastas en todo el mundo?, ¿quiénes son los que en realidad acumulan las ganancias de estas actividades criminales? Y ¿dónde las reinvierten y las lavan?

Ahora bien, judicializar y sancionar a quienes abusan sexualmente de menores de edad o a otras víctimas del proxenetismo y trata de personas es solo la mínima parte del problema. El establecimiento de la responsabilidad individual en los delitos es fundamental, pero no logra disuadir de la comisión de los mismos a otros dispuestos a correr este riesgo.

Ese es un comportamiento temerario en el que posiblemente no incurrirían en sus propios países de origen, porque hay menos riesgo de ser capturados y mayores garantías de impunidad para violar niños y niñas colombianas que estadounidenses, por ejemplo. Esta violencia es también una expresión de colonialismo y deshumanización de la gente no occidental.

Uno a uno, explotador extranjero o local capturado, las autoridades no van a afectar la estructura criminal de una industria tan rentable y con alta capacidad de producir corrupción, cuya organización es transnacional.

Hasta que los gobiernos no se planteen acciones para la erradicación de estos delitos desde una perspectiva más amplia y profunda, seguirán produciéndose víctimas a centenares. Mientras tanto, la ciudadanía seguirá en ciclos de indignación colectiva, exigencia de justicia, olvido y otra nueva indignación.

¿De quién es la lucha entonces?

Ahora, la lucha contra la explotación sexual de las infancias u otras víctimas del proxenetismo y trata de personas, no es responsabilidad exclusiva de las autoridades.

Los grandes medios de comunicación tienen pendiente una reflexión sobre los impactos sociales negativos de los productos culturales, como las narconovelas y su reproducción de estereotipos sexistas que se distribuye a nivel global.

También deben reflexionar sobre la forma de cubrir este tipo de violencia. Sus afirmaciones son revictimizantes, responsabilizan a las víctimas de su propia explotación sexual, y presentan o admiten como “compradores de un servicio” a los que en realidad son criminales que abusan de una persona en condiciones de vulnerabilidad. Estas son muestras de incomprensión del problema y en nada ayuda a un debate público informado y responsable al respecto.

A su vez, la política migratoria del país debe proponer controles más efectivos a extranjeros con alto o mediano poder adquisitivo, que viajan en solitario, para determinar sus itinerarios, lugares de alojamiento, recorridos y advertirles de las posibles consecuencias de incurrir en actividades ilegales.

judicializar y sancionar a quienes abusan sexualmente de menores de edad o a otras víctimas del proxenetismo y trata de personas es solo la mínima parte del problema

Es importante reconocer que estos extranjeros usan las mismas redes criminales que ya existían antes del auge de este tipo de migración. Estas eran y son utilizadas por políticos, industriales, mafiosos, paramilitares y otros hombres nativos con poder. La explotación sexual de menores de edad y otras víctimas del proxenetismo y la trata de personas no las trajeron a Colombia los pederastas y otros explotadores sexuales extranjeros.

Las medidas de control de las autoridades deben acompañarse de un reconocimiento integral de derechos para personas mayores de edad prostituidas y trabajadoras sexuales que necesitan sostenerse a sí mismas y a sus familias, a través de esta actividad económica, y no pueden verse perjudicadas y segregadas por medidas estigmatizantes, ineficaces e indiscriminadas, como las tomadas por Federico Gutiérrez en Medellín.

Una política social orientada a la garantía de derechos debe incluir una renta básica y otros tipos de apoyos laborales y educativos para favorecer la transición voluntaria, de quienes así lo decidan, a otras actividades económicas de menor riesgo y que, a su vez, garanticen mejores condiciones y seguridad para quienes permanezcan en este oficio.

Si lo que quieren es abolir la prostitución, la vía más efectiva no es el prohibicionismo de la demanda y la oferta legales ni la represión policial contra quienes deberían ser consideradas sujetas de protección especial por parte del Estado: las personas prostituidas y las trabajadoras sexuales.

A su vez, si lo que quieren es abolir la explotación sexual de menores de edad, la vía más efectiva no es prohibirles a ellos y ellas su movilidad en un tipo de toque de queda, como lo decretó Federico Gutiérrez, sino brindarles apoyo económico y oportunidades educativas. Mientras las autoridades persiguen a las grandes estructuras criminales de tratantes y proxenetas, no solo a uno que otro “cliente” que no logró salir impune. Ahí está la clave.

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