Así avanza Colombia en los Lineamientos de integridad pública de la OCDE
Foto: Departamento Nacional de Planeación

Así avanza Colombia en los Lineamientos de integridad pública de la OCDE

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Como miembro de la OCDE, Colombia tiene en cuenta los lineamientos planteados por esa organización para mejorar su situación en integridad pública. Encuentre aquí cómo ha avanzado el país en este tema.

David A. Ortiz Escobar*

Colombia en la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE; OECD, por sus siglas en inglés) está conformada por un grupo de países que respaldan valores democráticos y de economía de mercado. En este foro se discuten retos y soluciones para lograr avances en materia económica, social y ambiental. 

Ha sido definida como un «club de buenas prácticas» debido a que de sus comités y grupos de trabajo surgen recomendaciones, lineamientos y estándares para el desarrollo integral de sus países miembros y de otros países con valores y objetivos similares. 

Después de avanzar en una agenda de exámenes y reformas que inició en 2013, Colombia entró oficialmente a la OCDE en 2020. Pertenecer a la OCDE implica para el país un compromiso de mejora continua en aspectos normativos, de implementación y de monitoreo en una gran variedad de temas como el crecimiento económico sostenible, la innovación, la mejora regulatoria y el desarrollo humano integral de sus ciudadanos.

La OCDE y el sistema de integridad pública

En este proceso de armonización con los lineamientos de la OCDE, una de las áreas más relevantes para el país es la mejora permanente de su sistema de integridad pública, entendida como «el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados». 

Este camino no inició en el 2020. En 2013 Colombia ya se había adherido a la convención anti cohecho (o antisoborno) de la OCDE, que se enfoca específicamente en el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. 

Esta convención requiere que sus países miembros cataloguen al soborno como un delito e incluye medidas que las empresas deben tomar para prevenir el esta práctica en sus operaciones en el extranjero.

El sistema de integridad pública propuesto por la OCDE va más allá de las políticas antisoborno. En efecto, el documento de recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre integridad pública de 2017 alerta sobre otras formas de corrupción –también muy relevantes para le contexto colombiano– como el tráfico de influencias, la malversación de recursos públicos y el abuso de poder. 

Dado que la materialización de estas formas de violación a la integridad pública depende de los contextos de cada país y organización, la OCDE, en documentos como el Manual de Integridad Pública de 2020, propone un enfoque estratégico a partir de un análisis de los riesgos de corrupción

Un enfoque estratégico es comprensivo y sistémico, prioriza el abordaje de algunos riesgos de corrupción (es selectivo) y se basa en la evidencia y en indicadores que muestran el efectivo despliegue y los resultados de los planes de acción anticorrupción. 

Por su parte, un enfoque de riesgos implica la identificación prospectiva de riesgos concretos de corrupción pública en diferentes áreas, el análisis de las causas y los efectos de estos riesgos, así como la ideación de estrategias para prevenirlos. 

Esto contrasta con un enfoque excesivamente normativo (que deja de lado la implementación) o en donde los gobiernos tramitan leyes o implementan políticas ad-hoc, improvisadas y/o reactivas, por ejemplo, en respuesta a casos de corrupción puntuales.

¿Cómo avanza Colombia?

El enfoque estratégico en materia anticorrupción que propone la OCDE implica, entre otros elementos, contar con evidencia e indicadores que permitan hacer un efectivo seguimiento al diseño e implementación de la estrategia de integridad pública. 

Es por esto que, desde hace algunos años, la OCDE ha recolectado y sistematizado datos relacionados con la calidad del marco estratégico de integridad pública, la efectividad del control interno, la gestión de riesgos y la rendición de cuentas en la elaboración de las políticas públicas. 

Más adelante, la OCDE contará con indicadores relacionados con la meritocracia en el sector público, la integridad y la efectividad del sistema de justicia, y la fortaleza de la vigilancia y el control. 

Esta batería de indicadores permitirá medir las acciones concretas que toman los gobiernos para la mitigación de riesgos de corrupción en dimensiones legales, procedimentales e institucionales.

Foto: Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Ya había recomendado mejorar la articulación y las capacidades de los actores del sistema de integridad del país, particularmente la Comisión Nacional de Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización.

Al menos en el papel, el país ha trazado objetivos estratégicos, al más alto nivel del gobierno, en las áreas más relevantes de la integridad pública como la administración de los recursos públicos (humanos y financieros), el control interno y la gestión de riesgos, la contratación pública, la prevención del fraude

De acuerdo con el primer grupo de estos indicadores, con mediciones para el 2020 y que también fueron resumidos en el Outlook de Anticorrupción e Integridad de 2024, Colombia cuenta con una buena cobertura en su estrategia de integridad (100 sobre 100 puntos posibles). 

Esto quiere decir que, al menos en el papel, el país ha trazado objetivos estratégicos, al más alto nivel del gobierno, en las áreas más relevantes de la integridad pública como la administración de los recursos públicos (humanos y financieros), el control interno y la gestión de riesgos, la contratación pública, la prevención del fraude, entre otras.

Sin embargo, otros aspectos presentan sustanciales oportunidades de mejora. Por ejemplo, los planes de implementación de la estrategia de integridad pública presentan retos como la coordinación y distribución de funciones entre los diferentes actores involucrados y mejorar la calidad del monitoreo. 

Al respecto, el estudio de la OCDE sobre la integridad pública en Colombia de 2017 ya había recomendado mejorar la articulación y las capacidades de los actores del sistema de integridad del país, particularmente la Comisión Nacional de Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización, así como fortalecer el rol de la Secretaría de Transparencia y definir criterios más claros para el nombramiento y permanencia de quien encabeza esta entidad.

Además de lo anterior, existen otras áreas en donde prácticamente todo el trabajo está por hacerse. En particular, según el análisis realizado por la OCDE, la estrategia de integridad y sus planes de acción no incluyen una análisis contextualizado de los riesgos de integridad pública existentes. Tampoco contienen indicadores de resultado para cada objetivo propuesto con metas específicas. 

Para las dimensiones de efectividad del control interno, gestión de riesgos y rendición de cuentas en la elaboración de política pública, Colombia no cuenta con datos o estos no han sido entregados a la OCDE.

Otra área crítica es la incorporación de evidencia en el diseño y despliegue de la estrategia de integridad pública, dado que los planes de acción no incluyen un análisis de probabilidad de materialización de riesgos ni su impacto potencial, ni utilizan fuentes de información cuantitativa, como encuestas de hogares, encuestas de opinión o datos administrativos. Así mismo, no contamos con información sobre el ritmo de la implementación de los planes de acción de la estrategia de integridad pública.

Para las dimensiones de efectividad del control interno, gestión de riesgos y rendición de cuentas en la elaboración de política pública, Colombia no cuenta con datos o estos no han sido entregados a la OCDE. 

Esto implica que aún no podemos comparar a Colombia con los otros países OCDE en términos de estrategias de integridad relacionadas con la regulación del lobby, los conflictos de intereses, financiación de campañas políticas y transparencia de la información pública. 

Para hacer un seguimiento ordenado e independiente al avance del sistema de integridad pública en estas áreas, de acuerdo con el sistema OCDE, es necesario contar con información sistematizada y que cumpla con los estándares solicitados por esta organización. Todo lo anterior implica compromiso del país e inversión de tiempo y recursos humanos en varias instituciones estatales. 

Otro reto importante, y como sucede comúnmente con estos modelos de medición internacional, es evitar caer en la trampa de los indicadores cosméticos que se cumplen, pero no tienen una incidencia real en el fortalecimiento de la integridad pública y, más importante aún, no se traducen en resultados tangibles en la lucha contra la corrupción.

Por último, pero no menos importante, el Outlook de Anticorrupción e Integridad de 2024 señala algunos riesgos emergentes de integridad pública para los países OCDE, que desde ya Colombia debería abordar: los riesgos de corrupción asociados a la transición energética, especialmente en dimensiones como el lobby y el conflicto de intereses; el rol de la inteligencia artificial para combatir (o para promover) la corrupción, y la interferencia extranjera indebida, que aprovecha vacíos en los sistemas de integridad pública para promover intereses foráneos.

**Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones son responsabilidad de los autores.

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