Asesinado el director de una cárcel: ¿hay otro modo de enfrentar el desafío?
Foto: Alcaldía de Medellín

Asesinado el director de una cárcel: ¿hay otro modo de enfrentar el desafío?

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El asesinato de Elmer Fernández dio lugar a un debate sobre la necesidad de intervenir las prisiones para evitar que se delinca desde su interior. ¿Cómo debería abordarse el problema?

Fernando León Tamayo*

Petro imita a Bukele

La propuesta de intervención del gobierno fue inmediata: limitar los derechos de los privados de la libertad. Gustavo Petro, al mejor estilo de Nayib Bukele, pidió el aislamiento e incomunicación de quienes sigan delinquiendo desde las prisiones.

Tras el asesinato de Elmer Fernández, director de la cárcel Modelo, han vuelto a aparecer las cuestiones de la violencia y la delincuencia penitenciaria. La existencia de organizaciones que delinquen desde la prisión, aparentemente con poder suficiente para matar a los guardias, es una realidad inaceptable. 

La propuesta de intervención del gobierno fue inmediata: limitar los derechos de los privados de la libertad. Gustavo Petro, al mejor estilo de Nayib Bukele, pidió el aislamiento e incomunicación de quienes sigan delinquiendo desde las prisiones. 

Las posiciones irreconciliables de izquierda y derecha suelen desembocar en decisiones similares cuando se trata de responder a situaciones extraordinarias de violencia y criminalidad. En este punto parece haber un acuerdo ideológico. La única forma de lidiar con la delincuencia carcelaria es empeorar las condiciones de habitabilidad y satisfacción de derechos de los privados de la libertad.

Demos un paso atrás para responder un par de preguntas ilustrativas: ¿La delincuencia desde la cárcel se debe a la falta de “mano dura” por parte del Estado? ¿La limitación de los derechos de los presidarios es una respuesta constitucionalmente admisible y eficiente para combatir a quienes delinquen desde el interior de las cárceles? La respuesta, en ambos casos es negativa. 

Foto: Policía Nacional - Las requisas son un acto de cumplimiento del derecho, pero también acciones que desequilibran los acuerdos de convivencia entre los guardias, los privados de la libertad, y las organizaciones que manipulan los mercados ilegales en la prisión.

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La mano dura no funciona 

Hay la creencia generalizada de que la “mano dura” sirve para frenar la criminalidad, pese a que los estudios empíricos muestran su poca efectividad a largo plazo. Por ejemplo, los trabajos de Mary Rowe y Corine Bendersky, y Rusell Skiba, confirman que las políticas de tolerancia cero en escuelas y lugares de trabajo afectan las relaciones, no solucionan los conflictos y no evitan la aparición de nuevos problemas. 

Löiq Wacquant, por su parte, ha mostrado que en Nueva York la mano dura no redujo el crimen, sino que aumentó las denuncias penales y disciplinarias contra funcionarios estatales por abuso de la fuerza. Dicho de otro modo, en lugar de disminuir los delitos, se produjeron muchos más. 

Lo anterior no implica renunciar a las intervenciones violentas, aunque abandonarlas sea deseable. Lo que si hacen estos estudios y otros muchos es que nos obligan a reconocer la complejidad de la violencia, la necesidad de buscar otras formas para gobernarla y reducirla, y, la poca utilidad del uso de la fuerza en tiempos de crisis. 

La punta del iceberg

Cuando miramos las cárceles colombianas, e intentamos comprender por qué se sigue delinquiendo desde su interior, la situación es más compleja de lo que creemos. Retirar derechos a los privados de la libertad es una medida de choque que no contribuye a resolver el conflicto y agranda la dimensión del problema. 

¿Cuál es entonces la naturaleza de la violencia que se despliega desde las cárceles? ¿por qué las medidas de choque no ayudan a resolver el problema? La delincuencia en las cárceles colombianas se conecta con tres factores fundamentales que demuestran su complejidad. 

Primero, la existencia de organizaciones criminales ligadas a mercados muy lucrativos (trata de personas, narcotráfico, minería ilegal y venta de armas) crea sujetos con enorme poder militar, pero fácilmente remplazables. Por esta razón, el encierro de los cabecillas no evita que sigan delinquiendo desde las prisiones. Las bandas criminales rápidamente escogen un nuevo cabecilla o reclutan más integrantes, o los cabecillas se las arreglan para extender su poder a la prisión. En este punto, el problema no son exclusivamente las personas sino la existencia de la organización criminal en sí misma. 

Como han señalado Libardo Ariza y Manuel Iturralde, la porosidad entre el mundo exterior y la cárcel replica la violencia de las prisiones en el resto de la sociedad, y viceversa. Los nombres que han circulado en los medios de comunicación de los posibles involucrados en el asesinato de Fernández apuntan a sujetos concretos, a pesar de que el problema es mucho más espinoso.

En segundo lugar, la desigualdad fuera de las prisiones nutre la violencia. Las personas con necesidades básicas insatisfechas, que habitan en entornos donde el conflicto armado y la delincuencia organizada han dejado su marca, son más propensas a ser reclutadas por bandas criminales. Las varias formas de segregación existentes en la sociedad (económica, racial, de género) condicionan el acceso a bienes básicos y, con ello, las posibilidades legales de obtenerlos.

Las condiciones de las prisiones aumentan la violencia porque repiten la insatisfacción de necesidades básicas y segregación que existen en el mundo libre.

Por ejemplo, Salim Chalela y Geovanna Vallejo muestran cómo, en el caso de Medellín, los jóvenes de barrios periféricos tienen una mayor probabilidad de morir que el resto de la ciudadanía, bien como víctimas de la violencia o bien por su involucramiento temprano con bandas criminales. Para muchos jóvenes en Medellín el destino es la muerte, independientemente de si pertenecen a organizaciones criminales, lo cual hace aún más difícil su decisión de involucrarse o no en este negocio. 

Por otro lado, Libardo Ariza, María Mauersberger y yo mismo hemos analizado cómo la precariedad económica convierte al narcotráfico en una fuente sostenible de ingresos para mujeres cabeza de familia que no tienen ninguna otra oportunidad para generar ingresos.

En tercer lugar, las condiciones de las prisiones aumentan la violencia porque repiten la insatisfacción de necesidades básicas y segregación que existen en el mundo libre. La atención de esas necesidades básicas recae en las familias de los internos, pero, en algunas ocasiones, los presos construyen mercados ilegales para acceder a bienes básicos. Este negocio alimenta el soborno de los guardias, la delincuencia fuera de las cárceles, la venta de drogas, la extorsión, los homicidios y los apaleamientos. 

Violación masiva de derechos

Necesitamos cambiar las relaciones cotidianas dentro de las cárceles. 

Por ejemplo, las requisas, causa aparente de la muerte de Fernández, no son solo el cumplimiento del deber de la guardia. En un contexto de privaciones en el acceso a bienes y servicios, las requisas son acciones que desequilibran los acuerdos de convivencia entre los guardias, los privados de la libertad y las organizaciones que manipulan los mercados ilegales dentro de la prisión. Las requisas no solo degradan la relación entre guardias e internos, sino que interrumpen los mercados que proveen de bienes básicos a los privados de la libertad. 

Esto no quiere decir que no deberían existir las requisas. Lo que intento señalar es que, cuando el Estado falla en proveer el acceso a cosas tan simples como lugares para dormir, agua potable o comida en buen estado, las requisas afectan la posibilidad de que los privados de la libertad sobrevivan al encierro.

Es absurdo creer que limitar aún más los derechos de los privados de la libertad solucione alguna cosa. No se trata solamente de que la propuesta del presidente de aislar e incomunicar a los privados de la libertad es inconstitucional, sino que los presos tienen poco que perder en el estado actual del sistema penitenciario.

Como dice la Corte Constitucional, dentro de las cárceles existe una violación masiva y sistemática de derechos fundamentales; ¿qué más se les puede quitar, si ya perdieron sus derechos básicos? 

La delincuencia dentro de las cárceles exige acciones inmediatas, pero deben surgir de una lectura adecuada del problema. Una intervención inteligente no puede limitarse a las medidas de choque. 

En pocas palabras, la reacción violenta es incapaz de paliar un problema tan viejo. La violencia carcelaria se ha repetido por décadas en el país, y la limitación de derechos nunca ha ofrecido respuestas. Peor aún, esta reacción brutal que pretende alcanzar a quienes delinquen desde la prisión, acaba siempre por afectar a los privados de la libertad que no tienen nada que ver. Por culpa de unos pocos que controlan los mercados ilegales de la prisión terminan sufriendo miles de personas.

Lea en Razón Pública: Construcción y vivienda: ¿cuál es la controversia?

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Fernando Leon Tamayo

Escrito por:

Fernando Leon Tamayo

* Doctor en Derecho y profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Penal de la Universidad Eafit.

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