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Argentina, el fiscal y la política

Escrito por Rodolfo Mariani

Edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) con los nombres de las víctimas del atentado de 1994.

Rodolfo MarianiSe lee con el interés de una buena novela policíaca, pero es también un análisis punzante sobre la historia, el juego de poderes, la politización de la justicia y el entronque de Argentina con Estados Unidos y el conflicto de Oriente Medio.   

Rodolfo Mariani*

Atentado y denuncia

El 18 de julio de 1994, la sede  de la Asociación Mundial Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires fue objeto de un atentado terrorista que dejó 85 personas muertas y 300 heridas.  

El 25 de octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman acusó formalmente al gobierno de Irán de planear el atentado, que habría sido ejecutado por agentes de Hezbollah. Tiempo después, el juez Rodolfo Canicoba ordenó la captura de siete ex funcionarios iraníes. A fines de 2007 la Interpol ratificó estas decisiones y emitió circulares contra los prófugos de la justicia argentina.

El 14 de enero pasado, el fiscal Nisman  instauró una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y el canciller Héctor Marcos Timerman, por presunta complicidad con Irán para seguir ocultando su responsabilidad en el atentado.

Muerte e intriga

Cuatro días después (domingo 18 de enero), el fiscal Nisman fue hallado muerto en su apartamento. Al día siguiente debía comparecer ante una comisión de diputados oficialistas y opositores que lo iba a interrogar sobre sus argumentos y –en especial- sobre sus pruebas.

Nisman acababa de regresar en forma apresurada de sus vacaciones en Europa. Tan apresurada, que dejó sola a su hija de 15 años en el aeropuerto de Madrid a la espera de que su madre la recogiera. Tan apresurada que su ex esposa y madre de sus hijas, la juez Sandra Arroyo, sostuvo en sede judicial que no fue claro Nisman al explicarle las razones del retorno.  

Como suele suceder en estos casos, la sociedad se conmovió con la noticia de la muerte  misteriosa y circularon todo tipo de versiones. El mismo lunes 19 se conoció el resultado oficial de la autopsia, que descartó la presencia de terceros en el lugar donde se halló el cadáver. El martes se informó de otro peritaje, según el cual el plomo que se encontró en la cabeza del difunto correspondía con el casquillo hallado en el piso y con la bala que salió de la pistola que estaba junto al cuerpo del fiscal. El barrido electrónico sobre el tejido de la mano no  encontró restos de la explosión y -aunque esto podría deberse al bajo calibre del arma- es probable que vengan nuevas pruebas al respecto.

Todo lo demás, el orificio de entrada, la trayectoria del proyectil, la posición de la mano, etc. parecen encajar con la hipótesis del suicidio.

Casi nadie quiere creer en un suicidio.

Sin embargo casi nadie parece creer del todo en un suicidio. O casi nadie quiere creer en un suicidio. La oposición responsabilizó de inmediato al gobierno. El gobierno se refugió primero en las evidencias que apuntaban a un suicidio, pero a renglón seguido se encargó de poner esta hipótesis en duda: fue la propia CFK quien en carta abierta se refirió al caso como “¿suicidio?” y afirmó  que “(a Nisman) lo usaron vivo y ahora lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible”.

Entre el “suicidio inducido” y el homicidio, todos, aunque interpreten los hechos de manera muy distinta, parecen creer que detrás de la muerte de Nisman hay una conspiración.

Es extremadamente difícil desentrañar los hechos cuando son tantas las incertidumbres, las interpretaciones y las suspicacias. Pero algunas cosas parecen estar bien establecidas, y en este artículo trataré de referirme a ellas.

La Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Foto: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina

Un contexto turbulento

En octubre de 2014, tras la grotesca declaración de “desacato” de un juez de Nueva York contra Argentina, CFK declaró que los acreedores del país “quieren tirar abajo la restructuración de la deuda…Acá el problema es que nosotros queremos pagar y no nos dejan…algunos sectores concentrados de la economía quieren voltear (derrocar) al Gobierno. Y hacerlo con ayuda extranjera…Si me pasa algo, en serio lo digo, miren hacia el norte”.

Un mes después la presidenta produjo un “revolcón” en la Secretaría de Inteligencia y designó a un jefe de su absoluta confianza, Oscar Parrilli, quien dio de baja a los principales mandos de la institución, muchos de los cuales habían ingresado en tiempos de la dictadura militar. Como anotó un ex secretario de Inteligencia “todo el mundo tiene un esqueleto dentro de su placard (“closet”, dirían los colombianos). Quizá empiecen a caminar por las calles los esqueletos”.

A comienzos de este año, la conmoción mundial por el atentado contra Charlie Hebdo   fue utilizada por algunos medios opositores al gobierno, que pretendieron conectar el hecho con el debate político argentino alrededor de los monopolios mediáticos, la libertad de expresión, el papel del periodismo y la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

De esto modo la oposición pretendió instalar la idea de que Argentina no condenaba suficientemente el terrorismo, y se llegó a sostener que CFK le había prohibido al canciller participar de la marcha de repudio a los atentados en Paris. Durante varios días el espectáculo ficticio mostró a un gobierno remiso a condenar enérgicamente los atentados.  El problema no es la banalidad (ni la repetición desmesurada); el problema es la intencionalidad política detrás de semejante periodismo.  

Justicia politizada

Por lo demás desde hace tiempo las tensiones políticas han encontrado en el poder judicial un escenario para ser tramitadas. Mientras algunos acusan al gobierno de injerencias indebidas, no ha habido en la historia democrática reciente una administración que haya sufrido más fallos adversos de la justicia, ni tantas pruebas de connivencia de jueces y fiscales con los poderes fácticos.

El problema no es quién tenga más razón, sino que las dos cosas son ciertas. Digamos, de manera estilizada, que  el gobierno necesita una justicia más afín a los cambios que impulsa, y que la oposición se refugia en la justicia como último bastión de resistencia a esos cambios. Hay grises, también. Sería preciso que la política democrática resolviera este impasse.

El problema no es quién tenga más razón, sino que las dos cosas son ciertas.

En semejante contexto, el 2015 comenzó por la designación de nuevos fiscales por parte de la Procuradora Alejandra Gils Carbó que fue objetada inmediatamente por la oposición – que inundó los tribunales con recursos y consiguió impedir la posesión mediante un juez que aprovechó los días festivos para suspender “cautelarmente” los actos de posesión. Al día siguiente el principal diario de la oposición  se jactó de que “los nuevos fiscales no podrán asumir por una medida cautelar. Así, las designaciones se harían en 2016” es decir, bajo otro gobierno. El problema para la oposición no parece ser entonces la injerencia de la política en la justicia, sino la orientación de la política que injiere.  

El fiscal fallecido Alberto Nisman.
Foto: Infojus Noticias

El juego geopolítico

La denuncia de Nisman contra  la presidenta y el canciller consta de casi 300 páginas y se basa casi íntegramente en escuchas telefónicas a personajes marginales de la vida política argentina.

Según opinión de especialistas de distintas corrientes, la denuncia es muy débil y hay quienes afirman de manera contundente que los hechos no constituirían un delito y en consecuencia no se trataría estrictamente de una denuncia.

Los hechos no constituirían un delito y en consecuencia no se trataría estrictamente de una denuncia.

Y es que desde un comienzo la investigación sobre el caso AMIA se había concentrado   en la pista de Irán, cuando existían bases aparentemente sólidas para buscar en otras direcciones, particularmente en la de Siria. Es decir que la justicia argentina prosiguió la “línea” que preferían el propio Israel y Estados Unidos. Washington se entusiasmó y- según los wikileaks– procuró “contactar al gobierno argentino y coordinar esfuerzos en foros locales e internacionales para presionar a Irán y Hezbolá”; fue cuando Interpol  homologó las órdenes de captura.  

En 2013 los gobiernos de Argentina e Irán habían firmado un Memorándum de entendimiento. Nisman sostuvo en su denuncia que este acuerdo era parte de una estrategia de CFK y el canciller para librar de responsabilizar a Irán a cambio de un gran aumento del intercambio comercial, en medio de la crisis económica argentina (importar petróleo y exportar granos).

Pero no sólo esa hipótesis no corresponde a las cifras reales de comercio sino que Ronald Noble, el Secretario General de Interpol entre 2000 y 2014 – afirmó que “lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes.” 

La gran duda

¿Por qué Nisman -que siempre fue muy sensible a la opinión de Estados Unidos- acaba haciendo una denuncia de alto voltaje que es desmentida de raíz por un hombre como Noble, un estadounidense que venía de dirigir el Servicio Secreto de su país?

Lo que es jurídicamente inviable,  podría ser políticamente útil para alguien, muy útil. ¿Por qué un hombre avezado y celoso de su prestigio como Nisman se habría decidido a presentar semejante denuncia sobre la base de pruebas tan frágiles? ¿Actuó por convicción o fue forzado a hacerlo?

¿Acaso en 2008, cuándo Nisman pidió la detención del ex presidente Carlos  Menem por encubrimiento, ya había actuado por presiones? En ese entonces dijo que la desclasificación de documentos secretos de inteligencia “no le había dejado más remedio que pedir la captura”. Poco después, sin embargo, el embajador de Estados Unidos en Argentina Earl A. Wayne informó a Washington de una conversación que había tenido con el fiscal: “Interesantemente, Nisman dijo que su investigación no había descubierto ningún motivo para que el presidente Menem orquestara el encubrimiento”. Pero así y todo Nisman ordenó la captura de Menem, pidió disculpas al embajador por no haberle avisado previamente y abandonó definitivamente la investigación sobre la llamada “conexión local”.

También ahora Nisman dijo que no le quedaba más remedio que presentar la denuncia. ¿Estaba presionado, como pareció estarlo en aquella ocasión? ¿Quién, quiénes podrían haberlo empujado a denunciar penalmente a la Presidenta de la Nación y  a su Ministro de Relaciones Exteriores? ¿O actuaba por plena convicción?

Lo que viene

La justicia – politizada como está- tiene mucho trabajo por delante. Deberá esclarecer la muerte del fiscal Nisman. Deberá proseguir la causa AMIA en busca de una verdad que desde hace 21 años le ha sido negada a los familiares de la victimas y a toda la sociedad argentina. Y próximamente deberá llevar a cabo el juicio oral contra los acusados de encubrir el atentado.

Hace unos días, Meir Margalit escribió que “…el asesinato del fiscal Alberto Nisman olía a una oportuna conspiración de derecha, apañada con ex agentes policiales y militares, para tumbar al Gobierno y destruir la democracia argentina. Es una revolución elegante, sofisticada y refinada con el método que Naomi Klein describió tan bien en su libro La doctrina shock”.

Mientras tanto, todo parece indicar que la muerte de Nisman fue un suicidio pero nadie o casi nadie, quiere creer que fue un suicidio.  

La política democrática también tiene mucho trabajo por delante.

 

* Politólogo, investigador del CIEDAL, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín.

twitter1-1@RodiMariani

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