Además de la ilusión -y la desilusión- del Mundial, Argentina está el borde de una crisis financiera. ¿En qué consiste la crisis, cuál ha sido el papel de los holdouts (fondos buitres), cuáles opciones existen, y qué enseñanzas se siguen para el mundo?
La deuda “eterna”
La recuperación de la democracia argentina, en 1983, estuvo atravesada por la cuestión del endeudamiento externo. No solo porque coincidió con la crisis de la deuda de fines de los setenta y principios de los ochenta que afectó a la región, especialmente a México y a Brasil, sino porque desde el comienzo cada intento de pensar el crecimiento y el desarrollo tropezó con las limitaciones que imponía la deuda.
Pagar o no pagar, reconocer o no la deuda contraída por la dictadura, anteponer su pago al desarrollo nacional, eran temas constantes en el debate que acompañó la transición hacia la democracia.
La deuda argentina se remonta a 1824 (cuando era presidente Bernardino Rivadavia y se endeudó con la compañía inglesa Baring Brothers), pero ganó importancia desde la segunda mitad del siglo XIX.
La deuda argentina se remonta a 1824 (cuando era presidente Bernardino Rivadavia y se endeudó con la compañía inglesa Baring Brothers), pero ganó importancia desde la segunda mitad del siglo XIX.
Aquel empréstito de 1824 se canceló ochenta años después, devolviendo mas de diez veces el monto de un millón de libras sin que siquiera hubiera ingresado en su totalidad, y sin haberlo aplicado al propósito para el cual fue solicitado (básicamente, la construcción del puerto de Buenos Aires).
Igual que otros países latinoamericanos, Argentina estuvo al borde del default en 1874, en 1890 y en los primeros años del siglo XX. En 1952 se canceló la totalidad de la deuda externa (por un total superior a doce millones de pesos) y a partir de 1955 el endeudamiento creció para paliar los déficits del sector externo.
El derrotero de la deuda a lo largo de la historia argentina constata la tensión siempre presente entre una visión liberal-rentística-exportadora, asociada con los centros mundiales del poder económico, y socialmente excluyente, y otra visión nacional-desarrollista que defiende la integración regional, la expansión del mercado interno y la inclusión social a través del empleo.
 Edificio del Bank of New York Mellon, en Nueva York. Foto: Wally Gobetz |
Argentina y América Latina endeudadas
La mayoría de los países latinoamericanos sufrieron del problema: la deuda de América Latina y el Caribe, que era de 32.561 millones de dólares en 1970, subió a casi 500.000 millones en 1990 y superaba largamente el billón en 2011.
En sus orígenes, este proceso estuvo asociado, de un lado, con el retiro de Estados Unidos del sistema de convertibilidad al oro en 1971 y con la gran acumulación de capital de los países exportadores de petróleo que inundaron los bancos desde 1973 en adelante; y, de otro lado, con los gobiernos latinoamericanos (muchos dictatoriales) que se endeudaron especulativamente y dieron pie a sin salidas que estallaron a principios de los ochenta, cuando los países centrales comenzaron nuevamente a demandar capital.
El comienzo de “la tercera ola” de la democracia latinoamericana estuvo pues marcado por un momento económico altamente desfavorable en cuyo centro estaba el tema de la deuda.
Cuando en 1976 llegó al poder en Argentina la última dictadura cívico-militar, la deuda externa era de menos de 8.000 millones de dólares; seis años después rondaba los 35.000 millones. Desde entonces esa deuda implicó una gran dificultad para el crecimiento y una imposibilidad lisa y llana para el desarrollo. En 1990, la deuda superaba los 60.000 millones de dólares y a fines de esa década se había más que duplicado.
Con el comienzo del nuevo siglo, después de haber sido el alumno ejemplar del Fondo Monetario Internacional y las políticas del consenso de Washington durante los noventa, Argentina quedó sumergida en la peor crisis socioeconómica y política de su historia.
En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, el país se encontraba en cesación de pagos y encaró la tarea de reestructurar la deuda a partir de un principio básico: los montos, plazos y tasas que se acordaran debían ser compatibles con el crecimiento económico y la inclusión social.
Entre el primer canje de deuda en 2005 y el segundo, de 2010, se logró acordar con el 92,4 por ciento de los acreedores. Argentina logró salir de default, crecer sostenidamente, pagar con puntualidad vencimientos y reducir el endeudamiento. Mientras en 2003 la deuda neta nominada en moneda extranjera era superior al PIB, hoy está cerca del 15 por ciento.
 El fallecido Ex-presidente argentino Néstor Kirchner. Foto: Wikimedia Commons |
Los holdouts
Ahora bien, un grupo de holdouts (o fondos buitres, como se les llama en español), que después del default adquirió bonos de la deuda argentina a precio de remate, nunca aceptó la reestructuración y decidió reclamar la totalidad del valor nominal de esos bonos más sus intereses en tribunales de Nueva York.
Después de un largo recorrido, en febrero de 2012 el juez Thomas Griesa ordenó que Argentina le pagara a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelios, AC Paster y Blue Angel, la totalidad de la deuda que reclaman, sin rebaja o “quita” alguna.
Apelado por Argentina, en octubre este fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que además le indicó al juez Griesa que estableciera con más precisión cómo debía hacerse efectiva su sentencia.
El 22 de noviembre el juez Griesa dispuso que Argentina debía pagar en efectivo y en un solo contado la suma de 1.330 millones de dólares más los intereses hasta el 15 de diciembre de 2012. Cuando todo parecía encaminarse a un callejón sin salida, la Cámara de Apelaciones retomó el caso y estableció un cronograma de presentaciones de las partes. Argentina propuso reabrir el canje y pagar a los fondos demandantes en las mismas condiciones que a todos los demás tenedores de sus bonos.
Por su parte, los fondos se volvieron a negar y reclamaron la aplicación del fallo de primera instancia. Ante la imposibilidad de un acuerdo, la Cámara, en agosto de 2013, ratificó su postura inicial. Entonces Argentina apeló ante la Corte Suprema, pero esta te decidió no tomar el caso, lo cual equivale a dejar firme la sentencia de Griesa. Por su parte la Cámara levantó la medida cautelar que evitaba embargos sobre activos argentinos.
Argentina debía realizar un pago el 30 de junio pasado, cosa que hizo en el Bank of New York Mellon (BoNY), pero el juez Griesa intimó al BoNY (al igual que a JP Morgan y a Euroclear Bank por los bonos nominados en yenes y en euros, bajo jurisdicción de Tokio y Londres, respectivamente) a no pagar a los tendedores de bonos y a devolver el dinero a Argentina.
Sin embargo Argentina no acepta ese dinero porque ya no le pertenece y sostiene que el juez se extralimita al impedir el pago, y los bancos solicitan que el juez aclare la medida en previsión de las acciones legales que los titulares puedan iniciar por la retención de sus fondos.
Técnicamente, a partir de la fecha de vencimiento (30 de junio) hay treinta días antes de entrar en default. En estos días se están llevando a cabo las negociaciones entre las partes bajo la coordinación de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez.
Argentina ha dejado en claro su voluntad de pago al mismo tiempo que la imposibilidad de hacerlo en los términos definidos por el juez. De hacerlo, inmediatamente activaría la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que otorga a los acreedores reestructurados el derecho de obtener las mejoras que lograron los holdouts, en un efecto dominó que borraría lo que ya se había pactado con el 96 por ciento de los interesados.
En manos del capital
La situación es compleja y expone la fragilidad de los países frente a la especulación financiera. Desde la restructuración de la deuda Argentina, en general, los bonos se emiten con cláusulas de acción colectiva (CAC) según los cuales en caso de reestructuración es suficiente con el acuerdo de una mayoría determinada (generalmente los dos tercios) para imponer esas condiciones al conjunto.
Si bien esas cláusulas no eliminan la posibilidad de extorsión por parte de un solo acreedor que se haga con la porción suficiente para bloquear los acuerdos, si la limitan sustancialmente.
Se trata pues de un tema de política internacional de primer nivel, como ya lo han expresado oficialmente la inmensa mayoría de los países del planeta, organizaciones internacionales de todo tipo y personalidades y líderes de muy diversas posiciones ideológicas.
Toda esta situación se plantea cuando Argentina venía cerrando sus frentes externos más conflictivos. Se había logrado un acuerdo con la multinacional REPSOL por la nacionalización de acciones de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 y con el Club de Paris por una deuda cuyos orígenes se remontan a 1956 (todo por un total aproximado de 15.000 millones de dólares).
La deuda de América Latina y el Caribe, que era de 32.561 millones de dólares en 1970, subió a casi 500.000 millones en 1990 y superaba largamente el billón en 2011.
Sin embargo, aunque moderado, hay lugar para el optimismo. La cláusula RUFO vence a los diez años de emitidos los bonos, es decir en diciembre de 2014. Si se pudiera colocar la negociación actual bajo un paraguas que mientras tanto habilitara el pago a los acreedores tal como venía haciéndose, en enero de 2015 Argentina estaría en condiciones de llegar a un acuerdo con los holdouts.
Para ello haría falta ahora el reestablecimiento judicial de la medida cautelar (stay) y los holdouts deberían estar dispuestos a negociar y no solamente a exigir la literalidad de una sentencia que hoy resulta de imposible cumplimiento.
Mientras tanto, la política internacional tiene mucho qué decir y qué hacer. La democracia está en juego en un mundo que exhibe una evidente vulnerabilidad al capital financiero especulativo y un preocupante extravío sobre las prioridades y los valores y derechos que deberían ser tutelados.
* Politólogo, investigador del CIEDAL, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín.
@RodiMariani
