El incendio de La Macarena ilumina puntos ciegos en la crisis ambiental que vive el país hace varios años.
Óscar Murillo Ramírez*
La deforestación y la respuesta del gobierno
En abril del año pasado, el gobierno puso en marcha la Operación Artemisa con los propósitos de detener la deforestación, reparar la selva húmeda tropical y judicializar a los responsables de la destrucción ambiental.
En desarrollo de esta operación, el 19 de febrero pasado, las comunidades campesinas de las veredas Caño Gringo, Puerto Lozada y el Rubí alertaron sobre el despliegue de quinientos militares en sus veredas, ubicadas entre el municipio de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).
De acuerdo con el IDEAM, tres de nueve núcleos de deforestación en el país afectan directamente a La Macarena: sábanas del Yarí, marginal de la selva y el Parque Tinigua. De los seis parques naturales más deforestados, cuatro hacen parte del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM) y sus conexiones naturales: Tinigua, Sierra de la Macarena, Serranía del Chiribiquete y la Cordillera de los Picachos.
De diez municipios más afectados por la tala de bosques, cuatro están ubicados en la región: San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, San José del Guaviare. Ante este panorama, el gobierno Duque actúa sobre la base de tres supuestos:
- El deterioro de los parques naturales obedece a la ausencia de control institucional y que, en consecuencia, la presencia del Estado debe garantizarse con un enfoque militar.
- Los territorios selváticos están ocupados por las disidencias de las FARC, quienes promueven la deforestación para sembrar coca. Esta afirmación ha circulado en varios medios y fue señalada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
- La judicialización detiene el flagelo de la deforestación. Desde 2018, la Fiscalía General destinó ocho fiscales especializados en temas ambientales para enfrentar la deforestación supuestamente realizada por grupos ilegales. Hasta el día de hoy, se han realizado más de treinta intervenciones judiciales y ciento ocho capturas.
La Corte Suprema de Justicia, en su Sentencia 4360 de 2018, consideró a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos. En virtud de ello, el Estado debe adoptar un plan de corto, mediano y largo plazo para prevenir y contener la deforestación, así como adelantar acciones de conservación.
La Corte fue enfática en señalar la importancia de contar con la participación de las comunidades afectadas. El diálogo y la integralidad se fijaron como condiciones necesarias para detener el daño forestal en estos territorios.
Sin embargo, la ejecución hasta el momento ha sido insuficiente. La formulación del plan de acción se limitó a cabeceras municipales, dejando por fuera a la población campesina que habita en las áreas protegidas. Este no cuenta con un respaldo suficiente ni propone acciones concretas en materia de restauración de zonas afectadas.
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Estigmatizar campesinos oculta a los verdaderos responsables
Entender la deforestación como un asunto de orden público, en manos de las disidencias de las FARC, ha producido una estigmatización de las comunidades campesinas que habitaban dichos territorios desde antes de la firma del Acuerdo de Paz.
El territorio que integra La Macarena se forjó a través de procesos de colonización. Ante la escasa capacidad de reformar democráticamente la propiedad sobre la tierra, se produjo una ampliación descontrolada de la frontera agrícola.
Ciclos de violencia expulsaron a las comunidades campesinas sobre los márgenes de la selva y las llevaron a colonizar las riveras de los ríos Duda, Ariari, Lozada y Guayabero. Estos procesos de colonización estuvieron acompañados de una sólida organización social y política que se mantiene hasta hoy.
Foto: Parques Nacionales Naturales
La deforestación es uno de los problemas más graves al que debería hacer frente este gobierno
Tres de nueve núcleos de deforestación en el país afectan directamente a La Macarena
Prueba de lo anterior se encuentra en las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones, quienes han denunciado presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública durante algunos operativos realizados en octubre de 2018.
Igualmente sucedió con las más recientes infracciones al Derecho Internacional Humanitario cuando, al parecer, el Ejército Nacional se atrincheró en casas de la población civil en los últimos enfrentamientos con las disidencias de las FARC registrados en la vereda El Rubí.
La operación Artemisa fue la formalización de una práctica que ya venía ejecutándose. La Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G) denunció la detención de sesenta personas, la incautación de ochocientas cabezas de ganado y la quema de viviendas campesinas durante operativos realizados en 2018.
La investigación en contra de los alcaldes de Miraflores, El Retorno y Calamar abrió un debate sobre las herramientas que los mandatarios locales tienen para impedir la deforestación de la Amazonía. Adicional a esto, permitió que salieran a la luz algunas de las verdaderas razones tras la sistemática quema y tala de bosques.
Firmado el Acuerdo de Paz en 2016, el Parque Nacional Natural Tinigua registró la llegada de campesinos ajenos al territorio, dado que allí las organizaciones sociales han caracterizado con sus propios instrumentos a los colonos asentados en la zona protegida.
Las comunidades identificaron que detrás de este inusual proceso se encuentran terratenientes del Caquetá, Guaviare y Meta, quienes promueven la ocupación y pagan la faena para talar y la ocupación de pequeñas parcelas.
Las capturas de la Fiscalía no van a detener la deforestación. En tanto persistan las condiciones económicas y sociales, habrá campesinos de escasos recursos que estén dispuestos a tumbar la selva, unos por el pago, otros mediante la quema para cultivos de pancoger.
Mientras tanto, los interesados en promover monocultivos, ganadería extensiva y explotación minera, verdaderos responsables de la destrucción selvática, seguirán en la impunidad.
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El narcotráfico, la erradicación voluntaria y las disidencias
Aunque se registra presencia de cultivos de uso ilícito en las zonas de reserva, en todas ellas se observa un descenso en las hectáreas cultivadas entre 2016 y 2018.
Como demuestra la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para 2016 en la Sierra de La Macarena había 2548 hectáreas de cultivos de coca, dos años después esta cifra hacía descendido a 1840. En la Serranía de Chiribiquete, pasó de 38 a 17 y en el Parque Tinigua, de 276 a 155 entre los mismos años.
La reducción se explica por la voluntad que han tenido las comunidades para erradicar, a partir de la suscripción del “Acuerdo Municipal para la Sustitución Voluntaria La Macarena departamento del Meta” del 16 de junio de 2017. De la verificación se encontró un porcentaje de hectáreas erradicadas del 66 por ciento para la Sierra de la Macarena, 100 por ciento para Cordillera de los Picachos, y 98 por ciento para el Tinigua.
El territorio que integra La Macarena se forjó a través de procesos de colonización
Las comunidades adelantan la erradicación voluntaria asumiendo grandes riesgos contra su vida. Las disidencias de las FARC, a través de panfletos (vea aquí el panfleto), amenazaron a quienes se acogieran al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
La presencia de las disidencias en el territorio y su capacidad operativa era previsible y, sobre todo, podía prevenirse. La Defensoría del Pueblo advirtió acerca de esta situación entre la Nota de Seguimiento 014-17 y la Alerta Temprana 042-18.
En esta última dieron a conocer la “creciente capacidad de coordinación, mando, y ocupación territorial que dichas estructuras armadas ilegales han logrado adquirir en un periodo relativamente corto y que les ha permitido realizar acciones bélicas en los municipios de La Macarena, Vistahermosa, Mesetas y Uribe.”
A pesar del despliegue mediático que pretende centrar la culpa en las disidencias y los cultivos de coca, existe poca evidencia que permita concluir que son estos los verdaderos motivos detrás la deforestación.
La estrategia de dichos grupos para acrecentar su capacidad operativa y armada parece estar en la recuperación de los bienes reportados en el “Listado de bienes y valores de economía de guerra de las FARC-EP”. Esta lista reportó 339 fincas del Bloque Oriental, de estas, el 39 por ciento se encuentran ubicadas en el municipio de La Macarena.
Foto: Presidencia de la República
El Programa de Sustitución está fracasando porque a los campesinos los amenazan y el gobierno Duque no les cumple.
Soluciones viables
- Restablecer el diálogo. A la disposición de las comunidades reunidas en la asamblea de la vereda el Tapir, debe sumarse la concertación como parte de la reconstrucción de la legitimidad del Estado en estos territorios abandonados durante décadas.
- Puesta en marcha del Acuerdo de Paz. Urge materializar procesos educativos de conservación ambiental entre el campesinado y poner en marcha el punto de “Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva”. Este último estableció la formulación del Plan de Zonificación Ambiental para usos adecuados del suelo.
- Adelantar un enfoque preventivo. Es indispensable atender las Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en materia de Derechos Humanos. Esta entidad, además de garantizar presencia permanente en el territorio, debe preservar su independencia institucional para garantizar la confianza de las comunidades.
- Gobernanza ambiental y participativa. Deben considerarse incentivos para que el campesinado restaure y conserve los parques naturales. Es necesario estabilizar la propiedad de la tierra e infraestructura ya existente, garantizando oportunidades de manera sostenible.
En el inmediato plazo, el Concejo y la Administración Municipal de La Macarena, y demás territorios cercanos, tienen a posibilidad de hacer algunos cambios:
- Incorporar en el nuevo Plan de Desarrollo metas y recursos concretos para restauración, protección y conservación ambiental.
- Adelantar la formulación de planes y manejo del riesgo que permitan prevenir incendios forestales.
- Avanzar en la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo establecido por la Corte en la Sentencia 4360 de 2018.
*Magister en Ciencias Políticas, FLACSO – Ecuador; Especialista en Pedagogía, Universidad Pedagógica Nacional; Historiador, Universidad Nacional de Colombia. Twitter: @Oscar_MuRam
