Aquellos “locos” de 1863 - Razón Pública
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Aquellos “locos” de 1863

Escrito por Nicolás Pernett
Rafael Núñez

Rafael Núñez

Hace 150 años se promulgó la Constitución de Rionegro, que habría sido el camino hacia otra Colombia. Con sus luces y sus sombras, es importante destacar este aniversario porque siguen vigentes las preguntas – y quizás las respuestas- de aquellos radicales del 63.

Nicolás Pernett*

 

Memoria selectiva

Puede decirse que en Colombia fue la facción conservadora quien salió victoriosa del prolongado enfrentamiento político que sacudió al país (y al continente) durante el siglo XIX, y que fue esta la que acabó por imprimirle su temperamento socio-cultural a la nación.

Por eso hoy entre la población es mucho más conocido el legado de un hombre como Rafael Núñez, uno de los arquitectos de la República conservadora y “poeta” autor de nuestro himno nacional, que, digamos, una figura como José Hilario López, quien se conmemora en la actualidad casi exclusivamente dentro de la comunidad afrodescendiente cada 21 de mayo por haber sido el presidente que decretó la abolición de la esclavitud en 1851.  

Igualmente, la guerra de los Mil Días (1899-1902), sin duda una de las más sangrientas de nuestra historia y aquella que marcó el triunfo militar definitivo  del Partido Conservador sobre el Liberal, es usualmente traída a la memoria como la guerra civil definitiva para Colombia, mientras las muchas otras ocurridas a lo largo del siglo XIX suelen entremezclarse en el relato popular como una sola gran guerra entre los partidos.

La Constitución conservadora de 1886 fue bien ponderada y celebrada durante sus 105 años de vida como génesis y evangelio de la República de Colombia.

No es casualidad que casi todo nuestro imaginario del siglo XIX se reduzca al momento en que el conservatismo “puso en orden la casa” con su proyecto de la Regeneración, después de décadas de “desorden”. Por eso, la Constitución conservadora de 1886 fue bien ponderada y celebrada durante sus 105 años de vida como génesis y evangelio de la República de Colombia, mientras que su predecesora, la Constitución liberal de 1863, rápidamente fue rodeada de un aire de desconfianza por su carácter “radical” y libérrimo.

Obviamente, cualquier análisis profundo mostraría que cada una tuvo sus luces y sus sombras, pero en lo que a conmemoraciones e imaginarios se refiere, es claro que las ideas y experimentos de los liberales de mediados del siglo XIX quedaron casi que definitivamente asociados con aquel tipo de locuras que se llevan a cabo en una juventud republicana bienintencionada pero desorientada.

También por eso es poco sorprendente que en este 2013 hayan sido escasos los esfuerzos oficiales para conmemorar el sesquicentenario de la Constitución de Rionegro, aparte de los eventos en el municipio antioqueño donde se expidió (y donde se celebró a los radicales liberales… ¡con un Te Deum!) y de la exposición realizada por la Universidad Externado de Colombia en Bogotá.

Sin embargo, la era del radicalismo liberal del XIX y la Constitución de 1863 merecen una recordación más completa, no solo por su irrepetida audacia en materia de reformas sociales, sino porque (y por eso extraña que los neoliberales de hoy no le tengan más cariño) su legado se siente con fuerza en la economía de principios del siglo XXI.

Tomás Cipriano

Estatua de Tomás Cipriano de Mosquera en el
Capitolio Nacional.

Foto: Wikimedia Commons

Cuando Colombia fue los Estados Unidos

La Constitución expedida el 8 de mayo de 1863 fue el afianzamiento “radical” de los ideales liberales que desde comienzos del siglo XIX habían empezado a aparecer como el modo más expedito de modernizar al país e integrarlo a la economía y la política internacional después de sus largos siglos bajo la dominación colonial española.

Ideas como el abandono de la educación impartida por la Iglesia en pos de una centrada en el utilitarismo y en la experimentación empírica o la adopción del librecambio como impulsor de la economía ya habían sido centro del debate político desde los primeros años posteriores a la Independencia, pero apenas a mediados del siglo se llevaron a la práctica bajo una serie de gobiernos liberales –y algunos conservadores- que dominaron el escenario político hasta 1886.

Poco después de la creación oficial de los partidos políticos en 1848 y 1849, los gobiernos de la década de 1850 introdujeron reformas orientadas hacia el liberalismo federalista y bautizaron al país como Confederación Neogranadina en las constituciones de 1853 y 1858. Sin embargo, el sueño liberal federalista se concretó finalmente con la constitución producto de la convención que sesionó en Rionegro, convocada para formalizar el reordenamiento necesario tras el golpe de Estado de Tomás Cipriano de Mosquera en 1861 (cuando ya se había vuelto liberal después de una temporada como presidente conservador).     

En esta constitución el país se llamó Estados Unidos de Colombia, con una administración centralizada para las relaciones exteriores y la preservación del orden público, pero con administración y legislación descentralizadas en 9 estados soberanos: Magdalena, Bolívar, Panamá, Antioquía, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca (que ocupaba casi la mitad del territorio y de donde vinieron la mayoría de caudillos militares del siglo XIX). Mediante esta reforma, la ideología liberal se acentuó definitivamente como la fuerza propulsora del siglo XIX colombiano.   

Hoy Colombia afronta las muchas consecuencias –buenas y malas- del librecambismo minero y agroexportador promulgados por los radicales, pero muy poco se ve el cumplimiento de la promesa de liberación para desarrollar las potencias humanas por la que lucharon aquellos “locos” de 1863.       

Los entusiastas ideólogos liberales negroanadinos, entre quienes se contaron Florentino González, Salvador Camacho Roldán, Ezequiel Rojas, los hermanos José María y Miguel Samper, y Rafael Núñez (antes de sucumbir a los encantos del Partido Conservador), entre muchos otros, empezaron entonces a ser las voces que aseguraban al país el progreso y la felicidad eterna si aseguraba indefinidamente su camino hacia la adopción del laissez-faire en comercio exterior, el federalismo en administración y las libertades civiles en lo cultural.        

Para la generación de mediados de siglo, era evidente que las instituciones heredadas de la Colonia eran una talanquera al progreso de la nación, y el modo de revertirlas era adoptar sin mayores adaptaciones la doctrina liberal impulsada por la potencia económica y política de la época: Inglaterra.

De lo que se trataba era liberar al hombre, la nación y los bienes de las ataduras que los sometían, desde el pensamiento hasta sus intercambios comerciales, pasando por esas otras formas de retención de la tierra y las fuerzas del trabajo que eran los resguardos indígenas y la esclavitud.

Sin duda, las reformas más audaces se refirieron a la educación y las libertades civiles. Durante la época del llamado Olimpo Radical se tomaron medidas inauditas para Colombia, incluyendo  la libertad y tolerancia religiosas, la absoluta libertad de imprenta y de palabras, la abolición de la pena de muerte, la legalización del divorcio, y hasta el Estado de Santander se atrevió a aprobar el voto para las mujeres –aunque a la postre no fue aceptado por la Corte Suprema de la Confederación, lo que le quitó a Colombia el honor de haber sido el primer país en aprobar el sufragio femenino en América-.

Por medidas como estas se puede decir que el período radical ha sido uno de los más avanzados y progresistas –como proyecto, por lo menos-, en la larga historia de desconfianza y restricciones que han demostrado las élites de Colombia hacia los integrantes del pueblo que han administrado.

constitución politica

Portada de la Constitución para los Estados
Unidos de Colombia de 1863.

Foto: Wikimedia Commons

Olivos y aceituno todos son uno

El orden público de los Estados Unidos de Colombia se vio continuamente turbado debido a la libertad de porte y comercio de armas en el territorio, y a los levantamientos del partido opositor que, en nombre del asunto religioso, se levantó en guerras civiles como la de 1876, en la que se demostró la oposición del inmenso país católico al proyecto radical. 

Pero, si bien es cierto que algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos liberales, especialmente las tocantes a lo religioso, fueron combatidas por el Partido Conservador en su momento, varios historiadores han puesto en duda el mito que habla de las diferencias irreconciliables entre los liberales y conservadores de ese tiempo.

Aparte de los varios casos de mudanza de partidos, tradición política que iniciaron hombres como Mosquera y Núñez, ya mencionados, o el de figuras como José María Samper, que pasó de ser acusado de rojo masón a mediados a terminar su vida dedicado a ejercicios piadosos junto a su esposa Soledad Acosta, un análisis cercano de los hechos pone en evidencia que fue durante los gobiernos conservadores de Manuel María Mallarino y Mariano Ospina Rodríguez, entre 1855 y 1858, cuando se tomaron las medidas que llevarían al radicalismo de 1863.

Igualmente, los señores de la guerra de ambos partidos no tuvieron inconvenientes en unirse para combatir juntos la herejía del general José María Melo, quien en 1854 intentó asumir el gobierno en representación de los artesanos organizados que se oponían a las medidas librecambistas que arruinaban sus negocios.

Para los representantes de los partidos era posible enfrentarse por el papel de la Iglesia en el Estado o el reconocimiento de los hijos naturales siempre que los negocios de ambos lados prosperaban. Pero no era posible permitir este asomo de revolución popular, que rápidamente aplastaron conjuntamente.

Un fracaso exitoso

A la final, se puede considerar el experimento federalista radical como un período en el que se tomaron las medidas administrativas necesarias para asegurar el crecimiento regional de una oligarquía agroexportadora, que durante los años del Olimpo (1863-1886) vio crecer sus pingues beneficios por el boom exportador de la quina, el tabaco y el café.

Cuando los precios de estos productos bajaron y el país necesitó entrar en una etapa de estabilidad política y financiera para recibir las inversiones extranjeras e impulsar la industrialización local, la política se reacomodó para darle paso a la llegada de los gobiernos de la llamada Hegemonía Conservadora (1886-1930), que centralizaron el poder y controlaron las actividades financieras para asegurar el desarrollo de cara al siglo XX.

Junto a las medidas tendientes al restablecimiento del orden político y económico tomadas por la “regeneración conservadora” llegaron nuevamente los controles sociales propios de la Colonia que acabaron con los experimentos culturales del proyecto radical, que sin duda fueron el aspecto más interesante de su propuesta.

Aunque Colombia terminaría por adoptar definitivamente en el siglo XX muchos de los postulados políticos y económicos del proyecto liberal en su conformación estatal y en la preferencia por el libre cambio a comienzos del siglo XXI, en lo tocante al control de la población a través de la influencia eclesiástica y las restricciones a las libertades individuales el proyecto radical se perdió en las brumas del tiempo.

Hoy Colombia afronta las muchas consecuencias –buenas y malas- del librecambismo minero y agroexportador promulgados por los radicales, pero muy poco se ve el cumplimiento de la promesa de liberación para desarrollar las potencias humanas por la que lucharon aquellos “locos” de 1863.

* Historiador      

        Nota

El autor recomienda las siguientes obras en las que se apoyó para la redacción de este artículo: El poder político en Colombia (1973) de Fernando Guillén Martínez; “El Estado y la política en el siglo XIX” de Álvaro Tirado Mejía, publicado en el Manual de historia de Colombia (1982); y Red against blue. The liberal party in colombian politics 1863-1899, de Helen Delpar (1981))          

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