Un perfil personal y un prontuario criminal de los cuatro extraditados que hoy están por regresar a Colombia. ¿Qué tanto ha ayudado o que tanto ayudaría cada uno a conocer la verdad?
Mónica Burgos*
Varios paramilitarismos
Más que un proyecto hegemónico unificado, el paramilitarismo encarnado en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tuvo variaciones significativas.
La historia de este fenómeno criminal puede retratarse en las figuras de Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Miguel Ángel Mejía Múnera y Hernán Giraldo Serna. Después de ser condenados en Estados Unidos por el delito de narcotráfico con penas de hasta 16 años, estos jefes extraditados de las Autodefensas tienen previsto regresar al país en las próximas semanas.
Ellos reflejan las profundas diferencias que hubo en los grupos paramilitares por la clase social de los comandantes; por su visión sobre la política y la contrainsurgencia, y por el estilo de mando sobre las tropas.
Para comprender su actitud frente a la justicia transicional y evaluar los aportes a la verdad que han hecho o se han negado rotundamente a hacer, es importante tenerse en cuenta las diferencias mencionadas.
Perfiles diferentes
Dentro de las AUC se registraron diferencias notables en cuanto al origen social de sus cabecillas. Por ejemplo, Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo —alias Jorge 40— pertenecían a la aristocracia terrateniente de la costa atlántica; en contraste, Hernán Giraldo era un campesino caldense que colonizó baldíos en la Sierra Nevada de Santa Marta; alias el Mellizo, un pobre residente de Cali con bajo nivel educativo, llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de Colombia.
Según consta en las sentencias de Justicia y Paz, estos jefes paramilitares se relacionaron frecuentemente con agentes de Estado. Por ejemplo, Jorge 40 y Salvatore Mancuso cambiaron el mapa partidista de la región Caribe, con excepción del departamento de Atlántico, y permitieron que regresaran viejas élites —como los Campo y los Vives en Magdalena, los Jattin en Córdoba— y que ciertos outsiders —como Dieb Maloof, Karelly Lara, Eleonora Pineda, etc.— se posicionaran como los nuevos jefes políticos.
Parapolítica y ambiciones regionales
Los líderes de las AUC quisieron «refundar la patria».
Para eso diseñaron un plan de infiltración del Estado a gran escala, que tomó forma en los acuerdos de Ralito, Pivijay, Mariscos, Monterrubio, Movimiento Provincia Unida, etc.
Hernán Giraldo, a diferencia de Mancuso y Jorge 40, limitó sus aspiraciones de poder; no tuvo la voluntad de reconfigurar el mapa partidista, y se dedicó a realizar transacciones particularistas con barones electorales. Por ejemplo, negociaba permisos para hacer campañas en sus zonas de influencia a congresistas y concejales a cambio de protección para evitar la persecución estatal. Esto lo hacía con cualquier político que simplemente quisiera sentarse a negociar, como consta en las sentencias condenatorias contra Enrique Caballero Aduén y Carlos Caballero.
Alias el Mellizo financió campañas electorales con el propósito de quebrar el dominio político del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según consta en las versiones libres que dio en el marco del proceso del Bloque Vencedores de Arauca; en ese caso, el Mellizo señaló al exgobernador Julio Acosta Bernal como presunto receptor de las ayudas económicas.
Inversionistas de la guerra
Por otra parte, a excepción de Giraldo, Justicia y Paz señala por omisiones en el control de la tropa a los demás jefes extraditados que pronto volverán a Colombia, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar y Miguel Ángel Mejía.
De hecho, alias el Mellizo visitó la zona apenas dos veces, a pesar de ser el jefe máximo del Bloque Vencedores de Arauca, y Mancuso en tres ocasiones estuvo en Norte de Santander, donde se suponía ejercer el mando del Bloque Catatumbo. Ellos le dieron preponderancia a lo económico sobre lo militar; en las sentencias de Justicia y Paz, se observa que reconocían por «línea de mando» los delitos que les fueron imputados, pero desconocían su materialidad y cuáles subordinados eran responsables.
Con excepción de Hernán Giraldo, que pobló la Sierra Nevada con redes extensivas de parentesco —de hecho, según Justicia y Paz, embarazó a cientos de niñas y mujeres— y que logró un control social casi absoluto sobre la población, los demás —Tovar Pupo, Mancuso y Mejía Múnera— tenían relaciones menos «populares» y más distantes con los civiles en sus zonas de injerencia. Esto podría ser consecuencia del carácter elitista de Mancuso y de Jorge 40, y por el interés exclusivo de Mellizo por el narcotráfico.
Criminales sin jerarquía
Precisamente, el desinterés por disciplinar a la tropa y la ausencia de sanciones efectivas llevó a que muchos patrulleros y mandos medios violaran masivamente a mujeres civiles. Elisabeth Wood entiende este fenómeno como «violencia oportunista».
Pocos subordinados fueron castigados por cometer abusos sexuales que no hicieran parte de la política de guerra. En la masacre de Bahía Portete, por ejemplo, sucedió esto último: los paramilitares violaron a docenas de mujeres wayuu, como parte de una estrategia militar.
Es más, los casos de «ajusticiamiento» conocidos por Justicia y Paz se relacionan con personas que robaban dinero, no reportaban el total de las extorsiones recogidas, «perdían» el armamento o se quedaban pasta de coca para venderla por su cuenta. Los jefes de las AUC omitían las sanciones ejemplarizantes a los abusadores sexuales de civiles.
Salvatore Mancuso
Actualmente, Salvatore Mancuso ha recibido tres sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá, que lo condena por los delitos de los Bloques Catatumbo, Córdoba, Norte y Montes de María. Mancuso fue, primero, el hombre a cargo de sentar las bases e incursionar en los territorios de operación de dichos bloques; después, su comandante general y segundo al mando de Carlos Castaño.
Durante el juicio contra el Bloque Catatumbo, Mancuso confesó 402 hechos delictivos en 27 sesiones libres. Se agruparon en 13 patrones de macrocriminalidad; los delitos con mayor cantidad de hechos fueron homicidio en persona protegida, homicidio agravado, desaparición forzada agravada y despojo en campo de batalla. En el desarrollo de este proceso también se pudo establecer como modus operandi de su organización el uso de casas de tortura, hornos crematorios y ejecución de falsos positivos.
Por otro lado, en la sentencia judicial emitida de manera conjunta contra las cuatro cuadrillas antes mencionadas, se establecieron cinco patrones de macrocriminalidad, entre los cuales se encuentran más de noventa masacres, 149 menores de edad reclutados y más de 30 hechos de violencia basada en género. Estos patrones de macrocriminalidad se componen de conductas sistemáticas y generalizadas.
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Jorge 40
En junio del 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla excluyó del Proceso de Justicia y Paz a Rodrigo Tovar Pupo —alias Jorge 40—, comandante del Bloque Norte de las AUC entre el 9 de diciembre de 2004 y el 8 de marzo de 2006. La Corte Suprema de Justicia ratificó esta decisión en agosto del mismo año, como consecuencia de sus escasos aportes de verdad, su negación a participar en las diligencias programadas y su renuencia a aceptar responsabilidad en los hechos.
De acuerdo con la decisión de solicitud de exclusión presentada por la Fiscalía, Tovar Pupo participó en 14 sesiones de versión libre antes de su extradición, en las cuales apenas se pudieron tratar 99 hechos; solo uno se abordó por iniciativa suya. Además, el postulado no respondió significativamente las preguntas vinculadas con delitos de violencia basada en género, reclutamiento de menores de edad, secuestros y despojo forzado de tierras; tampoco reconoció responsabilidad directa por estos hechos.
Por el contrario, alegó nunca haber tenido conocimiento de las conductas o que estas fueran directrices de la organización, aunque Salvatore Mancuso aceptara responsabilidad por «línea de mando» en hechos de este tipo y otros sindicados recibieran sentencias condenatorias.
Mientras pagaba 16 años de prisión por el delito de narcotráfico en un centro penitenciario del estado de Virginia, Jorge 40 no participó en ninguna de las 48 sesiones programadas, por riesgos de seguridad, quebrantos de salud o la posibilidad de autoincriminarse si participaba antes de ser condenado por la justicia norteamericana.
De este modo, negó el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a miles de víctimas de la violencia paramilitar que azotó el norte del país. Dejó sin respuesta 1976 preguntas que las víctimas acreditadas formularon durante sus versiones, y sin la verdad, al menos 5.000 hechos ocurridos durante su comandancia.
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Hernán Giraldo Serna
El Tribunal Superior de Barranquilla emitió un fallo de 9.166 páginas contra Hernán Giraldo Serna —comandante del mal llamado Bloque Resistencia Tayrona—.
Según este documento, durante 17 sesiones de versión libre, Giraldo confesó 779 hechos incluidos en los siete patrones de macrocriminalidad presentados por la Fiscalía; se destaca la violencia basada en género, la violencia en contra de comunidades indígenas y el reclutamiento ilícito.
Según la citada decisión, el patrón de violencia contra pueblos indígenas de la Sierra Nevada contó con la colaboración de miembros de organismos del Estado. Según la información aportada por los mismos postulados, en ocasiones ayudaron al grupo armado ilegal. En lo que respecta al reclutamiento ilícito, Hernán Giraldo Serna dio la orden de reclutar menores de la región del Magdalena y la Guajira; específicamente, citó a sus habitantes para que entregaran una persona por casa para enfrentar la subversión.
Del mismo modo, de forma violenta, Giraldo Serna convenció a comunidades en condición de vulnerabilidad de que él tenía el poder y el derecho a decidir sobre la suerte y el futuro de las menores y niñas de la región. Obligó a padres a ver «accesos carnales violentos, actos sexuales y demás vejámenes» contra sus hijas.
Miguel Ángel Mejía Múnera
Finalmente, el comandante del Bloque Vencedores de Arauca, Miguel Ángel Mejía Múnera también fue excluido de Justicia y Paz en julio de 2015: la Corte Suprema de Justicia determinó que Múnera incurrió en la causal de exclusión consignada en el numeral 6 del artículo 11, por su condición de «narcotraficante puro».
La Sala determinó que Mejía Múnera «se valió de los grupos paramilitares para escudar y favorecer su exclusiva dedicación al narcotráfico» tras realizar una alianza con los Castaño; Múnera conocía a los Castaño por relaciones de financiamiento a cambio de protección. Esto se demostró por su falta de actividad y conocimiento especial del conflicto armado y por su distancia respecto al grupo, su zona de injerencia y sus acciones. Es más, tras conformar este grupo criminal, delegaron su control a Orlando Villa Zapata y lo usaron como fachada para el tráfico de alcaloides. Por estos motivos, el 21 de mayo del 2014, la Sala de Casación Penal ordenó anular parcialmente lo actuado, incluso los cargos legalizados contra Mejía Múnera.
Los demás integrantes del Bloque Vencedores de Arauca debieron responder de forma solidaria a la reparación integral a las víctimas. En octubre del 2019, la Corte Suprema decretó la exclusión de Orlando Villa Zapata —segundo comandante del Bloque Vencedores de Arauca y lugarteniente de Mejía Múnera—, después de comprobar su reincidencia en la banda criminal Los Nevados —también dirigida por Los Mellizos— y de hallarlo responsable del delito de tráfico y fabricación o porte de estupefacientes agravado, en concurso homogéneo y sucesivo con concierto para delinquir agravado.
De manera particular, es importante subrayar los aportes de estos jefes paramilitares y sus mandos medios sobre los vínculos que sostuvieron con terceros civiles, miembros de la Fuerza Pública y agentes de Estado. Gracias a estas declaraciones pudieron conocerse las redes de apoyo militar, político y económico de las AUC, la parapolítica y el desangre del sistema de salud de la costa atlántica (véase tabla al final de artículo).
Cuentas torcidas con la justicia
Así las cosas, los aportes a la verdad de los excomandantes varían tanto como su perfil, motivación en la guerra o manejo de la tropa.
Salvatore Mancuso y Jorge 40 comparten orígenes y, en su momento, el interés de incorporar «elementos gerenciales y empresariales» al funcionamiento interno de los aparatos armados; pero no actúan así en su participación y contribuciones a las víctimas.
Aquí, Jorge 40 parece estar absorto en el negacionismo del «héroe» que no concibe haber fallado o haber cometido errores, que considera que todo le era permitido.
Mancuso, por su parte, nunca ha dejado de colaborar. Aunque tiene pendientes cientos de verdades, parece querer centrar sus declaraciones en enlodar a todas aquellas personalidades que se libraron de sus señalamientos hace una década: una venganza contra la élite que ayer lo alabó y hoy lo desprecia.
Giraldo Serna es probablemente uno de los paramilitares más cercano a su base, y con razón, después de poblar la Sierra Nevada con decenas de hijos fruto de la violencia. Este excomandante tiene 72 años. En un video que circula hace algunas semanas, pide una segunda oportunidad; pero hay que recordar que, tras su extradición, sus hijos continuaron con su legado de violencia en la Sierra —entre ellas, su primogénita, líder del grupo Los Pachenca—.
Por último, El Mellizo deberá responder ante la justicia ordinaria por las conductas delictivas que dejaron más de mil víctimas en el occidente del país; también deberá enfrentar un proceso por sobornar a tres funcionarios públicos para que omitieran su condición de narcotraficante y seguir beneficiándose del proceso.
El regreso de estos cuatro exjefes paramilitares al país se da en un contexto de convulsión social: más violencia en las regiones, más asesinatos de líderes sociales y masacres comparables a las de 1998 —etapa más cruel y degradada del conflicto armado contemporáneo—. El deseo ferviente de las víctimas, a pesar de encontrarse en un escenario así, es hallar la verdad y justicia que la guerra paramilitar les adeuda, aunque esto implique traer a sus verdugos de vuelta en sus territorios.
