Los anuncios de reforma laboral han despertado esperanzas, pero también el temor de que aumente el desempleo. Por eso urge que el gobierno aclare su propuesta, para lo cual hay que tomar en serio el contexto y el difícil momento de la economía.
Paola Ríos*
Una apuesta al pasado
Contamos todavía con pocos elementos para discutir lo que será la reforma laboral que el gobierno se propone presentar ante el Congreso durante el mes de marzo.
Pero el documento sobre las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) enuncia algunos planteamientos que se podrían tener en cuenta en la reforma. Entre estos figuran la modernización del sistema de inspección, vigilancia y control, la promoción del trabajo decente, el aumento de la formalización laboral, la defensa de los derechos de los trabajadores y los contratos que garanticen la relación de trabajo, la estabilidad laboral y la libertad sindical.
De su lado la ministra Gloria Ramírez manifestó el deseo de retornar al sistema anterior a la Ley 789 de 2002 y, además, de poner límites al uso de los contratos de prestación de servicios.
No obstante la propuesta empezó con un traspié, porque el gobierno pretendió que los entes territoriales y nacionales realizaran reestructuraciones administrativas en tan solo cuatro meses.
A continuación, explicaré algunos elementos importantes a la hora de discutir la reforma laboral.
Aumento de los costos laborales
Los críticos de la de la Ley 789 sostienen que ella no produjo el aumento esperado del empleo, sino la desmejora de las condiciones laborales.
Esta reforma, que pretendía disminuir los costos y aumentar la flexibilidad en las relaciones laborales, aumentó el número de empleos, pero, como lo mencionó Jaime Tenjo, produjo sobre todo un aumento en las horas trabajadas.
Si se vuelve al sistema anterior, la jornada de trabajo diurna duraría hasta las 6 de la tarde, lo cual implicaría un costo mayor para las empresas que operan después de esa hora. También aumentaría el recargo en festivos y domingos, sería más costosa la indemnización por despido sin justa causa, y los contratos de aprendizaje tendría costos más altos.
Sobre los cambios anteriores hay que decir que no todos los sectores económicos se verían igualmente afectados; los de comercio, hotelería, turismo, entretenimiento y algunos sectores industriales sufrirán los efectos negativos más importantes, de manera que la nueva reforma no afectaría a la totalidad de sectores productivos.
Pero del otro lado hay que considerar el entorno económico actual que en general hace más costosa la producción, por motivos como el aumento en los precios de los insumos, el alza de los salarios a raíz del reajuste en el salario mínimo y una mayor tributación para algunos sectores por la reciente reforma tributaria.
Los mecanismos de ajustes ante un retorno al sistema anterior podrían hacer que las empresas asuman estos costos, beneficiando a algunos trabajadores del sector formal, pero también es probable que estas empresas tengan menor capacidad de contratar nueva mano de obra.
Si se vuelve al sistema anterior, la jornada de trabajo diurna duraría hasta las 6 de la tarde, lo cual implicaría un costo mayor para las empresas que operan después de esa hora. También aumentaría el recargo en festivos y domingos, sería más costosa la indemnización por despido sin justa causa, y los contratos de aprendizaje tendría costos más altos.
Además, hay que pensar que otra alternativa será la reducción de las horas trabajadas, la cual no será beneficiosa para todos los trabajadores ni para las empresas que suministran insumos o servicios a las empresas directamente afectadas por la nueva reforma.
Asegurar el cumplimiento de la ley laboral
La Misión de Empleo resaltó el elevado incumplimiento de la ley laboral, el déficit del 54 % en el número de inspectores de trabajo en relación con los estándares internacionales, y la sobrecarga de tareas que tienen estos inspectores.
Por eso la Misión recomendó algunas medidas que ya fueron incluidas en las bases del PND, como el aumento del número de inspectores, su mayor cobertura territorial, la mejora en sus propias condiciones laborales y el aumento de sus competencias. La misión, además, propuso robustecer las sanciones y el procedimiento para aplicarlas.
Las bases del PND también aluden a la posibilidad de otras medidas, como fortalecer el componente preventivo del sistema de inspección, vigilancia y control, la agilidad en los trámites, una mejoría tecnológica y un grupo élite en temas de género, que de hecho empezó a funcionar el primero de diciembre de 2022.
Sería pues un acierto que la reforma laboral incluya disposiciones para aumentar el cumplimiento del estatuto laboral. Antes que aumentar los costos de contratar trabajadores, se debería velar por el respeto de las normas existentes y, después, desarrollar estrategias para la formalización laboral.
El miedo a las reformas
La reforma laboral debe partir de estimaciones rigurosas sobre los posibles efectos de sus varias medidas para determinar cuáles grupos de trabajadores —formales e informales—, cuáles personas en búsqueda de empleo y cuáles empresas serán beneficiados y cuáles se verán afectados negativamente.
Esto, en otras palabras, significará que quienes hoy trabajan con contratos de prestación de servicios verán una reducción en su ingreso neto, porque parte de su ingreso cubriría las prestaciones laborales que hoy no cubre, como las cesantías, las vacaciones y las primas.
También se deben considerar la coyuntura y el contexto propio del mercado de trabajo en Colombia, es decir, los altos niveles de informalidad, la elevada inflación, la alta incidencia del desempleo, el panorama económico mundial adverso, el encarecimiento del crédito y la notable devaluación del peso.
Lo sucedido con la Circular Conjunta 100-005-2022 para limitar los contratos de prestación de servicios debe tomarse como una lección para la reforma. Este incidente muestra la desconexión entre las instituciones del gobierno al adoptar con intensiones loables una medida que no resulta compatible con las realidades del país.
La Federación Colombiana de Municipios expresó su preocupación ante dicha circular porque desconoce las limitaciones que suelen tener los municipios para financiar los estudios de planta y ejecutar las reestructuraciones en cuatro meses.
Igualmente, en respuesta a una carta del Ministerio de Trabajo que a su vez planteaba preocupaciones sobre la circular, Función Pública aclaró que no se necesitan recursos adicionales para, por ejemplo, absorber a los trabajadores de prestación de servicios como trabajadores dentro de las plantas temporales.
Esto, en otras palabras, significará que quienes hoy trabajan con contratos de prestación de servicios verán una reducción en su ingreso neto, porque parte de su ingreso cubriría las prestaciones laborales que hoy no cubre, como las cesantías, las vacaciones y las primas.
Me pregunto si estas son las condiciones deseables para las personas que hoy trabajan por prestación de servicios y que quieren mejoras en sus condiciones laborales.
Una circular posterior permitió extender el plazo de los cuatro meses para ciertos casos, pero este tipo de cambios debe involucrar a los actores que se verán afectados, y evaluar la pertinencia y consecuencia de los cambios.
Como ocurrió con las limitaciones de los contratos de prestación de servicios en el sector público, el afán de ejecutar las reformas no puede ir en contravía de hacer evaluaciones rigurosas sobre las condiciones económicas actuales y los efectos de dichas reformas.
