“¡Que alguien piense en los niños!” | Mauricio Jassir | Razón Pública
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“¡Que alguien piense en los niños!”

Escrito por Mauricio Jaramillo-Jassir

Cuando se trata de punitivismo, Colombia no decepciona. Esta vez fue por cuenta de la decisión de derogar el decreto 1844 de 2018 y quitar competencias a la policía para imponer multas por la posesión de drogas. Según el gobierno nacional, la aspiración del decreto 2114 del 7 de diciembre consiste en no incentivar conductas de persecución desde la policía, pues precisamente en aras de las requisas buscando el porte de sustancias psicoactivas es que sucede buena parte de los abusos contra la ciudadanía. Léase, se busca avanzar en la reducción de la salida policiva al problema del abuso de las drogas.

Es necesario que tras la adopción de esta medida ocurra un debate acerca de su viabilidad y conveniencia, pero si algo ha quedado claro cuando han trascurrido apenas horas de su publicación es que Colombia aún no sabe debatir y un segmento de los medios de comunicación, políticos y generadores de opinión prefiere los simplismos ante una evidente limitación para entender el nervio de la discusión. Ésta no es nueva y los argumentos pro y contra se han venido ventilando desde hace varios años y no solo en el país. El problema es que quienes salieron a atacar la medida lo han hecho desde la desinformación, las falacias, los lugares comunes y como ya es costumbre, la descalificación.  Un sector de la tecnocracia insiste en que toda política pública debe basarse en la evidencia, no obstante, ese mismo ha preferido repetir que existe una política de afectación hacia las familias y los niños. Políticos, expresidentes, concejales electos y periodistas han salido a jalar las alarmas sin aportar un solo argumento, antecedentes, dato o siquiera un argumento para apoyar la forzada tesis de que quitarle tal función a la policía afecte a menores o a la familia. ¿Corresponde a la policía la promoción de la familia? ¿La preservación de los vínculos familiares es responsabilidad del Estado? ¿Quién se inventó ese cuento rebuscado que le corresponde a patrulleros, agentes y policías bachilleres prevenir el abuso de drogas en los niños? Todo lo anterior corresponde a una visión paternalista del Estado en la que madres y padres se lavan las manos de su responsabilidad por encarar ciertos temas ante sus hijos, y prefieren pensar que la única posibilidad de garantías para la convivencia está en la presencia de Fuerza Pública. Perdonarán la expresión, pero se trata de un “pajazo mental” y de un mal que sufrimos calladamente mientras los problemas proliferan y trascienden: la negación. El consumo y abuso de las drogas corresponde a una decisión individual y autónoma, poco o nada puede hacer la policía para desincentivarla. En una sociedad donde existan libertades y garantías corresponde al Estado informar acerca de los riesgos que entraña el abuso de las drogas, el alcohol o la mala alimentación, pero no puede imponer lo que muchos consideran son hábitos sanos a punta de prohibiciones, menos aún, cuando la salud mental se encuentra en niveles tan precarios.

Plantear que el gobierno ha decidido legalizar o estimular la comercialización y distribución de drogas en parques y lugares públicos (de supuesto uso exclusivo de los niños, presunción que deja entrever que quienes más lo afirman es porque no los frecuentan) atenta contra el derecho a la información y de nuevo, rebaja el nivel del debate a punta de simplismos. Agravante mayor, un sector de los medios se ha acostumbrado a editorializar sin debatir, investigar o complejizar, por ende, ha optado por amplificar los lugares comunes y prejuicios. Hace unos meses en una entrevista a propósito de los cambios en las penas por incesto e inasistencia alimentaria en la FM, Néstor Osuna fue víctima del monopolio de los comunicadores que, en cada pregunta tendenciosa lanzaban insólitas dosis de desinformación. Lozano acusó al ministro de abandonar a los niños y de avanzar en una dirección que suponía un atentado contra su bienestar porque en lugar de abrir la puerta a las explicaciones sobre la justicia restaurativa, optó por reafirmar el prejuicio de que cualquier modificación en las penas de una conducta pretende incentivarla. Osuna respondió que había una “oratoria trepadora” y el protagonista de la noticia terminó siendo el periodista, porque el mundo gira a su alrededor, la información poco importa.

Así hace carrera la idea de que se despenaliza la eutanasia para invitar al suicidio o valorizar la muerte. Rara vez se menciona que, en determinados, casos la muerte digna es un derecho; se despenaliza el aborto para legalizar el asesinato (como si se abortara por placer) y no para preservar derechos sexuales y reproductivos y mejorar el acceso a la salud; y se destipifica el incesto porque en el fondo se quiere incentivar. Todo lo anterior sin sustento y soportado en la separación artificial pero rentable discursivamente entre buenos y malos, la luz contra la oscuridad. Es tal la pobreza argumentativa que hace poco, un presidente en ejercicio se dio el lujo de decir que el “aborto se había convertido en método anticonceptivo” mientras se autodenominaba provida.

“Que alguien piense en los niños (en patético tono simpsoniano), dónde quedaron mis derechos, las familias están desprotegidas, Colombia avanza hacia una dictadura progre, los parques se llenaron de jibaros” (todo con un tono tan clasista como ciegamente conservador), repiten sin reparar en la violencia que expresan en cada divisa y en los subsecuentes prejuicios que hacen a la sociedad más vulnerable a los abusos en todos los consumos y lo peor, la renuncia consciente al debate en las márgenes de la evidencia empírica. Es más efectivo acudir a valores sensibles que para la gente representan todo: vida, familia y niños. Entretanto, perdemos tiempo precioso para hablar de salud mental, entender el complejo mundo del consumo (incluido el alcohol que suele pasar de agache) y sobre todo, informar desde la razón.

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