¿Cómo ayudaría el acuerdo de paz a cerrar las brechas de género en el mercado laboral y a recuperar la economía de las zonas rurales después de la pandemia?
David Rodríguez* y Andrés Avellaneda**
Brechas laborales
La economía colombiana se está recuperando, pero el año pasado la tasa de ocupación disminuyó 6,8 puntos porcentuales en comparación con 2019 y el número de personas ocupadas disminuyó en 2,4 millones.
Durante este año la tasa de ocupación alcanzó el 54,6 % en octubre, un aumento de 13 puntos porcentuales que se traduce en la recuperación de 5,6 millones de puestos de trabajo.
Aunque deben recuperarse 685 mil puestos para alcanzar los niveles anteriores a la pandemia, la recuperación va bien. Incluso el PIB registró un aumento de 10,3 % en septiembre, mientras que el año pasado en el mismo periodo decrecía un 8,3 %.
Para el trimestre de agosto a octubre, la empleabilidad femenina aumentó el doble que la masculina. Por cada hombre que recuperó su puesto de trabajo, lo hicieron dos mujeres en el total nacional, pero en las principales ciudades tres mujeres recuperaron su empleo por cada hombre.
Esto sucedió porque el empleo femenino se concentró en las actividades de limpieza, soporte, empleo doméstico, restaurantes y bares, y estos fueron los sectores que más rápido se recuperaron.
Sin embargo, las brechas de género se perpetúan en el mercado laboral. La tasa de desempleo femenina fue de 7,2 puntos porcentuales más que la masculina para el trimestre de agosto a octubre. Este no es un efecto de la pandemia. En 2019 la brecha laboral era de 5,4 puntos porcentuales.
Las ciudades son claves en la lucha contra el desempleo. El 71 % de los trabajos recuperados para octubre de 2021 se ubicaron en las ciudades principales y las área metropolitanas, además, hacían parte de las ramas que más sufrieron en la pandemia: alojamiento y servicios de comida, restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas.
Pero mientras las ciudades aumentan el número de empleos, el sector rural se queda rezagado. El mensaje es claro: es necesario cerrar las brechas laborales entre la zona rural y la urbana, al igual que la brecha de género.
Acuerdo de paz
En septiembre se cumplieron 5 años de la firma del Acuerdo de Paz, por eso conviene recordar que cumplir con lo pactado ayudaría a cerrar las brechas mencionadas. Por ejemplo el primer punto, la Reforma Rural Integral, contribuiría a la convergencia entre el campo y la ciudad y a cerrar las brechas entre hombres y mujeres. Esta reforma se planteó bajo ciertos principios:
- la transformación organizacional,
- el desarrollo integral del campo,
- la igualdad y enfoque de género,
- la integralidad,
- la regularización de la propiedad,
- el desarrollo sostenible,
- la presencia del estado; y
- la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra.
Existen subregiones como el Urabá Antioqueño donde la brecha de acceso al mercado laboral es cercana al 5 %, pero si se cumple con el tercer punto, las mujeres tendrían acceso al mercado laboral formal. Esto puede hacerse si se facilita y se promueve el acceso a la educación terciaria y superior de las mujeres.
Además, si se cumplen el segundo y cuarto punto se avanzará en el desarrollo del campo mediante la recuperación de los bienes baldíos y con planes de asistencia integral técnica y tecnológica. De esta manera podrá aplicarse lo aprendido en las asistencias cuando la tierra esté regularizada; consecuentemente se evitará la concentración de tierra.
Colombia se caracteriza por su gran concentración de tierras. En el Censo Nacional Agropecuario del 2014 se encontró que el Gini de tierras era de 0,93 (un Gini de 1 implica que una persona tiene todas las tierras del país).
Reforma rural
La reforma rural es necesaria, pero es el punto más atrasado en la ejecución del acuerdo según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz.
El avance más importante al que se llegó fue la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), un instrumento de planificación a 15 años que pretende transformar los territorios afectados por la violencia, el narcotráfico y la debilidad de la instituciones.
Los PDET incluyen a 170 municipios y la hoja de ruta enmarca más de 32.000 iniciativas planteadas por las comunidades de estas zonas.
A 5 años de la firma del acuerdo, el barómetro del Instituto Kroc muestra que el primer punto se completó satisfactoriamente en un 4 %. Un 13 % se ejecutó de manera intermedia y el 83 % restante ni siquiera ha comenzado.
Aunque se esperaba un mayor avance, los PDET son un gran paso porque adoptan estrategias de seguridad y de género para la inclusión de la mujer rural y el avance en el desarrollo del campo colombiano, así lo reconoce el Instituto Kroc.
Con los PDET se crearían más de 35 mil puestos de trabajo entre 2020 y 2021. Además la Agencia de Renovación del Territorio espera que en los próximos 10 años se creen 5 mil empleos anuales de las inversiones en: OCAD Paz, obras PDET, obras por impuestos, proyectos productivos y PGN-infraestructura.
Sin embargo, preocupa que la tasa de ocupación formal en lo municipios PDET (16,1 %) fue menor que en los municipios no PDET (36,5 %) en 2020. Pero conviene recordar que el 62 % de los ocupados en 2019 en los municipios PDET trabajaban en actividades de alto riesgo de afectación por la pandemia como la industria manufacturera, la construcción y el comercio, reparación, restaurantes y hoteles.
Estas zonas aún tienen muchos retos que superar como la concentración de tierras. Para el 2020 había 42.575 hectáreas aseguradas en los PDET. 81,1 % pertenecían a los grandes productores, 10,1 % a los medianos productores y apenas el 8,7 % al pequeño productor.
Otro gran desafío es el déficit de información sobre estas zonas. Poco se conoce sobre el tema del empleo o la pobreza monetaria. Aunque se realizó un estudio poblacional el año pasado, la información sigue siendo insuficiente.
Hay muchas formas de cerrar las brechas laborales, pero el acuerdo es una oportunidad única. Su cumplimiento debería ser cuna tarea del Estado, no del gobierno del momento.
El proceso de construir la paz tardará más de 4 años y tendrá muchos retos. Pero se garantizarán las condiciones económicas y sociales para que los firmantes se reintegren y para que las personas afectadas por la violencia puedan mejorar sus condiciones de vida. A largo plazo se verá el desarrollo del campo, la inclusión de la mujer y la disminución de la concentración de tierras.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
